Costa Rica: indígenas se suman a la huelga y el Congreso se alista a aprobar la reforma fiscal
Indígenas se suman a lucha contra plan fiscal
Los grupos indígenas se sumaron a la lucha en las calles contra el combo fiscal en el día 24 de la huelga indefinida, durante la mañana de este miércoles.
La concentración salió a las 10 a.m. desde la Fuente de la Hispanidad en San Pedro de Montes de Oca y se dirigió hasta la Asamblea Legislativa, en donde cientos de personas se desplazaron una vez más para tratar de deponer, a como dé lugar, el proyecto de Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.
Bonifacio Morales, presidente de la Asociación del Consejo Indígena del Cantón Regional de Buenos Aires, llegó con su familia y adujo que viajaron siete horas para decir “no” al combo fiscal.
“La parte aborigen e indígena de Costa Rica pide que se quite el combo fiscal y decir que no. Tenemos el derecho porque el pueblo manda y nosotros elegimos, no Carlos Alvarado. Estamos en pie de lucha en este proyecto que tenemos”, aseveró.
ACUSAN A GOBIERNO DE PROVOCACIÓN
Una vez que llegaron hasta el Primer Poder de la República, los sindicatos comenzaron a acusar al gobierno de “provocación”, al tratar de desviar la discusión del plan fiscal.
Mélida Cedeño, presidenta de la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE), manifestó que los ciudadanos están cansados de la actitud del Poder Ejecutivo y de los diputados de no querer atenderlos.
“Carlos Alvarado piensa que el pueblo está tranquilo. No ha hecho lectura de que el pueblo no quiere sus políticas y está en contra de su gobierno porque él no quiere escuchar al pueblo, quiere seguir gobernando con represión y esa no es la Costa Rica en la que hemos nacido”, acotó.
ABUCHEO A DIPUTADOS
Cerca del mediodía, específicamente en la hora del almuerzo, la mayoría de los diputados fueron abucheados por los manifestantes en el momento en que salían del Plenario hasta el Edificio Sion, cruzando el bulevar.
“Ahí están, estos son los que venden al país”, o “fuera corruptos” resaltaron entre los gritos de los manifestantes a las afueras del Congreso de la República.
Entre los diputados que recibieron abucheos se encontraban Welmer Ramos y Enrique Sánchez del Partido Acción Ciudadana (PAC), así como Karine Niño del Partido Liberación Nacional (PLN), entre otros.
En contraparte, los congresistas José María Villalta del Frente Amplio (FA), Ivonne Acuña del Partido Restauración Nacional (PRN) y Dragos Dolanescu del Partido Republicano Social Cristiano (PRSC) fueron aplaudidos por mantener su discurso de oposición al combo fiscal.
Albino Vargas convoca a “gran acción cívica” en las afueras de la Asamblea ante inminente aprobación de reforma fiscal
El líder de la Asociación Nacional de Empleados Públicos, Albino Vargas, convocó a una “gran acción cívica” en las afueras de la Asamblea Legislativa, luego de que varios diputados cercanos le alertaron que la reforma fiscal podría aprobarse esta misma noche.
Esto, pese a que los diputados aprobaron una doble sesión para este viernes, con el fin de superar la etapa de revisión de mociones y votar en primer debate el proyecto, situación que generó la molestia del líder sindical.
“La aceleración del totalitarismo parlamentario PLN-PUSC-PLN para imponer el odiado combo fiscal, en primer debate, presuntamente este viernes 5 de octubre, legítima (sic) las más creativas formas pacíficas de lucha cívico-popular en las próximas horas”, dijo Vargas, en su cuenta de Twitter.
Tan solo unas horas después, al darse cuenta de una eventual votación esta misma noche, el sindicalista hizo una convocatoria “urgente” a las afueras del Congreso.
Vargas, a través de la misma red social, anunció que este viernes habrá una marcha “de los 4 gatos del Sur-Sur” en Paso Canoas. Este medio intentó obtener información sobre las afirmaciones de Vargas, pero no contestó a las llamadas a su teléfono celular.
Este jueves los diputados hicieron una serie de modificaciones al texto original de la reforma fiscal, además se ratificó la disminución en el pago de dedicación exclusiva a los empleados del sector público. También se reafirmó que la cesantía pagaría un máximo de ocho años para el Gobierno Central y de 12 años en el caso de instituciones con convenciones vigentes.
ACODEHU denuncia violaciones a derechos humanos durante huelga de servidores públicos
La Asociación Costarricense de Derechos Humanos (ACODEHU), denunció ante organizaciones internacionales del sector la supuesta violación a derechos de trabajadores y pobladores durante los 25 días de huelga contra una reforma fiscal que conoce la Asamblea Legislativa.
La Ong resaltó que durante el periodo de huelga han registrado un “incremento de la represión, criminalización y judicialización de la protesta social”.
