Más informalidad, pobreza y desigualdad – El Comercio, Ecuador
Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de Nodal. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.
La contratación de nuevos trabajadores en las empresas depende mucho de la certidumbre sobre el futuro de la economía. El año pasado hubo más dudas que certezas -sobre todo en el primer semestre – y el resultado fue en un deterioro en la calidad del empleo en el país.
El crecimiento económico del Ecuador en el 2018 fue de apenas 1,1%, cuando la población aumenta a tasas del 2%. Eso significa que la economía no tiene la capacidad para absorber a la nueva mano de obra que ingresa al mercado a buscar trabajo.
Ante la falta de oportunidades laborales, las personas hallan la manera de salir adelante y la calle ha sido una opción. Los parques, las avenidas de mayor circulación vehicular y las veredas son el lugar de trabajo de los nuevos informales. Al cierre del año pasado, 46 de cada 100 empleados estaban en esta situación. Esta tasa de informalidad es la más alta para un mes de diciembre desde que existe información comparable. En ciudades como Quito o Guayaquil hay una proliferación de vendedores ambulantes, en su mayoría hombres, sin ningún tipo de seguro y con ingresos mensuales que apenas llegan a USD 138, en promedio.
La informalidad, en el lenguaje del Instituto de Estadísticas y Censos (INEC), forma parte del denominado ‘otro empleo no pleno’, el cual registró a 2,3 millones de personas en diciembre del 2018, un 18% más comparado con igual mes del 2017. Con esta realidad en las calles no sorprende que la pobreza y la desigualdad también hayan aumentado en las zonas urbanas del país.
Según los datos del INEC, en diciembre del 2018 la tasa de pobreza subió dos puntos frente al mismo mes del año previo y la misma tendencia tuvo la desigualdad, medida a través del coeficiente de Gini. Cambiar esta realidad es una tarea que depende de un acuerdo entre Gobierno, empresarios y trabajadores con dos objetivos: impulsar el crecimiento económico y reformar las leyes que sean necesarias para modernizar el mercado laboral, garantizar empleos de calidad y fomentar la distribución de la riqueza.
