Ecuador: en dos semanas se registró en Guayas el triple de muertes que el promedio mensual
Gobierno confirma desfase de unos 5.700 muertos en Guayas
El Gobierno ecuatoriano confirmó este jueves un desfase de unos 5.700 muertos en la provincia del Guayas, la más castigada por el coronavirus y donde habitualmente mueren al mes aproximadamente 2.000 personas por distintas causas.
«En las cifras que hemos logrado cruzar con el trabajo, con el Ministerio de Gobierno y con el Registro Civil, tenemos aproximadamente 6.703 fallecidos reportados en estos 15 días de abril en la provincia del Guayas», dijo el jefe de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), Jorge Wated, en una rueda de prensa virtual.
En ella indicó que se está «disminuyendo» el número de muertos en los hospitales, lo que es una «medida muy alentadora», pero que por el contrario la cifra de muertos reportados en otros registros parece ser mucho más alta de lo normal.
Teniendo en cuenta que el «promedio usual mensual (en Guayas) es de aproximadamente 2.000 personas», el desfase a estas alturas sería de unos 5.700 muertos por encima de lo habitual, lo que Wated atribuyó a «diferentes causas: Covid, presunto Covid y muertes naturales».
«Dentro de esa dura realidad (…), aspiramos que en los próximos días estas cifras se vayan reduciendo», indicó al agregar que también se está revisando el caso de la provincia de Santa Elena (vecina a la del Guayas), donde desde hace unos días se reporta un creciente número de muertos por encima de lo habitual.
En su informe diario, la ministra de Gobierno, María Paula Romo, indicó que hasta ahora hay confirmados en el país 403 casos de fallecimiento por el COVID-19, 187 de los cuales corresponden a la provincia de Guayas.
Hay además, otros 632 fallecidos «probables» por la pandemia, pero que no han sido confirmados por pruebas médicas.
Guayas, de la que Guayaquil es capital, concentra el 70 por ciento de los 8.225 casos de contagio confirmados hasta ahora en Ecuador, aunque hay alrededor de 11.000 pruebas realizadas que darán en los próximos días una imagen más fidedigna de la situación en el país.
En esa provincia los contagiados ascienden por el momento a 5.754, seguido de la de Pichincha con 736, Los Ríos con 274, Manabí con 244, Azuay con 205, El Oro con 193 y Cañar con 117.
El resto de provincias tienen menos del centenar cada una.
Ecuador está entre los cuatro países más afectados por el COVID-19 en América Latina, con Brasil, Perú y Chile, y en muertes era hasta ahora el segundo por detrás de Brasil.
El ministro de Salud enfrenta una acción constitucional por trato a cadáveres
Para el tratamiento de fallecidos durante la emergencia sanitaria del coronavirus no se siguió un protocolo. El hecho de que haya cuerpos desaparecidos explica que hubo negligencia y omisión de responsabilidades, por eso el concejal alterno y líder comunitario del suburbio de Guayaquil, José Flores, presentó una acción constitucional contra el ministro de Salud y otro funcionario de la rama.
El también abogado había acusado al ministro Juan Carlos Zevallos y al gerente del Hospital General del Guasmo, Álvaro Ponce, por la desaparición del cuerpo de María Antonieta Piña, quien fue a atenderse al hospital del Guasmo y quedó internada hasta fallecer, el pasado 6 de abril.
La familia recibió la noticia el 10, cuatro días después y fue hasta la tarde del 16, cuando ya la acción legal era conocida por las partes, cuando el cadáver apareció en uno de los contenedores de esa casa de salud.
«La tenían sin refrigeración y la entregaron a la familia en estado de descomposición absoluta. Fue trasladada en una camioneta hasta el cementerio del suburbio para su inhumación inmediata», describió el edil, quien ha decidido continuar con la medida.
Flores afirma que hay una corresponsabilidad de parte del Estado por esta situación que hoy muchos guayaquileños atraviesan. «Los datos no aparecen ni siquiera en la página creada para ese fin», insiste.
