Huelga en Costa Rica entra en su quinta semana tras aprobarse la reforma fiscal en primer debate
Huelguistas buscarán que Justicia anule proyecto reforma fiscal en Costa Rica
Los sindicatos en huelga indefinida desde hace 28 días en Costa Rica convocaron ayer a una concentración este lunes frente al Poder Judicial, para expresar su rechazo a la reforma fiscal que fue aprobada en primer debate en el Congreso el pasado viernes.
“Vamos a meter todo al proceso de inconstitucionalidad y continuaremos luchando para que no se apruebe en segundo debate. La huelga se mantiene, es indefinida y continúa en la calle”, dijo este domingo a Efe el presidente de la Asociación Nacional de Educadores, Gilberto Cascante.
La Unión Sindical convocó para este lunes a los huelguistas a una concentración en la Plaza de la Justicia, ubicada frente al edificio del Poder Judicial, así como a movimientos “regionalizados”, en diversas partes del país.
Estas actividades forman parte de una huelga que comenzó el pasado 10 de septiembre y que exigía el retiro del proyecto de reforma fiscal del Congreso.
Sin embargo, tras la aprobación en primer debate el pasado viernes, los esfuerzos de los sindicatos se dirigirán a pedir al Poder Judicial, principalmente a la Sala Constitucional, que rechace la reforma.
Cascante aseguró a Efe que la reforma fiscal “tiene implícito un montón de problemas en empleo público, empobrece a la clase trabajadora y grava todos los servicios, mientras las grandes cooperativas y corporaciones trasnacionales están exentos”.
La huelga se ha ido debilitando con el pasar de los días y el sábado la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) alcanzó un acuerdo con de la Unión Nacional de Empleados de la CCSS (Undeca) y el Sindicato Nacional de Enfermería (Sinae), para deponer el movimiento.
Estos son los dos principales sindicatos del sector salud, aunque hay otros tres que han anunciado que mantendrán la huelga.
El movimiento tiene el mayor apoyo en los sindicatos del sector de la educación, los más numerosos del país. Hasta el viernes el 70 por ciento del personal educativo se mantenía en huelga y la mitad de los centros educativos cerrados por completo.
El Congreso de Costa Rica aprobó el pasado viernes, con 35 votos a favor y 22 en contra, en la primera de dos votaciones necesarias, la reforma.
El proyecto irá a revisión de diversas instituciones, incluida la la Sala Constitucional, de cuya resolución dependerá si los diputados pueden darle segundo debate a la iniciativa.
Según la interpretación de los sindicatos y algunos sectores de oposición, la reforma necesita una mayoría calificada de 38 diputados de los 57 que integran el Congreso, y no la mayoría simple de 29.
La reforma es prioritaria para el Gobierno del presidente Carlos Alvarado, quien comenzó su mandato el pasado 8 de mayo, y busca recaudar recursos frescos equivalente a cerca del 1,2 por ciento del producto interno bruto (PIB).
El plan fiscal tiene como punto estrella la conversión del impuesto de ventas del 13 % en uno de valor agregado (IVA) de la misma tasa pero que gravará los servicios y, de manera diferenciada, algunos productos que antes estaban exentos.
También incluye cambios en el impuesto sobre la renta, en la renta de capital, la renta global y medidas para reducir el gasto público, como por ejemplo la disminución de pluses salariales.
Según el Gobierno, un 80 % de lo recaudado por la reforma tributaria lo pagará el 20 % de hogares con mayores ingresos y las empresas, lo que provocará una reducción de la desigualdad.
Plan fiscal aprobado en primer debate, quedará en suspenso hasta nuevo aviso
Después de una semana de sesiones maratónicas, el plan fiscal fue aprobado en primer debate y ahora entrará en una espera de al menos un par de semanas, con varios temas por resolver.
Esa espera se explica por dos acciones obligatorias: el proyecto debe publicarse en el diario oficial La Gaceta y deberá ir a consulta obligatoria de instituciones. Además, se espera que vaya a consulta constitucional, el temido paso en el que ya tropezaron dos proyectos muy similares en 2006 y 2012.
