Colombia: 479 líderes sociales asesinados en tres años, según la Defensoría del Pueblo
En los últimos 3 años han asesinado 479 líderes en Colombia: Defensoría del Pueblo
El Defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret, confirmó que, según los registros, entre enero de 2016 a abril de este año, han sido asesinados 479 líderes sociales en todo el país y 982, recibieron amenazas entre abril del 2018 y abril de 2019.
Según Negret, frente a las denuncias que han recibido por parte de los defensores de Derechos Humanos y líderes sociales lo que debe hacer el Estado es buscar una articulación con todas las entidades para que estas personas “tengan la tranquilidad de poder haciendo su trabajo en las regiones, veredas, corregimientos en los ríos.”
Así mismo, resaltó que es necesario que en el bajo Cauca antioqueño, Meta y Guaviare es necesario que haya mayor presencia institucional “en temas sociales, el ICBF, el Sena, todas las instituciones que lleguen y que haya mayor inversión social en estas zonas”.
Finalmente, explicó que la situación de las zonas con mayores índices de asesinatos y amenazas contra líderes se da por la disputa entre actores ilegales por el control de las economías ilegales como la extracción ilegal del oro y el narcotráfico.
Dos indígenas fueron asesinados en una cancha y ante centenares de personas
Hay alerta en la zona donde ocurrió el terrible crimen por el aumento de intimidaciones contra nativos y campesinos a manos de integrantes de supuestos grupos paramilitares.
En una cancha ubicada en zona rural de Caloto, norte del Cauca, y ante centenares de personas fueron asesinados los comuneros indígenas Carlos Alberto Biscué de 30 años, y Jordan Pequí.
“La información que tenemos es que se movilizaban en moto, estaban vestidos de civil, simplemente tenían capuchas, se colocaron las capuchas y dispararon”, dice Rafael Coicué, líder del cabildo de López Adentro.
“Las personas no tenían un rol de autoridad o de liderazgo, sin embargo, en las comunidades nos preocupan los asesinatos que se están dando de comuneros indígenas en este sector”, explica Edwin Capaz, coordinador de Derechos Humanos Acin.
En el norte del Cauca circulan numerosos panfletos, en los que supuestos grupos de Águilas Negras amenazan a líderes indígenas y campesinos, además los declaran objetivo militar.
“Son alrededor de 29 amenazas, algunas de tipo colectivo, otras con nombres precisos de integrantes del Proceso Organizativo Campesino Indígena y Afrocolombiano, y algunas que indican toques de queda, limpiezas en las grandes ciudades”, añade Edwin Capaz.
“Pero también es de notar que aquí en el norte del Cauca hay 30.000 soldados de alta montaña, 18 puntos de control entre Miranda y Santander (de Quilichao), pero no pasa nada, no vemos nada, no vemos ningún resultado, no vemos ningún control”, puntualiza Rafael Coicué.
El lamentable hecho se registró en la madrugada del pasado domingo 23 de junio. Otro comunero que también fue víctima de un atentado ese mismo fin de semana permanece en cuidados intensivos.
Tras asesinato de María del Pilar Hurtado, lideresas piden garantías
Tomando como referencia el caso de María del Pilar Hurtado, quien fue asesinada este 21 de junio en frente de su hijo menor de edad, en Tierralta, Córdoba, varias lideresas sociales del país hablaron de la falta de garantías que tienen para ejercer su labor y la crítica situación de inseguridad que viven.
Lo hicieron desde Medellín, donde tuvieron varios encuentros liderados por el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) y que se realizaron previos a la 49 Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), que se lleva a cabo desde este miércoles hasta el viernes.
Audes Jiménez, coordinadora regional andina de la Red de Mujeres Afrolatinoamericanas y Afrocaribeñas y de la Diáspora, expresó que en el Caribe colombiano los líderes sociales viven una difícil situación por el reacomodo de estructuras paramilitares, lo que genera constantes amenazas y asesinatos.
“Las autoridades salen a decir que el caso de María del Pilar Hurtado no tiene nada que ver con temas de reparación ni de tierras. Es mentira. Todos los asesinatos y las amenazas que se están produciendo en el Caribe a líderes y lideresas afro, indígenas y miembros de las Juntas de Acción Comunal tienen como elemento fundamental el tema de la defensa de la tierra. Otras están relacionadas con el control electoral de la región”, expresó Jiménez.
Por su lado, Francia Márquez, lideresa social y ambiental quien sufrió un atentado en su contra en mayo de este año, opinó que el asesinato de Hurtado es también una consecuencia del racismo que sigue presente en Colombia.
“El racismo estructural es el que hoy permite que las mujeres sigamos siendo violentadas y asesinadas, como pasó con la compañera María del Pilar Hurtado hace unos días. Tenemos rabia y coraje porque no es posible que un país esté hablando de paz con un discurso vacío, que no alcanza a mover a mucha gente que está en la ciudad y que no le tocó vivir el conflicto armado. (…) Nosotros fuimos los que le dijimos “sí” a la paz y hemos puesto los muertos”, dijo Márquez.
Márquez añadió que a las pocas garantías de los líderes sociales se suma la crítica situación que siguen atravesando territorios como Tumaco, Chocó y el norte del Cauca, donde los grupos armados ilegales no cesan de reclutar jóvenes de manera violenta.
Entre tanto, Luz Marina Becerra, integrante de la Asociación Nacional de Afrocolombianos Desplazados (Afrodes) hizo un llamado frente a la indiferencia de las personas que rodearon al hijo de Hurtado y cuya conmoción quedó registrada en un video que circuló en redes sociales.
“En Colombia, la violencia se ha naturalizado tanto que ya vemos matar a alguien y no nos da nada. El fin de semana, cuando mataron a la compañera María del Pilar Hurtado, vimos que el niño se retorcía frente a la impotencia y la rabia de ver cómo mataron a su madre y no recibió un abrazo en ese momento”, manifestó.
Por su lado, la comisionada en la CIDH, Margarette May Macaulay, relatora de los derechos de las mujeres y la población afrodescendiente en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, recordó que la población afro fue la que más sufrió por cuenta del conflicto armado en Colombia, por asesinatos, pérdida de propiedades y desplazamientos forzados.
La comisionada añadió que en la actualidad, muchos desmovilizados han asumido el control en zonas en las que someten a los habitantes para iniciar cultivos ilegales.
Por último, la comisionada Ángela Salazar, integrante de la Comisión de la Verdad, manifestó que el asesinato frecuente de líderes sociales en Colombia “es una preocupación de todo el sistema porque nos resta la oportunidad de avanzar en el trabajo del esclarecimiento de la verdad”.
