Guatemala: año de huracanes políticos – Por Ana Lucía González
Los primeros días de enero marcaron el preludio de lo que se prevé como un año complejo y decisivo en la historia política y de lucha contra la corrupción en el país. Un panorama difícil de predecir para los analistas, donde unos auguran un futuro de nubarrones negros, y otros observan una luz al final del túnel.
La serie de acciones del gobierno de Jimmy Morales al desconocer en forma unilateral el mandato de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), calificadas de ilegales; contrastaron con el rechazo enérgico de tal decisión por parte del secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, y el pulso de la Corte de Constitucionalidad (CC) de suspender toda decisión del gobierno de Morales. Todo ello ha puesto de nuevo al país en el ojo del huracán y generado dudas sobre las posibles consecuencias en el mediano plazo.
Algunos lo visualizan como un año donde se comienza con mal pie, con retrocesos y despropósitos. Otros en cambio, lo ven como una oportunidad para enderezar el rumbo del país y otros más cuestionan si más allá de estos escenarios, podemos continuar con un modelo de desarrollo económico “obsoleto”. Todo esto dentro de un contexto de elecciones generales previstas en primera vuelta para el 16 de junio, cuando está por definirse la continuidad del mandato de la CICIG, (estimada para finalizar el 3 de septiembre); donde también será año para elegir a las autoridades máximas del Organismo Judicial, además de definir quién será el próximo Contralor General.
Cuatro analistas comparten su visión de lo que se prevé como un año lleno de desafíos para la continuidad de la democracia, la gobernabilidad y el fortalecimiento de las instituciones en Guatemala.
Incertidumbre
El escenario inicial que identifica el sociólogo Manuel Villacorta es el de un Estado fragmentado. Por un lado, se encuentra la Presidencia, Cancillería y Ministerio de Gobernación, los cuales se enfrentan a instituciones como el Ministerio Público, la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) y la Corte de Constitucionalidad, ente que se ha convertido en una especie de “pararrayos” de la crisis institucional latente, sostiene.
“Es gravísimo, pues genera incertidumbre política, económica, daña la imagen del país y genera dudas en cuanto al proceso electoral y de otras autoridades de justicia”, expone. Para Villacorta parte de los agravantes de este gobierno es que además de reproducir el modelo de administraciones anteriores, confrontó la lucha contra la corrupción a todo nivel, perdió liderazgo en política exterior, sumado a la ineficiencia en el gasto público. “Nos toman como un país que no acata acuerdos”, dice.
Para la antropóloga social, Irmalicia Velásquez, estas acciones dejan claro que los intereses del actual gobernante no responden a los intereses del país, sino de quienes identifican a la CICIG como su enemigo. Entre estos, grupos de la oligarquía organizada en el CACIF y la Fundación contra el Terrorismo que ven concluido un trabajo que se fue tejiendo con anticipación, desde instancias locales e internacionales. “Pareciera repetirse el mismo discurso de 1954 donde se expulsó a Jacobo Arbenz del poder”, recuerda.
Elecciones, una moneda al aire
El escenario electoral parte de plantearse si van a celebrarse los comicios en junio próximo o si sigue la amenaza latente de un rompimiento constitucional. Hasta el momento, la contienda registra 25 partidos políticos y una mezcla entre políticos tradicionales y caras nuevas.
La antropóloga Velásquez considera tres posibles sucesos. El primero el de una sociedad civil empoderada donde se vele porque las instituciones cumplan con su mandato y se pueda retomar el rumbo del país. El segundo escenario es que se cancelen las elecciones. “Morales buscará perpetuarse en el poder con vías a formar una dictadura como Honduras o Nicaragua”, asegura Velásquez. Un tercer escenario consistiría en que las elecciones se van a realizar dentro de un espacio ideal de respeto a todas las propuestas, donde espera que la población escoja a los candidatos más capaces. “Será una oportunidad para el votante de sacar al país de este caos”, afirma.