El proyecto contiene la sustitución el Impuesto General de Ventas (IGV) por el Impuesto al Valor Agregado (IVA), reforma el Impuesto Sobre la Renta y propone una amnistía tributaria, una regla fiscal y 13 reformas al empleo público, entre otras medidas para atender el creciente déficit fiscal estimado para este año en 7,2% del Producto Interno Bruto (PIB).
De este modo, si es avalado por la Sala IV, solo restará su votación en segundo debate y la firma del presidente Carlos Alvarado para que se convierta en Ley de la República.
El camino fue tortuoso desde noviembre de 2017, cuando se presentó como un compendio de proyectos fiscales que la administración Solís Rivera impulsó por separado; sin embargo, no logró avanzar lo suficiente hasta febrero pasado, cuando los diputados de la anterior administración alcanzaron un acuerdo de mayoría para dar vía rápida al proyecto.
La vía rápida; sin embargo, se hizo larga. Pasaron siete meses desde aquel momento en el que los entonces diputados del Frente Amplio y del Movimiento Libertario corrieron contra el escritorio del entonces presidente legislativo, Gonzalo Ramírez, a quien acusaron de apresurar el trámite sin mayor aviso.
Después vinieron los nuevos diputados, que llegaron a Cuesta de Moras a inicios de mayo y debieron recoger el procedimiento, para el que abrieron dos espacios más para presentar posibles cambios (principalmente exoneraciones y rebajos de algunas tarifas).
Finalmente, un texto de consenso logró reunir a las fracciones, casi por completo, del Partido Liberación Nacional (PLN) y el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) junto con la bancada de Gobierno, el republicano Otto Roberto Vargas y el independiente Erick Rodríguez, una suma de 35 diputados más que suficiente, pues la meta era de 29 legisladores al tratarse de un proyecto en vía rápida.
Destacó entonces la posición de los liberacionistas y los socialcristianos, las dos fuerzas políticas que impulsaron reformas fiscales en los gobiernos de Abel Pacheco y de Laura Chinchilla, con la férrea oposición entre ellos mismos y también de los hoy oficialistas del Partido Acción Ciudadana (PAC).
Ahora, las dudas quedan en posibles errores de procedimiento que pueda detectar la Sala Constitucional, único panorama mediante el que la iniciativa de ley podría devolverse a una etapa más temprana o caerse por completo.
Esa sola posibilidad es el peor temor para Hacienda, cuya ministra Rocío Aguilar asegura que cualquier panorama sin la aprobación del texto sería catastrófico, con “un ajuste automático” vía tasas de interés, insolvencia financiera del Estado para atender sus obligaciones e insostenibilidad de la deuda.
Con un déficit fiscal que apunta a cerrar el año en un 7,2% del Producto Interno Bruto (PIB) y una deuda que alcanzaría un 53,8%, Hacienda solo implora por la reforma para obtener mejores condiciones de endeudamiento mientras realiza reformas estructurales, un pequeño tanque de oxígeno para un país que ya supera el límite sostenible de la deuda para países en vías de desarrollo (50% del PIB).
La votación
La aprobación contó con el apoyo de 35 legisladores, entre 15 diputados del Partido Liberación Nacional (PLN), 10 de Partido Acción Ciudadana (PAC), ocho del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), el republicano Otto Roberto Vargas y el independiente Erick Rodríguez.
Votaron en contra 21 legisladores: el pleno de las fracciones del Partido Integración Nacional (PIN), Restauración Nacional (RN) y del Frente Amplio (FA); así como el republicano Dragos Dolanescu y las diputadas Paola Valladares, Franggi Nicolás y Shirley Díaz, quienes rompieron la línea de fracción del PLN y del PUSC, respectivamente.
El voto llegó tras discursos de todos los diputados opositores, en medio de una tarde lluviosa que atenuó las manifestaciones en los alrededores del Congreso.
