Un juez declara inconstitucional el polémico protocolo de seguridad
Un juez prohibió a la Policía de la Ciudad aplicar la «doctrina Bullrich»
El juez porteño Roberto Gallardo hizo lugar a una cautelar presentada por la legisladora porteña del FIT, Myriam Bregman, y le ordenó al gobierno de la ciudad de Buenos Aires «se abstenga de adherir o incorporar como pauta de acción local» el nuevo reglamento que habilita a los agentes de las fuerzas de seguridad disparar sus armas de fuego ante casos de «peligro inminente».
Gallardo fue incluso más allá y decretó la inconstitucionalidad de la Resolución 956/18 del Ministerio de Seguridad que habilita el nuevo protocolo y su «inaplicabilidad» en el ámbito de la ciudad.
#Urgente Hoy presentamos amparo para que no se aplique la resolución de Bullrich. El Juez Gallardo acaba de conceder la cautelar y decretar inconstitucionalidad e inaplicabilidad en la Ciudad de Buenos Aires de ese reglamento que legaliza el gatillo fácil.
— Myriam Bregman (@myriambregman) December 5, 2018
Ayer, el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, había anticipado que la Policía de la Ciudad aplicaría los cambios dispuestos por la Nación. «Trabajamos muy bien con el equipo de seguridad nacional. Patricia Bullrich nos agradeció nuestra participación durante el G20, nosotros trabajamos con ellos. Así que en esto trabajamos juntos también».
Es muy probable que el ida y vuelta de esta medida genere nuevas instancias en la Justicia. Se trata de una medida polémica que ya generó cruces con la oposición y hasta con sectores aliados al propio gobierno, como ocurrió con la diputada de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, quien ayer cuestionó el nuevo reglamento al decir «nosotros no vamos a ir al fascismo».
La reglamentación para fuerzas de seguridad dictada por la ministró Bullrich viola los Derechos humanos fundamentales. Nosotros no vamos a ir al fascismo.
— Elisa Lilita Carrió (@elisacarrio) December 4, 2018
2×1: organismos de derechos humanos celebraron el fallo de la Corte
Los organismos de derechos humanos celebraron el fallo de la Corte Suprema que rechazó el beneficio del 2×1 para los condenados por delitos de lesa humanidad y lo atribuyeron a “la lucha por la memoria, la verdad y la justicia”. Todos los consultados hicieron referencia, de una u otra manera, a la movilización masiva que el 10 de mayo de 2017 colmó las calles del todo el país para rechazar aquel fallo que, por voto mayoritario, había abierto la puerta a la reducción de penas para genocidas procesados y condenados. “Es un logro de los masivos pañuelazos. Estamos demostrando que a pesar de los años que tenemos, los bastones y las sillas de ruedas, las locas seguimos luchando”, enfatizó Taty Almeida, de Madres Línea Fundadora.
Almeida habló ayer tras conocerse el contenido del fallo anunciado por la Corte Suprema sobre el pedido que el represor civil Rufino Batalla había presentado para que le recalcularan la condena a partir de la aplicación del beneficio del 2×1 en su caso. “Este es el resultado del pueblo unido, que jamás será vencido. Es lo que hay que seguir haciendo, tomando la calle, poniendo el cuerpo”, resaltó la Madre de Plaza de Mayo quien, por otro lado, interpretó el nuevo fallo de la Corte como un “alivio” y un “mensaje de esperanza”. “Esperemos que sea el comienzo, que nos demuestren que la Justicia es totalmente independiente”, reclamó.
Por cuatro votos contra uno, la Corte le negó el recurso al genocida Rufino Batalla, uno de los implicados en la desaparición de Laura Carlotto, quien había logrado tener el beneficio de la excarcelación por haber cumplido dos tercios de su condena. Los ministros Elena Highton de Nolasco y Horacio Rosatti fueron los que modificaron su postura en relación al fallo que emitieron en mayo de 2017 ante el pedido del represor del Hospital Posadas Luis Muiña, a quien habían habilitado el beneficio.
