Colombia es el segundo país donde más asesinan líderes ambientales, según informe
Colombia: el segundo país donde más asesinan líderes ambientales
La lucha por proteger el medio ambiente y defender la tierra parece ser cada vez más letal. Según el más reciente informe de Global Witness, una ONG inglesa que lleva la cuenta del número de homicidios a líderes ambientales y defensores de la tierra, el año pasado fueron asesinadas 164 personas por su liderazgo ambiental en 22 países del mundo. Es decir, tres vidas silenciadas cada semana durante 2018. De ellos, 24 eran colombianos.
Tal cifra nos ubica, por tercer año consecutivo, entre los tres países más peligrosos para la vida de los defensores del medio ambiente junto con Filipinas y Brasil, el primer y tercer país más letales para estos líderes, respectivamente. En 2016, 37 de ellos fueron asesinados en Colombia, lo que nos puso en segundo lugar. Para 2017, con 24 muertes, quedamos en el tercer lugar y este año, la vergonzosa cifra se repite.
De acuerdo con el informe “¿Enemigos del Estado?: De cómo los gobiernos y las empresas silencian a las personas defensoras de la tierra y del medio ambiente”, más de la mitad de los asesinatos ocurrieron en América Latina. Desde que Global Witness comenzó a publicar datos sobre asesinatos, en 2012, este ha sido el continente más afectado de manera constante. Un factor, reconocen los autores, es la fuerte tradición de activismo por los derechos humanos en la región.
La minería fue el sector más letal para hacer oposición, con 43 personas defensoras asesinadas, y hubo una escalada de asesinatos a personas que luchan por la protección de fuentes de agua, pasando de cuatro en 2017 a 17 en 2018.
Amenazas e intimidaciones
Los asesinatos a defensores son la manera más violenta y definitiva de silenciarlos; sin embargo, las amenazas e intimidaciones también son muy frecuentes. Por ejemplo, en julio de 2018, la activista indígena estadounidense Red Fawn Fallis fue sentenciada a 57 meses de prisión. La arrestaron en 2016 cuando agentes de Policía allanaron un campamento de protesta en el oleoducto Dakota Access. Fallis fue acusada de disparar un revólver mientras la tenían sujetada contra el suelo. Ella afirma que el arma se la dio su novio, quien resultó ser un agente del FBI que se infiltró en su grupo de protesta.
En Nicaragua, el activista Medardo Mairena Sequeira fue declarado culpable de terrorismo y crimen organizado y condenado a más de 200 años de prisión después de su participación en una campaña contra el proyecto de un canal interoceánico. En Ucrania, el país europeo con mayor número de asesinatos a defensores de la tierra, la activista Kateryna Gandzyuk murió después de haber sido atacada con ácido. La Policía dijo que el ataque está relacionado con su oposición a la tala ilegal en el bosque Oleshky, en la región de Kherson. Incluso, los bloqueos “diplomáticos” también impiden el trabajo de los defensores. Según GW, Polonia negó la entrada al país a trece activistas que viajaban a la ciudad de Katowice para la Conferencia de la Organización de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, por ser considerados una amenaza para el orden público y la seguridad nacional.
Para no ir muy lejos, en febrero de 2018 pusieron una bomba afuera de la casa de Enrique Fernández, líder del pueblo nasa en Caloto (Cauca). Uno de los mensajes que recibió decía: “Te salvaste hijo de perra del regalito que te dejamos (…) pero ahora sí no te vas a escapar. Ahora sí te vamos a matar porque nos estás mamando gallo”. Junto a Fernández hay otros 280 líderes nasas que han sido amenazados, según Verdad Abierta.
Aunque nadie en el mundo está documentando sistemáticamente la criminalización a estos defensores, Victoria Tauli-Corpuz, relatora especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (y una defensora ambiental declarada “terrorista” en su natal Nicaragua) dice que, si bien el proceso puede variar, la criminalización tiende a incluir, al menos, uno de estos cinco elementos: tácticas de desprestigio y campañas de difamación en redes sociales (con el uso de palabras como “guerrilleras” o “terroristas”); cargos criminales y órdenes de capturas para ellos o comunidades enteras; procesos judiciales que incluyen prisiones preventivas que duran varios años sin resolverse, y vigilancia ilegal, allanamientos y hackeos no solo a defensores, sino a sus comunidades o abogados.
