El gobierno denuncia que el “intento de golpe de Estado” dejó 198 muertes
Comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
Managua, Nicaragua
COMUNICADO
El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional de la República de Nicaragua, reafirma a la Comunidad Internacional, que en los meses de Abril a Julio el Pueblo de Nicaragua fue sometido a un intento de Golpe de Estado por grupos políticos disfrazados de Organizaciones No Gubernamentales, asociados al crimen organizado y financiados desde el exterior, ejecutando secuestros, torturas, extorsiones, asesinatos, saqueos, obstrucción de vías públicas, destrucción e incendios de edificios públicos.
Este intento de Golpe de Estado atentó contra la Paz, la Seguridad, la Estabilidad y la Economía del Pueblo de Nicaragua. Las acciones terroristas y delitos cometidos dejaron como resultado 198 personas fallecidas, de las cuales 22 eran Miembros de la Policía Nacional, 1,240 personas lesionadas, de las cuales 401 son Oficiales de la Policía Nacional quienes fueron heridos por armas de fuego.
Estos grupos golpistas ocasionaron daños a la infraestructura del País; 252 edificios fueron vandalizados y dañados, 209 kilómetros de calles y carreteras fueron destruidas, 278 maquinarias pesadas fueron vandalizadas y quemadas y 389 vehículos fueron destruidos. Los daños ocasionados a la Economía se cuantifican en US $ 205.4 millones de dólares como destrucción en el Sector Público, US $ 231 millones de dólares en pérdidas en el Sector Turístico y US $ 525 millones de dólares en el Sector Transporte, todo ello causó un impacto directo en la población con la pérdida de 119,567 empleos y C$ 7 mil millones de córdobas en reducción del Presupuesto General de la República.
Con posterioridad a estos hechos de violencia y destrucción, las Instituciones competentes del Estado de Nicaragua, en cumplimiento a la Ley han trabajado en la investigación y enjuiciamiento de los autores y partícipes, contabilizándose al 5 de Noviembre de 2018; 273 personas presas por estos delitos.
El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional continuará trabajando por la reconstrucción del País, la Paz, la Seguridad y la Reconciliación del Pueblo de Nicaragua.
El Gobierno de Nicaragua, comprometido siempre con la Reconciliación y la Paz en nuestro País, que se construye todos los días desde las Familias y Comunidades, realiza una amplia Consulta Nacional, para enriquecer y elevar a la Asamblea Nacional una Propuesta de Política de Estado que establece una Cultura Nacional de Reconciliación y Paz, para promover, desde la Escuela, la Familia y la Comunidad, Valores y Prácticas de Respeto, Solidaridad, Diálogo, Encuentro y Convivencia Armoniosa en todo Nicaragua.
Ministerio de Relaciones Exteriores
Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional
República de Nicaragua
12 de Noviembre del 2018
Los magistrados cómplices del dictador
Un Poder Judicial partidista integrado por 16 magistrados, una Contraloría General con un consejo colegiado de cinco funcionarios, que se declara incapaz de investigar actos de corrupción; un Consejo Supremo Electoral (CSE) de diez magistrados, cuestionados por los fraudes electorales, y 182 diputados (91 propietarios con sus respectivos suplentes) que se limitan a avalar las decisiones políticas del caudillo, integran la cúpula de los poderes del Estado en Nicaragua. Todos forman parte de una red de complicidad política, con el modelo dictatorial que se impuso después del pacto entre Arnoldo Alemán y Daniel Ortega. La abultada burocracia responde a un modelo de Estado botín, que sirve para mantener “contentos” a propios y extraños, cuya sustitución representará uno de los mayores desafíos políticos para las nuevas autoridades que sustituyan a Ortega y su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo.
La refundación del Estado nicaragüense, después de la salida de Ortega del poder, será una de las principales tareas de las fuerzas políticas, sociales y económicas que han surgido en el país desde abril pasado. Aunque no se debe descartar la participación de las viejas estructura políticas como el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) o el Partido Liberal Constitucionalista (PLC).
Analistas consultados por CONFIDENCIAL coinciden en la imperante necesidad de reformar el sistema judicial, el Poder Electoral, la Contraloría, la Asamblea Nacional y el Ministerio Público (MP).
“Se necesita reformar casi todo el Estado. No hay una pulgada de territorio geográfico e institucional que esté funcionando bien, o conforme a los principios constitucionales y de todo Estado democrático contemporáneo”, asegura el jurista Gabriel Álvarez Argüello, quien explica que en algunos casos el “problema” no en cuantitativo, sino cualitativo; en otros es una combinación de ambos.
