El gobierno de Guatemala rechaza propuesta de Iván Velásquez sobre su renuncia y la CICIG
El vicepresidente Jafeth Cabrera afirmó que la posibilidad de que el comisionado Iván Velásquez presente su renuncia para que la Cicig continúe en el país es una propuesta “extemporánea”.
Con el argumento de que Iván Velásquez, jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), guardó “18 meses de silencio”, el vicepresidente Jafeth Cabrera rechazó la posibilidad de que Guatemala permita que la comisión termine su mandato en septiembre próximo y a cambio el comisionado renunciaría.
“Después de 18 meses de silencio, el comisionado presenta una situación que es extemporánea. Hasta ahorita viene a pronunciarse”, respondió Cabrera a preguntas de periodistas después de la reunión del Gabinete Económico este miércoles.
El funcionario dijo que cualquier propuesta debe hacerse a través de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), pero que “ellos nunca han tenido comunicación -con el Gobierno de Guatemala- “.
El martes, en una entrevista con el diario colombiano El País, Velásquez aseguró que “no tendría ningún problema en renunciar” a cambio de que el gobierno guatemalteco garantice que la Cicig continuará sus labores hasta finalizar su mandato, el 3 de septiembre de este año.
El comisionado, sin embargo, también aseguró que la situación actual no se debe a su presencia en la comisión sino a que buscan “garantizarse impunidad a como dé lugar y para ello requieren recuperar el control absoluto de la Fiscalía y del organismo judicial”.
En Ley
“Estamos cumpliendo con la Ley”, dijo vicepresidente para responder si el Ejecutivo acatará el amparo de la Corte de Constitucionalidad (CC) que suspendió la anulación unilateral del convenio de Cicig que el Gobierno hizo el 7 de enero último.
Cabrera agregó que existe un proceso jurídico que se está ventilando en el Congreso, aunque no aclaró de qué proceso se trata. “Estamos cumpliendo con la Ley”, reiteró.
El Congreso recibió el martes el expediente de antejuicio en contra de tres magistrados de la CC, que fue tramitado por la Corte Suprema de Justicia.
La Comisión Pesquisidora podría ser integrada este miércoles durante la sesión plenaria.
El antejuicio fue promovido por la Asociación Dignatarios de la Nación en contra de los magistrados de la CC Bonerge Mejía, Gloria Porras y José de Mata Vela, quienes son señalados de prevaricato, violación a la Constitución, resoluciones violatorias a la Constitución y abuso de autoridad, por extralimitarse en temas de política exterior.
Nuevo caso de corrupción sacude a Guatemala
Un nuevo caso de corrupción sacude a Guatemala y esta vez involucra al Ministerio de Salud Pública.
En la mañana del viernes, el Ministerio Público y la Policía Nacional Civil en una operación conjunta capturaron a 11 involucrados en ilegalidades en perjuicio de la administración de la cartera.
De acuerdo con ambas entidades, sobre el exministro de Salud Jorge Villavicencio pesa una orden de captura.
Los actos de corrupción bajo indagación se habrían cometido en 2014 y por el momento el caso se encuentra en reserva, por lo que aún se desconocen los detalles.
Según un artículo de Fernando Chang en la página Plaza Pública, en Guatemala la magnitud de la corrupción en el sector público ha tenido al menos 19 impactos negativos en la economía y desarrollo del país.
Entre ellos, una baja en la clasificación de riesgo país, Estado de derecho débil, poca institucionalidad y un exorbitante atraso en las condenas del sistema de justicia, subraya.
Agrega que los guatemaltecos fueron partícipes en marchas pacíficas en la Plaza de la Constitución ante los hechos de corrupción investigados por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y el Ministerio Público, en 2015 y 2016.
De la misma forma, en 2017 hubo manifestaciones pacíficas que tuvieron su génesis cuando el comisionado de la Cicig, Iván Velásquez, investigó por financiamiento electoral ilícito al presidente, Jimmy Morales, y simultáneamente este último pedía que el comisionado abandonara el país.
Para Chang, las acciones del mandatario originaron un despertar en la participación ciudadana similar al de 2015.
La semana pasada, el Gobierno de Morales determinó cerrar de forma unilateral un acuerdo con Naciones Unidas que le da vida a dicha Comisión, aunque la Corte de Constitucionalidad ordenó la continuidad del convenio.
La Cicig es un organismo internacional independiente establecido en virtud del citado acuerdo en el 2007, en respuesta a la solicitud de asistencia que hizo el ejecutivo de este país.
Su objetivo es apoyar y fortalecer a las instituciones del Estado encargadas de la investigación y persecución penal de los delitos cometidos por cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad.
Entre otros, la Cicig contribuyó a esclarecer el caso de contrabando de contenedores, y el de la exvicepresidenta Roxana Baldetti, declarada culpable de fraude, tráfico de influencias y asociación ilícita en un contrato con el Gobierno.
