Puerto Rico: vuelven a pedir la renuncia del gobernador Ricardo Rosselló en el séptimo día de manifestaciones
Inicia el séptimo día de manifestaciones por la renuncia de Rosselló
Llovizna sobre la isleta del Viejo San Juan, pero una decena de grupos sindicales, sumando ya a unos 200 manifestantes, se han dado cita frente a Bahía Urbana en San Juan, en lo que se espera sea una marcha del sector obrero del país a favor de la renuncia inmediata o el residenciamiento del gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló Nevares.
«Asumimos nuestra responsabilidad histórica de exigir la renuncia del gobernador por el saqueo de los bienes públicos», sentenció Edwin Morales Laboy, maestro de matemáticas y vicepresidente de la Federación de Maestros de Puerto Rico.
Asimismo, dijo que, «por el bien de nuestras futuras generaciones, exigimos que Rosselló renuncie y que entienda que sus acciones tendrán consecuencias».
Migdalia Santiago, presidenta de Educamos, hizo eco a las palabras de Morales Laboy y añadió que Rosselló Nevares, al igual que su exsecretaria de Educación Julia Keleher, deben responder por el desmantelamiento de los servicios esenciales, que ahora mismo «son el retrato de la corrupción.
Mientras, unos 15 miembros de su matrícula coreaban «Julia y Ricky Rosselló, bien corruptos son. Y esa Julia Keleher, presa la queremos ver».
«Educación es la agencia de gobierno con el presupuesto más grande en el país y el chat demuestra cómo se repartió el bizcocho en el país. Que paguen, y que paguen ahora para que el pueblo pueda sanar», fue el reclamo de Santiago.
Por su parte, el presidente del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras, Roberto Pagán Rodríguez, añadió que «la reacción del pueblo se debe a décadas de crisis económica de la clase trabajadora y más vulnerable del país. Al descubrir que esta administración se está enriqueciendo a sus panas del alma, mientras cierran escuelas y nuestro sistema de salud sufre, no hay marcha atrás. Se debe poner una pausa al proceso de quiebra, eliminar la Ley Promesa en pro de una solución democrática al dolor de nuestro pueblo».
El presidente de la Federación Central de Trabajadores, Juan Cortés Valle, dijo que «el chat confirma la validez de nuestro reclamo de que hay una mafia institucionalizada en las altas castas del gobierno, el patronato político, los favores y el favoritismo, el discrimen y con eso vinimos hoy a acabar».
Por su parte, Pedro Peters Maldonado, de 76 años, quien empuña la bandera de la comunidad LBGTQ+ de camino al Palacio de Santa Catalina, dijo que vino a marchar en contra de la homofobia. El también exasesor de la Legislatura, con una carrera de 34 años, sugirió que al menos tres miembros del controvertible chat de Telegram son homosexuales y aun así «permitieron que se nos insultara y hasta formaron parte de la mofa. Pero yo todavía les tengo el respeto que ellos no tienen por mí».
Eddie Santos, maestro jubilado y vecino de Río Piedras, dijo que vino a marchar en contra de la corrupción, especialmente en el Departamento de Educación.
«En 30 años nunca me pintaron un salón (de clases), mientras tanto, ellos se reparten los millones entre ellos. Estamos hoy aquí, ‘ready’ pa’ coger agua, sol y sereno para dejarle claro a todos los que vengan después de Ricky que no le vamos a permitir ningún acto de corrupción, porque aquí manda el pueblo», sentenció Santos.
Marian Morales, también de Río Piedras, vino en representación de su papá a quién identificó como una de las víctimas del huracán María y condenó el que el gobernador y su gabinete se mofara de los miles de puertorriqueños que perdieron la vida durante o después del devastador ciclón.
«Se burló de nuestros muertos… El mismo pueblo que él dice que lo escogió es el mismo que le está pidiendo que se largue. Ya hasta su partido le dio la espalda porque no CDtiene la capacidad para ejecutar el supuesto mandato que le dio el pueblo. Se tiene que ir y punto», sentenció Morales.
7 posibles delitos que se desprenden del #TelegramGate
El residenciamiento del gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló Nevares, se limita a un juicio político a cargo del poder Legislativo tomando en cuenta causas específicas que se limitan a la traición, el soborno, delitos graves o delitos menos graves que impliquen depravación. Sin embargo, al no tratarse de un proceso judicial de naturaleza penal, no corresponden las garantías de un juicio criminal.
