Liberan a presunto responsable de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa
Exoneran a El Gil por caso Ayotzinapa; se le señaló de “hacer polvo” a normalistas
A menos de un mes de que se cumplan cinco años de la desaparición de los 43 jóvenes normalistas de Ayotzinapa, Gildardo López Astudillo, El Gil, cabecilla del cártel de Guerreros Unidos y uno de los principales involucrados en el secuestro de los estudiantes, obtuvo su libertad este fin de semana por errores y omisiones de los fiscales que llevan el caso Iguala.
Según las indagatorias de la entonces Procuraduría General de la República (PGR), El Gil ordenó el levantamiento y asesinato de los 43 alumnos de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos; sin embargo, sus confesiones fueron obtenidas mediante tortura por lo que no pueden ser válidas en un proceso penal.
Y es que el titular del Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en el estado de Tamaulipas desestimó el 30 de agosto una serie de pruebas presentadas por la Fiscalía por considerar que se recabaron de forma ilegal y por tanto no había elementos suficientes para condenar a López Astudillo por secuestro. Los abogados de El Gil ya habían logrado derribar las acusaciones por delincuencia organizada que pesaban sobre su cliente.
Según consta en la versión pública de las investigaciones dadas a conocer por la PGR, Gildardo López Astudillo escribió sobre los normalistas a su jefe Sidronio Casarrubias mediante un mensaje de texto que “nunca los van a encontrar, los hicimos polvo y los tiramos al agua”.
La ruta final para la liberación de El Gil comenzó en junio del año pasado cuando se confirmaron diversos amparos promovidos, no únicamente por este personaje si no también por otros involucrados en el caso Iguala, quienes alegaron tortura por parte de la PGR.
Desde el pasado 14 de febrero y hasta el 30 de agosto, López Astudillo se encontraba recluido en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México luego de haber sido trasladado desde el penal de máxima seguridad del Altiplano en el Estado de México.
Ya desde 2016, debido a que se obtuvieron declaraciones presuntamente bajo tortura y por otras irregularidades en el proceso, un tribunal amparó a Sidronio Casarrubias, presunto líder del cártel de los Guerreros Unidos y quien es señalado como uno de los principales responsables de la desaparición de los 43 normalistas.
Familiares del caso Ayotzinapa lamentan liberación de El Gil
Distintas organizaciones especializadas en derechos humanos y familiares de los estudiantes de Ayotzinapa lamentaron este martes la liberación de Gildardo López Astudillo «El Gil», uno de los principales acusados del caso.
«Muestra lo que ha sido la debilidad institucional en procuración de justicia, que esperemos que esto pueda rectificarse con esta Fiscalía autónoma», dijo en un comunicado el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González.
Por su parte, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), expuso a través de un comunicado que firma con otras ONG que han ayudado a los familiares de las víctimas que esta sentencia «confirma el fracaso judicial de esta investigación».
La sentencia, a sus ojos, es «consecuencia de las irregularidades y violaciones graves a los derechos humanos» cometidas por la Procuraduría General de la República (hoy Fiscalía General) «durante la administración anterior».
Asimismo, consideraron que la actual Fiscalía «no ha tomado ninguna medida para corregir las deficiencias».
Y advierten: «Podrían también ser absueltos en breve más acusados que presumiblemente cuentan con información sobre el paradero de los estudiantes».
La noche del 26 de septiembre de 2014, un grupo de estudiantes que se desplazaban en autobuses fueron atacados a tiros por policías corruptos en el municipio de Iguala, ubicado en el sureño estado de Guerrero.
En el ataque murieron seis personas y 43 jóvenes fueron detenidos por policías municipales y entregados a integrantes del cártel Guerreros Unidos.
Según la versión oficial de lo ocurrido esa trágica noche, los estudiantes fueron incinerados en un basurero y sus restos lanzados a un río.
Sin embargo, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) creado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que investigó el caso echó abajo dicho versión al considerar imposible científicamente que los cuerpos fueran quemados en el basurero de Cocula.
