Llega a la ONU la causa del periodista argentino asesinado durante el golpe de Estado
La causa de Sebastián Moro llegó a la ONU y a la Justicia de Córdoba
Por Gustavo Veiga
El caso del periodista Sebastián Moro llegó al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas y se judicializó en los tribunales federales de Córdoba durante la última semana. A cuatro meses de su muerte dudosa en La Paz, Bolivia, el 16 de noviembre durante el golpe cívico-militar contra el ex presidente Evo Morales, la denuncias podrían darle un nuevo impulso al complicado esclarecimiento del hecho.
Gabriel Aguirre, secretario General del Comité de Solidaridad Internacional y Lucha por La Paz (COSI) presentó en Ginebra, Suiza, donde funciona aquel organismo de la ONU, la situación del reportero mendocino. Su hermana Penélope Rocchietti Moro había declarado después de visitarlo en un centro médico paceño que “cuando llegué a Bolivia en la madrugada del 11 de noviembre y al encontrarme con mi hermano en la Clínica Rengel de Sopocachi para acompañarlo y hacerme cargo de su situación, noté ciertas marcas y golpes en su cuerpo que a mi entender no correspondían únicamente con un ACV isquémico que fue el diagnóstico que se informó”.
Estos elementos se incorporaron a la querella que presentó la familia de Moro en la Justicia de Córdoba y le dieron forma a la denuncia ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Este organismo fue creado en 2006 durante la asamblea de la ONU de aquel año con la única oposición de Estados Unidos y sus aliados Israel, Islas Marshall y Palaus. Hoy está formado por 47 estados miembros y la Argentina está entre ellos.
“Llamamos la atención sobre el caso del periodista Sebastián Moro quien murió en extrañas circunstancias y de acuerdo al informe forense se revela que antes de morir fue golpeado y su cuerpo apareció con claros signos de politraumatismos” señaló Aguirre en Naciones Unidas. También responsabilizó “a la policía y las fuerzas armadas de Bolivia” por el hecho.
El secretario general del COSI además presentó ante el Consejo de DDHH la situación que está viviendo otro periodista argentino en Bolivia. Se trata de Facundo Molares, quien “fue detenido y secuestrado por la policía de ese país mientras estaba siendo atendido en un hospital. Denunciamos las torturas, tratos crueles e inhumanos a los que se lo ha sometido durante su detención. Exigimos al gobierno de Bolivia su inmediata liberación”, explicó Aguirre en Ginebra.
Los casos de Moro y Molares los encuadró en “la grave situación en materia de Derechos Humanos que atraviesa Bolivia” y alentó la posibilidad de que se concrete “una visita del relator especial a ese país” porque “hoy se contabilizan más de 1.500 detenciones arbitrarias con múltiples denuncias por casos de torturas y tratos crueles que han sido ejecutados por miembros de la fuerza pública boliviana”.
Un día después de la presentación ante la ONU, el jueves 12, la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos de Córdoba y el Comité de Solidaridad con los Pueblos Latinoamericanos hizo una nueva denuncia contra el gobierno de facto de Bolivia por crímenes de lesa humanidad. La radicó en la justicia federal y fue patrocinada por los abogados de la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos, Claudio Orosz y Lyllan Luque. Acompañó la presentación Raquel Rocchietti, la madre de Sebastián. Se constituyó de este modo como querellante en la primera causa penal que se abre en la Argentina sobre la muerte del periodista en los días posteriores al golpe de estado.
Sebastián tenía 40 años y vivía en Bolivia donde trabajaba en el periódico Prensa Rural y la radio Comunidad de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB). Durante los días que siguieron a las elecciones que ganó el MAS y luego fueron impugnadas por la oposición y la injerencia de la OEA, Moro realizó varios artículos para Página/12 hasta que fue encontrado con un ACV en su departamento la noche del 9 de noviembre de 2019. Nunca recuperó el conocimiento pero su hermana Penélope comprobó que su cuerpo presentaba una serie de lesiones no compatibles con el accidente cerebro vascular.
La presentación judicial en Córdoba se sumará a las anteriores denuncias por delitos de lesa humanidad realizadas por los distintos organismos de Derechos Humanos de nuestro país bajo el principio de universalidad como señala el Estatuto de Roma. Penélope le dijo a PáginaI12 después de conocer las dos presentaciones en Ginebra y Córdoba: “Nos parecen avances importantes para lo poco que se puede hacer en materia legal en Bolivia y hasta que se recupere el estado de derecho. También nos siguen llamando la atención y causando dolor, que el colectivo de trabajadores de prensa de la región, Argentina y Mendoza especialmente, pese a estos avances, no se consustancie con el caso. En este sentido sí quiero agradecer el acompañamiento del Sipreba, el único que hemos tenido cerca. Sebastián murió en pleno ejercicio de su oficio, en un marco político y social de muchísima complejidad para llegar al esclarecimiento”.
Por último, la hermana de Moro, quien también se desempeña como periodista en Mendoza, comentó: “cada paso que dimos, como que se contemplara el caso en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, es de muchísimo esfuerzo. La solidaridad de sus colegas nos aliviaría aunque sea en algún aspecto. No es que se trate de Sebastián, podría haber sido el caso de cualquier periodista”.
Cuando se encontró el cuerpo tirado en su departamento en La Paz, faltaban un chaleco que lo identificaba a Moro como periodista, su grabador y uno de los cuadernos donde tomaba apuntes. Esos elementos relacionados con su actividad profesional pusieron más dudas sobre su muerte que pudo ser la consecuencia de un ataque previo.
