Tres líderes sociales asesinados en el Cauca en los últimos cuatro días
Asesinan a líder indígena en el Cauca, el tercer caso en los últimos 4 días
El indígena Enrique Guejia Meza fue asesinado este domingo en la vereda (aldea) de La Luz, en el departamento deL Cauca (suroeste), y su caso se convirtió así en el tercer homicidio de un líder social que ocurre en esa región colombiana en los últimos cuatro días.
Así lo informó la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN), que detalló en un comunicado que el hecho ocurrió en una zona rural del municipio de Toribío a las 05.30 hora local (10.30 GMT) cuando desconocidos le dispararon a Guejia Meza, «médico tradicional» y autoridad indígena de la zona.
La Asociación señaló que el líder no había recibido amenazas y que portaba su bastón de autoridad, por lo cual creen que su homicidio hace parte de un «plan pistola» que están ejecutando las bandas criminales en la región contra los indígenas.
El «plan pistola» es una estrategia utilizada por las bandas criminales para el asesinato selectivo de personas.
«Recalcamos la alerta máxima (…) para fortalecer los mecanismos de protección y control en cada territorio y sumarse a los ejercicios de justicia que se adelantan en la zona», añadió la ACIN.
El homicidio de Guejia Meza se suma al del líder campesino José Eduardo Tumbó, quien fue asesinado el sábado por desconocidos en una zona rural del municipio de Corinto (Cauca) y había participado en las movilizaciones indígenas de marzo pasado, que bloquearon por varias semanas la vía Panamericana, la principal carretera del suroeste colombiano.
El jueves también fue asesinado el guardia indígena Gersain Yatacue en una zona rural de Caloto, municipio ubicado también en el Cauca.
Según cifras de la Defensoría del Pueblo, en Colombia al menos 462 líderes sociales fueron asesinados entre el 1 de enero de 2016 y el 28 de febrero pasado.
Mientras que un estudio de la ONG Instituto de Estudios sobre Paz y Desarrollo (Indepaz) y el movimiento político Marcha Patriótica sostiene que ya son más de 700 líderes sociales y 135 excombatientes de las FARC los asesinados desde 2016, año en el que se firmó el acuerdo de paz con esa antigua guerrilla.
El pasado 19 de julio, el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) denunció que algunos de sus líderes han recibido amenazas por parte del Cartel de Sinaloa, que según aseguró el organismo tiene alianzas con las disidencias de las FARC y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN).
Once días antes, los coordinadores del CRIC también manifestaron que recibieron amenazas de muerte por parte de las disidencias de las FARC al parecer por las acciones que han llevado a cabo para impedir el accionar de ese grupo armado.
Ser líder comunal, una labor de riesgos en Cartagena
El 13 de julio, en medio de una reunión de trabajo, a Rosa Marrugo le llegó un mensaje de texto que decía: “Se acerca el Plan Pistola en Villas de Aranjuez, en la lista hay dos líderes gonorrientas”. En ese preciso momento le entró una llamada. Era la presidenta de la Junta de Acción Comunal del barrio, Clara Campos, quien también recibió un mensaje en el cual amenazaban de muerte a sus hijos. La preocupación de Marrugo fue inminente, su vida estaba en riesgo.
Pero estos no son los únicos casos. En promedio, en Cartagena cada mes hay 4 líderes comunales amenazados, según cifras proporcionadas por la Federación Distrital de Juntas de Acción Comunal (Fedejac), que hasta el mes de julio contabilizó 31 líderes en situación de peligro.
Esta problemática se conoció públicamente el pasado 26 de julio, día en que se convocó una marcha a nivel nacional por la vida de los líderes sociales y que, en Cartagena, contó con la participación del presidente Iván Duque, quien también estuvo presente en la reunión del Plan de Acción Oportuna para la protección y prevención de los líderes sociales, comunales y periodistas (PAO), desarrollada el mismo día.
De acuerdo con Aldo Lora, coordinador de seguridad (e) de Fedejac y quien se ha ocupado del proceso de caracterización de los líderes en riesgo, en el marco de ese encuentro se precisaron compromisos con diferentes entidades como la Unidad Nacional de Protección (UNP), la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo y el Ministerio del Interior. Conforme a lo acordado, se ejecutarían acciones en las que se les dará prioridad a la seguridad de los líderes del Distrito de Cartagena.
A la fecha, siguiendo las estadísticas, de todos los líderes amenazados que hay en la ciudad, tan solo 10 cuentan con algún tipo de medida de seguridad por parte de la UNP.
“A pesar de que nosotros como Juntas de Acción Comunal llevamos más de 50 años construyendo país, no nos están brindando la atención debida, no se ve reflejada esa contraprestación social pese a que, a diferencia de otros, nosotros no recibimos un peso por nuestra labor. Nuestra gestión es altruista, es liderazgo social”, puntualizó Lora, quien también hace parte de la junta del barrio Portal de La Cordialidad.
¿Qué dice la UNP?
Orlando Acuña, director regional de la UNP, afirmó a este medio que desde hace varias semanas vienen trabajando con los líderes y escuchando sus inconformidades, por lo que se acordó con ellos realizar nuevos estudios de riesgo que permitan extender las medidas de protección a quienes se encuentran amenazados.
