Elecciones bajo amenaza – El Espectador, Colombia
Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de Nodal. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.
Debemos repetirnos. Van siete candidatos a las elecciones regionales que son asesinados, dos que están secuestrados y varios más que han sido amenazados. Las organizaciones guardianas de los procesos electorales tienen todas las alarmas prendidas, el Gobierno reitera su compromiso, pero la violencia sigue saboteando nuestra democracia.
El fin de semana asesinaron a Bernardo Betancourt, candidato del Partido Conservador a la Alcaldía de Tibú, en Norte de Santander. Esto ocurrió en La Gabarra, donde estaba dando a conocer sus propuestas de gobierno. Se trata, a todas luces, de un crimen con fines políticos en un país que no puede regresar a la violencia como herramienta para intervenir en las elecciones.
Es particularmente frustrante porque La Gabarra es una zona de especial atención para las autoridades, pues la región del Catatumbo es una de las más violentas del país, donde cultivos ilícitos, contrabando y minería ilegal financian al Eln, a las disidencias de las Farc y a agrupaciones paramilitares. En una entrevista ayer, la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, confirmó que se sospecha que los hechos fueron llevados a cabo por estos grupos armados identificados. Lo mismo ocurrió con Karina García, candidata a la Alcaldía de Suárez (Cauca), quien fue masacrada hace unas semanas.
Parece inútil preguntar qué está pasando pues el diagnóstico está muy bien elaborado. Colombia está viendo los resultados de una mezcla dañina de ausencia estatal, narcotráfico descontrolado, grupos armados ilegales buscando consolidarse e, incluso, candidatos políticos que ven en la violencia una opción para enfrentar a sus opositores y sacarlos de la contienda, como lo explicó Ariel Ávila en entrevista con El Espectador este domingo. Es tan frustrante que muchas de estas muertes terminan siendo anunciadas, con conocimiento de las autoridades, y aun así ocurren.
El fin de semana asesinaron a Bernardo Betancourt, candidato del Partido Conservador a la Alcaldía de Tibú, en Norte de Santander. Esto ocurrió en La Gabarra, donde estaba dando a conocer sus propuestas de gobierno. Se trata, a todas luces, de un crimen con fines políticos en un país que no puede regresar a la violencia como herramienta para intervenir en las elecciones.
Es particularmente frustrante porque La Gabarra es una zona de especial atención para las autoridades, pues la región del Catatumbo es una de las más violentas del país, donde cultivos ilícitos, contrabando y minería ilegal financian al Eln, a las disidencias de las Farc y a agrupaciones paramilitares. En una entrevista ayer, la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, confirmó que se sospecha que los hechos fueron llevados a cabo por estos grupos armados identificados. Lo mismo ocurrió con Karina García, candidata a la Alcaldía de Suárez (Cauca), quien fue masacrada hace unas semanas.
Parece inútil preguntar qué está pasando pues el diagnóstico está muy bien elaborado. Colombia está viendo los resultados de una mezcla dañina de ausencia estatal, narcotráfico descontrolado, grupos armados ilegales buscando consolidarse e, incluso, candidatos políticos que ven en la violencia una opción para enfrentar a sus opositores y sacarlos de la contienda, como lo explicó Ariel Ávila en entrevista con El Espectador este domingo. Es tan frustrante que muchas de estas muertes terminan siendo anunciadas, con conocimiento de las autoridades, y aun así ocurren.
Lo que queda es dar una respuesta a qué podemos hacer para que no sigan aumentando los números de víctimas.
Ayer, el presidente de la República dijo que habló “con todos los partidos para fortalecer las medidas de protección, para que la Unidad Nacional de Protección (UNP) responda con mayor celeridad a los llamados, pero también mostrando que se ha presentado un avance significativo por parte de la UNP, aunque tenemos que dejar al día, en las próximas 72 horas, todas las solicitudes de protección que se han recibido hasta la fecha. También se ha establecido la coordinación en el territorio”. Se trata de medidas bienvenidas, pero ¿serán suficientes?
Así como ha ocurrido con los líderes sociales que llevan un par de años siendo asesinados y presionados por sus aportes a la democracia, respaldamos a todos los políticos que están siendo perseguidos en Colombia. No podemos hablar de elecciones libres si se están dando en medio de este clima de violencia y hostilidad. La fuerza del Estado debe hacerse sentir o, de lo contrario, el próximo 27 de octubre el país saldrá perdiendo.
