Amplio rechazo a decreto que otorga 4 mil millones a Fuerzas Armadas para proyecto agrícola
Sectores sociales rechazan darle 4,000 millones a FF AA para proyecto agrícola
Las organizaciones campesinas del país se reunieron de emergencia en la capital para declararse en contra del comando agrícola que lidera las Fuerzas Armadas (FF AA).
La publicación del decreto ejecutivo PCM-052-2019 que contiene el Programa de Desarrollo Agrícola de Honduras (PDAH), revelado por EL HERALDO, mantiene preocupados no solo a los productores, sino que a la sociedad en general.
Según los campesinos, en este momento se vive una de las crisis más grandes en la historia de Honduras y muchas familias están a las puertas de una hambruna, la producción de maíz se perdió en un 50% y la cosecha de frijoles aún es incierta.
Pero el gobierno en vez de buscar soluciones concretas, los sorprendió con un decreto mediante el cual le dará cerca de 4,000 millones de lempiras a las FF AA para que manejen el agro, a pesar de que la institución militar desconoce esas áreas.
“Darle este tipo de actividades a las Fuerzas Armadas es sobrepasar los límites de la institución y de repente crear un sistema de zozobra en el sector campesino”, declaró Martín Cardoza, directivo del Consejo Coordinador de Organizaciones Campesinas de Honduras (Cococh).
Por su parte, el exdiputado y titular de la Vía Campesina, Rafael Alegría, señaló que “jamás nos imaginamos ni vamos a aceptar que se sustituya la institucionalidad del sector agrícola por las Fuerzas Armadas”.
Hasta el momento solo la Asociación Nacional de Campesinos de Honduras (Anach) es la que está a favor de que los militares manejen los recursos del
sector agrícola.
La exrectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Julieta Castellanos, sostuvo que esta decisión es un irrespeto a la institucionalidad porque las FF AA no tienen que manejar fondos de proyectos agrícolas.
Señaló que esta medida es un retroceso ya que los militares no pueden ejecutar funciones que no son de su competencia, es volver a repetir lo del pasado donde eso generó corrupción.
A partir de 2020
Los militares a partir del 2020 pasarían a manejar alrededor del 50% del presupuesto que se le asigna a la SAG, ya que el comando agrícola recibirá cerca de 800 millones por año y el presupuesto de la SAG fue de 1,500 millones de lempiras para el 2019.
El abogado constitucionalista Juan Carlos Barrientos declaró que el artículo 274 de la Constitución de la República establece que las FF AA pueden participar en temas como el agro, pero en apoyo, no como administradores, porque para eso están las secretarías de Estado.
Por su lado, el integrante de la Confraternidad Evangélica de Honduras (CEH), Alberto Solórzano, lo calificó como “incomprensible porque se entrega una enorme cantidad de dinero a las Fuerzas Armadas para hacer tareas que no le corresponden”.
Desde ya las FF AA muestran su debilidad en el tema, ya que EL HERALDO comprobó que planea como estrategia de “guerra” contratar a un tercero para que ejecute el proyecto que les está confiando el Ejecutivo.
Tercerización
Al no tener la capacidad para atender de manera directa las necesidades de los campesinos, el Comando de Apoyo al Programa de Desarrollo Agrícola de Honduras (CAPDAH), conocido como C-10, podrá tercerizar los proyectos de asistencia.
Esto significa que la institución militar contratará a una empresa privada, ya sea nacional o extranjera, con ingenieros agrónomos y técnicos que conozcan del tema y poder llevar la asistencia.
Así lo establece el artículo 5 del decreto ejecutivo PCM-052-2019.
“Se autoriza a la Dirección de Desarrollo Agrícola (C-10) para que gestione la formalización de alianzas estratégicas y/o contratación de tercerización de servicios de asistencia técnica y capacitación a los productores, al igual que la suscripción de convenios con instituciones públicas y/o instancias que sean necesarias para el cumplimiento de los objetivos del programa”, establece el documento.