Poder Judicial
El jurista señala que en el caso de las Corte Suprema de Justicia (CSJ) no es un problema de números, sino de calidad. “El problema es que los magistrados llegan a cumplir agendas políticas y no lo que dice la Constitución”.
Alejandro Aguilar Altamirano, exdecano de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Americana (UAM), considera que el Poder Judicial necesita una reingeniería porque es altamente ineficiente. “Es maravilloso lo que dice la Constitución, pero luego vas a la práctica y el debido proceso no existe”.
La presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Alba Luz Ramos, vistiendo una blusa con el rostro de Daniel Ortega y portando una bandera del FSLN en un acto partidario. Foto tomada del Poder Judicial
“El sistema es bastante ineficiente por sí mismo y la decisión política lo que viene a hacer es como alinear las ineficiencias para que den igual o peor resultado”, añade.
Aguilar califica como “ligera” la solución de eliminar magistrados. “Hay una crítica generalizada de que 16 magistrados son muchos, yo no comparto esa crítica —que es muy popular— porque al organizar la función por salas, entonces la Corte está tratando de especializar las salas para abordar ciertos temas”.
Aguilar compara que el Supremo de Costa Rica tiene 22 magistrados, el de El Salvador está compuesto por 15 magistrados, igual que en Honduras, mientras en Guatemala la Corte está integrada por 13 jueces. “Nicaragua está en el promedio”, comenta.
Desde mediados de la década de 2000, los magistrados nicaragüenses se otorgaron un salario equivalente a 6000 dólares mensuales, aunque este aumenta por las diversas prerrogativas que complementan el sueldo nominal.
La presidenta de la CSJ, Alba Luz Ramos, en un efusivo saludo a Daniel Ortega, en otro acto partidario. Foto tomada del Poder Judicial
La CSJ está conformada por cuatro salas: de lo penal, lo civil, lo constitucional y lo contencioso administrativo. Seis magistrados integran cada sala. Mientras que el Consejo Nacional de Administración y Carrera judicial, lo constituyen cuatro magistrados, que no forman ninguna sala, sino que trabajan por la administración del sistema.
“Al nombrar solamente a cuatro magistrados hace que el Consejo no tenga la representación de ningún otro estamento del Poder Judicial, como los Tribunales de Apelaciones, la Defensoría Pública y los jueces de distritos. Ese Consejo solo tiene la visión de los propios magistrados. Eso crea una malformación desde el inicio”, manifiesta Aguilar.
Expresa que si se eliminaran los jueces que forman parte del Consejo de Administración, “efectivamente” se podría reducir a 13 el número de magistrados de la CSJ. “Se mantienen las salas, tal y como están, y quizás de los cuatro magistrados del Consejo solo dejás a la presidenta de la Corte”.
Diputados supernumerarios
Álvarez coincide con Aguilar que el número de magistrados de la CSJ no es el problema. En cambio, le “parece excesivo” tener 180 diputados. “Todos ellos con prerrogativas y costos al erario público”.
Gustavo Porras al ser juramentado como nuevo Presidente de la Asamblea. Carlos Herrera | Confidencial
Los diputados se recetaron a inicios de año un aumento salarial del 5%, por lo que devengan 96 251.72 córdobas por mes, unos 3000 dólares. Adicional a su pago, los legisladores reciben recibe 36 cupones de combustible al mes con una asignación de unos 135 galones. Cada cupón es por 20 litros de combustible.
Aparte de esos beneficios económicos, cada diputado administra discrecionalmente un Fondo Social de 466 780 córdobas al año para ayudas económicas a asociaciones y otros 20 000 córdobas para dar becas estudiantiles.
“La Asamblea Nacional solo sirve para apretar el botón verde, no se le cambia una coma a los proyectos del Ejecutivo. En la Asamblea además de un problema cualitativo es cuantitativo”, sentencia Álvarez.
Urge cambio en el Poder Electoral
El jurista estima que el Consejo Supremo Electoral es uno de los poderes que más urge cambiar, ya que la salida a la crisis política actual no se dará con las actuales autoridades. El CSE está integrado por siete magistrados propietarios y tres suplentes.
