Desfalco de Petrocaribe en Haití: un juez ordena congelar fondos y bienes a personas implicadas
Avanza archivo judicial de Petrocaribe en Haití por corrupción
El juez de instrucción, Ramoncite Accimé, quien tiene hoy a cargo el archivo de Petrocaribe, emitió una orden para congelar los fondos y bienes de las personas implicadas en el caso.
El letrado también solicitó a la Unidad Anticorrupción y a la Unidad de Inteligencia Financiera que presenten un informe detallado sobre las declaraciones de activos de los afectados, al entrar y salir de los cargos estatales.
Asimismo, pidió a la Oficina de Asuntos Económicos y Financieros de la Dirección Central de la Policía Judicial, un reporte sobre los bienes de las personas a las que se refiere la orden.
Las disposiciones judiciales son las primeras que se dictan desde que el caso pasara a la agenda mediática a mediados de 2017, cuando una investigación del Senado reveló que más de dos mil millones de dólares provenientes del programa energético venezolano Petrocaribe fueron malversados por unos 14 exfuncionarios haitianos.
Los ex jefes de Gobierno Laurent Lamothe y Jean Max Bellerive; los otroras titulares de carteras, Wilson Laleau, Marie Carmel Jean-Marie, Jacques Gabriel y Stéphanie Balmyr Vildrouin, así como los antiguos directores generales de la Oficina Monetaria del Programa de Ayuda al Desarrollo, MichaÃ’l Lecorps y Eustache Saint-Lot y las empresas ENERSA y Solar Haiti, Texaco S.A, fueron señaladas como parte del archivo.
En octubre pasado, una manifestación multitudinaria demandó al Gobierno un juicio por el caso, y tras la presión el presidente Jovenel Moise ordenó abrir una investigación judicial que esclareciera los hechos.
A mediados de este mes, la indagación senatorial, corroborada luego por el Tribunal de Cuentas de Haití, pasó al gabinete de investigación del Ministerio Público, y según declaró el comisionado gubernamental de Puerto Príncipe, Paul Eronce Villard, independientemente del período durante el cual se cometió el delito, el acusado será juzgado de conformidad con el Código Penal haitiano o la ley de 9 de mayo de 2014.
Para la Fundación Je Klere, que ha sido bandera en la denuncia del desfalco a los fondos públicos, se han dado pasos en relación con el caso, aunque deploró que se obviaran algunos documentos anexos a la acusación.
Haití suscribió el acuerdo de Petrocaribe en 2007, lo que le permitió acceder al crudo venezolano, junto con otra veintena de países, a precios blandos, y con una baja tasa de interés.
El sustancial ahorro debía emplearse en atender las graves problemáticas de la nación en materia alimentaria, habitacional, energética, ecológica, sanitaria, educativa y de infraestructura.
Petrocaribe : le juge d’instruction exige le gel des fonds des indexés
Le cabinet d’instruction sur le dossier Petrocaribe exige le gel des fonds et biens des personnes physiques et morales qui font l’objet de l’instruction. Il réclame aussi un rapport détaillé sur les déclarations de patrimoine à l’entrée et la sortie des fonctions des personnalités concernées.
Le Juge Ramoncite Accimé qui instruit l’affaire Pétrocaribe a rendu deux ordonnances dans le cadre de cette affaire. Dans une décision rendue en date du 21 mars 2019, le magistrat instructeur a pris des mesures conservatoires contre les personnes physiques et morales indexées dans le réquisitoire introductif du commissaire du gouvernement près le tribunal de première instance de Port-au-Prince, selon ce que rapporte la directrice exécutive de la Fondation Je Klere, Marie Yolène Gilles à Radio Vision 2000.
Les personnalités concernées par cette ordonnance sont : Laurent Lamothe et Jean Max Bellerive, deux anciens premiers ministres de l’administration de Michel Joseph Martelly, deux anciens ministres de l’économie et des finances Wilson Laleau et Marie Carmel Jean-Marie, l’ancien ministre des travaux publics, transports, communications et de l’énergie Jacques Gabriel, l’ancienne ministre du tourisme Stéphanie Balmyr Vildrouin. Des anciens directeurs généraux du bureau monétaire du programme d’aide au développement (BMPAD), Michaël Lecorps et Eustache Saint-Lot et des entreprises ENERSA et Solar Haïti, Texaco S.A sont également visés dans l’ordonnance du magistrat instructeur. Ces mesures conservatoires du juge d’instruction visent à garantir le trésor public, explique Marie-Yolène Gilles.
Dan une précédente ordonnance du 20 mars, le magistrat instructeur indique avoir décelé la commission des infractions de corruption. En ce sens, il exige le gel des fonds et biens des personnes physiques et morales qui font l’objet de l’instruction. Il enjoint également à l’unité de lutte contre la corruption (ULCC) et à l’unité de renseignements financiers (UCREF) de lui soumettre un rapport détaillé sur les déclarations de patrimoine à l’entrée et la sortie des fonctions des personnalités concernées.
Dans la même veine, le magistrat instructeur demande au bureau des affaires financières et économiques de la direction centrale de la police judiciaire un rapport sur les biens des personnalités visées dans l’ordonnance.
La fondation Je Klere se félicite des avancées enregistrées dans le dossier PetroCaribe. Toutefois, elle se plaint le fait que certains documents annexés au réquisitoire du commissaire du gouvernement n’ont pas été pris en compte.
Diputados aprueban ley para aumentar salario mínimo en Haití
La Cámara baja de Haití aprobó hoy un proyecto de ley para aumentar el salario mínimo a trabajadores de establecimientos industriales y comerciales, de 420 (unos 5,25 dólares) a 750 gourdes (9,38 dólares) diarios.
Setenta y siete diputados votaron a favor, ninguno en contra y uno se abstuvo, en la segunda sesión realizada este año por los parlamentarios, luego de la interpelación del primer ministro Jean Henry Céant.
El proyecto modificará la ley del 10 de septiembre de 2009, y ahora espera la votación en el Senado para entrar en vigor.
Aunque aún se aleja de las peticiones de los empleados que demandan un sueldo de mil gourdes diarios (unos 12,5 dólares) para solventar la inflación y el constante aumento de los precios de los productos de primera necesidad, algunos señalan que constituirá un respiro en medio de la tensa situación económica del país.
Desde mediados del pasado año, el sindicato del sector de la subcontratación protagonizó grandes movilizaciones por el aumento salarial, así como demandas de seguridad social y acceso a servicios básicos.
En octubre último, el Gobierno decretó un incremento de entre 15 y 100 gourdes (18 centavos y 1,25 dólares) diarios de los honorarios de los trabajadores, lo que generó una gran polémica en el país.
Para el senador Jean Rigaud Bélizaire, un incremento mayor podría llevar a la supresión de empleos y provocar reacciones negativas entre los dueños de compañías, así como la revocación de negocios de fábricas, especialmente en el sector de la subcontratación.
Sin embargo, el activista sindical y director ejecutivo de la Plataforma Haitiana de Promoción para el Desarrollo Alternativo, Camille Chalmes, describió la decisión como ‘inaceptable’ y señaló que la devaluación acelerada de la moneda nacional con respecto al dólar estadounidense, no permitirá a los pobres mantenerse con los escasos sueldos que perciben.
De aprobarse esta medida, aún quedarán otros seis segmentos de la clase trabajadora, para los cuales los salarios permanecen inamovibles.
VOLVER
