México: padres de Ayotzinapa y Fiscalía General buscan fosas clandestinas en Iguala
Padres de normalistas y personal de FGR inspeccionan una casa de Iguala por caso el Ayotzinapa
El Subsecretario de Derechos Humanos y Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, miembros de la Comisión de la Verdad, y la Fiscalía General de la República (FGR), encabezaron la mañana de este jueves un cateo en una casa ubicada cerca de donde ocurrió uno de los ataques a los normalistas de Ayotzinapa y del autolavado “El Peque”.
Extraoficialmente se informó que la acción es parte de los acuerdos del Gobierno, la Comisión de Verdad y los padres de los normalistas desaparecidos, además, se sabe que desde anoche se han cateado al menos otras dos casas en la colonia Centro y las operaciones continuaban esta mañana en otros puntos de forma simultánea.
De acuerdo con la información recabada con fuentes policiacas, desde las 2 de la madrugada se realiza la diligencia en la casa número 133 de la calle Benito Juárez, en la colonia Juan N. Álvarez, a una cuadra de donde fueron atacados los normalistas y a tres predios del autolavado “El Peque”, que sería propiedad de miembros de Guerreros Unidos y que permanece asegurada como parte del caso desde 2016.
En el lugar se observaron más de 50 agentes de la FGR, la Agencia de Investigación Criminal y la Policía Federal, así como patrullas y camionetas de las dependencias que bloquean totalmente la visibilidad hacia la casa y el paso en la calle.
En medio del hermetismo, cerca de las 9 de la mañana las autoridades abrieron el portón de la casa y sacaron una camioneta pick up cabina y media, una hora después se observó entrar a Encinas Rodríguez; también llegaron al lugar familiares del colectivo Los Otros Desaparecidos antes de las 11 de la mañana.
Ayer, padres de los 43 jóvenes, integrantes de la Comisión de la Verdad y Encinas Rodríguez recorrieron el 27 Batallón del Ejército en Iguala y se reunieron con mandos militares.
Demanda la CNDH a 235 personas en el caso Ayotzinapa
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR) seis denuncias penales contra 235 servidores y ex servidores públicos –federales y estatales– que habrían incurrido en irregularidades, delitos y omisiones durante las investigaciones por el caso Iguala, que dejó, entre otros crímenes, la desaparición forzada de 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa ocurrido el 26 de septiembre de 2014.
Destaca la denuncia penal por acciones u omisiones posiblemente constitutivas de delito que la propia CNDH identificó en la incursión de personal de la entonces Procuraduría General de la República (PGR) durante una diligencia en el río San Juan, el 28 de octubre de 2014, que fue encabezada por el entonces titular de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón de Lucio, y los casos donde se dieron actos de tortura.
El organismo informó que 116 servidores públicos –82 federales y 34 estatales– habrían realizado actos u omisiones durante las investigaciones ministeriales; en tanto que otros 119 –114 federales y cinco estatales– fueron denunciados por actos de tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, detenciones arbitrarias además de otras violaciones.
También resaltan las dos denuncias penales contra personal de la entonces Procuraduría General de Justicia del estado de Guerrero y de la PGR, “por no realizar oportunamente diligencia alguna de investigación relacionada con los autobuses Costa Line 2513 y Estrella Roja 3278, utilizados por los normalistas” y cuyos aspectos están en el apartado 10 de la recomendación 15VG/2018 por violaciones graves, presentada por la CNDH el 28 de noviembre del año pasado, dos días antes de la conclusión del gobierno de Enrique Peña Nieto.
Entre los casos de tortura o tratos crueles denunciados penalmente, se encuentra el de Carlos Canto Salgado, quien fue detenido acusado de haber participado en la desaparición forzada de los 43 jóvenes, lo que quedó en evidencia a través de un video que circuló en Internet y que varios medios difundieron, en el que se observa que varias personas lo atormentan, entre ellos presuntamente Carlos Gómez Arrieta, entonces jefe de la Policía Federal Ministerial.
Al dar los detalles de las denuncias, el organismo nacional reconoció que con los elementos que tuvo para elaborar la recomendación por el caso no pudo comprobar la tortura contra Canto Salgado. Sin embargo, tras la difusión del video, ha incorporado el mismo a los otros casos en los que sí acreditó ese delito.
“Dicho material (el video) constituye una prueba superveniente y fue incorporado al expediente (de la CNDH) y, en consecuencia, se presentó la correspondiente denuncia penal ante la FGR por actos de tortura, para que sean investigados hasta sus últimas consecuencias y se deslinden las responsabilidades del caso”, subrayó.
Las denuncias penales se presentaron el pasado 22 de junio, con el fin de que las autoridades competentes “desarrollen las actuaciones que legalmente les corresponden y determinen lo que proceda conforme a derecho”.
Además de esas querellas, la CNDH interpuso 12 denuncias administrativas contra 140 funcionarios de los gobiernos federal, de Guerrero y del estado de México.
VOLVER