Empero, un análisis del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico (CAAPR) sobre el chat a través de la aplicación Telegram que sostuvo el Gobernador y 11 de sus allegados evidencian incidentes que requieren más investigación pues implican participación y/o complicidad de Rosselló Nevares en la comisión de delitos, según el Código Penal:
1- Conspiración (18 U.S.C. art. 241 y 244) – Según se desprende de las conversaciones dirigidas a perjudicar, oprimir, amenazar o intimidar a una persona en el libre ejercicio de un derecho o privilegio garantizado.
2- Malversacion de fondos públicos (art. 264) – Dispone que un funcionario comete delito si se utilizan fondos públicos para un fin no autorizado, como lo es la exaltación de la figura propia del Gobernador.
3- Enriquecimiento ilícito, injusto y de trabajos o servicios públicos (arts. 250, 251, 252, 254) – La participación del licenciado Elías Sánchez, exfuncionario de la actual administración y cabildero, podría constituir enriquecimiento ilícito y enriquecimiento injusto, respectivamente; aprovechamiento ilícito de trabajos o servicios públicos e intervención indebida en las operaciones del gobierno, todo esto “con plena anuencia del Gobernador”.
4- Recopilación ilegal de información (art. 167) – Prohíbe la recopilación ilegal de información personal para discriminar contra una persona en su permanencia en el empleo. A estos fines, Rosselló Nevares intervino directamente en una conversación sobre la intención de sustituir a la esposa del senador independentista Juan Dalmau en el puesto que ha ocupado durante años en la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF).
5- Resistencia y obstrucción a la autoridad pública (art. 246) – El Ejecutivo también pudo haber violado este artículo del Código Penal por impedir el cumplimiento de obligaciones.
6- Conspiración, amenazas o atentados contra funcionarios del sistema de justicia (art. 284) – En relación con las funciones del exmonitor federal de la Reforma de la Policía, Arnaldo Claudio.
7- Violencia o intimidación contra la autoridad pública, incitación a la violencia (art. 245, 242A) – Además, la expresión “salivando por caerle a tiros”, empleada en el chat en que participaba el Gobernador y dirigida a la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz Soto, podría constituir violaciones a estos artículos.
Organización de policías pide la renuncia de Rosselló
La Corporación Organizada de Policías y Seguridad (COPS) se convirtió hoy en la primera organización policiaca en pedir que el gobernador Ricardo Rosselló renuncie a su cargo.
En una carta abierta al primer ejecutivo, la COPS reconoce que los días tras la publicación de las 889 páginas del chat de Telegram han sido difíciles. “Nuestros compañeros se han dado por completo en proteger propiedades, y mantener el orden en las manifestaciones del pueblo, cumpliendo con nuestro deber y responsabilidad estamos en primera fila velando el derecho a la libre expresión, con nuestro deber y responsabilidad democrática, y seguiremos trabajando para que sean de forma pacífica y ordenada”.
La COPS afirma en su misiva ser la organización laboral que agrupa a la mayoría de los miembros de la Uniformada. EL VOCERO confirmó que sobre 6,000 policías estatales forman parte de esta organización. Al momento, en la Uniformada hay unos 13,000 efectivos activos.
“La violencia ha rayado ya a lo extremo, tanto nosotros los policías como los ciudadanos, hemos estado al borde de una desgracia fatal. Como policías también hemos sentido el impacto de muchas decisiones de esta y otras administraciones de gobierno, el cual ya no podemos seguir arrastrando, como por ejemplo un retiro digno y justo. Estamos en los peores momentos de nuestra historia laboral, y siempre hemos cumplido con nuestro deber en brindar seguridad a quien sea nuestro Comandante en Jefe”, lee la carta.
La organización plantea que los eventos de la pasada semana, que ya entraron en su sexto día consecutivo de manifestaciones en el Viejo San Juan y alrededor de toda la Isla, están siendo televisados a diario, “razón por la cual al llegar a nuestros hogares no podemos esconderles a nuestros hijos la realidad del riesgo al que nos enfrentamos”.
“Por nuestras familias que nos esperan con vida en casa cada día, por nuestro pueblo que se merece una policía motivada, por nuestra hermosa isla Puerto Rico que se merece vivir en paz, con todo respeto y deferencia señor gobernador Ricardo Rosselló, le pedimos que deje su puesto como primer ejecutivo y Comandante en Jefe de la Policía de Puerto Rico. Por la paz y la seguridad de todos”, concluye la misiva.
Rosselló firmó 18 medidas legislativas
Como si el país estuviese en normalidad y no hubiese un reclamo generalizado para que renuncie, el gobernador Ricardo Rosselló Nevares, publicó hoy dos fotos sobre reuniones de trabajo que presuntamente ha tenido en su despacho con diversos jefes de agencias en La Fortaleza y circuló un comunicado de prensa en la que informa que convirtió en ley varias medidas legislativas.