En una entrevista con este Diario, Jorge Wated, presidente de BanEcuador y encargado de movilizar cadáveres, notificó esta semana que centenares de cuerpos no han recibido sepultura aún y que siguen en contenedores.
El concejal espera audiencia virtual para el caso. «Nuestra intención es demandar al Estado por esta negligencia», insiste.
Ecuador registra 8.225 casos de coronavirus y 403 muertes
- 8.225 casos confirmados
- 403 muertes por coronavirus
- 632 muertes por posible coronavirus
- 838 altas hospitalarias
- 6.617 casos confirmados en aislamiento domiciliario
- 199 pacientes con coronavirus hospitalizados y estables
- 168 pacientes con Covid 19 hospitalizados con pronóstico reservado
- 27.868 muestras tomadas para pruebas
- 11.731 pruebas sin resultados
- 1.026 detenidos
- 12.011 personas multadas con USD 100
- 512 personas multadas con un salario básico (USD 400)
- 6.306 vehículos sancionados
Una disminución en los fallecidos diarios en Guayas
Una cifra que preocupa, pues el promedio mensual de muertes en Guayas es de 2.000, lo que quiere decir que esa provincia tuvo un incremento muy fuerte en las muertes.
Wated señaló que 1.200 personas ya han sido sepultadas y esperan enterrar a 700 más entre esta y la próxima semana.
Nuevas decisiones del Comité de Operaciones de Emergencia
La ministra Romo señaló que se han habilitado 4.000 puntos más de corresponsales Pichincha Mi Vecino y Banco del Barrio del Banco de Guayaquil, para el pago de los bonos en todo el país. Con esto, el Gobierno busca menor aglomeración en las sucursales financieras.
Además recordó que las cédulas que caducaron desde el 16 de marzo de 2020, cuando comenzaron las restricciones de movilidad en el país, tendrán vigencia por tres meses, para que las personas puedan cobrar los bonos. El certificado de identidad, disponible en la página web del Registro Civil, sirve en caso de que una persona haya perdido su cédula.
Romo también anunció que las llamadas falsas al 911 serán sancionadas con una multa de USD 100.
La situación en las provincias
La mayoría de casos se concentran en la provincia del Guayas. El cantón Samborondón, en esa provincia, es el que mayor tasa de contagios mantiene.
La situación política
Ante el anuncio de un posible juicio político en contra del ministro de Finanzas, Richard Martínez, la ministra señaló que no es el momento de las diferencias políticas y llamó a los miembros de la Asamblea Nacional a discutir las leyes.
Dijo que hay apertura para discutir las propuestas en el Legislativo, pues el momento es el de “atender la emergencia”.
Empresas aprovechan la emergencia sanitaria para despedir a trabajadores, sin indemnización
La paralización forzada de las actividades productivas en algunos sectores, por la emergencia sanitaria generada por el coronavirus, empieza a generar una ola de despidos en empresas privadas.
Hasta el ministerio de Trabajo han llegado al menos 1.300 denuncias de despidos intempestivos, según las organizaciones sindicales nacionales.
No obstante, el presidente Lenín Moreno aseguró el pasado 15 de marzo, en cadena nacional, que no se iban a dar despidos. “Los empleadores y trabajadores deberán llegar a acuerdos sobre jornadas y modalidades de trabajo, no habrá despidos”, afirmó el mandatario.
Pero hoy vemos que la realidad es otra. Muchas empresas dejaron de generar ingresos y decidieron poner fin a la relación laboral con sus empleados.
En los últimos días fueron despedidos alrededor de 1.000 trabajadores de la compañía de muebles Colineal, la empresa Confiteca, la fábrica de sanitarios Edesa y el restaurante Sports Planet.
Los empleadores se acogieron al artículo 169, numeral 6 del Código del Trabajo que establece que “Por caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite el trabajo como incendio, terremoto, tempestad, explosión, plagas de campo, guerra y, en general, cualquier otro acontecimiento extraordinario que los contratantes no pudieren prever o que previsto, no lo pudieron evitar”.
