Corrupción en Perú: la Fiscalía prevee una condena de entre 13 y 16 años de prisión para Keiko Fujimori
Keiko Fujimori podría recibir una condena de 13 a 16 años de prisión, según fiscal
Durante el sustento del pedido de prisión preventiva, el fiscal José Domingo Pérez explicó que en caso se le imponga una condena a Keiko Fujimori por el delito de lavado de activos en forma agravada, le correspondería una pena de entre 13 a 16 años de prisión.
«Atendiendo que se está imputando a Keiko Fujimori el delito de lavado de activos como autora. Se le esta imputando los actos de conversión, ocultamiento de activos de procedencia ilícita provenientes de fondos ilícitos de actos de corrupción de la empresa Odebrecht entregados por Jorge Barata», dijo el fiscal.
«Y que en el ejercicio de liderazgo de una organización criminal dispuso a los captadores Jaime Yoshiyama y Mario Bedoya la solicitud de dinero a esta empresa de cuyo origen ilícito tenían y atendiendo a que ese dinero ha sido ingresado como aportes a la campaña electoral del 2011, a través de las modalidades que han sido descritas», añadió Pérez.
El fiscal José Domingo Pérez señaló que la norma penal establece para el delito de lavado de activos en su forma agravada, un margen no menor de 10 años, ni mayor de 20. A Keiko Fujimori se le ubicaría en un tercio intermedio que corresponde entre 13 años y cuatro meses a 16 años y seis meses.
Crisis del fujimorismo | Nicolás Lynch Gamero, político y académico peruano: “Tenemos que ir a una Asamblea Constituyente”
Por Carla Perelló, desde la redacción de NODAL
El 10 de octubre pasado Keiko Fujimori, lidereza del partido Fuerza Popular, permaneció detenida por diez días en Lima, Perú. La Fiscalía de Lavado de Activos consideró que había riesgo de fuga tras interrogarla en el marco de la causa que investiga el financiamiento ilícito de su campaña a la presidencia en 2011 (entonces partido Fuerza 2011) por parte de la constructora Odebrecht. Ahora piden hasta 16 años de prisión. Ella no es la única en el ojo de la política peruana: toda su familia se ha visto involucrada en distintos escándalos desde fines del año pasado y hasta se los señala como actores principales de una trama de corrupción político judicial conocida como “Audios CNM” descubierta por IDL-Reporteros, que tuvo como perlita la fuga de un (ahora) exjuez supremo. ¿Cuál es el destino político de esta fuerza que existe hace más de 25 años? ¿En qué derivarán las marchas anticorrupción que van en aumento en la calle? NODAL entrevistó a Nicolás Lynch Gamero, político y académico peruano para conocer un poco más acerca de cuál es el panorama.
Algunos de los últimos hitos en los que la familia Fujimori ha sido señalada: el indulto a Alberto Fujimori, la salida del expresidente Pedro Pablo Kuczynski, la asunción de Martín Vizcarra y su desestimación del indulto, hasta la derrota del fujimorismo el pasado 7 de octubre en elecciones regionales.
¿Cuál es la situación de la política actual del país?
El destape de una trama de corrupción ha cubierto todo el Estado desde la salida de Kuczynski. Es una crisis por cómo se ha gobernado en los últimos 25 años en donde el componente corrupción ha jugado un rol central. Se ha pensado que estaba limitado, pero el pasaje a la democracia no significó un cambio de las costumbres, sino que se profundizaron. Desde entonces hemos tenido una democracia limitada y los recursos públicos se usaron como si fueran propios. En un primer momento, cuando se produjo la transición (en 2000) la fuerza del fujimorismo bajó, hubo investigaciones en torno a Alberto Fujimori y a (su asesor) Vladimiro Montesino y terminaron en la cárcel, pero la forma patrimonial de gobernar continuó con los expresidentes. Todos están encausados o con órdenes de captura: (Alejandro) Toledo extraditado, (Alan) García es el más hábil para evitar la cárcel, (Ollanta) Humala ha estado preso y Kuczynski tiene procesos en su contra. En este marco, se producen las elecciones del 2016 en las que el fujimorismo gana con una abrumadora mayoría parlamentaria y ahora, por ejemplo, es el Poder Judicial el que está en las noticias, pero también abarca al fujimorismo en el legislativo, que tiene 62 de las 130 bancas. Sin embargo, ha usado a su aparato de clientela de manera especialmente torpe porque ha querido hacer valer su mayoría por la fuerza. Eso ayudaba en su modo de gobernar a Kuczynski, hasta que se conocieron causas suficientes para destituirlo. Allí, el fujimorismo ha usado su mayoría en función de sus intereses de corto plazo y haciendo uso de la corrupción que se ha extendido al Ministerio Público y al Poder Judicial, queriendo controlar organismos electorales y el Consejo de la Magistratura. Con el escándalo también sale a la luz la maraña de esta familia y los problemas internos entre los hermanos Keiko y Kenji, ambos legisladores. El padre sale de la cárcel y el fujimorismo continúa usando su fuerza a su favor.