El gobernador, quien desde el martes no hace comparecencias públicas, indicó que firmó un estatuto para que los policías, muchos de los cuales llevan desde el sábado enfrentando las protestas en las que se exige la renuncia del mandatario, puedan recibir los beneficios del Seguro Social tal y como exigió la Junta de Supervisión Fiscal. Los beneficios del Seguro Social serán opcionales para aquellos oficiales que estén a menos de 10 años de la edad de retiro.
Trabajando con el director de @Cor3pr, @omarjmarrero, sobre los procesos para agilizar desembolsos a municipios y entidades. pic.twitter.com/AYRXGmyRnk
— Ricardo Rosselló (@ricardorossello) July 19, 2019
La semana pasada fueron arrestadas seis personas allegadas a la administración de Rosselló Nevares, incluyendo al exsecretaria de Educación, Julia Keleher, la exadministradora de Asuntos de Salud, Ángela Ávila, el exconsultor Alberto Velázquez Piñol.
El sábado, el Centro de Periodismo Investigativo publicó 889 páginas de un chat de Telegram en el que el Ejecutivo junto a 12 de sus más allegados colaboradores compartían burlas, insultos y hasta conspiraban en asuntos que según el Colegio de Abogados tienen claros visos de ilegalidad. Desde entonces, los alrededores de La Fortaleza ha sido escenario de constantes e intensas manifestaciones.
Desde entonces, las labores en La Fortaleza han estado diezmadas a juzgar por el movimiento de funcionarios entre las oficinas.
La otra medida, que destacó La Fortaleza es el Proyecto del Senado 1293, que enmienda la Ley de la Oficina del Inspector General (OIG), que cambia los preceptos autonómicos de esta agencia, a la que el gobernador recientemente le pidió que investigara varios señalamientos de corrupción contra su administración.
Convertimos en ley medidas en beneficio de la Policía de Puerto Rico, para brindar más autonomía a la Oficina del Inspector General y otras 16 medidas que atienden varios asuntos. pic.twitter.com/QrexEXVSY6
— Ricardo Rosselló (@ricardorossello) July 19, 2019
Proyectos de la Cámara
– 864: Para enmendar la Regla 131.1 de las Reglas de Procedimiento Criminal de Puerto Rico de 1963, según enmendadas, con el propósito de proveer para que las víctimas de los delitos tipificados en la Ley Núm. 54 de 15 de agosto de 1989, según enmendada, conocida como “Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica”, puedan brindar sutestimonio fuera de sala, mediante el sistema televisivo de circuito cerrado, salvo que ésta renuncie libre y voluntariamente a dicho derecho; y para otros fines relacionados.
– 1015: Para enmendar el artículo 78 de la Ley Núm. 26 del 12 de abril de 1941, según enmendada, para modificar las definiciones de “agregado” y “familia de escasos recursos económicos”; enmendar el inciso (d) de del Artículo 1 de la Ley Núm. 132 de 1 de julio de 1975, según enmendada, para modificar la definición de “familia de escasos recursos económicos”.
Proyectos del Senado
– 84: Para designar con el nombre de Pedro “Peyo Tata” Pacheco Figueroa, el parque de béisbol de la comunidad Betances del barrio La Cantera, del Municipio de Ponce; y para otros fines.
– 304: Para añadir el Artículo 111A a la Ley Núm. 146-2012, según enmendada mejor conocida como “Código Penal de Puerto Rico” a los fines de tipificar como delito toda persona que cometa contra un árbitro deportivo u oficial mientras realiza funciones oficiales, en un acto deportivo y para otros fines.
– 315: Para para crear la “Ley para Promover el Tratamiento de Oxigenación Hiperbárica para las Personas con Trastorno de Espectro de Autismo”; adoptar como política pública del Gobierno de Puerto Rico ser un facilitador y un colaborador activo con los padres y familiares de los niños, jóvenes y adultos con el Trastorno de Espectro de Autismo; requerirle a las aseguradoras que incluyan como parte de sus cubiertas el tratamiento terapias de oxigenación hiperbárica para personas con autismo; para que el Departamento de Salud adquiera una cámara para cada hospital del Gobierno; y otros fines relacionados.
– 867: Para declarar el día 19 de mayo de cada año como el “Día de la Concienciación de las Enfermedades Inflamatorias del Intestino” y, de esta manera, ayudar a promover las gestiones de educación pública y de concienciación en la población puertorriqueña; y para otros fines relacionados.