Sin embargo, la aplicación de este artículo estaría siendo aprovechada por ciertas empresas para incumplir derechos laborales como el pago de indemnizaciones.
Jonathan Toledo Padilla trabajó más de 10 años como ayudante de cocina en el restaurante Sport Bar S.A., con una remuneración mensual de USD 403,12. El domingo 12 de abril fue notificado con la terminación de la relación laboral por caso fortuito o fuerza mayor.
En el acta de finiquito consta una liquidación de USD 278,71 correspondientes a los días laborados de abril, fondo de reserva mensual y proporcionales de la décimo tercera y décimo cuarta remuneración.
Otro es el caso de Pedro Walpa, quien laboró durante 21 años en Edesa como digitador de despacho de productos. Fue notificado con el despido el pasado viernes por correo electrónico. Cuenta que ni siquiera le pagaron completo su remuneración de marzo y por reclamar, recibió amenazas de la empresa.
De considerarse despido intempestivo, cada trabajador debe recibir una indemnización de un salario por cada año de servicio, más una bonificación del 25% de su salario por cada año, de acuerdo a los artículos 188 y 185 del Código del Trabajo, respectivamente.
Fernando Ibarra, del Parlamento Laboral Ecuatoriano, asegura que en la emergencia por el Covid-19 no se puede aplicar el artículo 169, numeral 6 del Código de Trabajo, referente al caso fortuito o fuerza mayor, debido a que las empresas no han sufrido daño material que les imposibilite continuar operando.
Considera que “es una manera tramposa por la cual se quiere romper los derechos de los trabajadores y evadir el derecho a una indemnización por despido intempestivo”.
En la Asamblea Nacional se debate un proyecto de ley interpretativa del artículo 169 del Código del Trabajo para precisar la aplicación de los despidos de los trabajadores por caso fortuito o fuerza mayor. Pero, hasta tanto, los empresarios continuarán aplicando la norma, de acuerdo a su interpretación e intereses.
Según el ministerio de Trabajo, hasta el 25 de marzo se acogieron 6.027 empresas, a nivel nacional, a la suspensión, reducción o modificación emergente de la jornada laboral.
De estas, 684 redujeron la jornada laboral a 26.000 empleados; 488 registraron modificación de jornada a 8.000 empleados, y 4.855 se acogieron a la suspensión de la jornada a 89.000 colaboradores.
El ministerio autorizó la reducción de la jornada laboral semanal de 40 a 30 horas hasta por seis meses, con una renovación de hasta seis meses más por una sola ocasión.
Hasta que la Asamblea clarifique el alcance sobre la aplicación del despido por caso fortuito o fuerza mayor, cualquier reclamo de los trabajadores debe resolverse en el Ministerio de Trabajo, lo que tomará semanas o meses.
Lenín Moreno envía a la Asamblea la Ley de Apoyo Humanitario para combatir la Crisis Sanitaria derivada del covid-19
El presidente de la República, Lenín Moreno, anunció la noche del jueves 16 de abril del 2020, en cadena nacional, que envió a la Asamblea la Ley de Apoyo Humanitario para Combatir la Crisis Sanitaria derivada del covid-19 en Ecuador.
“He enviado la Asamblea la llamada Ley Humanitaria. Su espíritu es motivar la solidaridad, que el que más tiene, más apoye al que menos tiene. Que las empresas más sólidas apoyen a las más débiles. Con esos aportes también podremos ayudar a más de 2 millones de familias, con un bono de USD 60”.
El Consejo Administrativo de la Legislatura (CAL), en la Asamblea Nacional, informó que son dos proyectos. Uno, el de la Ley de Apoyo Humanitario y otro más, la Ley Orgánica para el ordenamiento de las Finanzas Públicas.