¿Esto ha afectado en la popularidad del fujimorismo?
Tiene un impacto muy fuerte en la opinión pública. El movimiento en las calles es cada vez más grande, en contra de la mayoría parlamentaria y pide a Vizcarra que cierre el Congreso y llame a elecciones parlamentarias. Pero son reclamos a nivel social, no hay una coalición política que se enfrente al fujimorismo, entonces siguen usando su poder político. Esto se ha visto con (el exjuez de la Corte Suprema, César) Hisnostroza que huyó a España cuando demoraron la entrega del expediente para su destitución, un juez vinculado a esta familia en una organización criminal de “cuellos blancos” del puerto del Callao, desde donde sale la mayor cantidad de cocaína hacia el exterior. Entonces, el fujimorismo sí ha sido afectado en este tiempo. A principio de año solía tener un 35 por ciento de aprobación y pasó al 8 en los últimos meses. La opinión pública está cada vez más indignada, con Keiko en particular por ser la cabeza política. El tema es que no hay una alternativa política que traduzca este descontento social de la calle en una alternativa distinta. Esto tiene que ver con lo que ha significado el modelo neoliberal: destrucción y desnacionalización del trabajo. El Perú es uno de los países que menos trabajadores tiene registrado: sólo 12 por ciento y el 75 permanece en informalidad. Se ha destruido el trabajo productivo, todo se centra en el trabajo minero y financiero. Esa sociedad es muy difícil de representar. Nos encontramos en ese atoro en el Perú.
¿Cuál su lectura de las elecciones regionales del 7 de octubre -donde el fujimorismo perdió- y cuál es el panorama de cara a unas posibles elecciones presidenciales?
En las regionales se ha favorecido a los candidatos y partidos de ocasión, los partidos tradicionales han tenido un pequeño lugar y la izquierda un pésimo desempeño. En Lima sacó décimo lugar y, hasta donde sé, han ganado en un solo departamento de 25. La crisis de representación destruye trabajo, organización social y economía. Ha potenciado los partidos clientelistas y, salvo el fujimorismo, no hay un elenco estable de partidos, lo que lleva a una crisis y una confusión terrible. Aunque hay alguna gente que se perfila, como Verónika Mendoza (presidenta de Nuevo Perú) muy carismática con una plataforma muy renovada que sacó 20 por ciento. Está también Julio Guzmán, un tecnócrata de centro. Los partidos tradicionales como el APRA, Perú Posible y el Partido Nacionalista Peruano, parecen estar en muy mala situación. El fujimorismo es un interrogante, aparece abajo en las encuestas pero es el tipo de derecha popular basada en el clientelismo que es difícil de medir. Veremos cómo se soluciona esta crisis política.
Vizcarra pareciera querer dar solución a esta crisis a partir de sus propuestas de reforma política y judicial, ¿cuál es su opinión al respecto y cómo explica la posibilidad de cierre del Congreso que se barajó en septiembre?
Vizcarra es un hombre de derecha que ha sido un presidente regional (gobernador provincial) exitoso en Moquegua. Por esa razón Kuzcynski lo puso como vicepresidente y desde que ha entrado está demostrando energía en el combate a la corrupción, pero el modelo económico no lo tocó. Y ha propuesto cuatro reformas políticas y judicial, de financiemos de partidos y magistraturas con cambios en cómo se nombran jueces y fiscales; y el retorno del Senado (N de R: la vuelta a un sistema bicameral), que el fujimorismo ha intentado cambiar y no ha logrado, por lo que el 9 de diciembre irán a referéndum. Está mostrando una voluntad desconocida desde el Poder Ejecutivo, pero es un hombre de derecha. Por otro lado, la Constitución en los artículos 79 y 93 da la posibilidad de que el Congreso se cierre si niega el pedido de confianza en dos gabinetes ministeriales, en esta ocasión ya era la segunda vez porque Kuzcynski ya había sido rechazado en una ocasión. El mecanismo no existe en otros países de la región porque no es propio del régimen presidencialista. Si era negado, lo que es una prohibición constitucional de tipo parlamentario, el presidente puede cerrar el Congreso y llamar a elecciones legislativas.
