Argentina: inicia semana clave en el Senado para el proyecto de Emergencia Alimentaria
El Senado se prepara para convertir en ley la emergencia alimentaria
El Senado se prepara para aprobar el próximo miércoles la ley que prorroga hasta 2022 la emergencia alimentaria, en medio de una especie de tregua entre Cambiemos y el peronismo que empezó a trabajarse Diputados y se trasladó a la Cámara alta, con el fin de bajar la tensión política.
La sesión especial fue convocada para las 14 con el proyecto de emergencia como único tema de la agenda y, según confirmaron tanto en el oficialismo como en la oposición, será aprobado con un significativo consenso, si no por unanimidad.
La dinámica del debate se definirá el mismo miércoles por la mañana, en una reunión de jefes de bloque, pero todo indica que se repetirá el esquema que usó la Cámara de Diputados: un tratamiento rápido, con pocos oradores y discursos que no levanten demasiada temperatura.
Esto es parte de una tregua parlamentaria entre Cambiemos y las distintas bancadas peronistas (como el bloque Justicialista, Frente para la Victoria), que empezó como un acuerdo tácito para mantener al mínimo la actividad del Congreso y terminó en un entendimiento expreso para «no hacer olas» una vez que la emergencia parlamentaria se convirtió en un tema ineludible de la agenda.
El pasado lunes, el presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, el jefe del interbloque de Cambiemos, Mario Negri, y su par del Frente para la Victoria, Agustín Rossi, mantuvieron una reunión en la que acordaron que el debate sobre la
Por otro lado, ya había un acuerdo tácito previo entre el oficialismo y la oposición en el Senado para mantener al mínimo la actividad del Congreso a fin de evitar posibles exabruptos que pudieran impactar en las perspectivas económicas o en la campaña de cada partido.
En la Cámara de Diputados, el oficialismo decidió acompañar el proyecto, por un lado para evitar un nuevo conflicto político que complicara todavía más al Gobierno y por el otro para tomar por sorpresa a la oposición.
La tregua se vio reflejada en los discursos que se oyeron en la sesión, más moderados que en otras ocasiones, e incluso en el reconocimiento de Agustín Rossi al oficialismo por haber decidido dar quórum y acompañar la iniciativa.
Si no hay diálogo, los movimientos sociales vuelven a la calle
Por Gustavo Montiel
Tras una semana con 40 horas de acampe junto al Ministerio de Desarrollo Social, condimentadas con momentos de represión policial, duras declaraciones e incluso promesas de denuncias por parte del gobierno nacional, los movimientos y organizaciones sociales que participaron de la medida establecieron un breve compás de espera antes de anunciar nuevas acciones, mientras aguardan que las autoridades gubernamentales los convoquen a una mesa de diálogo.
En caso de que no se abra una instancia de negociación con el gobierno, se mantienen altas posibilidades de que vayan al endurecimiento de las acciones. Más allá de la media sanción en el Congreso que alcanzó la norma que establece la vigencia de la Emergencia Alimentaria hasta 2022, los movimientos que acamparon en la Avenida 9 de Julio tienen un pliego de demandas que incluye, en primer lugar, el aumento del ingreso por programas sociales, situado en 7500 pesos en el caso del Salario Social Complementario, así como la “apertura” y “universalización” de los planes para que cualquier persona mayor de 18 años sin trabajo pueda inscribirse y acceder a ellos “sin importar si está en una organización o no”, entre otros puntos.
Silvia Saravia, coordinadora Nacional del Movimiento Barrios de Pie, explicó a Tiempo: “Nos hemos dado un par de días esperando a ver si recapacita la ministra (de Desarrollo Social) Carolina Stanley. Cuando nosotros anunciamos la última medida, ella nos llamó a una reunión, un día antes, y dijo voy a hacer esto, si ustedes no acampan. Ella dice que los acampes son extorsión. Nosotros decimos que son una protesta legítima frente a una situación social que este gobierno generó.”
“Demoramos el anuncio de la medida, en función de decirle a Stanley que este es el momento de sentarse y dialogar. Pero que no sea un diálogo bajo presión o amenazas, como el que ella hace”, planteó Saravia.
Desde el Polo Obrero, el dirigente Eduardo Belliboni señaló: “Levantamos el acampe abriendo un compás de espera, sin anunciar todavía medidas, pero con la convicción de que no se han resuelto los problemas y, por lo tanto, hay que seguir reclamando y pidiendo que se abra una reunión, una mesa de diálogo, para poder discutir los problemas que hemos planteado hace mucho tiempo y que el gobierno aún no responde.”
Y completó: “No queremos (todavía) anunciar fecha de la continuidad de la medida, para que la ministra no lo tome como excusa para no convocar a una reunión y nos acuse de extorsionadores. Tenemos la voluntad de seguir luchando sin no hay respuesta. Pero también tenemos la voluntad de abrir la mesa de negociación y escuchar que el gobierno haga una propuesta que nos permita acercarnos a los reclamos que estamos planteando”.
