Acusaciones cruzadas por evasión y corrupción contra los opositores Bukele y Calleja

729

FMLN pide a FGR que informe a la población sobre presunta evasión fiscal de Bukele

La diputada del FMLN, Yanci Urbina, junto a demás diputados de la fracción asistieron este jueves a la Fiscalía General de la República (FGR) para pedir a la institución que informe a la población sobre una presunta evasión fiscal y enriquecimiento ilícito de Nayib Bukele.

“Un escrito dirigido al señor fiscal General de la República en el cual le solicito que informe a la población sobre los avances del caso remitido por la corte Suprema de Justicia en junio de 2018 por presunto enriquecimiento ilícito por parte del candidato Nayib Bukele”, expresó Urbina, quien agregó que en aquel momento se consideró el presunto cometimiento de evasión de impuesto.

La diputada dijo que en el escrito también solicitó al fiscal General que confirme si efectivamente la institución recibió un anuncias o avisos por parte de la Unidad Penal del Ministerio de Hacienda que “confirmaba” el hecho.

Desde el inicio de la campaña electoral el candidato presidencial por GANA ha manifestado que tanto ARENA como el FMLN han querido impedir su candidatura y montar una campaña sucia contra él.

Contrapunto


Banco Mundial confirma que Grupo Calleja es concesionario del Estado

La candidatura presidencial de Carlos Calleja por ARENA sería inconstitucional según el principio de precedente de jurisprudencia de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) debido a una sentencia emitida en 2014. Información publicada por el portal de Transparencia del Banco Mundial revela la relación entre la empresa de su familia como accionista en un conglomerado con concesiones estatales en el puerto de Acajutla, Sonsonate. La participación del candidato en cualquiera de las empresas de Grupo Calleja podría contravenir artículos contra la corrupción de la Constitución de la República que establecen la idoneidad de los candidatos a la Presidencia.

Según la información del Banco Mundial, el asocio Quantum-GLU que ganó la licitación involucra a la empresa Invenergy Clean Power LLC, que cuenta con inversión del 17,6% de su capital proveniente de la empresa Calleja S.A. de C.V., compañía de la familia del candidato de la Alianza por un Nuevo País.

La concesión, ganada en 2013 durante la primera presidencia del FMLN, es para suministrar energía a DelSur en la zona del puerto de Acajutla por medio de una planta de gas natural, en uno de los proyectos con mayor inversión en la historia del país, de $800 millones de dólares.

Calleja, quien ostenta el cargo de vicepresidente del Grupo Calleja, no ha renegado de su vinculación a los negocios de su familia desde que se lanzó como presidenciable por el partido ARENA. Esto podría contravenir el artículo 152 de la Constitución de la República, que establece las condiciones en que una persona no podría ser presidente de la República.

“Los que tengan pendientes contratos o concesiones con el Estado para explotación de riquezas nacionales o de servicios públicos, así como los que hayan aceptado ser representantes o apoderados administrativos de aquellos, o de sociedades extranjeras que se hallen en los mismos casos”, detalla la Carta Magna.

En 2014 la Sala de lo Constitucional de la CSJ decretó inconstitucional la candidatura del expresidente Elías Antonio Saca por violentar el mismo inciso. Este precedente podría impedir la candidatura y eventual función de Calleja como presidente de la República si resultara electo.

En dicha ocasión, el máximo ente constitucional explicó que la aplicación de dicha disposición debe ser incondicional, pues busca evitar cualquier forma de corrupción.

“La disposición trascrita está dirigida a promover la integridad en el desempeño de la Presidencia de la República, al evitar un entrelazamiento clientelas político-económico que constituiría una forma de corrupción”, cita la sentencia fechada el 25 de junio de 2014.

Según la Sala, para considerar una falta al artículo 152 “bastaría que una de estas [empresas] sea concesionaria del Estado y que el ciudadano referido siga vinculado a ella, de modo relevante”.

El ente colegiado también advirtió entonces sobre la posible intención de desligar “preventivamente” al candidato de su relación empresarial con el Estado como mera apariencia constituye “fraude a la Constitución”.

“El fraude a la Constitución se comete porque se respeta formalmente la prohibición de ser representante o apoderado de una sociedad concesionaria, pero se incumple sustancial o materialmente la obligación de desvincularse de manera real, completa y efectiva del riesgo de un conflicto de intereses, por la subsistencia de relaciones, nexos o vínculos objetivos con el titular de la concesión estatal”, advirtió la Sala en su sentencia.

Las elecciones presidenciales se realizarán el próximo 3 de febrero y la participación del candidato de ARENA podría provocar una disputa legal sobre su validez a partir de esta información.

La sentencia de la Sala, emitida después de las elecciones presidenciales de 2014, no impidió la participación del expresidente Saca, quien buscaba un segundo período al frente del Órgano Ejecutivo, pero sí podría haber invalidado su resultado de haber sido electo.

“La persistencia de la situación de conflicto de intereses prohibida por la Constitución es apreciable y por ello debe declararse inconstitucional la resolución del TSE impugnada en este proceso”, detalló la Sala.

Actualmente, el expresidente Saca purga una pena de 10 años de prisión tras confesar haber usado sus empresas y otras afines a él para extraer del Estado más de $300 millones de dólares de los fondos del Estado.

El exmandatario confesó que utilizó ese dinero para sufragar gastos particulares como el pago de tarjetas de crédito a su esposa, viajes de lujo, compra de bienes e inmuebles, y la construcción de su mansión en el volcán de San Salvador que según la Fiscalía General de la República (FGR) está valorada en $8 millones de dólares.

Contrapunto


TSE empieza traslado de paquetes electorales

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) comenzó este jueves el traslado de los paquetes electorales que contienen las papeletas con las que los ciudadanos votarán el 3 de febrero para elegir al que será presidente del país los próximos 5 años.

El ente colegiado informó de que los paquetes, que contienen además de las papeletas, instructivos y otros materiales, fueron trasladados a los departamentos de Santa Ana, Sonsonate, Ahuachapán, San Vicente, La Libertad y Cabañas, ubicados en diversas zonas del país.

La entidad indicó que los miembros de la Dirección de Organización Electoral del TSE entregarán la documentación a la Junta Electoral Departamental de cada localidad, proceso que es supervisado por la Fiscalía General de la República (FGR) y observadores electorales.

En los próximos días el organismo colegiado enviará a los departamentos que restan, que no fueron especificados por la fuente, los paquetes electorales.

En diciembre pasado, TSE mandó 3.200 paquetes electorales al exterior para que los salvadoreños puedan ejercer su derecho al sufragio.

En total, se han despachado, a través de Correos de El Salvador, 4.150 cajas con papeletas a diferentes destinos como España, Estados Unidos, Italia, Canadá y México, entre otros países.

En las elecciones del 3 febrero competirán por la Presidencia Hugo Martínez, del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN); Carlos Calleja, con la Alianza Republicana Nacionalista (Arena); Nayib Bukele, por la Gran Alianza por la Unidad Nacional (Gana); y Josué Alvarado, con VAMOS.

Sondeos difundidos por diversas casas encuestadoras colocan a Bukele como el líder en la intención de voto, seguido por Calleja y Martínez.

Estos comicios serán vigilados por 4.500 observadores, de los que 2.541 son nacionales y 1.983 son extranjeros.v

La Prensa Gráfica

Más notas sobre el tema