“Es importante anotar que la UNP no toma medidas de protección ni de riesgo, eso lo hace un órgano colegiado que es el CERREM (Comité de Evaluación del Riesgo y Recomendación de Medidas). Nosotros lo que hacemos es implementar lo que ellos dicten”, señaló el director regional de la UNP. Acuña también puntualizó que para que haya protección a los líderes, el riesgo debe darse por su gestión social y no por asuntos ajenos a esta condición.
Vivir bajo amenaza
Para Rosa Marrugo, vivir con el riesgo inminente de que en cualquier momento le puede pasar algo no ha sido fácil. Aún más cuando el 18 de julio pasado un hombre motorizado abordó a su hermana y le entregó un panfleto en el que le daban 73 horas para abandonar su hogar en Villas de Aranjuez.
Es la quinta amenaza que recibe en un año. “He tenido noches en vela pensando por qué están haciendo esto, si lo que yo he gestionado al barrio son cosas que nos benefician a todos”, afirma Marrugo, quien además asegura que mientras las instituciones públicas no cumplan su deber en la comunidad, no va a haber garantía de seguridad para los líderes comunales.
“No se trata de que te pongan un escolta, se trata de que se combatan los hechos o los motivos por los cuales te están amenazando”, enfatizó la lideresa.
Por otra parte, para Clara Campos, la situación no ha sido menos compleja. “Tengo sentimientos encontrados, a nosotros los líderes nos gusta estar constantemente en la comunidad, nos gusta servir y tener la libertad de defender los derechos de nuestra gente. Estos días han sido bastante trágicos para mí, ya no me siento ni en la terraza de mi casa, cuando viene una moto estoy siempre a la expectativa, tengo miedo cuando mis hijos salen”, afirmó.
Hace cinco años, Campos fue intimidada y desplazada del barrio La Esperanza, donde también ejercía como líder comunal, y hace apenas dos meses unos hombres la interceptaron en un bus camino a su casa. “Me dijeron que yo sabía cómo se hacían las cosas en el barrio, que no me hiciera la valiente porque yo sabía lo que les pasaba a los valientes”, narró.
A pesar de que ambas lideresas han interpuesto las denuncias correspondientes con cada amenaza que han sufrido, nunca han recibido respuesta por parte de la Fiscalía ni se conocen capturas al respecto, por lo que piden celeridad en la investigación de estos casos. “Para nosotros este ha sido un proceso demasiado lento que nos pone más vulnerables”, manifestó Campos.
Líderes sociales de Norte de Santander dicen que les retiraron la protección
Varios integrantes de la Mesa Departamental de Paz, que participaron en una reunión en Cúcuta, denunciaron las amenazas que enfrentan constantemente los líderes sociales de la región del Catatumbo y de la zona de frontera.
También advirtieron que a pesar de las constantes intimidaciones, a varios de los voceros comunales les están retirando sus esquemas de seguridad asignados por la Unidad Nacional de Protección (UNP).
Luis Alberto Durán, delegado de la mesa departamental de víctimas de Norte de Santander, dijo que presentaron un documento a las autoridades sobre las amenazas que enfrentan y «la angustia que experimentan cada vez que salen de sus viviendas, en especial cuando nos han retirado los esquemas de seguridad a varios líderes en el departamento».
En diálogo con RCN Radio, el vocero precisó: «La mesa de participación elaboró un documento en donde manifestamos nuestro inconformismo por el riesgo que corremos los líderes amenazados que tenemos medidas de protección, pero donde la Unidad Nacional de Protección (UNP) y la Policía no nos están cumpliendo con los esquemas de seguridad».
«No entiendo por qué me quieren quitar el esquema de seguridad. No sé si es porque hago parte del subcomité de restitución de tierras del departamento», agregó.
El delegado aseguró que se estarán reuniendo en los próximos días con directivos de la UNP para analizar la situación de los voceros comunales en esa región del país.
Durán advirtió que en la región hay más 350 líderes amenazados y que otros 23 han sido asesinados en los últimos cinco años.
La situación más difícil se registra en los municipios de la zona del Catatumbo, como Tibú, El Tarra, Hacarí, San Calixto y Convención, en donde hay presencia de diversos grupos armados ilegales.
También se han registrado varias amenazas contra líderes de la zona rural de Cúcuta, Puerto Santander y Villa del Rosario, en la zona de frontera con Venezuela.
117 desmovilizados de las Farc han sido asesinados desde la firma de la paz
Desde Cartagena el director de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), Andrés Stapper Segrera, confirmó la lamentable cifra desde la firma del acuerdo final de paz el 26 de septiembre de 2016.
“Tenemos unas tasas en las que contamos homicidios, unas 117 personas, pero también tenemos unas denuncias por tentativas y desapariciones, en razón de eso es que se le están fortaleciendo todos los esquemas de protección, todos los esquemas de seguridad y con mayor razón ese compromiso que tiene el Gobierno Nacional de preservar toda la seguridad de todos los combatientes en cualquier parte del territorio nacional donde se encuentren.”
Según las investigaciones la mayoría de las intimidaciones y de los asesinatos son perpetrados desde grupos al margen de la ley de derecha o en algunos casos minoritarios por parte de la delincuencia común.
