Colombia: Corte Suprema cita a indagatoria al expresidente Álvaro Uribe por delitos de soborno y fraude
Uribe, a indagatoria ante la Corte Suprema de Justicia
En julio de 2018, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia abrió una investigación formal contra el senador Álvaro Uribe Vélez y el representante Álvaro Hernán Prada Artunduaga, para que respondieran por los delitos de soborno y fraude procesal. Ambos fueron llamados a indagatoria. Más de un año después, el alto tribunal le notificó al expresidente que deberá comparecer ante la corte el próximo 8 de octubre dentro de la investigación que se sigue en su contra.
Por tercera vez, corte reitera que interceptaciones a Uribe fueron legales
Primero, el exmagistrado José Luis Barceló, días antes de su retiro de la Corte Suprema de Justicia, explicó las circunstancias en que accidentalmente había resultado interceptado el celular de Uribe y por qué este hallazgo había sido incorporado a su expediente por supuesta manipulación de testigos. Barceló aseguró que la orden de intervenir el teléfono del representante Nilton Córdoba Manyoma en un caso de corrupción se dispuso el 7 de marzo del 2018; el día 22 de marzo, los técnicos investigadores de la Fiscalía informaron que el número telefónico interceptado no representaba ninguna importancia porque nada tenía que ver con los hechos que son motivo de investigación.
Ante la alerta se dispuso la cancelación inmediata de la intervención a la línea, no obstante, por tratarse de un «hallazgo imprevisto e inevitable» las llamadas fueron trasladadas al expediente contra el expresidente. «No hubo nada ilegal ni fue un error», sostuvo en su momento a SEMANA el magistrado Barceló.
Para ese entonces, la Corte Suprema de Justicia pasaba por un momento de transición por la creación de doble instancia para aforados. Los expedientes en investigación –incluyendo el que avanzaba contra Álvaro Uribe Vélez– pasaron a manos de los magistrados de la recién creada sala de instrucción. De modo que la segunda voz en pronunciarse fue la de la magistrada Cristina Lombana. Ella fue la ponente de un auto que encontró esta prueba «ajustada a la legalidad». «Se niega la solicitud de la exclusión probatoria impetrada por la defensa», aseguró la decisión firmada por Lombana y que fue respaldada por sus cuatro colegas.
No se halló «arbitrariedad, extralimitación ni desafuero del Magistrado que la ordenó, sino que, contrario a ello, se realizó en una práctica probatoria lícita y legal», decía el auto. Esta decisión inmediatamente fue recurrida por la defensa de Uribe. En un recurso de reposición, los abogados pidieron nuevamente la exclusión de la prueba.
La respuesta se tardó más de lo esperado ya que sorpresivamente prosperó una recusación contra la magistrada Lombana y se vio obligada a separarse del expediente de Uribe. el tema pasó en consecuencia al despacho del magistrado César Reyes, cuya ponencia fue conocida y votada el pasado jueves por sus colegas de la Sala de Instrucción. El magistrado propuso negar las nulidades y dejar en firme la prueba que tanta ampolla ha levantado; sus colegas nuevamente estuvieron de acuerdo.
— Daniel Coronell (@DCoronell) August 16, 2019
La notificación de la decisión conincidió con la columna de Daniel Coronell que revela detalles del informe de interceptación que entregó el CTI a la Corte Suprema de Justicia. En respuesta, el senador Álvaro Uribe publicó un audio demostrando que en el documento del CTI, en el cual se basó Coronell, aparecía el verbo solicitar en relación con la supuesta quema de pruebas, cuando en realidad se decía era evitar, lo que significa totalmente lo contrario. A raíz de esto, el expresidente aseguró que el CTI “transcribe parcialmente” o “altera” los audios para presentarlos en su contra.
Esta es la transcripción del audio que publicó el exmandatario: “Salimos del despacho de Néstor Humberto, nos atendió muy gentilmente, me dijo que entendió perfecto y me dijo que él había visto un caso similar antes, pero que a esta escala dispondría una comisión y, bueno, salí de ahí muy contento, ya radiqué la denuncia; los abogados dicen que tenemos que hacer escándalo ya porque lo que hay que evitar es que hagan alguna corrección, o que quemen eso o lo destruyan”.
