La irrupción cocalera en Perú, una década después – Por Ricardo Soberón

Por Ricardo Soberón*

Alejada de percepciones estereotipadas y de criminalización. De esta forma, la socióloga Anahí Durand analiza el desarrollo del movimiento cocalero peruano, durante los años 2000 al 2008 en dos cuencas cocaleras, el Alto Huallaga y el VRAEM.

En su libro “La irrupción cocalera. Movilización social y representación política en los productores de hoja de coca del Perú (2000-2008)” [1], Anahí Durand revisa -una década después- lo lejos que estamos de esos momentos expectantes que explicaron las movilizaciones, marchas de sacrificio y la priorización de la coca en la agenda política nacional, entre el 2000 y el 2008.

Mientras el narcotráfico en el Perú ha cambiado de patrones y dinámicas, y se ha infiltrado en diversos niveles de la sociedad y el Estado, el movimiento social cocalero está absolutamente aislado y marginado. Dos hechos recientes ayudan a confirmar tal situación: el reciente archivamiento del Proyecto de Ley 2514 sobre nuevo régimen de la coca (con el voto apro fujimorista en la Comisión de Defensa), y la escasa acogida de la propuesta de constituir un movimiento político, desde este movimiento cocalero.

El texto pasa revista a los elementos que permitieron la aparición de una organización gremial como la Confederación Nacional de Productores Agropecuarios de las Cuencas Cocaleras del Perú (Conpaccp) como entidad representativa del movimiento social cocalero, a partir de identidad, liderazgos y discursos muy concretos; pero al mismo tiempo, con fragilidades y vulnerabilidades muy concretas que explican su actual estado institucional.

Tres factores que ayudan a entender su aparición en el tiempo: los impactos de diversos procesos de migración de campesinos sin tierra de la sierra a la selva alta, el impacto del conflicto armado en las regiones productoras de coca, el fin del autoritarismo fujimorista y la transición democrática, ocurrida a partir del 2001. Particular importancia cobra la coexistencia en un mismo territorio de Sendero Luminoso, el tráfico ilícito de drogas y las Fuerzas Armadas, lo que permite entender el grado de radicalidad, de protesta y oposición de este gremio, en su comportamiento político. Entre 1980 y el 2018, la población cocalera tuvo que sobrevivir entre la presión y la hegemonía de estos tres actores.

Basada en el enfoque de procesos de movilización social, Anahí Durand explica la coexistencia de distintos niveles productivos, espacios sociales y dinámicas culturales, centrados en la construcción de identidad, niveles regionales de organización de este gremio, la aparición de liderazgos y discursos específicos, alrededor de la coca, considerada más como símbolo de identidad étnica antes que como materia prima del narcotráfico. Durand explica el proceso de gestación de este movimiento, su organización y principales líderes, todos los cuales cayeron prontamente en desgracia. Asimismo, describe con detalle los elementos que facilitaron la participación electoral, tanto a nivel municipal, como a nivel parlamentario, pero siempre con escaso éxito.

Dado lo delicado del escenario de este problema en el país (primer productor de pasta, segundo productor de cocaína), y en circunstancias que el 25% de los peruanos se identifican como indígena y 3.5 millones de usuarios de coca, es momento que el Estado peruano analice y evalué los resultados obtenidos con una política negatoria, descalificadora y restrictiva, como consecuencia de la presión de los EE.UU. Ya no puede seguir escondiendo la realidad y debe producir los cambios necesarios que permitan incorporar como ciudadanos a estos miles de peruanos y peruanas. Mientras el Perú se encuentra en una profunda crisis política, no se puede distraer la atención de la influencia de la corrupción y el narcotráfico, a partir del mantenimiento de políticas sesgadas que apuntan a criminalizar al productor agrario de la Selva Alta.

Notas

[1] El libro de Anahí Durand, es la versión impresa de su Tesis de Maestría en FLACSO (2008); publicado gracias al Fondo Editorial de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

(*) Abogado peruano fundador y ex-director del Centro de Investigación “Drogas y Derechos Humanos” (CIDDH