Chile: Continúan las denuncias por violaciones a los derechos humanos por parte de Carabineros
Reprimen hasta a los enfermeros
Abel Acuña, de 29 años, participaba en una concentración en Plaza Italia, epicentro de las protestas en Santiago. Fue asistido en el lugar por personal del Servicio de Atención Metropolitano (SAMU) y trasladado a un hospital cercano, donde murió. Desde el SAMU emitieron un duro comunicado donde acusan a los carabineros de impedir la atención de Acuña. Según los médicos la policía chilena les lanzó agua, disparó perdigones y gases lacrimógenos mientras el manifestante era atendido. Incluso denuncian que una de sus profesionales fue herida, lo que también mostraron varios vídeos subidos en las redes sociales. “Esta agresión impidió dar los cuidados necesarios al paciente, debiendo retrasarse la reanimación y forzando su evacuación, debido a la inseguridad de la escena (…) Como funcionarios de salud no podemos tolerar el actuar de la fuerza policial”, afirmó el servicio de emergencias. Las protestas del viernes dejaron un total de 268 personas detenidas y 26 manifestantes heridos, que se suman a los miles registrados durante este mes de convulsión social.
El Instituto de Derechos Humanos de Chile (INDH), que viene llevando a cabo un control exhaustivo de las fuerzas de seguridad, anunció que interpondrá una nueva demanda judicial contra carabineros. “La dirección del INDH presentará una querella por homicidio por interrupción de acción de salvamento (…) puesto que la policía tiene la posición de garante por ley y tiene la obligación de resguardar a manifestantes y a personal médico que se encuentra realizando sus labores», manifestaron desde el Instituto. Lejos de cumplir con su función, la policía habría ejercido violencia en contra del personal médico y sin esas acciones, podría haber mejorado el pronóstico vital de la víctima, denunció el personal del SAMU, según informa el INDH. En los 30 días que van de manifestaciones, el INDH ya presentó 346 acciones judiciales contra las fuerzas de seguridad.
Luego de conocerse la muerte de Acuña sectores de la oposición pidieron iniciar un proceso de juicio político contra Piñera. En Chile este procedimiento se conoce como Acusación Constitucional. Para iniciarlo la cámara de diputados debe presentar una denuncia. Desde el Partido Comunista (PC) de Chile informaron que están elaborando el documento. “Necesitamos que contenga toda la información necesaria y los elementos para que sea un texto serio y responsable en lo jurídico y político”, informó Camila Vallejo (PC). Otros sectores de la oposición reclamaron la renuncia del director general de carabineros, Mario Rozas. «Le estamos exigiendo que renuncie porque no garantiza el cumplimiento y el respeto a los Derechos Humanos de los manifestantes, que en su mayoría están pacíficamente reclamando», dijo Diego Ibáñez de Construyendo Socialismo.
El histórico acuerdo anunciado el jueves por el gobierno y la oposición para redactar una nueva constitución no logró aplacar las manifestaciones. Los manifestantes reunidos en Plaza Italia, rebautizada Plaza de la Dignidad, responsabilizaron a Piñera por la muerte de Acuña. En varios lugares de Santiago los ciudadanos siguieron reunidos en asambleas. También hubo decenas de jornadas culturales en plazas. El pueblo chileno parece decidido a ir por todo y dejar atrás los resabios de la dictadura de Pinochet.
Octubre en cinco muertes
Por Paulina Toro, Ivonne Toro y Juan Manuel Ojeda
Según la fiscalía, 23 personas han muerto tras el estallido social del 18 de octubre. La mayoría falleció en saqueos y cinco casos están caratulados como muertes por acción de agentes del Estado. Estos son los avances de las investigaciones que lleva a cabo el Ministerio Público contra uniformados.