Este año no mejora
Y esto solo el año pasado. De acuerdo con Global Witness, 2019 ya es alarmante e historias como estas se repiten en Honduras, Guatemala, Canadá, Senegal, Camerún, Estados Unidos y Vietnam, entre otros. En abril de este año, más de mil indígenas de la Amazonia de Brasil acamparon durante una semana en Brasilia. Lo hacen desde hace quince años, pero esta vez la concentración fue masiva. Protestaban porque Jair Bolsonaro, presidente de Brasil, prometió que permitiría la explotación minera en 15 % de las reservas indígenas en la Amazonia, lo que ya desencadenó invasiones a tierras indígenas por parte de hombres armados.
Frente a los 196 asesinatos de líderes sociales en Colombia, las cifras de defensores del ambiente que han sido asesinados en el país parecen quedarse cortas. GW reconoce en el informe que los datos no logran dimensionar el problema, porque en muchos países la libertad de prensa es limitada y los gobiernos y ONG no monitorean las violaciones sistemáticas. “El acaparamiento de tierras, presente en América Latina y África, puede ser muy difícil de monitorear en zonas del mundo inmersas en conflictos”, agregan.
De acuerdo con el informe “La naranja mecánica” de Somos Defensores, que documentó los asesinatos a líderes sociales en Colombia para 2018, 82 líderes fueron asesinados, y de esos, por lo menos doce se dedicaban a defender el medio ambiente.
Francia Márquez: «Hay que tener coraje para ser lideresa negra en un país racista y clasista»
La frase es de Francia Márquez, la tercera colombiana en ganar el premio Goldman, el mayor reconocimiento a los líderes ambientales comunitarios del mundo. Por protestar contra la minería ilegal en el corregimiento La Toma, Cauca, no solo ha tenido que enfrentar a las mafias y al Gobierno, con el apoyo de las mujeres de su comunidad también ha sacudido los escenarios donde ellas no han sido respetadas.
Quizá ningún líder social sueña con serlo, pero es una marca de la que no se puede huir. ¿Cómo fue para usted?
Francia Márquez: A los 15 años tenía claro que no quería que el río Ovejas fuera desviado. Sabía lo que el río significaba para nosotros. Pero al principio, no era capaz de hablarle a la gente blanca, era como si le intentara hablar a Dios. Poco a poco me fui dando cuenta de que la gente blanca no es Dios, que son iguales a nosotros, y así tengan dinero y un título, no tenía por qué callarme.
¿Influyeron esas mujeres que la han apoyado en sus reclamos?
F.M.:Claro, crecí alrededor de mujeres muy fuertes. Madres cabeza de familia que se van a la mina y a la finca a trabajar, que no tienen ningún problema en hacer las actividades que hacen los hombres. Son mujeres que en muchos casos no saben ni leer ni escribir, pero como me decía mi abuela: “yo no sé las letras pero sabiduría sí tengo”. Eso ha sido fundamental durante mi proceso de aprender a ser líder social.
Durante este tiempo, ¿fue muy difícil alzar su voz?
F.M.:Era normal que en las reuniones de la comunidad la voz del hombre siempre estuviera a la cabeza, pero con mi carácter fuerte me fui ganando un espacio. Sin embargo, el machismo era evidente cuando nos sentábamos en reuniones con el Gobierno Nacional. Después de que yo hacía una intervención, algunas funcionarias le preguntaban a mis compañeros si estaban de acuerdo con lo que yo estaba diciendo. Como si no fuera válido lo que yo les argumentaba. Como si lo que dijera un hombre sí era válido. Incluso me empezaron a tachar como una mujer grosera, porque me atrevía a decir las cosas de frente.
Indígenas de frontera
¿Alguna vez le sacaron la carta de que las mujeres no son así?
F.M.: Claro. Una vez una persona me dijo que tenía que aprender a comportarme como una dama y yo le dije: ¿cómo es eso? ¿ser una mujer sumisa porque usted lo dice? Yo le dije que si comportarme como una dama es no decirle la verdad en la cara, no quería ser una dama. Hay que tener coraje para ser lideresa negra en este país racista y clasista, que no respeta los derechos de los demás.
El episodio más representativo de su trabajo ha sido la movilización en la que convocó a varias mujeres a marchar desde Cauca hasta Bogotá para denunciar la minería ilegal que había llegado a La Toma, Cauca, su territorio y del que la desplazaron por las amenazas. ¿Por qué asumieron ese riesgo?
F.M.:En 2014 llegaron a nuestro territorio mineros de otros lugares con retroexcavadoras a sacar oro de las montañas. Esa minería que ha envenenado los ríos y que ha generado situaciones de descomposición social no tenía nada que ver con la que nosotros hemos hecho ancestralmente, por eso la denunciamos ante el Gobierno. Un grupo de mujeres nos movilizamos desde el Cauca hasta Bogotá porque no estábamos dispuestas a seguir guardando silencio. Porque la gente dejó de ir a la finca a sembrar, por ir a sacar el oro que las retroexcavadoras se estaba llevando. Porque compraban el cuerpo de las mujeres con un pedacito de oro.