¿Qué alternativas ve ante esta situación de crisis?
Se podría ir a un proceso de reforma constitucional más profundo, este sistema político del 93 está en abierta crisis. Tenemos que ir a un cambio constitucional con una Asamblea Constituyente y elecciones con nuevas reglas de juego. Las que impuso el fujimorismo están obsoletas en este momento. Ahora ¿habrá fuerzas que lleven adelante esta propuesta? es el interrogante.
Keiko Fujimori a juez Concepción: Me preocupa que ya tenga decisión tomada
La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, expuso sus alegatos de defensa ante el pedido de la Fiscalía de dictar 36 meses de prisión preventiva por los presuntos aportes de la empresa brasileña Odebrecht para la campaña electoral del 2011.
Al inicio de su exposición, la ex candidata presidencial cuestionó la objetividad del juez Richard Concepción Carhuancho por haber dictado su detención preliminar durante 10 días y no inhibirse del caso días atrás.
«Me preocupa que diga lo que diga, haga lo que haga, usted ya tiene una decisión tomada. Esta sensación la tengo desde que dictó la injusta detención en mi contra y cuando rechazó inhibirse. Espero estar equivocada», dijo durante su intervención.
Durante su exposición, la hija mayor del ex presidente Alberto Fujimori recordó que construyó su partido en medio de grandes adversidades «y no para lavar activos».
Con referencia a Jorge Barata, apoderado de Odebrecht en el Perú, Keiko Fujimori remarcó que el fiscal «inventó» una supuesta relación con él. «Nunca tuve una reunión con él. Es absurdo decir que me haya dado dinero», enfatizó.
Sobre el testigo protegido de la fiscalía, la lideresa de Fuerza Popular señaló que «miente» al afirmar que Carmela Paucará era su secretaria. «Ella trabajaba en el despacho de Martha Moyano e inicia su trabajo en Fuerza Popular en el 2014», indicó.
Respecto a Vicente Silva Checa, Keiko Fujimori refirió que nunca ha sido asesor del partido. «No ha pertenecido ni es militante de Fuerza Popular. Es un abogado al que mi abogada consulta de vez en cuando», reiteró.
Además, insistió en que no se fugará del país y que el hecho de que no tenga casa propia no quiere decir que no tenga arraigo, por lo que consideró que dicho argumento fiscal es «absurdo».
«No me voy a ir del país. No me fui en el año 2000 cuando cayó el régimen de mi padre y él se fue a Japón. Decidí quedarme a pesar de que sabía que vendrían tiempos difíciles. En ningún momento me corrí. En el 2004 le pedí a Mark casarnos acá, en mi país, con mi familia. No me fugué antes, no me voy a fugar ahora», precisó.
Durante su exposición, Keiko Fujimori recordó al ex presidente Alejandro Toledo, quien se encuentra en Estados Unidos y se niega a regresar al Perú pese a tener orden de captura por presuntamente haber recibido 20 millones de dólares de la empresa Odebrecht.
«¿No hay un ex presidente que se ha fugado de manera extraña pese a tener tres casas propias? Desde el 2005, cuando volví al Perú, vivo en una casa alquilada, pero eso no le da ningún derecho al fiscal para asegurar que voy a fugar. Eso demuestra la falta de equilibrio y objetividad del fiscal a cargo de este caso», anotó.
En otro momento, Fujimori Higuchi dijo «tener la conciencia tranquila» y que no obstruirá a la justicia. «Mantengo la esperanza de que se me hará justicia. En esta audiencia se ha demostrado que tengo arraigo laboral, que no pienso fugarme, que nunca he obstruido a la justicia», afirmó.
La lideresa de Fuerza Popular se dirigió al juez Concepción Carhuancho en su última intervención: «Antes de tomar la decisión, le pido tomar en cuenta el principio de la presunción de inocencia. Merecemos, como todos los ciudadanos que se respete el debido proceso. Lo que estoy viviendo no se lo deseo a nadie. He sido detenida injustamente, soportando diversas humillaciones. Enfrentaré este proceso en nombre de la verdad, en nombre de mi partido y en nombre de mi familia».
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