Protesta por una muerte en Oruro reclama la salida de militares de las fronteras
Mientras la población de Oruro se prepara para la cuarentena que rige desde el lunes con el fin de frenar el coronavirus y se abastece de alimentos, una ruidosa marcha de protesta para pedir al Gobierno la salida de los militares de las fronteras, porque “están matando a inocentes”, se apoderó de las calles.
Los marchistas iban cargando un ataúd en cuyo interior se encontraba el cuerpo de José Limberth de 22 años, quien murió la mañana de este viernes por un disparo de arma de fuego en el sector de Huachacalla, carretera Oruro-Pisiga.
Según la Policía, la muerte de esta persona se produjo en medio de un operativo anticontrabando. Once militares fueron conducidos a celdas policiales en calidad de investigados para ver si tienen responsabilidad o participación en el hecho.
Pobladores de Huachacalla y familiares del difunto, demandaban justicia a gritos y pedían la cabeza de los militares que dispararon contra el joven que, según ellos, nada tendría que ver con el contrabando, ya que en el momento de su muerte, él se trasladaba en su vehículo a la ciudad de Oruro.
El tío del fallecido, Nemecio Cruz, dijo: «Somos los guardianes de la frontera, pero cuando viajamos solos, encontramos la muerte, ¿en qué país estamos para que nos maten así?».
«Quiero decir a la opinión pública: que se replieguen todos los militares de la frontera, no queremos militares, ellos nos están enseñando a usar armas», arengó en medio de gritos de «asesinos», «asesinos», «fuera militares de las fronteras».
Por su parte la viuda de otro fallecido meses atrás, sostuvo que su marido, Noé Rómulo Mamani, también murió a causa de un disparo de los militares el 29 de enero y que hasta ahora no halla justicia.
Los pobladores señalan que desde enero a la fecha han muerto tres personas inocentes por disparos de los militares y nadie ha sido castigado. «Nos están matando como si fuéramos animales», gritababa uno de los pobladores.
Entretanto, los familiares abrieron el ataúd y rompieron en llanto abrazando el cajón y la gente se arremolinó alrededor sin dejar de gritar «militares asesinos», militares asesinos».
Según un reporte policial, de los 11 militares arrestados dos son los tenientes B. V. Alconz y M. A. Alarcón, que fueron identificados como los principales sospechosos; el resto también es investigado por ocultar el armamento.
Dos militares van a la cárcel e investigan a otros nueve por muerte a bala de un hombre
La justicia determinó enviar a la cárcel a dos oficiales de las Fuerzas Armadas integrantes del Comando Estratégico Operacional (CEO), por la muerte violenta producto de disparos del ciudadano José Limber Colque Gómez (22), suceso registrado en el sector denominado Vila Vila, carretera internacional Oruro-Pisiga, a 11 km de Huachacalla de la provincia Litoral del departamento de Oruro.
En medio del pedido clamoroso de justicia de los familiares, amigos y pobladores se realizó la audiencia cautelar ante la jueza, Salau July Dipp Antequera, que al final determinó enviar a la cárcel de San Pedro a los oficiales militares Tte. Boris Vladimir Alconz Mercado y Tte. Miguel Ángel Alarcón Arispe, por encontrar suficientes indicios de responsabilidad tras la imputación fundamentada por la Fiscalía. Otros nueve militares también fueron imputados por la Fiscalía por supuesta complicidad y encubrimiento en el hecho, pero asumirán su defensa en libertad en un proceso penal.
Durante la audiencia la jueza consideró las pruebas adjuntadas por la Fiscalía y no solo encontró indicios suficientes, sino una evidente obstaculización a la investigación ocultando las armas que portaban en el momento del hecho, no permitiendo que sean secuestradas para proceder a realizar pericias.
También se evidenció que ocultaron las prendas de vestir de los militares, por lo que la Fiscalía fundamentó que con probabilidad se los puede considerar como presuntos autores del homicidio.
Las pesquisas
Una comisión de agentes de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen de Oruro, presidida por el coronel Manuel Vergara, acudió al lugar de los hechos para levantar evidencias y el cuerpo del infortunado hombre. Procedió al precintado y de un vehículo motorizado tipo vagoneta de color plomo, marca Mazda con placa 4090-DUD, el mismo que fue conducido por el fallecido.
Se pudo evidenciar dos orificios de ingreso en el parabrisas del vehículo cuando era conducido por el fallecido. Asimismo tras la autopsia los forenses evidenciaron dos heridas por arma de fuego en la parte superior de la cabeza del conductor. También se levantaron casquillos calibre 7,62.
Testimonio de familiares
Familiares de José Limber Colque Gómez, muerto tras los disparos de arma de fuego, exigen a las autoridades aplicar el rigor de la ley en contra de los militares que atentaron contra su vida, descartando tenga responsabilidad en el ilícito de contrabando o que estaría internando un vehículo indocumentado.
Una manifestación de protesta exigiendo justicia llegó desde Huachacalla hasta Oruro asentándose en una vigilia en las afueras de la Felcc. “Hemos pasado en el vehículoy no había señalización. Qué habrán pensado los militares y directo dispararon. Mi marido murió, nosotros estábamos retornando a Oruro del campo, de Sacabaya, del pueblo de mi suegra”, manifestó la esposa del fallecido, haciendo un pedido de justicia.
LA PENA MÁXIMA
La familia pide 30 años
Los familiares del fallecido piden la aplicación de una sentencia de 30 años para los militares.
No presentaron pruebas
Los militares dijeron inicialmente que fueron atacados a bala y prendieron fuego a un vehículo. Sin embargo presentaron fotografías de un hecho registrado el año pasado y la Fiscalía evidenció que hubo obstaculización a las investigaciones. Además la Fiscalía pidió la presentación del vehículo quemado, pero los militares no presentaron nada.