¿Conoce de otros casos de mujeres que estén viviendo lo mismo?
F.M.:No solo en La Toma resistimos. La gente resiste en todo el país. Cerrejón que se vende como desarrollo en América Latina, dígame ¿cómo vive la gente? Las mujeres y la comunidad han estado resistiendo esa política de muerte. Ahora mismo en Ituango hemos visto cómo Isabel se la ha guerreado y está luchando por defender la dignidad de su pueblo, por lo derechos del río.
Indígenas de frontera
¿Por qué ha sido tan peligroso luchar por su territorio?
F.M.:¿Por qué los paramilitares, las Águilas Negras y los Rastrojos nos declaran la guerra? porque soy peligrosa para ellos, porque sus intereses económicos y su avaricia los conduce a nuestros territorios. Nos matan por querer defender la vida, defender el medioambiente, por querer vivir en condiciones dignas. Intereses económicos promovidos por el mismo Gobierno Nacional. Decir eso abiertamente es lo que te pone la lápida encima. Y es que hoy nos están matando con complicidad del Estado colombiano.
Cada día pueden asesinar hasta tres líderes sociales en el país. El informe del Global Witness lo dice, Colombia no es un país seguro para los defensores ambientales. ¿Qué se le viene a la cabeza cada vez que se entera de un asesinato de un líder social?
F.M.:Es muy triste, pero cada vez que asesinan a un líder de inmediato me pregunto si seré la siguiente. Uno mantiene con miedo. No es fácil seguir en este país, pero tampoco es sencillo irse, porque aquí tenemos todo. No es fácil, porque hay impunidad. Se permite que todos los días te amenacen y asesinen y nunca se encuentran las cabezas de esas amenazas y de esas muertes. La impunidad termina siendo un premio para que la gente siga asesinando.
¿Usted cree que las movilizaciones simbólicas como las del pasado 26 de julio tienen algún efecto?
F.M.:No lo creo. No están parando nada. Al contrario, están asesinando a más líderes. Ahora, creo que este tema se ha vuelto todo cifras y eso es naturalizar la violencia. No deberían importarnos los números, debería importarnos la vida.
Piden investigar a alcaldes que no actúen ante amenazas a líderes
Por Guilfredo Avedaño
Un llamado a organismos defensores de derechos humanos y autoridades hicieron desde Córdoba las organizaciones de líderes sociales para que investiguen y de ser el caso, sancionen a alcaldes que no tomen medidas de protección ante las alertas tempranas que emite la Defensoría del Pueblo.
La vocería de esta denuncia la tomó José David Ortega, vocero de la Asociación de Campesinos del Sur de Córdoba, Ascsucor, tras señalar que muchos de los casos de amenazas y muertes contra líderes comunitarios en ese departamento ocurren porque los mandatarios locales desestiman los riesgos pese a estar advertidos oportunamente.
«Desde las alcaldías no se están tomando las medidas de protección frente a las alertas emitidas por la Defensoría del Pueblo lo que estaría propiciando el asesinato de personas como el caso ocurrido con María del Pilar Hurtado», dijo Ortega.
En el último año la Defensoría del Pueblo ha emitido las alertas tempranas N° 026-18 del 28 de febrero del 2018 y N° 083-18 del 25 de noviembre del 2018, con las que se conmina especialmente a las alcaldías a que se adopten medidas de prevención que permitan garantizar la integridad de los líderes sociales en Córdoba.
En las mencionadas alertas se hacía referencia puntual a los municipios de Ayapel, Buenavista, Canalete, Ciénaga de Oro, La Apartada, Pueblo Nuevo, Planeta Rica, Tierralta, Los Córdobas, Montelíbano, Puerto Libertador y San José de Uré, donde la Defensoría del Pueblo percibió riesgos en la integridad de la población.
«Hay que prevenir que no sucedan hechos que lamentar en torno a los líderes sociales y el resto de la población civil. No es que se van a atender las alertas cuando ocurran los asesinatos. Porque los alcaldes no le están prestando la atención que debe prestarse y por eso suceden los crímenes en los municipios», sostiene el vocero campesino.
La Defensoría del Pueblo también había emitido una alerta de riesgo a través del oficio N° 010-17 A.I. del 30 de marzo del 2017 por causa de la presencia de grupos armados organizados que intimidan a la población civil mediante panfletos, grafitis, reclutamiento forzado y homicidios selectivos.