Entre tanta oferta electoral, Villacorta identifica cuatro vertientes. La primera, la de la partidocracia corrupta y reciclada con nuevos slogans. Una segunda corriente alrededor de Thelma Aldana, que considera se está debilitando debido a que no ha logrado la cohesión esperada. En un tercer espacio, el movimiento del Comité de Desarrollo Campesino (Codeca), el cual es fuerte, con un verticalismo político evidente, no dispuesto a alianzas y con objetivos basados en reivindicaciones sociales radicales. Por último, observa los movimientos progresistas, no solo políticos, no vinculados al crimen organizado o la corrupción que buscan unificar acuerdos. “Esta última es la más importante”, destaca.
En cambio, el analista económico Paul Boteo considera que si bien existe mayor certeza de que se concreten las elecciones, estas se darán pero en el marco de un sistema que se sigue degradando y de enorme retroceso. Entre tantos candidatos, no observa a alguien con posibilidades reales, excepto Thelma Aldana y Sandra Torres. “Soy bastante pesimista”, afirma.
El empresariado
Villacorta observa un rol del empresariado debilitado en su influencia económica y política, que ha manejado un doble discurso y en contra de la lucha contra la corrupción. Todavía no observa que apoyen a determinado candidato o partido. “Les preocupa el avance de los partidos de izquierda democrática”, asevera.
Ante la falta de financiamientos electorales, esta vez el debate político será determinante para enfrentarse a través de las propuestas. De manera que, con una población más alerta y formada “se verá quién es el mejor”, dice con total entusiasmo.
Boteo coincide en que no vislumbra un proyecto político que los represente hasta el momento. Lamenta que las elites empresariales no se involucren en la política partidista como sí lo hacen en países como Colombia.
Más participación, más división
La lucha contra la corrupción ha contado con la participación activa de la población, quienes ya sea con velas, banderas, frases como #NoAlMoralazo o ametralladoras, han manifestado su postura en distintos escenarios.
Para Manuel Villacorta es un mito que exista confrontación entre la población por este tema, donde según encuestas, el 85 por ciento de la población apoya el trabajo de la CICIG. “No hay ninguna polarización social en torno a la lucha contra la corrupción”, enfatiza.
Irmalicia Velásquez observa que esta participación se suma cada vez más desde distintos rincones del país. “Veo una fuerza nutrida por múltiples sectores, voces profesionales, organizaciones estudiantiles, tanto en el interior como en la capital”, expresa. A su criterio, esta participación activa será crucial para marcar el rumbo, donde asegura que “la historia nos demuestra que las revoluciones las hacen los jóvenes”.
Si bien es cierto, ahora las personas están más informadas gracias a la tecnología, todavía hay diferencias en cuanto a que las luchas se libran en la capital, puesto que es allí donde están las instituciones. De esa cuenta, comunidades achíes o ixiles se han movilizado hacia el centro del poder en el afán de que su voz se escuche. “Los pobladores saben cuánto golpea la falta de políticas públicas en las comunidades”, dice.
Boteo, en cambio, observa actualmente una sociedad dividida, donde los grupos en contra de la CICIG lograron permear un discurso que ha calado, considerando que este ente ha hecho daño al país, con una agenda enfocada en implantar el modelo venezolano. “No es la mayoría, pero es parte de la elite del país y eso es relevante”, indica. En consecuencia, ve un escenario poco esperanzador donde los intereses oscuros van a continuar operando en el país, desde los tres poderes del Estado.
Modelo económico agotado
El analista económico Edgar Balsells prefiere alejarse de la abundancia de análisis políticos y jurídicos y se enfoca en las repercusiones económicas de una crisis que impacta en la vida material de los guatemaltecos. Parte de que el modelo económico actual ya no es viable, más bien es un modelo enfermo. “No se puede seguir con el mismo esquema agotado de monocultivos, ganado, expulsar población hacia el Norte, pues se ha visto que no permite el despegue del país y nos aleja de atraer inversionistas”, observa.
Considera que se necesita un modelo transformador enfocado en la globalización, en donde países vecinos, por ejemplo, centran sus esfuerzos en atraer rubros como el turismo, mejorar la conectividad, construir centros tecnológicos de servicios y están en camino de la Cuarta Revolución Industrial.
Para lograr cambios reales, resalta importancia de un liderazgo que tenga la visión de fortalecer modelos de administración intermedios, basado en la meritocracia, que aporte soluciones administrativas y tecnológicas. “La población quiere obras, empleo, infraestructura, mejoras en transporte y seguridad”, concluye.
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