En Costa Rica, un grupo de sindicatos del sector estatal se encuentra en “huelga indefinida” desde hace 25 días para rechazar un plan fiscal, y afecta principalmente el Ministerio de Educación y de Salud, con el bloqueo a servicios médicos para la población, así como cierres de vías y accesos a distribuidoras de combustibles propiedad de la estatal Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope).
Resaltó que durante cien horas para concretar un diálogo con los sindicatos “no fue posible, por falta de voluntad política de la administración del señor Carlos Alvarado Quesada”.
La organización acusó al Gobierno de “imponer” un documento, resultado del diálogo preliminar entre los representantes del Estado con líderes del movimiento sindical, bajo la mediación de la Iglesia Católica.
“En este contexto, 20 días después de haberse declarado la huelga nacional, el gobierno impone el “Documento de consulta a las bases sindicales y sociales” documento que no recoge las inquietudes ni atiende las demandas de los sectores en huelga y adolece de satisfacer derechos humanos fundamentales de una gran cantidad de actores y sujetos sociales”, indicó.
Explica que “por las mismas inconsistencias estructurales de un documento preliminar y por su naturaleza de ser elevado a consulta de las base, el rechazo fue total y contundente, por lo que el gobierno endurece su posición de intransigencia y agudiza la represión de la fuerza pública, bajo las órdenes del Ministerio de Gobernación y Seguridad!.
“De igual forma, durante las dos últimas semanas el proceso de criminalización, agresiones y judicialización de la protesta social se incrementó contra los sectores que se mantienen en huelga”, asevera.
Además, la organización denuncia la supuesta “intimidación del gobierno (que) se ha caracterizado por amenazar con la declaratoria de ilegalidad de la huelga; el despido masivo y selectivo del sector magisterial y de otras instituciones estatales. Se suma a esto, la campaña mediática del miedo dirigida al pueblo, distorsionando la verdadera esencia y contenido del Plan fiscal que se discute y pretende imponer desde las Asamblea Legislativa, contra las grandes mayorías que lo objetan”.
Añadió que el tema de fondo es que el pueblo rechaza el Proyecto de Ley 20.580 por su carácter neoliberal y regresivo que atenta contra las conquistas sociales de la clase trabajadora y los sectores más vulnerables del país.
“Este obedece a los dictados del FMI y plantea la exoneración de impuestos a las empresas trasnacionales como las zonas francas y otras que operan con grandes tasas de ganancia en este país”, sostiene.
ACODEHU resaltó que “en el contexto de rechazo de este proyecto, y porque no ha dado la oportunidad de otro proyecto de verdadera justicia social, es decir una reforma fiscal progresiva, justa y solidaria, el pueblo se mantiene en las calles en marchas pacíficas manifestando el derecho a disentir, directamente ligado a un conjunto de derechos que resguardan la protección constitucional; así tenemos el derecho de asociación (Art.25), el derecho de reunión y manifestación(Art.26), derecho a la libertad de petición (Art.27), derecho a la libertad de expresión y opinión (Art.28 y 29), además del Artículo 13 de la Convención Interamericana de DDHH y el derecho a huelga (Art.61 y Convenio 87 de la OIT).”
Violencia
“Al día de hoy los episodios de violencia por parte de los diferentes cuerpos represivos, se han caracterizado por actuar de forma brutal en diferentes lugares del país, haciendo uso de gases lacrimógenos, golpeando en forma indiscriminada a la ciudadanía partícipe en las diversas manifestaciones, amén de las diferentes organizaciones sociales, sindicales y organizaciones de Derechos Humanos”, denuncia.
La organización dio a conocer una lista de las “Principales comunidades reprimidas y/o intimidadas por provincias”, entre las que resaltan “Liberia, Guanacaste, Puntarenas: Parrita, Quepos, Jacó, Miramar, Barranca, Caldera, Paso Canoas; en Alajuela: Upala, Muelle, San Ramón, La Garita. Limón: Hone Creek, Moín, Siquirres, Valle la Estrella y territorios indígenas. Cartago: Alto de Ochomogo. San José: San Pedro Montes de Oca (violación a la autonomía universitaria y represión, criminalización y judicialización a una estudiante y tres estudiantes universitarios. El profesional de Ciencias de la Comunicación que cubría los hechos de ese día, 12 de setiembre, fue brutalmente agredido”.
Igualmente, denuncia que 55 personas han sido detenidas “y un menor de edad asesinado” en Moín, Limón.
Por otra parte, sostiene que el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud y otras entidades del estado han procedido con amenazas abiertas en la línea de despidos y rebajos salariales a trabajadoras y trabajadores que están en huelga, o bajo la amenaza directa de plantear en los tribunales de trabajo la “ilegalidad de la huelga”.
ACODEHU, liderada por la abogada Ana Cecilia Jiménez Arce, asevera que “el discurso sostenido del Gobierno contra los derechos laborales conquistados a partir de 1940 se ha hecho presente a través de acusaciones infundadas contra las trabajadoras y trabajadores públicos, acusándoles de supuestos actos de violencia y terrorismo”.
Finalmente, denunció que se desarrolla una “campaña mediática y difamación del movimiento de huelga”.
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