El empleo joven en los proyectos de reforma laboral: ¿nuevas propuestas o viejas recetas? – Por Ada Freytes Frey

Por Ada Freytes Frey *

La problemática del empleo juvenil ha sido una preocupación recurrente en la Argentina desde la mitad de la década del ’90, dando lugar desde entonces a diversas políticas públicas. El actual gobierno no es una excepción y algunas de las medidas planteadas en su propuesta de reforma laboral se legitiman en este marco.

Las estadísticas son contundentes. Si bien entre los años 2003 y 2014 se observa una baja notable en la tasa de desocupación de la población joven (desde un 32,3 % en 2003 a un 18,8 % en 2014[1]), en 2014 la desocupación juvenil cuadriplica la de los adultos (4,7 % para la población entre 30 y 59 años). La mejora se concentra en los primeros años de la década, con sólo pequeñas fluctuaciones a partir de 2007, lo cual nos habla de un núcleo persistente de desempleo juvenil, como así también del impacto del débil crecimiento económico. En efecto, los períodos recesivos afectan más fuertemente el empleo de los jóvenes que el de los adultos. Esto se advierte con el advenimiento del actual gobierno. Datos de fines de 2016 muestran una tasa de desocupación juvenil del 23,8%, contra una tasa de desocupación general del 8,5% [2]. No tenemos información más actualizada, pero es indudable que las cifras hoy son más altas, dada la agudización de la recesión.

Por otra parte, el desempleo abierto es sólo un aspecto del problema: la alta incidencia entre los y las jóvenes del empleo en negro y la falta de protección social es otro. Las investigaciones mencionadas presentan índices de precariedad laboral juvenil iguales o superiores al 50 %. Sin embargo, esta cifra también representa una mejora considerable con respecto al 2003, donde alrededor del 73 % de los jóvenes ocupados no estaban registrados.

Las mejoras evidenciadas del 2003 a 2015 son consecuencia tanto de la reactivación inicial de la economía como de una nueva orientación (en relación a los ’90) de las políticas de empleo juvenil: adopción de un enfoque de protección integral que plantea intervenciones coordinadas en el plano de la educación, la formación profesional y el empleo; recuperación del rol del Estado como articulador; fortalecimiento de las instituciones públicas y participación de una diversidad de actores estatales y de la sociedad civil. Esto contrasta con las intervenciones de la década neoliberal, caracterizadas por la focalización en los “déficits de formación”, la mercantilización y el impulso a la contratación de jóvenes por parte de las empresas vía flexibilización e incentivos.

Ante esto cabe preguntarse: ¿cuál es el panorama actual? Uno de los proyectos en los que se desgajó en 2018 la propuesta inicial de reforma laboral del gobierno busca intervenir sobre el empleo joven a través de una serie de medidas: la creación de un Sistema de Prácticas Formativas destinado a estudiantes de diversos niveles y modalidades y a noveles graduados de la Educación Superior; el establecimiento de una batería de políticas orientadas al fomento del empleo juvenil, y la construcción de la institucionalidad para gestionar estas acciones (un Instituto Nacional de Formación Laboral a cargo del Sistema de Prácticas y una Red Federal de Servicios de Empleo).

Las prácticas formativas vienen a reemplazar el marco regulatorio vigente de las pasantías educativas y lo hace en un sentido regresivo: ampliando el tiempo de trabajo de 20 a 30 horas semanales y flexibilizando la organización de la carga horaria, al habilitar una contabilización mensual (máximo de 130 horas mensuales). Asimismo, la propuesta no parece facilitar la transición entre educación y trabajo –como sostiene el proyecto- ya que la articulación con el sistema educativo resulta descuidada: la implementación y contralor del sistema está a cargo del mencionado Instituto, que depende exclusivamente del Ministerio de Trabajo (ahora Secretaría). Todo esto lleva a alertar sobre el riesgo de un uso de las prácticas como una relación salarial encubierta, como ya ocurriera en los ’90.

Las políticas de fomento al empleo juvenil, por su parte, comprenden un conjunto de acciones que ya fueron desarrolladas, a través de distintos programas, durante la década pasada. En tal sentido, su regulación conjunta puede aportar a evitar la superposición y la falta de coordinación. No obstante, ciertos indicios nos hablan de una renovada mercantilización: la posibilidad de inclusión de agencias privadas de empleo dentro de la Red Federal y el uso de la ayuda económica que reciben los destinatarios como incentivo monetario para la contratación por parte de las empresas.

En resumen, más que propuestas originales para combatir los problemas persistentes del empleo joven –que amenazan profundizarse en un escenario de ajuste- la reforma laboral parece presentar con leguajes nuevos viejas recetas.

* Socióloga. Docente UNAJ/UNDAV.

Notas al pie

1- Deleo, C. y Fernández Massi, M. (2016) “Más y mejor empleo, más y mayores desigualdades intergeneracionales. Un análisis de la dinámica general del empleo joven en la posconvertibilidad”, en Busso, M. y Pérez, P. (coords.) Caminos al trabajo, Buenos Aires: CEIL-CONICET/Miño y Dávila Editores. Este texto toma en sus cálculos el intervalo de edad de 15 a 24 años.

2- Salzmann, M., Capaldi, A. y Ledesma, D. (2017) “Empleo Joven: Abordaje en la región y políticas de empleo en Argentina”. Ponencia. 13º Congreso Nacional de Estudios del Trabajo. Esta ponencia considera jóvenes entre 16 y 24 años.