José María Villalta: “Este plan fiscal es la versión más injusta y desigual que se ha presentado en muchos años en este Parlamento. Nunca apoyaremos una reforma que grave la canasta básica, las medicinas, los servicios esenciales”.
— Semanario Universidad (@SemanarioU) 5 de octubre de 2018
No obstante, los discursos fueron acalorados en el interior del parlamento, donde la votación llegó a eso de las 5:00 p.m.
Lo cierto es que “la discusión no se termina aquí y quedan muchos cabos sueltos”, palabras con las que José María Villalta, el diputado del Frente Amplio (FA), recordó que al texto aún le falta buena parte de su trámite y quizás la más importante.
En ascuas
A partir de este momento, Gobierno y Asamblea Legislativa quedan en ascuas. Todo queda en manos de un Poder Judicial, que tendrá que dar su opinión sobre el tema y cuya Sala Constitucional deberá determinar si se cometió o no un vicio de procedimiento, en caso de que se concreten las diez firmas necesarias para enviar el proyecto a consulta.
Con los vicios de procedimiento, dijo el abogado constitucionalista Manrique Jiménez, la Sala IV tiene amplias potestades, y puede ordenar que se anule toda la tramitación de un proyecto o que se repita sólo una parte de la misma.
Dudas quedan sobre muchos puntos, como la forma en que se admitieron mociones de fondo y si se garantizó o no el derecho de enmienda de los diputados; sin embargo, la duda principal es qué opinará el Poder Judicial a través de la Corte Plena, organismo que deberá decir si el proyecto afecta su funcionamiento y si está de acuerdo o no con él.
Ya el Poder Judicial acordó en una resolución sobre una vieja versión del proyecto que la iniciativa sí afecta su funcionamiento, pues las disposiciones de regla fiscal y en materia de empleo público condicionan su “autonomía presupuestaria”; sin embargo, no dijo si estaba o no de acuerdo con el texto.
En caso de que se repita el criterio, la Asamblea Legislativa podría necesitar de 38 votos para aprobar el proyecto, motivo suficiente para anular el procedimiento de vía rápida mediante el que se tramitó el proyecto, o bien solicitar una votación obligatoria de esa cantidad para el segundo debate de la vía rápida.
No obstante, el Gobierno sostiene que el proyecto no nació para afectar el funcionamiento del Poder Judicial sino como una reforma fiscal general, con incidencias para toda la población, y no sólo para ese poder de la República.
Será la Sala Constitucional la que deba resolver quién tendría la razón en ese escenario y si existió algún error de procedimiento que deba corregirse o enterrar el proyecto, a pesar de que Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa ya advirtió que podría ser un vicio de procedimiento que no se hicieran las consultas institucionales, incluida la del Poder Judicial, en la comisión que aprobó el último texto sustitutivo y sus reformas.
La urgencia del proyecto para el Ejecutivo y la certeza jurídica del trámite del Legislativo queda bajo el amparo del Poder Judicial. Nada es seguro.
Por el momento, los diputados aguardarán en medio de una confianza nerviosa, como dejó claro el jefe de fracción del PLN, Carlos Ricardo Benavides, quien recientemente señalaba que no tenía dudas de que el texto siguió el procedimiento que se propuso desde un inicio, aunque la Sala Constitucional siempre puede encontrar “cosas nuevas”.
Benavides mejor que nadie lo sabe, pues fue diputado de PLN cuando cayó el proyecto de Pacto Fiscal impulsado por Pacheco en 2006; mientras que ocupó el Ministerio de la Presidencia cuando pasó lo propio con la Ley de Solidaridad Tributaria en 2010 durante el gobierno de Laura Chinchilla.
“Desde los tiempos de don Abel a hasta hoy han pasado 16 años sin votar una reforma fiscal que arregle la situación y seguimos siendo el país que quiere vivir como Suiza pero que quiere pagar impuestos con un sistema muy parecido al de algunos países centroamericanos”, reprochó el liberacionista la tarde del viernes, justo antes de ver cómo otro proyecto fiscal se aprobaba en condiciones convulsas. ¿La tercera será la vencida?
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