Según la ONU, se registraron en Colombia 12 casos de falsos positivos en 2018
En 2018 se registraron 12 casos de falsos positivos en Colombia, según ONU
En un informe de 62 páginas que publicó la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, sobre el derecho internacional humanitario en Colombia durante 2018, se registran varios factores que afectan a la población civil, pero hay una parte muy importante asegura que en 7 departamentos del país ocurrieron 12 casos de falsos positivos.
Los hechos habrían ocurrido en Antioquia, Huila, Arauca, Norte de Santander, Cesar, La Guajira y Magdalena en donde estarían involucrados policías e integrantes del Ejército Nacional.
Específicamente, en seis de los casos estarían involucrados integrantes de la Policía y en los otros seis, del Ejército.
La alta comisionada insiste «en que varios expertos de la ONU han señalado que el uso del Ejército en la lucha contra el crimen puede producir un incremento en las violaciones de los Derechos Humanos» por lo que la participación de la fuerza pública en hechos ajenos a ellos «producen distorsiones en su relacionamiento con otras autoridades estatales».
Por otro lado, el informe destaca los porcentajes de quienes son los responsables del asesinato de defensores de Derechos Humanos en Colombia en los que se registra que el 40% corresponde a grupos criminales y el 8% a disidencias de las Farc.
ONU reconoce importancia de métodos de protección propios de los pueblos indígenas
Al expresar preocupación por la situación de defensores de Derechos Humanos, la oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas destacó la importancia de fortalecer los mecanismos colectivos propios de prevención y protección como lo es la guardia indígena y reconoció las medidas de protección de carácter espiritual que adoptan los pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta y La Guajira.
Guillermo Fernández Maldonado representante adjunto de la oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, fue el encargado de entregar el informe correspondiente al año 2018, que por primera vez se da a conocer desde La Guajira.
Explicó que estos mecanismos de prevención y protección propios desempeñan un rol trascendental para los derechos de los pueblos indígenas y son una gran estrategia.
En este Informe Anual sobre la situación de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario en Colombia, se indica que de los 115 casos de defensores y defensoras asesinados en 2018 “…el 27 % (…) afectó a personas defensoras de los derechos humanos pertenecientes a pueblos indígenas (18 casos) y afrocolombianas (12 casos)”.
Según el informe siete de estas muertes tuvieron lugar en la región Caribe. Este año, hasta el 7 de junio de 2019, la Oficina recibió 76 denuncias de homicidios de defensores de derechos humanos, de las cuales han documentado 26 de esos casos y 3 de ellos son en el Caribe.
Señala igualmente que “el 93 % de los casos de homicidios a los cuales se le hizo seguimiento –en 2018- ocurrieron en contextos regionales que registran una débil o nula presencia del Estado Y son también el resultado de sustanciales retrasos en la implementación del Acuerdo de Paz, particularmente en lo relacionado con la reforma rural integral y la sustitución de los cultivos ilícitos”.
La oficina de la Alta Comisionada también expresó en el documento su preocupación por las agresiones cometidas contra los defensores pertenecientes a la comunidad de personas LGBTI, incluyendo, según Colombia Diversa, dos casos de homicidio y seis de amenazas.
“Merecen una mención especial los líderes de las Juntas de Acción Comunal, quienes muchas veces desarrollan su importante función en precarias condiciones de vida”, indica.
En cuanto a la Unidad Nacional de Protección, la Alta Comisionada señaló “con preocupación que, en muchas ocasiones, las medidas de protección otorgadas a los defensores y defensoras no respondían a los riesgos y complejidades del contexto en el que estos desempeñaban su labor”. Por ejemplo: “la corregidora de una zona rural apartada y afectada por el conflicto en el sur del país, quien fue amenazada en abril de 2018 recibió como medidas de protección en septiembre un botón de pánico, un celular y un chaleco antibalas. Sin embargo, no todos estos elementos eran idóneos teniendo en cuenta las dificultades de acceso y la falta de comunicaciones que existían en la zona donde la corregidora ejercía sus funciones”. Asegura que casos similares han denunciado defensores y defensoras indígenas en el departamento de La Guajira.