Además, pidieron investigar el trasiego de droga en autobuses de Iguala a Chicago como posible móvil de los ataques, las redes de telefonía, así como la actuación de los militares esa noche.
El juez desestimo este lunes 81 pruebas presentadas por la entonces Procuraduría General de la República (hoy Fiscalía) y, con base en el resto de evidencias, consideró que no había elementos para condenar a López Astudillo.
El Gil había sido señalado como el vínculo entre la directiva de los Guerreros Unidos y sus bases en la región de Iguala y fue quien supuestamente dio aviso al líder de esta banda de la presencia de los estudiantes la noche de su desaparición.
Cuando el izquierdista Andrés Manuel López Obrador llegó al poder el pasado 1 de diciembre, el caso se reabrió creándose una comisión especial únicamente para el caso.
Con la liberación de López Astudillo suman ya 44 los acusados que han sido liberados por su vinculación con el caso de Ayotzinapa, por cargos sustentados en lo que el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018) defendió como la verdad histórica.
El Centro Prodh expuso este martes que esta nueva liberación evidencia que, aunque la administración de López Obrador ha dado pasos hacia el esclarecimiento del caso, «es indispensable que se actúe con más firmeza y prontitud».
Por su parte, el subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, dijo a los medios que, desde su posición y la de las familias, no se interpreta esta resolución como una decepción.
Preguntado por si en esta ocasión falló la Fiscalía, respondió: «Ese es un asunto que tenemos que revisar».
La liberación de “El Gil” muestra el “descuido” de la FGR en el caso Ayotzinapa: Centro Prodh
La liberación de Gildardo López Astudillo, ‘El Gil’, identificado como líder de Guerreros Unidos, organización a la que se le atribuye la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, es una muestra del “descuido” de la Fiscalía General de la República (FGR) y la desatención a los llamados de los padres y madres de las víctimas para presentar nuevas acusaciones.
Así lo señaló Santiago Aguirre Espinosa, director del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), una de las organizaciones que representa a los familiares de los desaparecidos.
En entrevista con Apro, Aguirre Espinosa reconoció que, si bien funcionarios de la anterior administración de la Procuraduría General de la República (PGR) tienen responsabilidad en la liberación de López Astudillo y otros implicados en el caso, es “porque ellos violaron derechos humanos, porque ellos cometieron irregularidades y porque cometieron detenciones arbitrarias”, pero lo cierto es que “el cuidado de los procesos le tocaba a la FGR”.
El representante legal de las familias de los normalistas desaparecidos señaló que el Centro Prodh fue notificado de la liberación, este fin de semana, por el Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales, luego de que se invalidaron 63 de las 107 pruebas presentadas por la PGR contra López Astudillo, mientras que el resto “no tenían el sustento suficiente para declararlo culpable”.
Tras resaltar que la de “El Gil” es la primera sentencia absolutoria relacionada con el caso Ayotzinapa, Aguirre Espinosa explicó que la sentencia del tribunal “no sólo habla de tortura (sufrida por el detenido), ilegaliza pruebas por distintas irregularidades, por tortura a sus coacusados, detenciones arbitrarias, diligencias ilegales, entre otras”.
La dependencia encabezada por Alejandro Gertz Manero, abundó, “tendrían que haber tenido un diagnóstico muy claro de cómo estaban las causas, quiénes podían salir y de las personas que podían salir, presentarles cargos por otros delitos en otras averiguaciones que tienen abiertas y evitar un resultado de impunidad”.
En el caso de Gildardo López Astudillo, insistió, era evidente que tal como estaba el proceso judicial en su contra, armado por la PGR, sería invalidado, toda vez que la tortura de la que fue objeto, así como la retención ilegal de su pareja por parte de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), fueron hechos confirmados por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la Oficina en México de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
“No atendieron los llamados que reiteradamente hicieron las familias de los estudiantes de que se tenían que presentar nuevas acusaciones que sí reflejaran los hechos y no la versión de la verdad histórica”.