– 901: Para enmendar el Artículo 5 de la Ley 60-2014, según enmendada, conocida como ‘’Ley Uniforme de Vehículos Oficiales del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”, a los fines de añadir una excepción dirigida a los funcionarios públicos que sean agentes encubiertos del Negociado de Investigaciones Especiales y a los agentes encubiertos del Negociado de la Policía de Puerto Rico.
-1069: Para declarar el día 11 de octubre de cada año como el “Día de la Niña”, con el fin de reconocer los derechos de las niñas, al igual que los problemas extraordinarios a los que se enfrentan y promover la equidad de género; y para otros fines relacionados.
Resoluciones Conjuntas de la Cámara
– 291: Para ordenar al Departamento de Seguridad Pública en coordinación con el Departamento de Educación desarrollar protocolos para atender situaciones en las que hay un tirador activo en escuelas, establecer los planes de contingencia y realizar simulacros anuales en todas las escuelas sobre situaciones en las que está envuelto un tirador activo.
– 373: Para ordenar a la Junta de Planificación, al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, al Departamento de Recreación y Deportes y a la Universidad de Puerto Rico, Recinto Universitario de Mayagü;ez, a establecer un plan piloto donde se establezcan áreas de prácticas de deportes acuáticos en las playas Domes y Marías del Municipio de Rincón y Surfer Beach del Municipio de Aguadilla; ordenar la delimitación de las referidas áreas para practicar tales deportes; ordenar a la Compañía de Turismo de Puerto Rico a promover el uso y disfrute de estas áreas; y para otros fines relacionados.
-376: Para ordenar al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales de Puerto Rico a ceder al Municipio Autónomo de Cabo Rojo por el precio nominal de un (1.00) dólar, la titularidad de las parcelas de terrenos localizadas en el Parque Nacional Balneario y Centro Vacacional de Boquerón, en Cabo Rojo, Puerto Rico, incluyendo todas sus instalaciones y edificaciones, así como todos los derechos por los bienes así cedidos o traspasados, con la condición de que el Municipio Autónomo de Cabo Rojo garantice y mantenga el acceso, disfrute y uso a perpetuidad por el público.
– 437: Para reasignar al Municipio de Loíza la cantidad de cincuenta mil dólares ($50,000.00), provenientes de balances disponibles en el inciso w, Apartado 1, de la Resolución Conjunta Núm. 66-2018; con el fin viabilizar obras y mejoras permanentes, según se detallan en la Sección 1, de esta Resolución Conjunta; facultar para la contratación de tales obras; autorizar el pareo de los fondos reasignados; y para otros fines relacionados.
– 438: Para ordenar al Departamento de Educación de Puerto Rico, en colaboración con el Departamento de Transportación y Obras Públicas, a establecer un plan piloto para la administración del examen para la obtención licencias de conducir, sujeto a los requisitos de elegibilidad establecidos en la Ley 22-2000, según enmendada, conocida como “Ley de Vehículos y Transito de Puerto Rico”, a los estudiantes de escuela superior del sistema de educación pública de Puerto Rico que cualifiquen; y para otros fines relacionados.
– 476: Para reasignar a la Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario de Puerto Rico, la cantidad de ochenta y tres mil ochocientos treinta y cinco dólares con veintisiete centavos ($83,835.27), provenientes de balances disponibles en la Sección 1, Inciso 9, Apartado (n) de la Resolución Conjunta 5-2017, por la cantidad de quince mil trescientos dos dólares con treinta y seis centavos ($15,302.36), de la Sección 1, Inciso 9, Apartado (e) de la Resolución Conjunta 18-2017, por la cantidad de sesenta y cinco mil seis cientos cuarenta y seis dólares con cuarenta y un centavos ($65,646.41) y de la Sección 1, Inciso 9, Apartado (f) de la Resolución Conjunta 18-2017, por la cantidad de dos mil ocho cientos ochenta y seis dólares con cincuenta centavos ($2,886.50); para que sean reasignados según se detalla en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta; para facultar para la contratación de tales obras; autorizar el pareo de fondos reasignados; y para otros fines.
– 492: Para autorizar una extensión de un (1) año adicional a la vigencia de los Fondos Legislativos otorgados en la Resolución Conjuntas Núm. 66-2018.
– 502: Para redenominar el Salón de Conferencia Administrativo, localizado en el Edificio Antonio Barceló (conocido comúnmente como Edificio Medicina Tropical) en el Distrito Capitolino, como “Centro de Desarrollo Oficial Administrativo Licenciado Víctor Raúl Sotomayor”, en reconocimiento póstumo por parte de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico a la excelente labor que realizó este destacado servidor público; y para otros fines relacionados.
