Colombia | Carolina Cepeda Masmela, académica: “El gobierno desconoce la sistematicidad en el asesinato de los líderes sociales”
Entrevista a Carolina Cepeda Masmela, directora de la Maestría en Estudios Internacionales y profesora de la Facultad de Ciencia Política de la Pontificia Universidad Javeriana
Por Carla Perelló, de la redacción de NODAL
Desde enero de 2016 hasta el 30 de mayo de 2019 han sido asesinados un total de 482 líderes y lideresas sociales. Otros/as 982 fueron amenazados/as entre abril de 2018 y 2019. Los datos surgen de la Defensoría del Pueblo de Colombia que dio a conocer la información la semana pasada. Las cifras encienden las alertas en cada rincón, pero la conmoción en todo el territorio llegó el 21 de junio con el asesinato de María del Pilar Hurtado frente a su hijo de 9 años. Ante esa situación, organizaciones de derechos humanos, políticas y sociales exigieron al gobierno que se pronuncie y convocaron a movilizarse bajo la consigna “Marchemos por los líderes”, lema que se replicará también en más de cien ciudades del mundo. Por su parte, el presidente Iván Duque expresó su solidaridad con los líderes “que han sido víctimas de los grupos armados organizados al servicio del narcotráfico o de la extracción ilegal de minerales”. ¿Qué está pasando en Colombia? En esta entrevista con NODAL Carolina Cepeda Masmela, directora de la Maestría en Estudios Internacionales y profesora de la Facultad de Ciencia Política de la Pontificia Universidad Javeriana, explica la actualidad del país.
Los asesinatos de líderes y lideresas sociales parecen una moneda corriente que se incrementa en los últimos meses en Colombia, ¿Es así? ¿A qué se debe esta situación?
El asesinato de líderes sociales en Colombia tristemente es bastante común y no es una novedad en nuestra agenda. Si queremos podemos ir a los años 70 o a los años 60 del siglo pasado y vamos a encontrar que ha sido un arma utilizada de manera formal o informal de manera explícita o implícita por parte del Estado y de agentes paraestatales, que tiene como fin pues, en últimas, intimidar a la sociedad y desincentivar la movilización social. En los últimos años este fenómeno se ha visto con mucha fuerza, pero incluso se podría hacer un paralelo con lo que ocurrió con los procesos de paz de los años 80 y el exterminio de la Unión Patriótica en ese momento, entre finales de los 80 y comienzos de los 90. Todo ese proceso se vivió también con el movimiento guerrillero M19, así pues, se puede ver que está ocurriendo algo muy similar en los últimos años. ¿Cuál es la diferencia? Esta realidad del asesinato de líderes sociales se viene presentando desde el gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2018) y esto es algo que me parece que no debemos echar en saco roto. Tendemos a pensar que es algo exclusivo de este gobierno y no, tristemente, es algo que se viene arrastrando desde el gobierno anterior y es muy escandaloso porque precisamente se da en el marco de una negociación con las FARC (N de R: Fuerzas Armadas Revolucionarias devenido en partido político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común), pero también en el periodo de lo que debería ser la implementación del Acuerdo de Paz. Eso es de alguna forma lo que nos está prendiendo tanto las alertas. De todas maneras, dentro de todo lo negativo que hay en este contexto hay algo que sí valoro mucho y es el hecho de que la gente se está manifestando en contra, está reaccionando y está asumiéndolo como una afrenta contra la sociedad. Se vive como en carne propia y no únicamente como algo alejado en los territorios, sino que hace parte ya de nuestra vida cotidiana incluso en las grandes ciudades. En las últimas semanas se han recibido amenazas en distintos barrios de Bogotá, que no son barrios periféricos, sino céntricos, de clase media, clase trabajadora. Eso también muestra que esta violencia se está expandiendo por todo el territorio.
¿Hubo cambios en las políticas de gobierno desde la asunción de Iván Duque tras el gobierno de Juan Manuel Santos?
Creo que durante el gobierno de Santos había una especie de autocensura o más bien una especie de autocontrol, pero desde que asumió el presidente Iván Duque estos grupos de extrema derecha se han sentido un poco más «con el derecho a». Entonces vemos que las expresiones de odio y las expresiones de intolerancia cada vez son mayores. Hace unas semanas en el marco de las celebraciones del Orgullo Gay se vio en el departamento de Antioquia, por ejemplo, a una persona que destrozó a cuchillazos una bandera gay simplemente para manifestar su odio contra esta comunidad. Claro, no es equiparable al asesinato de un líder social, pero sí muestra cómo se rompe un poco lo que se considera que se puede hacer en público. Los límites se van corriendo cada vez más y si esto ocurre como una manifestación aislada de odio a una persona pues seguramente estos grupos, exparamilitares y nuevas bandas criminales sienten más derecho a actuar. Esto nos está llevando a un escenario de mayor exacerbación de ese ejercicio de la violencia. En tanto, los dos grandes problemas que hay en este momento son la restitución de tierras, que es uno de los grandes temas y, si uno se fija, la gran mayoría de estos asesinatos de líderes tienen que ver con la restitución de tierras o sustitución de cultivos ilícitos. Por otro lado, el tema minero y el tema ambiental. Líderes en contra de la megaminería, en contra de los efectos negativos de esta megaminería o defensores de la minería artesanal. Entonces, esto quiere decir que estamos ante un escenario de una nueva conflictividad social donde las viejas prácticas no se abandonan en Colombia.
¿Cuál es la expectativa con la marcha de este viernes de la que participarán organizaciones políticas de la oposición, pero que también se ha llamado al gobierno?
Hay muchas expectativas creo yo. Primero, porque va a ser uno de estos grandes momentos para mostrar que el país de 2019 no es el mismo país del 2002 cuando el expresidente Álvaro Uribe llegó a la presidencia e implementó toda su política de seguridad democrática (N de R: política adoptada durante ese gobierno que proponía fortalecer los órganos de seguridad, pero también involucrar a la sociedad con redes cooperantes hasta creación de unidades de soldados campesinos). El país ha cambiado mucho. Una parte del país es consciente de los derechos sociales y de los derechos políticos. Es consciente del Acuerdo de Paz que se negoció, de la necesidad de implementarlo, pero además es consciente de la necesidad de proteger la vida de las personas. Estos líderes sociales son líderes que luchan desde los barrios más pequeños, desde los municipios más alejados hasta los que están embarcados en causas de carácter mucho más nacional. El hecho de salir a denunciar esto, a reivindicar la necesidad de protegernos como sociedad, es muy importante. No solamente por el hecho de confrontar a un gobierno que no ha tomado las medidas necesarias, que no ha hecho gran cosa con respecto a este problema, sino también porque está confrontando a esa parte de la sociedad que a pesar de todos los cambios que hemos tenido sigue siendo indiferente y que necesita un llamado de atención para vincularse a los procesos políticos y para participar más activamente en la construcción de estas ciudadanías. El gobierno actual lanza mensajes que ni siquiera se pueden calificar como ambiguos sino simplemente mensajes que desconocen la existencia de un conflicto y de una sistematicidad en el asesinato de los líderes sociales. También es importante que este gobierno entienda que la sociedad colombiana lo percibe de otra manera y está dispuesta a denunciarlo y a exigir demandas.