Otero, quien ayer fue notificado de la decisión del Ministerio Público por presuntas irregularidades en el manejo del orden público, relacionadas con la invasión de varios lotes en su municipio y que al parecer produjeron la muerte de la líder María del Pilar Hurtado, tendrá que enfrentar investigaciones disciplinarias en su contra.
Recientemente fue sancionado por la Procuraduría General de la Nación el alcalde de Tierralta, Fabio Otero Aviléz, por presuntas irregularidades en el manejo del orden público.
El mandatario estará separado del cargo de manera provisional por tres meses, en el marco de una investigación disciplinaria que le sigue en su contra por los hechos relacionados con la invasión de varios lotes en su municipio y que al parecer produjeron la muerte de la líder María del Pilar Hurtado.
“Las amenazas contra los líderes sociales en Córdoba son hechos que se han denunciado desde hace mucho tiempo, pero que las autoridades han hecho caso omiso a eso. Esto se ha dicho en las mesas territoriales, en los consejos de paz e incluso la Defensoría del Pueblo ha alertado sobre el riesgo que corren las comunidades”, puntualizó José David Ortega.
Van 32 líderes asesinados
La cifra es de la Mesa Territorial de Garantías para Líderes Sociales y Defensores de Derechos Humanos. Entre 2016 y lo corrido de este 2019 han sido asesinadas 32 personas que fungían como líderes en sus comunidades en el departamento de Córdoba.
Con lista en manos, el director de la Fundación Cordobexia Andrés Chica Durango, reveló la escandalosa cifra.
Dijo que en el 2016, mientras el país se preparaba para la reconstrucción del tejido social a través del proceso de paz con las Farc, los asesinatos contra los líderes en vez de bajar tuvieron un aumento notable.
«Entramos a una fase donde el Estado debía dar garantías y suplir su ausencia en los territorios donde esa guerrilla causó terror por mucho tiempo, pero le ha quedado grande y no ha sido capaz de garantizar la vida de los líderes», expresó Chica Durango.
Acusó a las bandas criminales de ser las protagonistas de estos homicidios y de impedir la prolongación de los procesos de liderazgos en las comunidades, al punto de infiltrar a las organizaciones comunitarias como las juntas de acción comunal.
Considera que para ser líder en determinado territorio no se requiere estar reconocido ante ninguna autoridad ni tener distinciones y medallas; solo basta con abanderar un proceso comunitario, político o social para recibir el estatus y el reconocimiento entre su comunidad.
Dijo que en Córdoba hay reconocidos 275 líderes sociales, de los cuales 70 están amenazados o tienen algún nivel de riesgo y solamente 35 cuentan con un esquema de protección por parte del Estado.
Dos decesos y un atentado contra líderes sociales se registró este fin de semana
Pese a la masiva movilización en Colombia y varias ciudades del mundo contra el asesinato de líderes sociales en el país, realizada el pasado viernes 26 de julio, el panorama sigue siendo desalentador. Solo este fin de semana uno sufrió un atentado en Buenaventura y dos más fueron asesinados en Caquetá y Chocó.
Justo horas antes de que se realizara la marcha por la vida en Buenaventura, uno de los coordinadores del Paro Cívico, identificado como Carlos Tovar, fue atacado a tiros dentro de su propia casa por varios hombres armados. Su situación de salud sigue estando bajo pronóstico reservado.
De acuerdo al relato de sus familiares, los criminales ingresaron a su residencia con armas de fuego y le dispararon en varias ocasiones. De inmediato fue trasladado a un centro asistencial donde los médicos luchan por salvarle la vida. Tovar es coordinador de la mesa de acceso a la justicia, que trabaja por las tradiciones ancestrales del territorio.
El sábado 27 de julio fue asesinada la lideresa Yissela Trujillo, en Puerto Rico, Caquetá. Fue atacada a tiros mientras caminaba en la calle principal del municipio con su esposo; ella murió de inmediato y su compañero sentimental falleció poco después en el centro asistencial al que fue trasladado.
Las autoridades convocaron un concejo de seguridad con la Alcaldía de Puerto Rico para reforzar la seguridad de los defensores de derechos humanos e investigar el crimen, pues Trujillo y su familia ya habían denunciado amenazas.
Y el domingo 28 de julio fue asesinado el líder social indígena Emilio Vitucay en zona rural del municipio de Bagadó, en Chocó, luego de ser atacado por desconocidos armados también dentro de su propia casa.
Vitucay pertenecía al resguardo indígena de Alto Andágueda y trabajaba en proyectos de conservación del medio ambiente, pues en la zona hay presencia de minería ilegal y de la guerilla del Eln. En los últimos 12 meses, 10 líderes sociales han sido asesinados en Chocó.
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