Emergencia alimentaria: debate en el Senado, duro informe de la UCA y dudas sobre los montos
El Senado se aprestará a sancionar este miércoles el proyecto de ley de emergencia alimentaria tras un acuerdo del oficialismo y la oposición a pesar de que el Gobierno no definió aún de dónde reasignará partidas del presupuesto por más de 8.000 millones de pesos para sustentar un aumento del 50% de los planes sociales alimentarios como contempla la iniciativa avalada la semana pasada en Diputados.
El presidente provisional del Senado, Federico Pinedo y el jefe de la bancada de senadores del PJ Carlos Caserio acordaron darle urgente tratamiento y sancionar de una vez el proyecto que prorroga hasta el 2022 de la emergencia alimentaria, y que apunta a cubrir los requisitos nutricionales de niños de hasta los 14 años, embarazadas, discapacitados y ancianos desde los 70 años en situación de pobreza.
La idea es que haya una sesión corta y sin demasiados debates como ocurrió en Diputados. Así, se acordó que hablarán cinco minutos por jefe de bloque y luego se votará sin modificaciones el proyecto.
Los senadores buscan transmitir a los movimientos sociales, la Iglesia y a los gremios que habrá una respuesta al reclamo de la calle sobre la necesidad de atender el incremento de la emergencia alimentaria. Esta señal de alerta no sólo es de la oposición sino que, por ejemplo se volcó en un reciente informe del Observatorio de la Deuda Social de la UCA que sostiene que la situación de vulnerabilidad alimentaria en los niños creció a su pico máximo el año pasado desde el 2010 hasta ahora.
A la vez, esta semana volverán a la calle los piqueteros duros liderados por el Plolo Obrero y Libres del Sur bajo la reiterada amenaza de acampar frente al Ministerio de Desarrollo Social. Ante este clima beligerante el Senado buscará una sesión corta y de urgente respuesta.
Temas sin resolución
De todas maneras, hay dos cuestiones de fondo que no están saldadas aún más allá de la aprobación del proyecto: el monto y la reasignación de partidas.
No está clara el monto del aumento destinado a la Emergencia Sanitaria ya que hay una discusión de fondo que no fue saldada en Diputados. Durante el debate en particular del proyecto se especificó en el artículo 4 que el monto final de la ampliación de emergencia será en función al crédito vigente. Esto significa que se trata de un aumento del 50% que surgirá de la reasignación de partidas que defina el jefe de Gabinete: unos $10.000 millones de pesos acorde al cálculo peronista; 8.000 millones de pesos según los números del oficialismo.
La confusión parte de que Cambiemos toma en cuenta los $12.000 millones presupuestados en este año para emergencia alimentaria, más un adicional de $6.000 millones que se dieron después de la devaluación. Así lo señalaron los diputados Mario Negri y Luciano Laspina.
En cambio, el jefe de la bancada de diputados del Frente para la Victoria, Agustín Rossi, y el diputado kirchnerista Carlos Castagnetto, que fue viceministro de Desarrollo Social de Cristina Kirchner, entendieron que se tratará de un aumento de $10.000 millones. Es que el kirchnerismo toma en cuenta el informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso que menciona otras partidas aportadas por el Ministerio de Salud y el PAMI que implicaría otros $2.000 millones. Así, el 50% del aumento, sería de $10.000 millones y no de $8.000.
Por otra parte, desde el Ministerio de Hacienda que lidera Hernán Lacunza no definieron aun cuáles son los fondos de reasignación de partidas que deberá tener el presupuesto de aquí a fin de año para cubrir esos $8.000 o $10.000 millones según quién haga el cálculo.
En la Casa Rosada tienen una certeza por ahora: no se tocarán los fondos de la obra pública. Es que en el Gobierno entienden que la mayor parte de los proyectos de obra pública tiene un 70% ejecutado por lo que restarle fondos ahora implicaría no sólo paralizar obras sino también dejar sin trabajo a miles de obreros que sustentan esos proyectos.
«Hay que pensar en reasignar partidas de fondos subejecutados o de proyectos de algunos Ministerios que no sean prioritarios», explicó a Infobae un funcionario de Hacienda. Pero no pudo especificar aún de donde saldrán esos fondos.
Informe de la UCA
Detrás del proyecto de ley de emergencia alimentaria que aprobó la Cámara de Diputados y se apresta a debatir el Senado este miércoles se encuentran datos alarmantes para la Argentina: la inseguridad alimentaria total llegó al pico máximo del 35,8% desde el 2010 hasta ahora, con niveles de falta de comida severos del orden del 17,4% y déficit de nutrientes alimentarios que en sectores bajos del país llegan hasta el 44%.
Según un detallado informe del Observatorio de la Deuda Social de la UCA «la inseguridad alimentaria severa, junto con la cobertura de alimentación gratuita, experimentó un fuerte incremento en el último periodo interanual (2017-2018), tanto para el total de los niños, niñas y adolescentes (NNyA) a nivel país urbano como en el conurbano bonaerense, alcanzando los valores más elevados de la serie 2010-2018».
El conurbano bonaerense es la zona del país más golpeada por la emergencia alimentaria ya que los chicos que viven en el GBA y experimentan inseguridad alimentaria severa (14,5%) en un 79% son pobres en términos monetarios, y el 63% reside en villas o asentamientos. Es decir, que la experiencia de hambre infantil registra una fuerte concentración en los hogares pobres y espacios socio-residenciales informales.
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