El subjefe del área técnica del C-10, Miguel Briceño, detalló en entrevista con EL HERALDO que las FF AA no harán todas las acciones, sino que actuarán como una unidad ejecutora.
“Se va a contratar una empresa vía licitación para la asistencia técnica, como lo hace USAID cuando contrata a Fintrac, que es la empresa que ha hecho la parte del corredor seco”, ejemplificó. El proceso será igual, ya que USAID lanza sus términos de referencia, las empresas que tienen los ingenieros agrónomo trabajando para ellos, los especialistas en agronegocios, en animales y en valor agregado ofertan sus servicios.
“La unidad -en este caso el C-10 de las FF AA- va a cuidar el dinero y la empresa que mejor propuesta tenga es la que va a brindar los servicios de asistencia técnica y la inversión va a pasar a través de la unidad”, detalló.
En ese sentido, los expertos en asistencia técnica de la empresa que se contrate son los que van a decidir qué necesita cada grupo de productores de acuerdo con el análisis de los técnicos.
Luego se va a evaluar y se determinará la inversión que harán, el equipo y los insumos que se le darán al productor.
El ingeniero Briceño, que es de los primeros civiles contratados por las FF AA para comenzar a ejecutar este plan, precisó que la empresa será contratada por medio de la Ley de Contratación del Estado.
Junto a esta empresa, las FF AA harán un Plan de Inversión y Plan de Negocios, donde justificarán qué van a hacer y cuál es la inversión que se necesita. La proyección es comenzar con el proceso de licitación para la selección de este empresa en enero del 2020 y se espera que en mayo ya esté lista.
Burlas, consultas falsas y jugada política en aprobación de 4 mil millones a las Fuerzas Armadas en Honduras
Por Jorge Burgos
El gobierno nacionalista de Juan Hernández asegura que para aprobar el programa agrícola a través de la Fuerzas Armadas se contó con el visto bueno de las organizaciones campesinas de Honduras, y los hombres y mujeres que cultivan el campo manifiestan que ni cuenta se dieron de esa maniobra.
Y no solo los campesinos y campesinas se han pronunciado rechazando esa jugada política hecha por juan Hernández para tratar de sostenerse en el poder, ha manifestado el analista político Raúl Pineda Alvarado y el investigador social y experto en derechos humanos Joaquín Mejía Rivera.
Pineda Alvarado dijo que hay un rechazo generalizado hacia Juan Hernández y cualquier cosa que haga el pueblo lo ve malo. Él puede hacer cualquier proyecto positivo para el país y la gente lo verá como malo porque hay un problema visceral que linda con el odio a la figura presidencial.
Por esa razón el mandatario hondureño busca respaldo en otras instituciones como las Fuerzas Armadas a quienes les ha otorgado un presupuesto privilegiado y cargos en la administración pública con el propósito de fortalecer esa cooptación del brazo armado hacia institucionalidad presidencial.
«Y el problema de Honduras es que la institucionalidad la encarna un hombre y por eso requiere un elemento de fuerza que son los militares», dijo Pineda Alvarado.
Joaquin Mejía Rivera señaló que el régimen de Juan Hernández está sostenido por diferentes estructuras: 1.- evidentemente son los fuerzas Armadas para imponerse con las armas. 2.-La embajada de los Estados Unidos que lo sigue apoyando a pesar del golpe fuerte que le dio el Departamento de Justicia en el juicio contra Tony Hernández. 3.- Las iglesias y las cúpulas religiosas, aunque la conferencia episcopal se ha hecho a un lado. 4.- Los medios corporativos de comunicación dando la imagen que no pasa nada en Honduras. 5.- La política populista de asistencia social a través del programa vida mejor para tener una red clientelar que le asegure el voto duro.- 6.- El apoyo de los sectores transnacionales aliados con los sectores empresariales nacionales. Con excepción de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés.