Daniel Ortega camina junto al ahora exmagistrado Roberto Rivas en la sede del CSE, en febrero de 2018. Cortesía Presidencia
Se desconoce cuánto ganan los magistrados, aunque desde 2007, Daniel Ortega emitió un decreto en el que establecía entre 2300 y 3000 dólares el salario de los altos funcionarios de los ministerios y entes descentralizados. Sin embargo, esa orden rige al Ejecutivo y no al resto de poderes del Estado. Algunas investigaciones periodísticas revelaron que el salario de Roberto Rivas, expresidente del CSE, rondaba los 60 000 dólares al año.
“Es un poder sometido a la voluntad de Ortega. Los reportes de organismos internacionales y la OEA dicen que no funciona el Poder Electoral. Es un poder que no le sirve a nadie porque no hay elecciones competitivas y transparentes”, enfatizó Álvarez.
Indicó que los cambios en el CSE son constitucionales, ya que Ortega puede pedir su renuncia a los magistrados, para que no haya necesidad de destituirlos. “Hay que nombrar a nuevos magistrados que le den confianza a toda la población”.
Contraloría y Fiscalía
La Contraloría General de la República (CGR) y el Ministerio Público son dos de las instituciones que, según Álvarez, se tienen que analizar a fondo si necesitan una reducción en el número de dirigentes.
“Pudiéramos discutir si en la Contraloría se debe volver al modelo unipersonal, donde el titular del órgano era un Contralor y había un subcontralor, y eliminar a ese órgano colegiado”, manifiesta el también académico, quien menciona que “la Contraloría no sabe ni le interesa saber dónde está el dinero del Estado, ni cómo se gastaron, ni les permiten saber cómo se gastaron”.
En el caso de la Fiscalía, es un órgano que cuantitativamente está bien, “ahí el problema no es de miembros, sino de cómo funcionan los titulares, quienes manejan una agenda política”, añade el analista.
Origen en el pacto Ortega-Alemán
El aumento en el número de magistrados en la CSJ y el CSE, y la creación de un Consejo Superior en la Contraloría, fueron cambios nacidos del pacto de 1998, entre Daniel Ortega y Arnoldo Alemán, entonces presidente de la República, que buscaba crear una correlación bipartidista de fuerzas a lo interno de cada institución. La idea era que el FSLN y PLC mantuvieron el control de los principales poderes del Estado.
Arnoldo Alemán y Daniel Ortega en un acto del Ejército de Nicaragua, en septiembre de 2009. Archivo | La Prensa | Oscar Navarrete
Álvarez explica que todos los cambios del pacto se hicieron sin ninguna racionalidad política, institucional ni económica. “Con cargo al presupuesto se creó una estructura estatal elefantiásica, que es parte de esa vieja tradición lamentable del Estado botín, de la repartición de prebendas para tener satisfecho o calmados a socios de partidos satélites, a viejos aliados o miembros de la militancia”.
Romper con esa herencia del pacto será una labor de futuras autoridades. Este cambio se puede realizar mediante dos vías: una reforma parcial de la Constitución o una constituyente. “En ambos casos se requiere un gran diálogo nacional con todas las fuerzas sociales, económicas y políticas más representativas del país”, puntualiza.
Aclara que ese diálogo será posterior a las conversaciones para “salir de la crisis brutal que vivimos”.
En ambos diálogos el principal “obstáculo” es el régimen, ya que, según Álvarez, no ve señales públicas de que Ortega esté convencido de refundar el Estado en una senda democrática. “Él cree que puede volver al modelo del 17 de abril con algunos matices”.
Sanciones de EE. UU. al régimen podrían aprobarse esta semana
En el actual panorama del Senado de los Estados Unidos, donde los republicanos mantuvieron el control, las políticas hacia Nicaragua continuarán como antes e ncluso, “es muy probable que pasen la Nica Act” esta misma semana, asegura el politólogo Manuel Orozco, quien considera que estas también tendrán un apoyo por parte del nuevo congreso de mayoría demócrata “que entrará en sesión pronto”.
“Hay congresistas que están estudiando más de cerca (la crisis) y quieren evitar que Nicaragua llegue al extremo de Venezuela. Eso es una situación que se está debatiendo con mucha seriedad en Washington”, reafirma.
Las proyecciones apuntan a que antes de finalizar el año, la Nicaraguan Investment Conditionality Act, conocida como Nica Act, entrará a reconciliación y será sometida a un voto rápido para su aprobación. Pese a esto, queda la duda si Daniel Ortega seguirá anuente a restablecer un diálogo con los sectores que exigen su renuncia y el adelanto de elecciones. Orozco considera que la actual estrategia de “defensa económica” –que comprende la emisión de bonos– del Gobierno “es insostenible a largo plazo”.