La bala traspasó de lado a lado el tórax de José Miguel Uribe la noche del 21 de octubre. Según el fiscal Jaime Rojas, el proyectil dejó en su cuerpo un orificio pequeño de entrada, pero uno del porte de un puño al salir. Esa bala no fue encontrada en el sector donde el joven de 25 años fue abatido tras la llegada de una patrulla de militares. En el anochecer curicano, los amigos de Uribe escucharon dos disparos; los soldados han sostenido que hubo ráfagas de los manifestantes, dice Rodrigo Flores, abogado del único imputado por homicidio, en la causa, el cabo segundo del Ejército Carlos Reyes. El plazo de la investigación se fijó en cuatro meses.
La fiscalía está en busca de un perito capaz de señalar si la herida de esa bala corresponde al arma de Reyes. El cabo, quien está en prisión preventiva, no niega haber disparado, pero asegura que lo hizo hacia el cielo: primero un perdigón, luego su arma de fuego. El conteo balístico confirma que de su patrulla solo él tenía una munición menos. Su defensa no descarta que pueda haber habido participación de terceros. Y la familia de Uribe está dispuesta a exhumar su cuerpo con tal de confirmar que Reyes mató a su hijo.
Ya se hizo la autopsia y se mandaron a periciar las armas y municiones, pero la mayor apuesta está en la reconstitución de escena. “Vamos a tener que pedirla con tiempo para bloquear la carretera, suspender el tránsito, porque hay que hacerlo a la misma hora, con la misma luz”, dice Jaime Rojas.
El defensor Flores se apoya en imágenes y testigos para sostener que el propósito del disparode su representado habría sido disuadir a los manifestantes que obstruían el paso de los vehículos del Ejército y asegura que los soldados se sintieron atacados tras recibir piedras. “Las imágenes dejan ver que cuando los funcionarios del Ejército abandonan el lugar no había heridos”, dice Flores. “La bala disparada por el cabo Reyes no es aquella que le provocó la muerte al manifestante”, agrega.
El exfiscal Carlos Gajardo, quien representa a la familia Uribe, cree que los militares se concertaron en su versión: “Cuando declaran son bastante coherentes en decir que dispararon porque estaban siendo agredidos por piedras y palos”, dice Gajardo. “La fiscalía perició esos vehículos y los fijó fotográficamente, pero esa evidencia demuestra que no tiene ningún impacto, ni de piedras, ni de balas”.
Con 11 años, el hijo menor del trabajador mecánico Álex Núñez (39) es quien menos ha hablado de la muerte de su padre la madrugada del 22 de octubre en el Hospital de Urgencia Pública de Santiago. El viernes 25 de ese mes -durante el funeral de quien figura en una querella del INDH como víctima de una golpiza por parte de Carabineros, en los alrededores del Metro El Sol, en Maipú-, el niño estuvo estático frente al féretro con una imagen del rostro de su papá colgando de su cuello.
“Estamos saliendo adelante de a poquitito con tratamiento del sicólogo que nos envía la fiscalía. Jano es quien está más mal, por su edad no sabe cómo llevar su pena”, dice Natalia Pérez, la esposa de Núñez, quien agrega que las querellas de la familia ya están presentadas y espera que avance la investigación del fiscal de la Zona Occidente, Pablo Sabaj.
Hasta ahora, el Ministerio Público ha recabado evidencias y testimonios para esclarecer qué ocurrió. La autopsia ratifica que la muerte de Núñez se debió a un hematoma subdural en el cráneo por acción de terceros. La noche del domingo 20, según él alcanzó a relatar a sus familiares, tres uniformados policiales, en medio del toque de queda, lo agredieron con patadas y lumas. Retornó caminando hasta el hogar de sus padres -llevaba un tiempo separado de hecho de Natalia- tras la agresión policial, creyendo que su historia sería una mala anécdota. Estaba adolorido, pero vivo. El lunes en la mañana ingresó a la ex Posta Central y al día siguiente dejó de respirar.