En ese sentido, Adolfo Pérez Esquivel remarcó que si aquel dictamen no era corregido hubiera significado “una amnistía como en su momento aplicó (el ex presidente Carlos) Menem, lo que daña el derecho de verdad, de justicia, de reparación del daño hecho a toda la sociedad y a la humanidad”. El referente del Servicio Paz y Justicia (Serpaj) calificó al fallo de ayer de “lógico”, en el sentido de que “no pueden ser beneficiadas aquellas personas que cometieron crímenes de lesa humanidad. Son graves delitos, hechos que todavía están pendientes, que no prescriben en el tiempo”.
Al igual que Almeida, el abogado de Abuelas de Plaza de Mayo, Alan Iud, entendió el fallo de ayer como “la conclusión de la gran resistencia de los organismos de derechos humanos y de la sociedad”. En esa “resistencia” incluyó tanto a la movilización multitudinaria que atravesó el país el 10 de mayo de 2017 como al posterior consenso que se alcanzó en las Cámaras de Diputados y Senadores para elaborar la ley que excluyó a los genocidas de la aplicación del beneficio del 2×1. Ambos hechos “reflejan que la voluntad de la sociedad para que los crímenes de lesa humanidad sean juzgados y condenados no tiene vuelta atrás”.
En la misma línea que barajó el comunicado en el que Abuelas evaluó el nuevo fallo de la Corte, Iud consideró que “es una lección más que deja la lucha por la memoria, la verdad y la justicia, su fuerza, la intención de las Abuelas y el resto de los organismos de no darse nunca por vencidos”.
El abogado apuntó que “hasta ahora”, el único antecedente de esa lucha que impidió que la reducción de penas para genocidas se convierta en jurisprudencia “eran las leyes de impunidad, que en los 80 y los 90 la Corte Suprema consideró constitucionales y en la década siguiente, con otra conformación, declaró inconstitucionales. Ahora hay que sumar este fallo, aunque acá los integrantes de la Corte son los mismos”.
“Estoy muy contenta con el fallo. Imagino que también en Abuelas deben sentir un alivio muy grande porque Batalla es uno de los responsables por el caso de Laura Carlotto”, resaltó por su parte Lita Boitano, de Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas. Boitano coincidió en que fue la expresión popular en las calles la que consiguió que el 2×1 para los genocidas no se concretara. “No es que tengamos que decir ‘oh gracias, qué bueno’, sino que es resultado de los pañuelazos, de estar en la calle masivamente”, aseguró y destacó que para ella la sentencia de la Corte representó “una alegría en este mundo horrible en el que estamos viviendo”. “Con estas luchas vamos a intentar tener un país como querían los nuestros, justo”, insistió a la hora de reivindicar otras luchas que se están librando en el campo popular.
Para José Schulman, referente de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, el flamante fallo de la Corte Suprema es “una gran victoria de la memoria, la verdad y la justicia” en otra clara referencia a lo que consideró la “mayor movilización popular de la historia del país”, aquella que de los “pañuelos blancos”. En ese sentido, entendió que los dos fallos de la Corte, fueron “una decisión política” de la Corte y consideró como “un triunfo” de la movilización popular el hecho de que varios ministros cambien su opinión a lo largo de este año y medio en relación al tema. Sobre el único supremo que habilitó el beneficio entonces y ayer, el presidente del máximo tribunal, Carlos Rosenkrantz, opinó que “hay que estar muy volcado a la derecha para atreverse a fallar por la impunidad de uno de los secuestradores de la titular de Abuelas de Plaza de Mayo”.
“Una vez más se confirma que la lucha consigue frenar las avances de la derecha, que la historia sigue su rumbo y que nada está tan atado como quieren hacer creer –completó Schulman–. Hay algo en la construcción de memoria, verdad y justicia que la derecha no puede destruir. Y no es poco, a tres años de un gobierno cuyo presidente jamás pronunció el concepto ‘Terrorismo de Estado’ y la ministra de Seguridad hace apología abierta de los crímenes de Estado”.