A finales de septiembre pasado, el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de EE. UU. aprobó la fusión de la Nica Act y la Ley para los Derechos Humanos y la Lucha contra la Corrupción en Nicaragua, conocida como la “Ley Magnitsky Nica”, que prevé sanciones para el régimen orteguista.
“El señor Ortega no está haciendo un buen cálculo en darse cuenta que parte de estas sanciones irán hacia su familia (…) Ortega es un actor trascendental y él decidirá si está dispuesto a sacrificar a su familia a cambio de seguir manteniéndose en un terrorismo de Estado. La historia reciente nos cuenta que son muy pocos los regímenes dictatoriales que se mantienen más de dos años con ese tipo de políticas terroristas”, enfatiza el politólogo.
La Ley espera a ser aprobada por el Senado y posteriormente deberá ser firmada por el presidente Donald Trump para entrar en vigencia.
“El efecto inmediato (de aprobarse la Ley) será que Daniel Ortega se atrinchere. Ahorita está bastante atrincherado: tiene una ley contra el terrorismo, una agencia de unidad financiera con el propósito de controlar la moneda, tiene una emisión de bonos que espera vender, pero este tipo de regulaciones no son sostenibles a largo plazo”, comentó el especialista.
Comunidad nica presiona con campañas
La semana pasada, la diáspora nicaragüense firmó una misiva dirigida a tres empresas de inversión de Estados Unidos, a quienes se les solicita romper relación “con el régimen asesino de Daniel Ortega y sus benefactores en el Ejército”.
Para el politólogo este tipo de campañas sí tienen impacto en Estados Unidos: “Este tipo de comunicados lo que quiere es presionar en todos los ángulos posibles a actores que tienen vínculos directos con el terrorismo de Estado que existe en Nicaragua. En este, caso el ejército ha sido una parte activa y cómplice de lo que está pasando en Nicaragua. Cualquier institución que haga negocios con ellos no estará vista con buenos ojos”.
Dichas “relaciones” tienen un costo reputacional a las empresas estadounidenses que mantengan vínculos con instituciones como el Ejército de Nicaragua, que maneja sus inversiones a través del Instituto de Previsión Social Militar (IPSM).
“Cualquier institución que tenga acciones y este participando en violaciones de derechos humanos y es participe de la corrupción, sufrirá y recibirá la penalidad que se merece, y en este caso es engrosar las listas de OFAC (la Oficina de Control de Bienes Extranjeros del Departamento del Tesoro de los EE. UU.) y esto significa que le van a cerrar las cuentas bancarias en cualquier parte del mundo”, manifesta el especialista.
Para Orozco, esto es uno de los llamados que las distintas coaliciones de nicas en el extranjero le hacen a los EE. UU., con el fin no solo de aplicar sanciones, sino de mantener los esfuerzos de la diplomacia multilateral.
Los objetivos de la diáspora
Consolidar una coalición internacional, llamar a la unidad nacional y demandar un cambio inmediato a las reformas políticas en Nicaragua, que incluye la salida del régimen de Daniel Ortega, son algunas de las demandas de los más de 150 nicaragüenses de diferentes organizaciones sociales radicadas en Estados Unidos y Costa Rica, que se reunieron el fin de semana en Washington.
Los líderes sociales que asistieron al foro organizado por Nicaragua Freedom Coalition, tienen como principal propósito “plantear un comunicado que refleje el apoyo a lo que ocurre en Nicaragua, identificar soluciones (para una salida a la crisis) y reafirmar su respaldo a la Unidad Nacional Azul y Blanco”, aseguró el politólogo, investigador del Diálogo Interamericano y uno de los promotores de este foro, Manuel Orozco, al programa televisivo Esta Semana.
La diáspora nicaragüense definirá en los próximos días su plan de acción y su agenda, que será anunciada este lunes. “Más allá de eso, ellos van a seguir con su trabajo de cabildeo ante las fuentes políticas de Estados Unidos”, afirmó el especialista.
Esta coalición surgió como un “movimiento autoconvocado” de un grupo de nicas establecidos en Washington. Según Orozco, el objetivo principal del foro fue “discutir el rol como diáspora ante la situación política que atraviesa Nicaragua”.
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