El Primer Mandatario aseguró que es una buena señal que haya diálogo en el Parlamento. “Tengan la seguridad de que gracias a esa postura que es democrática podremos incluir sus mejores ideas a la propuesta de ley”.
La noche de este jueves, Moreno informó que se encontraba reunido de forma virtual con el Gabinete Ampliado: “Estamos revisando los resultados de las medidas contra el avance del covid-19, su cumplimiento por parte de la ciudadanía y la Ley Humanitaria enviada a la Asamblea”.
En este momento: gabinete ampliado virtual. Estamos revisando los resultados de las medidas contra el avance del #Covid19, su cumplimiento por parte de la ciudadanía y la Ley Humanitaria enviada a @AsambleaEcuador. pic.twitter.com/UmBCapk0p1
— Lenín Moreno (@Lenin) April 17, 2020
El Jefe de Estado señaló que se están transparentando las cifras de la pandemia en el Ecuador y habló de los fallecimientos en Guayas. Moreno aseguró que “a pocas horas de cumplir el mes de aislamiento se puede decir que se ha mitigado el contagio” y que los resultados dependen de las pruebas realizadas a la población.
Según Moreno, la tasa de crecimiento de casos disminuye. Sin embargo, hizo un llamado a no bajar los brazos ante la propagación del covid-19.
Intervención del presidente Lenín Moreno:
“Es mi obligación actuar con verdad y transparencia. La única forma de lograrlo es recabando toda la información disponible y entregándola por dolorosa que sea. Según reporte de Jorge Wated, entre el 1 y el 15 de abril del 2020, 6 703 fallecidos en Guayas. En comparación al histórico, el incremento es de 5 703 en 15 días.
Hay buenas noticias. Hoy podemos decir que vamos avanzando en la tarea de mitigar la propagación del virus. La tasa de crecimiento hasta ahora venía siendo del 28,1% y la tasa e los últimos 10 días alcanzó apenas un 4,4%. La precisión de esta información depende de la capacidad de realizar pruebas. Es probable que el panorama cambie con la toma de nuevas pruebas. No se alarmen.
Solo la toma masiva de pruebas nos permitirá conocer la real situación del Ecuador. No bajemos los brazos. La emergencia está lejos de superarse. Ahora más que nunca debemos cumplir las normas porque están dando resultados.
En emergencia hay que tomar decisiones. Solo la solidaridad permitirá salir adelante. Decidí rebajar el 50%del salario del Presidente, Vicepresidente ministros y viceministros. He enviado hoy a la Asamblea la llamada Ley Humanitaria. Su espíritu es motivar la solidaridad. Que el que más tiene, más apoye. Que las empresas más sólidas apoyen a las que más frágiles. Con esos aportes podemos ayudar a dos millones de familias con un bono de USD 60 mensuales para quienes no tienen un ingreso fijo. Fomentar la reducción de las pensiones escolares, evitar que las pólizas de seguros quiten su cobertura, congelar el precio de los servicios básicos, mejorar el seguro del desempleo, que haya soluciones acordadas entre las partes, sobre todo para evitar despidos que es una de nuestras preocupaciones.
Ecuatoriano. Dime con la mano en el pecho cómo te sentirías, si no aportarías nada en este momento. Pero con satisfacción el diálogo continúa en la Asamblea. Qué bien. Tengan la seguridad de que gracias a esa postura que e democrática podemos incluir sus mejores ideas a la propuesta de ley sin ideologías, sin personalismo. No es el momento para ello. Por favor, si no ayudan no frenar el futuro del país. Si no ayudan, por favor, no estorben.”
Familiares de detenidos imploran sustitución de medidas ante casos de covid-19 en cárceles
Ecuador es uno de los países que peor ha manejado la pandemia Covid-19 de acuerdo a indicadores de contagiados, fallecidos y atención integral. De acuerdo a los últimos datos oficiales ya hay 7.858 casos de personas contagiados; 388 fallecidas más 582 fallecidos probables con Coronavirus (es decir casi 1000 muertes en el contexto del Covid-19).
