Uruguay | Jorge Larrañaga, futuro ministro del Interior, advierte «mano muy fuerte, mano muy clara contra la delincuencia»
Jorge Larrañaga: “Hay que restablecer el orden y el respeto”
Por Pablo S. Fernández y Pablo Melgar
No estaba en sus planes llegar a ocupar el sillón principal del Ministerio del Interior. Pero el dirigente blanco Jorge Larrañaga asumió el desafío que le propuso el presidente electo Luis Lacalle Pou, y si bien la reforma constitucional que impulsó con medidas para la seguridad pública no logró el apoyo popular suficiente, el futuro ministro dijo en la entrevista que concedió a El País que el objetivo central de su administración es buscar que “la gente pueda vivir sin miedo”; recordando la consigna del plebiscito.
El líder de Alianza Nacional puntualizó que se apartará de la política partidaria para dedicarse íntegramente a la tarea en el Estado y adelantó que buscarán solucionar los casos de la gente que vive en la calle. “No hay derecho a vivir en situación de calle”, dijo y agregó que se buscará restablecer el orden y el respeto en la sociedad.
-¿Se imaginó en algún momento de su carera política estar al frente de la seguridad pública?
-En verdad no. Porque obviamente fui postulante a la candidatura a la Presidencia. Después advertí algunas posibilidades con toda la parte final de la campaña por la instancia plebiscitaria. No hablé nada, nunca con nadie. Después del 27 de octubre a la semana, hablo con el doctor Lacalle y entonces me dice: «¿Qué vas a hacer?”. “No se. Primero tenemos que ganar”, le dije. Me gustaría en caso de (ganar), acceder a una parte ejecutiva. «¿Y por qué lado vas?», me preguntó. “Mira yo fui intendente, a mi me gusta mucho la obra pública, transporte, industria, alguna cosa de esas”, le respondí. “Vos sabes que yo tengo el cargo para vos”, me acotó. «¿A si?», dije. “Ministro del interior”, me dijo y yo le rematé con: «Me querés mucho”. Y ahí dijo que es un tema de primera magnitud. «Alguna gente amiga tuya y amiga mía me sugirió tu nombre para ser el ministro del Interior», me comentó Lacalle. En ese momento le dije: “Bueno mirá, vamos a hacer lo siguiente: vamos a terminar con esta conversación y primero tenemos la cita del 24 de noviembre. Hablamos después”. Y hablamos después del resultado.
-¿Qué le pidió para su gestión?
-Después de haber sido muy crítico con la gestión de seguridad durante muchísimos años, de haber participado en 8 o 9 interpelaciones, de haber presentado una instancia plebiscitaria, de haber luchado en solitario por la instancia constitucional que alcanzó un 47%, no podía decir que no. Y tenía que enfrentar esa responsabilidad y es lo que procuramos hacer conscientes de que tenemos un objetivo central y fundamental: y es que la gente pueda vivir sin miedo. Nuestro objetivo ahora es un cambio en leyes -algunos de los contenidos van a estar en la ley de urgente consideración- y un cambio en la actitud de la Policía y del Ministerio del Interior frente al delito y frente a la preservación de la paz pública. En el entendido de que el respeto a la ley es la base de la convivencia. Que sin ley no hay paz ciudadana. Estamos diciendo que para la Policía: respaldo y respeto. Para los delincuentes: la ley. Y para la sociedad un Estado garantizando los derechos y la convivencia. Mano muy fuerte, mano muy clara contra la delincuencia.
-Desde el Frente sostienen que en la gestión futura va a haber gatillo fácil. ¿Usted que tiene para responderle?
-Que eso no es cierto. ¿Cuál es el indicio para expresar que va a haber gatillo fácil? Ni gatillo fácil, ni gatillo difícil. Va a haber ejercicio y respaldo a la autoridad. La autoridad no se negocia. Se ejerce. Y es central. Dentro de la ley y la Constitución. Que no se venga a hablar de gatillo fácil…. ¿Cómo se explica la cantidad de muertes de delincuentes por policías en este año 2019 en cotejo con el anterior registro?
-¿Tiene alguna hipótesis?
-No, digo que hay lecturas. ¿Hubo gatillo más blando ahora en el 2019? Entonces yo no hago ese tipo de puntualizaciones. ¿Por qué hubo gatillo más blando en el 2019? ¿Porque era año electoral? Yo no quiero cometer un agravio de esa magnitud ni a la Policía, ni al gobierno. Tampoco acepto que se diga que va a haber un gatillo fácil. ¡No! La aplicación de la ley y firmeza. Basta de impunidad. Que la gente viva sin miedo. Eso es posible.
-La administración de Mujica planteó la regulación del consumo de marihuana. ¿Allí se plantea algún cambio?
-No estamos hablando de revisar ese tema puntual de la marihuana.