Al margen de la efervescencia por la filtración de la información, el registro que el analista hizo de una de las comunicaciones y el contenido divulgado por medios de comunicación, la conclusión es que para los magistrados de la Corte son legales las grabaciones de 15 días al celular de Uribe y que esta prueba será tenida en cuenta en el expediente por presunta manipulación de testigos.
¿Qué escenarios se abren para el senador Uribe tras la indagatoria?
Los procesos en la Corte Suprema de Justicia son regidos por la Ley 600, el alto tribunal no aplica el nuevo sistema penal acusatorio.
En este sistema, la indagatoria es una figura que le permite a la persona investigada defenderse y dar sus explicaciones y su versión sobre el caso por el que es investigada.
Luego de escuchar al expresidente Álvaro Uribe Vélez, la Corte tendrá que resolver su situación jurídica.
El penalista Carlos Gilberto Gómez Cifuentes sostuvo que el alto tribunal tiene 10 días para definir si hay riesgo de que el investigado pueda intentar eludir la acción de la justicia, afectar la investigación o poner en peligro a la víctima.
Frente a este tipo de consideraciones, podría tomar la decisión de dictar en su contra una medida de aseguramiento. O podría abstenerse de ese tipo de decisiones que comprometen la libertad del investigado y optar, más bien, por permitir que siga libre mientras que avanza el proceso.
Luego de resolver la situación jurídica, dijo Gómez Cifuentes, se continúa la etapa de práctica de pruebas, tanto las ordenadas por la Corte como las pedidas por la defensa.
Y al final de ese proceso, debe entonces decidir la Corte si hay evidencias para llamarlo a juicio o si cierra el proceso penal en su contra.
El tiempo que tarde todo este proceso depende, en gran medida, de la dificultad para adelantar la práctica de pruebas y de los recursos que interpongan los abogados de Uribe Vélez en el marco de su defensa.
Álvaro Uribe, llamado a indagatoria el próximo 8 de octubre
La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia programó para el próximo 8 de octubre la indagatoria al expresidente Álvaro Uribe, en el caso por aparente soborno en la actuación final y fraude procesal en la investigación que se conoce como presunta manipulación de testigos.
La sala también programó para el próximo 9 de octubre la indagatoria al congresista Álvaro Hernán Prada, también implicado en los hechos.
La decisión se tomó luego de que la Sala dejara en firme el desarrollo de la investigación y concluyera que las interceptaciones al celular del senador eran legales. Esas serán tenidas en cuenta en el proceso en el cual es víctima el senador Iván Cepeda.
Hay que señalar que en el auto de apertura de investigación del 2018 se ordenó la declaración de 19 personas entre las que se nombran los familiares de Juan Guillermo Monsalve, el testigo preso en la cárcel Picota que habría denunciado la presunta relación entre el senador Uribe y su hermano Santiago con grupos al margen de la ley.
La Sala de Primera Instancia concluyó que no se ha vulnerado ningún derecho fundamental al expresidente “la sala de dio a la tarea de escuchar y revisar cada uno de los registros y por menores del caso”.
En total se revisaron 23 cuadernos que contienen todos las pruebas del expediente.
El caso se remonta a la denuncia que Uribe interpuso contra el congresista Cepeda, cuando él visitó varias cárceles del país recogiendo testimonios de paramilitares desmovilizados.
Uribe lo señaló que manipular testigos e influir ante exparamilitares para que declararan en procesos judiciales en su contra.
Sin embargo la Corte, al revisar esa denuncia, concluyó que Cepeda “no abusó de sus funciones como congresista” y tampoco soborno a los reclusos “para testificar falsamente” en contra de Uribe, su hermano Santiago y otras personas. El alto tribunal tomó decisión de archivar ese caso y -al contrario- ordenó investigar al expresidente por los delitos de soborno y fraude procesal.
El congresista Iván Cepeda fue declarado como víctima dentro de la investigación, al señalar que su nombre fue desprestigiado por parte del senador Uribe, cuando lo demandó ante la Corte por supuestos montajes en su contra.
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