Llamado ultra – La República, Perú
Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de Nodal. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.
Ha llamado la atención la reciente declaración pública y agresiva de un grupo de ciudadanos, entre ellos periodistas, abogados, exparlamentarios, exmagistrados, exministros y excandidatos sin éxito a todo cargo de elección popular, que convocan a una confluencia en claro rechazo a los procesos anticorrupción y en abierta simpatía de los postulados de la ultraderecha peruana.
La lista de firmantes trae pocas sorpresas, acaso dos o tres personalidades que han pasado con armas y bagajes al otro lado del escenario, abjurando de los principios democráticos que defendieron durante décadas. El resto, es una lista conocida de ultraconservadores que anuncian acciones políticas.
La lectura del comunicado ultra indica que para ese sector no existe corrupción sino persecución política. Los firmantes no se dan por enterados de los casos de corrupción que involucran a los cuatro últimos presidentes, una excandidata presidencial ahora detenida, decenas de exministros y viceministros implicados y una larga lista de empresarios, alcaldes y gobernadores regionales procesado o detenidos. Raro proceder de quienes, por otro lado, aplauden las investigaciones y sentencias de quienes consideran sus adversarios.
Bajo el entendido de los firmantes del pronunciamiento, la defensa de la política y de su carácter generador y promotor de la democracia, es la defensa de los acusados de corrupción, de manera que su principal demanda es el cese de lo que denominan la “criminalización de la política”. Si los jueces acataran su llamado, deberían ser liberados los políticos detenidos por corrupción, deberían cerrarse los expedientes de investigación, detenerse los procesos de extradición de Alejandro Toledo y César Hinostroza, en tanto el Congreso debería dejar de investigar y sancionar a los altos funcionarios denunciados.
Finalmente, un rasgo peligrosamente fanático del comunicado es el anuncio de una lucha contra la “infiltración estatal” de lo que considera un “pensamiento moralizante” y “políticamente correcto” que supuestamente niega el pluralismo, el rol de la familia y la responsabilidad de los padres en la educación de sus hijos. Más allá de la revelación de que lo correcto y lo moral les produce rechazo –a confesión de parte, relevo de pruebas–.
Estamos advertidos de la enfática intención de fusionar la agenda de la ultraderecha, marcada por la exclusión y la fobia a los derechos y libertades, con la agenda de los sectores investigados por corrupción, una guerra no santa del pasado con el futuro. Alguien diría, Dios los cría…