El economista y expresidente del Banco Central de Honduras, Hugo Noé Pino dijo que es increíble que se haya tomado la decisión de otorgarle 4 mil millones a las Fuerzas Armadas para actividades agrícolas.
Noé Pino señaló que los militares no saben nada de ese rubro y que lo que busca el mandatario es un respaldo político a sus pretensiones de mantenerse en el poder.
“Esta es una muestra de lo distorsionada que está la política económica y la política fiscal en el país”, dijo Noe Pino.
Dijo que los 4 mil millones no están presupuestados, pero los 66 millones que se han anunciado para el presente año ya los encontraron y seguramente encontrarán los otros fondos los años venideros.
La exrectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), dijo que esa decisión del gobierno de Hernández es un irrespeto a la institucionalidad porque los militares no tienen porque manejar fondos para proyectos agrícolas.
Esto es volver al pasado porque los militares no pueden ejecutar funciones que no son de su competencia y además es volver a la corrupción del pasado en las Fuerzas Armadas.
Campesinos ni cuenta se dieron
Rafael Alegría manifestó a criterio.hn que la Vía Campesina no fue convocada para tomar esa decisión, aunque ahí se aglutinan varias organizaciones de mujeres y hombres trabajadores del campo.
Yasmín López coordinadora del Consejo para el Desarrollo Integral de la Mujer Campesina (CODIMCA), dijo que ellas que aglutinan organizaciones que tienen mas de 30 años de lucha ni cuenta se dieron de esa acción, porque a ellas no las convocaron.
“Las organizaciones que han alzado su voz para decir que no van a aceptar en ningún momento que las Fuerzas Armadas sean administradoras de recursos económicos de los campesinos y campesinas, nunca hemos participado en una acción de esas con el gobierno”, apuntó López.
Alegría agregó que ellos como organización han desarrollado un sinnúmero de conferencias de prensa y foros para fijar la situación de la crisis que hay en el sector agrícola y le ha propuesto a este gobierno como hacer para incentivar la producción y la productividad y nunca han hecho caso.
Y ahora aparecen con un PCM totalmente desestimado y entregando a las Fuerzas Armadas un super trabajo para el agro hondureño cuando no tienen capacidad para desarrollarlo, sentenció Alegría
Alegría apuntó que lo que se está haciendo es totalmente ilegal porque ni la Ley Constitutiva de las Fuerzas Armadas ni las Constitución de la República les otorgan este tipo de atribuciones ni funciones al instituto castrense para que ejecuten ese programa.
Se trata de una jugada política para fortalecer una institución armada para apuntalar y fortalecer un régimen seriamente cuestionado por corrupción, crimen organizado y narcotráfico como es el gobierno de Juan Hernández cuyo hermano ya fue encontrado culpable por narcotráfico y trasiego de armas.
Alegría señaló que con esos 4 mil millones de lempiras se podría reactivar el Instituto Nacional Agrario (INA), el Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (Banadesa) con sus créditos al campesinado y la Secretaría de Agricultura (SAG), con asistencia técnica.
Pero lo que han hecho en los últimos diez años es recortarles sus presupuestos y ahora les están dando el tiro de gracia con este decreto.
Por lo tanto, todo recurso que le pongan a ese plan que es fuera de ley y además tiene el agravante que no solo son 4 mil millones de lempiras, sino que hablan del manejo también de dos fideicomisos que maneja la Secretaría de Finanzas.
Además, se habla de la facultad de gestionar recursos nacionales e internacionales lo que viene a convertirse en una enorme cantidad de dinero, señaló Alegría.
El líder de la vía Campesina ve la posibilidad que las Fuerzas Armadas desaparezcan y se conviertan en un super ministerio y por otro lado el país pierde institucionalidad porque desaparecerán el INA la SAG y el ICF porque ya no tendrían razón de ser.
Alegría adelantó que la próxima semana interpondrán recursos de inconstitucionalidad sobre ese decreto y esperan que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia sean imparciales en la aplicación de la justicia.