Ecuador ocupa el puesto 26 a nivel mundial de los 185 países que tienen casos de contagio. Las estadísticas que publica el Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns, Hopkins pone al país en cuarto lugar de la región destrás de Brasil, Perú y Chile. Sin embargo por índice de población per cápita se coloca en los primeros lugares.
Alarma en Ecuador por contagio en Centro carcelario
En el Centro de Detención Provisional de Quito se ha descubierto el segundo caso de contagio de Coronavirus. Al igual que el primero, se trata de un guía penitenciario publicó diario El Comercio.
Pese a la gravedad del caso las autoridades competentes no han tomado decisiones respecto al urgente pedido que realizan los familiares de las personas detenidas, esto es la sustitución de medidas cautelares como ha sucedido en otros países.
Familiares hacen un llamado por la vida de los detenidos
Familiares de los detenidos en los diferentes Centros de Rehabilitación Social han expresado su angustia por la situación que atraviesan. Piden auxilio al régimen para que apruebe la sustitución de medidas e impida un contagio mayor.
El drama también lo viven los familiares del exvicepresidente Jorge Glas quien está detenido desde hace dos años en Latacunga. Glas fue un hombre incómodo para las élites y traicionado por el poder.
Detenidos en el Centro de Detención Provisional pidieron a las autoridades tomar decisiones urgentes para evitar que se propague el virus en el centro carcelario. PPLs del Centro de Atención Provisional Pichincha Inca pidieron para que tomen cartas en el asunto de la situación que se vive en dicho centro: «no tenemos protección para contrarrestar el virus #Covid_19, no tenemos mascarilla, medicamentos..»
Ecuador aún debate y no toma resoluciones sobre privados de libertad
En Ecuador, país que se ha visto desbordado por la pandemia y por la ineficacia de las políticas públicas del gobierno, la voz de alerta sobre este tema levantó el asambleísta Ronny Aleaga. Ante la inminencia de que el virus se propague en los centros carcelarios, hace varias semanas pidió al gobierno que declare en estado de emergencia al sector penitenciario. Hasta la fecha no hay respuesta oficial.
El director general del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI), Edmundo Moncayo, dio a conocer este miércoles sobre la aprobación de un procedimiento para que los jueces tomen sus decisiones respecto a la sustitución de medidas alternativas a la prisión.
Un reportaje publicado por el portal digital La Tinta, Cárcel y coronavirus en Ecuador: ni Estado ni derechos humanos revela la desatención que tienen los privados de libertad en dicho centro.
“Las palabras de un PPL, cuyo nombre se mantiene en reserva -mantener contacto por vías “no legales” con el exterior es considerado delito en Ecuador-, alertan del inminente peligro para la vida y los derechos humanos de la población del Centro de Detención Provisional de “El Inca”, de Quito, lugar donde se reportó, días atrás, el primer caso de coronavirus en un agente de seguridad”.
Corte Nacional de Justicia sugiere medidas cautelares sustitutivas a la prisión
Un comunicado oficial de la Corte Nacional de Justicia indica que los jueces deben adoptar medidas alternativas ante la posibilidad de la prisión preventiva.
“Las condiciones generales del sistema carcelario ecuatoriano y el estado de emergencia sanitaria que atraviesa el país por la rápida propagación del virus COVID-19, sugieren a juezas y jueces privilegiar la imposición de medidas cautelares alternativas a la prisión preventiva en casos de delitos flagrantes en que Fiscalía decida formular cargos, para de esta forma coadyuvar en el aislamiento social y resguardar la salud pública.
Además, conforme lo ha determinado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, así como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en los casos de personas en situación de riesgo en contexto de pandemia, como personas de la tercera edad, enfermos catastróficos, mujeres embarazadas, entre otros, se deben evaluar las solicitudes de beneficios carcelarios y medidas alternativas a la prisión.
