México: la Red #RompeElMiedo documenta 185 agresiones contra periodistas en contexto electoral
Luego de documentar 185 agresiones en contexto electoral, la Red #RompeElMiedo exigió una investigación diligente, independiente, exhaustiva, imparcial y garante de derechos humanos “contra los responsables de las conductas que vulneran los derechos humanos de las personas periodistas”.
Un informe presentado ayer por esa organización –conformada por Artículo 19 México y Centroamérica, Data Cívica y la Red en Defensa de los Derechos Digitales–, el Colectivo por la Libertad de Expresión en Guanajuato, Iniciativa Sinaloa y la Red Nacional de Periodistas, destaca que además de esas 185 agresiones (47.6% de la cifra total documentada por Artículo 19 durante el primer semestre del año), 63 se registraron durante la jornada electoral del 1 de julio.
En el primer semestre de 2018, detalla, Artículo 19 documentó 388 agresiones en contra de la prensa, de las cuales 243 fueron en contra de hombres, 127 en contra de mujeres y 18 perpetradas en contra de medios.
Los principales agresores en elecciones fueron integrantes, militantes o simpatizantes de partidos políticos (38.9%), seguidos por funcionarios públicos (37%). Las agresiones en contra de mujeres comunicadoras representaron un total de 63, equivalentes a 34% de las agresiones totales, y se registraron 27 agresiones en el entorno digital, puntualizó en un comunicado la Red #RompeElMiedo.
En consecuencia, exigió al Estado mexicano en sus tres órdenes de gobierno que establezca medidas preventivas y punitivas para cesar la violencia de género que afecta en su mayoría a las mujeres, con base en los tratados internacionales de los que México es parte y las leyes que buscan garantizar una vida libre de violencia contra las mujeres.
Asimismo, la creación y cumplimiento de medidas y protocolos específicos de carácter interinstitucional que permitan condiciones idóneas que beneficien y protejan el ejercicio periodístico, entre ellas la integridad de las personas periodistas en el ejercicio de sus funciones, para agilizar la prevención, la atención, la denuncia, la investigación y la sanción de conductas.
A la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), la Red le pidió dar seguimiento a todos los casos donde las agresiones fueron perpetradas por integrantes de los partidos políticos, así como para conocer si existe un uso ilícito de recursos de campañas y, en su caso, proceder a las sanciones necesarias y evitar que estas agresiones sigan ocurriendo.
A la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), iniciar investigaciones sobre todos los casos que atentaron contra la libertad de expresión y que sean constitutivos de cualquier delito, privilegiando la reparación integral del daño ocasionado a las víctimas.
Al Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, coordinarse y contactar a todas las y los periodistas que han sido agredidos a fin de contar con la información necesaria para analizar el nivel de riesgo al que se enfrentan y otorgar las medidas correspondientes para la protección de cada periodista y sus familias.
“Es urgente que el Mecanismo adopte protocolos de actuación que retomen medidas de prevención, y en casos de materialización de agresiones, de reacción rápida, a efecto de atender debidamente la violencia en el contexto electoral”, apuntó.
Finalmente, al gobierno federal y a los gobiernos estatales, en turno y electos, les demandó rendir cuentas sobre todas las acciones emprendidas ante las agresiones perpetradas, y abstenerse de intimidar o agredir de alguna otra forma para coartar la libertad de expresión y la labor periodística.
Precisó que entre las agresiones contra las personas periodistas e integrantes de la Red, ocurrieron ataques considerados violentos relacionados con las tecnologías o la violencia en línea.
“Las acciones que el Estado mexicano efectúa ante ello son insuficientes, por lo que exigimos: El derecho de acceso a la justicia contra este tipo de conductas, y un marco regulatorio de la publicidad oficial, con el fin de transparentar y clarificar el origen y destino de los montos involucrados en medios digitales”.
Del mismo modo, apuntó, urge una mayor regulación y transparencia proactiva de las empresas de internet para la publicación de informes periódicos que identifiquen públicamente a aquellas personas o empresas que están contratando publicidad en línea, la cual fue utilizada como vehículo de propagación de anuncios en línea relativos a las campañas.
VOLVER