Además, se emprenderá un proceso de socialización de este decreto con todas las organizaciones campesinas en todo el país y también con las cámaras de comercio, productores y con la FENAGH para fortalecer una unidad de acción política, jurídica y de movilización social.
Martín Cardoza, directivo del Consejo Coordinador de Organizaciones Campesinas de Honduras (COCOCH) manifestó que otorgar esa cantidad de dinero y ese tipo de actividades crea una zozobra en el sector campesino.
Burla a los campesinos
Yasmín López coordinadora del Consejo para el Desarrollo Integral de la Mujer Campesina (CODIMCA), dijo que esa acción del gobierno es una burla para el movimiento campesino y significa que los ven como mendigos y no como sujetos de derecho.
Manifestó que están indignadas y que tienen mucho coraje al ver que el gobierno se convierte cada día más en un violador de derechos y no se preocupa por solucionar los problemas que enfrentan las mujeres del campo como es el acceso a la tierra, al crédito y a la asistencia técnica.
López apuntó que de la forma en que están actuando no van a resolver el problema de pobreza, hambre y de la crisis que está viviendo este país.
Agregó que mientras no se respete la institucionalidad del país, porque solamente se ponen de acuerdo con los sectores afines al gobierno, pero no con el movimiento campesino en su totalidad el agro al igual que todo el país seguirá en crisis permanente.
Con esos 4 mil millones no se resolvería el problema del agro hondureño porque son más de 4 millones de campesinos, dijo López, pero se podrían desarrollar varios proyectos productivos con esa plata que se le esta asignado a los militares, dijo López.
Los colegios profesionales agroforestales de Honduras, conformados por el Colegio de Profesionales en Ciencias Agrícolas do Honduras (COLPROCAH), Colegio de Ingenieros Agrónomos de Honduras (CINAH), Colegio de Profesionales Forestales de Honduras (COLPROFORH) y el Colegio de Ingenieros Forestales de Honduras (CIFH), piden a Juan Hernández derogar el Decreto Ejecutivo PCM-052-2019.
Señalan que de acuerdo con lo establecido en el artículo 274 de la Constitución de la República, las Fuerzas Armadas de Honduras no están facultadas para asumir otro rol más que el indicado, solamente podrán a pedimento de la autoridad civil cooperar con los Secretarías de Estado, pero siempre a pedimento de éstas y no como ejecutores.
INA y la SAG quedarán bajo el control de las FFAA por órdenes de JOH, según dirigente campesino
“Este proyecto es miedo, terror en el campo, porque en el campo solo se tiene la experiencia del desalojo violento” advirtió hoy el dirigente campesino Rafael Alegría, en relación al otorgamiento de fondos a las FFAA para administrar la agricultura hondureña.
Las organizaciones campesinas evidenciaron su rechazo luego de que el Ejecutivo nacionalista anunciara la entrega de hasta cuatro mil millones de lempiras, por lo que Alegría opinó que el proyecto solo está orientado a intereses políticos.
“No es para desarrollar el agro, esto tiene un fin político, fortalecer a las FFAA para sostener al régimen, todo esto nos está llevando a una inseguridad porque ahora están terminando con la institucionalidad del aparato agrícola y lo que va a provocar este proyecto es miedo, terror en el campo, porque en el campo solo se tiene la experiencia del desalojo violento, persecución, encarcelamiento y del asesinato”.
Alegría refirió que “quiere delegar funciones que le corresponden a otras instituciones en ese sentido vamos a ejercer acciones como interponer recursos de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia para enmendar este entuerto jurídico”.
Añadió que varios abogados están dispuestos a cooperar para interponer este recurso la próxima semana.
“Además pedimos que el Congreso Nacional emita un decreto de emergencia, pero un decreto legislativo no ejecutivo; que contemple acceso a la tierra, al crédito, asistencia técnica y a sistemas de comercialización.