Luego de señalar que las últimas pruebas presentadas por la PGR en el litigio contra López Astudillo datan de noviembre de 2018 y el cierre de la causa fue en febrero de este año, el director del Centro Prodh expresó que, “ya con esta administración de Andrés Manuel López Obrador”, había elementos por otro tipo de delitos en los que se le podía fincar responsabilidades a ese personaje.
“No tenemos duda de que, en la estructura criminal de Guerreros Unidos, de la que Gildardo López Astudillo es parte, está el trasiego internacional de droga hacia Estados Unidos en autobuses, pero no hay ninguna acusación por esa situación. Es más, en las escuchas que se hicieron desde Chicago, hay información sobre este personaje.
“Si era claro que Gildardo y otros iban a salir, ¿por qué no en el último año no se preparó una acusación que reflejara esos delitos? ¿O por qué no se presentaron otras pruebas? Ello da cuenta que los expedientes no los están cuidando como deberían”, reiteró el abogado.
Alertó que por el descuido de la FGR, personajes que fueron procesados por su pertenencia al grupo criminal y por la desaparición de los jóvenes, que la PGR tipificó como secuestro, podrían recobrar su libertad, como son los casos de Sidronio Casarrubias, José Luis Abarca, Felipe Flores, César Nava, Francisco Salgado Valladares, Víctor Hugo Benítez Palacios y Ramiro Ocampo Pineda.
“Cuando haces una investigación que depende de declaraciones y después se muestra que esas las sacaste torturando a la gente o a partir de detenciones arbitrarias, el riesgo que generas es que se caigan los expedientes, es lo que hoy está pasando”, dijo Aguirre Espinosa.
El director del Centro Prodh señaló que para los padres y madres de los 43 desaparecidos, la liberación de López Astudillo “es un golpe muy fuerte, no porque ellos estén buscando que haya personas detenidas, sino porque se pierde la oportunidad de tener información sobre los muchachos, y en este caso en particular consideramos que es muy probable que tuviese datos para dar con el paradero de los estudiantes”.
De igual manera, destacó que de las cerca de 120 personas que las autoridades aseguran están relacionadas con el caso, sólo 70 fueron procesadas. “El mal llamado secuestro de los estudiantes, y de los 120, 40 ya obtuvieron su libertad, entre ellos los seis detenidos por la verdad histórica”, subrayó.
El caso de López Astudillo, abundó, es una advertencia de que, pese a los avances que pueda tener la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa, “si no están respaldados por todas las instituciones del Estado, en cumplimiento del decreto presidencial, incluyendo la FGR, difícilmente vamos a dar con la verdad y el paradero de los jóvenes”.
Sobre la liberación de López Astudillo, el presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, recordó que en el primer reporte que presentó el organismo sobre el caso, en mayo de 2015, se advirtió que “los procesos tenían que fortalecerse, que estaban débiles”.
A cuatro años de esa advertencia, y a poco más de nueve meses emitida la recomendación por violaciones graves 15VG/2018, González Pérez lamentó que se esté “corroborando que la deficiencia de las consignaciones, del sostenimiento en los procesos, ha tenido como consecuencia que se den liberaciones de personas, en donde queda la incertidumbre todavía de alcanzar el derecho a la verdad, el acceso a la justicia, que haya una reparación integral, que las incorpora, y sobre todo que no se están dando las garantías de no repetición en términos de sostener procesos fortalecidos”.
Entrevistado tras participar en la inauguración de la Tercera Cumbre Migratoria de la Federación Iberoamericana del Ombudsman, González Pérez llamó a la FGR a rectificar “lo que ha sido la debilidad institucional en procuración de justicia” y fundamentar acusaciones en declaraciones ministeriales, algunas obtenidas por tortura.
En el caso específico de la desaparición de los jóvenes, alentó a que se retomen al menos 128 puntos de la recomendación, entre ellos 114 restos óseos localizados en el basurero de Cocula, 41 de ellos petrosas. “Si corresponden a los estudiantes, avanzamos, si no corresponden, tienen una identidad y hay 40 mil desaparecidos”, puntualizó el presidente de la CNDH.
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