La Presidenta de la Corte Nacional de Justicia ha compartido estos criterios con las y los Presidentes de Cortes Provinciales. Corresponde a Fiscalía General del Estado y Defensoría Pública General, en el ámbito de sus competencias, de así considerarlo, emitir las directrices que estimen necesarias en esta materia.
Varios pedidos para evitar la propagación del virus en las cárceles
Diferentes países han decidido adoptar medidas para evitar una propagación del virus en los centros carcelarios debido al hacinamiento y a las pocas probabilidades que tienen de ser atendidos de manera oportuna.
La pandemia del coronavirus ha puesto a prueba la capacidad de los Gobiernos latinoamericanos para proteger a sus habitantes y evitar lo más rápido posible una propagación que termine por colapsar los sistemas de salud.
Mientras algunos países optaron por el cierre de fronteras, la declaración de cuarentena y de emergencia sanitaria, los recientes motines ocurridos en distintas cárceles de la región fueron una llamada de alerta y un grito de auxilio hacia las autoridades ante una realidad: el coronavirus podría llegar hasta las prisiones y afectar a la población carcelaria.
Con cerca de un millón y medio de personas en prisión, América Latina tiene una tasa de encarcelamiento de 241 internos por cada 100.000 habitantes, la más alta del mundo, según ha documentado el Instituto Igarapé. La sobrepoblación penitenciaria trae consigo condiciones inhumanas, que se podrían agravar si se confirman casos de coronavirus al interior de las prisiones, reportó la web de Russia Today.
ONU: Hay que tomar medidas urgentes para evitar que el COVID-19 ‘cause estragos en las prisiones’
En un reciente mensaje, la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), Michelle Bachelet, recordó que como consecuencia de la sobrepoblación en las prisiones en muchos países, los internos se encuentran en “condiciones higiénicas deplorables” y que los servicios de salud suelen ser “deficientes o inexistentes”. “En esas condiciones,el distanciamiento físico y el autoaislamiento resultan prácticamente imposibles“, advirtió.
La situación en las prisiones es aún más complicada porque, como explicó la oficina europea de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en un reciente informe, “es más probable que las personas privadas de su libertad […], sean más vulnerables al brote del coronavirus que la población general, debido a las condiciones de confinamiento en las que viven juntos por un prolongado periodo de tiempo”.
La CIDH urge a los Estados a garantizar la salud y la integridad de las personas privadas de libertad y sus familias frente a la pandemia del COVID-19
La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos -CIDH- emitió la Resolución 1/2020 vinculada a la pandemia de la Covid-19 y sus graves efectos en virtud de los serios riesgos para la vida, salud e integridad personal. Esto debido a los impactos de inmediato, mediano y largo plazo sobre las sociedades en general, y sobre las personas y grupos en situación de especial vulnerabilidad como las privadas de libertad.
En ese sentido la CIDH pide a los gobiernos «adoptar medidas para enfrentar el hacinamiento de las unidades de privación de la libertad, incluida la reevaluación de los casos de prisión preventiva para identificar aquéllos que pueden ser convertidos en medidas alternativas a la privación de la libertad, dando prioridad a las poblaciones con mayor riesgo de salud frente a un eventual contagio del COVID-19, principalmente las personas mayores y mujeres embarazadas o con hijos lactantes».
CORTE IDH urge medidas de protección a personas privadas de libertad
Dada la naturaleza de la pandemia, los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales deben ser garantizados sin discriminación a toda persona bajo la jurisdicción del Estado y, en especial, a aquellos grupos que son afectados de forma desproporcionada porque se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad, como son las personas mayores, las niñas y los niños, las personas con discapacidad, las personas migrantes, los refugiados, los apátridas, las personas privadas de la libertad, las personas LGBTI, las mujeres embarazadas o en período de post parto, las comunidades indígenas, las personas afrodescendientes, las personas que viven del trabajo informal, la población de barrios o zonas de habitación precaria, las personas en situación de calle, las personas en situación de pobreza, y el personal de los servicios de salud que atienden esta emergencia.