-¿Ni siquiera el tema de la venta en farmacias?
-Eso se analizará y doy por reproducidas las expresiones del presidente electo. Lo que hablamos es del narcotráfico y del corazón que erosiona la convivencia social es el narcotráfico. Es el tema de la falta de tratamiento de los adictos.
-¿Está de acuerdo con la internación compulsiva?
-Tiene que analizarse el marco jurídico.
-¿Pero usted en lo personal, está de acuerdo?
-Hay que analizar eso a la luz de las disposiciones.
-¿Uruguay está preparado para ir a combatir contra los grupos narcos?
-Si no estamos preparados tenemos que prepararnos. En tecnología, en escáneres. No podemos estar en la prehistoria en materia de investigación (para combatir el narcotráfico). Por otro lado, en las políticas de cárceles. Hay que tener autoridad y procurar rehabilitar.
Jorge Larrañaga, ministro del Interior designado por el gobierno electo. Foto: Marcelo Bonjour
-¿Se terminan los teléfonos en las cárceles?
-Nosotros no los vamos a habilitar. Estamos analizando cómo es posible. Yo no estoy de acuerdo con permitir celulares en las cárceles. Los presos tendrán el legítimo derecho de tener teléfonos públicos como hay en los sistemas carcelarios más avanzados del mundo. El argumento no puede ser que porque los teléfonos entran por distintos mecanismos se tengan que aceptar.
-Las autoridades actuales sostienen que de bloquear esos teléfonos se generan problemas.
-¿Entonces quien manda? ¿Están en un centro de veraneo? ¡No! El que está preso, está preso. Tenemos que buscar mecanismos de rehabilitación y que las cárceles no sean un mecanismo de mortificar a los presos.
-¿Piensan construir más cárceles?
-Está prevista la construcción de un centro de reclusión para 300 presos peligrosos y narcotraficantes. La gente tiene que saber que lo que pasa en las cárceles termina pasando en la sociedad. Si seis o siete de cada diez que se liberan vuelven a cometer delitos, y tenemos una población carcelaria de 11 mil presos, tenemos que comprender que hay que tomar ese tema como un tema muy importante. No es fácil.
-Muchas de las personas que salen de la cárcel terminan como cuida coches o mendigando en la calle.
-No hay derecho a vivir en situación de calle. ¡No hay derecho! Estamos en contra de que eso sea un derecho. Es una realidad, hay una enorme cantidad de gente viviendo en situación de calle. Es una vergüenza. Eso afecta la dignidad de las propias personas que viven de esa forma y la convivencia, la vida en sociedad y la seguridad pública. Lo hemos conversado con el (futuro) ministro de Desarrollo Social, Pablo Bartol. Vamos a tener un trabajo muy coordinado con el Mides. Hemos conversado también sobre la participación del Mides en el sistema carcelario. Vamos a tener su colaboración para ver cómo abatimos el número de personas que viven en situación de calle.
También es necesario que participe Salud Pública, se necesitan las firmas de dos médicos para realizar la internación compulsiva.
-Vamos a tener algún instrumento legal para que por la violación de la ley de faltas se pueda cumplir con este objetivo.
-¿Va a estar en la ley de urgente consideración?
-Lo estamos analizando, lo hablamos con Bartol, la semana que viene volvemos a reunirnos para enfocar este tema. Aquí se está afectando la dignidad humana y la convivencia pública. No hay derecho a vivir bajo un nylon, debajo de un árbol o en la puerta de un edificio público. No es un derecho. Hay que terminar con esas situaciones que van afectando la convivencia. Tenemos que restablecer el orden y el respeto perdido.
-¿Para esas medidas van a buscar apoyo de la oposición?
-Vamos a dialogar con todos los que sea necesario. En lo personal, en cuanto salga de los temas más gruesos voy a pedir una reunión con los partidos y los sectores parlamentarios. Hace 20 años que estoy en el Parlamento y voy a hablar con todos. Ahora, vamos a entendernos, sobre estos puntos lo que hay que hacer es aplicar la ley. No estamos haciendo grandes inventos. ¿Es complejo y difícil? Sí, pero es lo que vamos a procurar hacer.
-Lo que ya se sabe que va estar en la ley de urgencia es la legítima defensa presunta para los policías. ¿Espera un cambio en la relación entre los policías y los delincuentes?
-Hay quienes sostienen que eso es el paso previo al gatillo fácil. No es así. Es una presunción simple, hay que querer entender las cosas. Una presunción simple de que se actuó en el marco de la ley que se destruye con prueba en contrario. Han existido decenas de muertes por parte de policías.
-El diputado José Carlos Mahía unió esta ley con el caso que terminó con la muerte de un hombre en el shopping de Paysandú.