Informe Anual de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario en Colombia
Por qué el Estado no logra frenar asesinatos de líderes
Ante unas 100 personas invitadas como testigos, la Comisión de la Verdad reunió este martes en su primera audiencia pública a autoridades del Estado y a líderes sociales para buscar respuestas a los persistentes asesinatos de estos últimos, a pesar de las denuncias, de las anunciadas medidas de seguridad del Gobierno y de los esquemas de protección que tienen algunos.
¿Por qué la institucionalidad no ha logrado frenar estos crímenes? ¿Qué debemos hacer como sociedad para superar esta situación? ¿Cuál es el impacto de esos asesinatos en la democracia, la participación y el desarrollo de las comunidades?
Las preguntas fueron hechas por el presidente de la Comisión de la Verdad, Francisco de Roux, al fiscal general (e) Fabio Espitia, al procurador general, Fernando Carrillo, y al delegado por el Ministerio del Interior, Ricardo Arias, viceministro para la Participación.
De Roux hizo las preguntas tras advertir que se trataba fundamentalmente de abordar el tema desde el punto de vista ético y de reflexionar acerca de por qué los colombianos permitimos que 4.750 líderes social fueran asesinados en los últimos 30 años. Desde la firma del acuerdo de paz con las Farc –el 24 de noviembre del 2016– han sido asesinados , según la Defensoría del Pueblo, 462.
Sobre por qué los siguen matando, contestaron en primer lugar los propios líderes que enfrentan la violencia. Por ejemplo, Leyner Palacios, sobreviviente de la masacre de Bojayá, Chocó, dijo que “muchas veces” son “señalados erróneamente como subversivos”. Y Andrés Chica, líder del sur de Córdoba, consideró que en su departamento los matan también cuando no aceptan ser parte de la corrupción política. “El que no cae en el juego de ser corrupto es asesinado”, puntualizó Chica.
También los matan, según Marylen Serna, líder del Cauca, por pensar distinto. “En Colombia tenemos un modelo político de exclusión que desconoce la diferencia, la oposición”, anotó Serna.
A estas razones, el comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia, Alberto Brunori, agregó que a los líderes sociales en Colombia los matan “para perpetuar el statu quo. Hay sectores que viven de imponer la inequidad”, concluyó Brunori.
El Estado responde
Y sobre por qué la institucionalidad no ha logrado frenar los crímenes, el fiscal general (e) reconoció que el Estado no logra llegar a todas partes. “No ha llegado a muchos lugares, ese es uno de nuestros retos. A veces hay un asesinato y llegamos cinco días después”, admitió Espitia.
No ha llegado a muchos lugares, ese es uno de nuestros retos. A veces hay un asesinato y llegamos cinco días después
Para el Procurador general, hay varios hechos que siguen impidiendo superar la violencia contra los líderes sociales: la “indolencia” de la sociedad frente al problema, que las autoridades actúan de manera “reactiva y no preventiva”, y que el Estado toma acciones en las zonas urbanas, pero no en las rurales –donde se presenta una buena parte de los asesinatos–.
Frente a la ineficiencia del Estado en la protección de los líderes en su departamento, el gobernador de Nariño, Camilo Romero, dijo algo dramático: “Nariño ha sido mejor entendido por la criminalidad y la delincuencia que por el Estado”.
Romero hizo alusión a la manera como las bandas de narcotráfico y del crimen organizado llegaron a ocupar los territorios que dejaron las Farc y a las cuales el Estado sigue sin llegar.
Entre los invitados como testigos de la primera audiencia pública de la Comisión de la Verdad en la que los líderes sociales denunciaron las razones por las que los matan y las autoridades respondieron sobre por qué no se han podido frenar los asesinatos, estuvieron la embajadora de la Unión Europea, Patricia Llombart; el expresidente Ernesto Samper, el exministro del Interior Rodrigo Rivera, el presidente del partido Farc, Rodrigo Londoño, Timochenko; la procuradora delegada para la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Mónica Cifuentes, y funcionarios de la ONU y de la OEA.
Además, representantes de las Fuerzas Militares, de la Policía y periodistas.
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