Sabaj ha rastreado los partes policiales de personas que fueron detenidas en el sector la jornada en que Álex habría sido dañado. También cuenta con detalles entregados por la Inspectoría General de los funcionarios de Fuerzas Especiales, motoristas y uniformados de la 25 Comisaría que se desplegaron en la zona y se han revisado cámaras de seguridad del sector donde, si bien no aparece Álex, sí se ven incidentes donde manifestantes reciben lumazos.
En la causa está trabajando la Brigada de Derechos Humanos de la PDI. Los carabineros que han sido citados a declarar como eventuales testigos del crimen han hecho uso de su derecho a guardar silencio. Aún no hay imputados en la causa.
Erik Veloz cuenta que 22 días después de la muerte de su hijo, la intendenta de Coquimbo, Lucía Pinto, le dio las condolencias en una reunión privada. Antes de eso, no hubo ni un gesto por Romario Veloz Cortez (26), estudiante ecuatoriano, bailarín, cantante de freestyle y padre de una niña, quien falleció el domingo 20 de octubre mientras participaba de una marcha en La Serena y que coincidió con saqueos en los alrededores del Mall Plaza de esa ciudad. En abril, el joven había sido detenido por un hurto en un supermercado Lider de la ciudad. Su familia sostiene que Veloz no estaba participando en los desmanes.
Según una serie de registros audiovisuales, que están siendo revisados por el fiscal Adrián Vega, militares presentes en el área realizaron una serie de disparos que habrían impactado al menos a dos personas: Rolando Robledo, herido en el abdomen y quien estuvo hospitalizado, con riesgo vital, y Romario Veloz, quien recibió un proyectil en el cuello y que murió en la calle mientras intentaba ser reanimado por otros manifestantes. Su nombre fue incluido en la exposición del exministro de Interior Andrés Chadwick en el Congreso. “Se está a la espera del peritaje balístico para proceder a la detención del efectivo del Ejército involucrado”, dice el texto de Chadwick.
La indagatoria, precisan desde fiscalía, se ha centrado en declaraciones de testigos que podrían tener antecedentes, un catastro de las cámaras de seguridad y grabaciones de los manifestantes que podrían dilucidar con exactitud qué pasó. Aún no hay imputados y las diligencias continúan. La familia y el INDH presentaron querellas por este caso.
Erik Veloz cuenta que “su mamá (Mery) y yo nos enteramos por Instagram de que alguien había caído en las protestas. Luego a ella le llegó un WhatsApp que decía que era ecuatoriano. Fue muy doloroso, viajé desde Antofagasta a La Serena a buscar a mi hijo”. También relata que se ha reunido con personeros de la fiscalía para conocer los avances de la investigación. “Todavía no se ha individualizado a la persona que le disparó a mi hijo. Sí sabemos que a la hora en que ocurrió todo (antes de que se iniciara el toque de queda, a las 20 horas) en el sector había solo militares, no carabineros”, sostiene.
Kevin Gómez corría con una caja de zapatillas en sus manos en medio del saqueo a la tienda La Polar, en calle Bilbao, en Coquimbo, cuando un disparo por la espalda lo dejó abatido y sin vida a sus 24 años. “Fue en la zona dorsal izquierda”, dice el fiscal Adrián Vega, a cargo del caso, para quien no hay duda de que se trata de un homicidio simple a manos del cabo del Ejército Cristián Care, quien, a su juicio, se saltó los protocolos y reglamentos sobre el uso de la fuerza.
Gómez recibió el disparo a las 23.30 y cerca de una hora más tarde falleció en el Hospital San Pablo de Coquimbo. No portaba documentos, por lo que su familia pasó varias horas buscándolo por hospitales y el propio Servicio Médico Legal de la zona.