-¿Qué tiene que ver el gatillo fácil con la legítima defensa presunta? Aquí no hubo arma. Nosotros vamos a un desafío tecnológico mayor: que cada policía tenga una cámara conectada en directo que no pueda alterarse.
-La Policía está pidiendo que se le entregue escopetas a los patrulleros. ¿Va a invertir en armas?
-Sí, vamos a trabajar en esa línea. Vamos a usar el armamento que sea necesario para el combate a la delincuencia. No es posible que el narcotráfico, en algunas oportunidades, tenga mejor armamento que la Policía. Hay que mejorar la flota vehicular y el despliegue.
-¿Piensa mantener los operativos de grandes proporciones que se venían realizando en algunas zonas de Montevideo y Canelones?
-Vamos a hacer lo que sea necesario porque no habrá lugar al que no pueda entrar la Policía. No le voy a revelar cómo lo vamos a hacer. Hay lugares donde hay dificultades importantes (para ingresar), reconocido por la propia Policía.
-Hay zonas en las que tampoco entran los médicos…
-La Policía hará lo que tiene que hacer para cumplir con la Constitución y la ley. Los médicos van a entrar.
-Se habla de mano dura o mano fuerte. ¿Cree que estos planteos pueden llevar a algún incremento de la violencia en esas zonas?
-¿Cuál es la disyuntiva? ¿Por temerle a la confrontación vamos a dejar que mande la delincuencia? No, señor, bajo ningún punto de vista. La autoridad no se discute, se ejerce. El poder de imperio que la Constitución y las leyes le otorgan a la Policía, en tanto la arman, indica que el estado policial se mantiene desde que levanta hasta que se acuesta, también mientras duerme.
-¿Cuándo se va a notar un cambio en la seguridad pública?
-Yo no le voy a dar fechas ni cifras. Espero que la gente advierta que habrá un cambio en las leyes y su aplicación. En particular, espero que se note un cambio en la actitud del gobierno y la Policía. El presidente Lacalle Pou ha dicho algo muy fuerte: va a ser el primer policía. Marca el respaldo que el gobierno le va a dar a la Policía. Es fundamental que el presidente le dé un rango de tal magnitud a la seguridad.
-Usted sabe que en un gabinete los fusibles son los ministros.
-Y a mí qué me importa. La fragilización de las democracias en buena medida es por responsabilidad de los políticos. En particular, de aquellos que viven sopesando los riesgos en función del accionar o los caminos que pueden tomar. No preocupa demasiado tener que ser fusible.
-Está anunciado que se terminan las ocupaciones. Es decir, se eliminará el decreto que impide a la Policía intervenir en las ocupaciones de los lugares de trabajo. ¿Qué criterio se va a aplicar?
-El criterio que indique la ley, eso se tiene que entender. Manifestaciones las que se quieran, lo de Kibón, no. Tampoco lo de Malvín de hace unos días.
Pasaron 15 años de gobiernos del Frente Amplio, diez años de Bonomi al frente del Ministerio del Interior. ¿Qué deja en al organización policial?
-Hay una combinación de debilidad de las políticas sociales, de fragilización de la educación, de políticas de seguridad fallidas, más (la) droga han hecho un cóctel de una inseguridad pública alarmante. Que no se vengan a acá con contraposiciones de gatillo fácil o gatillo duro. ¡No! No es así. Sí hablamos de cambio de actitud. Nadie puede discutir mi condición democrática, mi apego a la Constitución y la ley, como nadie puede discutir mi condición de ser un hombre que cursó los estudios de abogado. Aquí lo que tiene que cambiar es la autoridad y cómo se ejerce. Y en esto vamos a ser inflexibles. Porque el país necesita eso: Vamos a tener acciones claras con el despliegue territorial de la Policía.
-¿Se vuelve a las comisarías?
-Sí. Y controles de personas en la vía pública.
-¿Pedir las cédulas?
-Es posible. El propio Bonomi dijo que habían llevado adelante 400 mil solicitudes de documentos a personas.
-Cuando eso aparece, se compara con las razias del pasado.
-No estamos hablando de razias. Es algo que está facultado por la ley. Vamos a coordinar una mayor presencia policial en las calles, es prioritario. Reorganizar el 222 por medio de ley. Ampliando la cantidad de horas que los funcionarios policiales pueden ejercer ese servicio.
-¿A partir del 2 de marzo la gente va a ver más policías en la calle?
-Eso es lo que vamos a procurar llevar adelante con determinas iniciativas. En violencia de género, un nuevo protocolo de actuación, reforzamiento presupuestal, compra de tobilleras, y ver si incorporamos en la ley de urgente consideración la penalización de la destrucción de las tobilleras. No vamos a aceptar que una persona que está obligada a utilizar por orden de la Justicia rompa la tobillera en nueve oportunidades y no pase nada. ¡No va más eso!