En la audiencia de control de detención de Care, el magistrado Eduardo Estrada, del Juzgado de Garantía de Coquimbo, determinó que el imputado, patrullando esa noche, efectuó un primer disparo desde su auto militar contra otro joven que se dio a la fuga y que, pese a herirlo de bala, esta no fue de carácter fatal. Y que cuando apareció Gómez de improviso y con un bulto en sus manos, el soldado sacó su cuerpo hacia afuera del vehículo en movimiento para percutar por la espalda otro disparo. El tribunal dejó a Care en prisión preventiva.
La defensa del militar no niega ni los disparos ni la bala, pero alega que la situación respondió a una defensa personal, porque, según explicó Care a su abogado defensor Alejandro García, cuando vio a Kevin salir con un bulto en la mano creyó que se trataba de una molotov o un elemento contundente. “En ese lapso de uno o dos segundos”, dice el defensor, “Cristián lo ve por el rabillo del ojo y piensa que este lo iba a agredir”. Después de los hechos, agregó, “se dio cuenta de que portaba vestimenta, zapatillas y no una bomba molotov”. El abogado, además, ha enfatizado dos circunstancias: el militar nunca fue capacitado para mantener el orden público, sino para fines militares, y ese día, dada la emergencia y el toque de queda decretado en la ciudad, llevaba más de 48 horas sin dormir.
Para la fiscalía hay poco espacio para dudas sobre el homicidio y en los 120 días de investigación se decretarán diligencias para corroborarlo. “Los hechos que se ven en un video, según se acredita con las lesiones y se establece por el contexto y declaraciones de testigos, dan cuenta de que el suceso es un homicidio simple”, ha dicho el fiscal.
Eran pasadas las 18 horas del lunes 21 de octubre, con la Región del Biobío bajo toque de queda, cuando en la población Libertad, de Talcahuano, Manuel Rebolledo Navarrete -papá de una niña de un año y cinco meses- fue arrollado por un camión institucional Kia KM de la Armada. “Saliendo de la calzada, sube hasta la vereda, lugar donde se encontraba el Sr. Rebolledo, atropellando a la víctima, quien cae al suelo, para luego pasar sobre su cuerpo”, dice la querella presentada por el INDH. El informe del SML señala que la causa de muerte es “traumatismo cráneo encefálico”. El conductor del camión era el cabo 1° de la Armada Leonardo Medina Camaño. “Frené, esta persona resbaló. No lo vi más. El camión, una vez que frené, siguió deslizándose unos metros”, declaró el marino horas después, según se leyó en su formalización.
El fiscal jefe de Talcahuano, Julián Muñoz, le imputó en el Juzgado de Garantía de Talcahuano el delito de cuasidelito de homicidio. Medina quedó con firma mensual, arraigo nacional y se decretó un plazo de investigación de cuatro meses. El uniformado, dicen en la Armada, “está cumpliendo sus funciones administrativas normales en su repartición”. El abogado del marino, el defensor local jefe de Talcahuano, Gonzalo Benavente, sostiene que “fue una situación absolutamente accidental, no hay ningún antecedente ni prueba de que nuestro representado haya cometido alguna infracción reglamentaria”.
La familia de Rebolledo cree lo contrario. El abogado que los representa, Cristián Fuentealba, ha hablado con tres testigos y espera sumar otros dos, entre ellos un guardia de la pesquera Pacific Blu, quien grabó lo ocurrido. Fuentealba pretende querellarse por el delito de homicidio y solicitar como diligencia un análisis a todas las cámaras de seguridad de la zona. “Nosotros refutamos a la defensa. Él intentó saquear la pesquera, pero no logró sacar nada, porque antes de eso comenzó a escapar. Pero eso no justifica que haya sido perseguido por tantos metros y a esa velocidad. En este caso sí hay dolo, el imputado actuó con la intención de causar daño”, dice Fuentealba. La familia se ha reunido con Amnistía Internacional y con la misión de Derechos Humanos de la ONU. Con esto, dicen, esperan que su muerte se sepa “en el mundo entero”.
