Desaparición forzada: negacionismo y avances en Suramérica – Por Javier González Arellano
Por Javier González Arellano *
«Y si toda muerte humana entraña una ausencia irrevocable, ¿qué decir de esta ausencia que se sigue dando como presencia abstracta, como la obstinada negación de la ausencia final?». Son las palabras pronunciadas hace más treinta y seis años por Julio Cortázar en su discurso titulado «Negación del olvido», expuesto en el Coloquio de París sobre la política de desaparición forzada de personas (1981), en el que por primera vez se planteó la necesidad de adoptar una Convención Internacional sobre Desapariciones Forzadas.
Desde ese entonces, y gracias a la constante lucha de las diversas organizaciones no gubernamentales y agrupaciones de víctimas, se ha construido progresivamente un régimen jurídico internacional de protección contra esta práctica criminal, constituido por la Declaración sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas (1992), Convención Interamericana sobre la desaparición forzada de personas (1994), el Estatuto de Roma (1998), la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas (2006), la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y las resoluciones de los comités de derechos humanos de Naciones Unidas. En dicho régimen internacional de protección, también se recuerda el mandato de criminalización que obliga a los Estados parte a tipificar el delito en su derecho interno conforme a los estándares internacionales.
Desgraciadamente, y pese a los grandes esfuerzos de la comunidad internacional por erradicar este crimen, las desapariciones forzadas se han vuelto una práctica recurrente y generalizada. En su último informe del año 2016, el Grupo de Trabajo Sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias da cuenta del escalofriante escenario actual: “El número de desapariciones forzadas sigue aumentando en todo el mundo bajo la creencia falsa y perniciosa de que esta práctica constituye un instrumento útil para preservar la seguridad nacional y combatir el terrorismo y la delincuencia organizada”.
Sumado al lamentable incremento de las desapariciones forzadas en todo el mundo, durante los últimos años hemos sido testigos de discursos negacionistas que invisibilizan o minimizan la magnitud y atrocidad de este crimen, como el caso de Darío Lopérfido, ex Ministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, quién negó la cifra de 30.000 desaparecidos en Argentina, seguido por las lamentables declaraciones del actual presidente Mauricio Macri, donde aseveró “no tener idea si fueron 9.000 o 30.000” los desaparecidos en dictadura. Siguiendo esta tendencia, el presidente del Centro Militar de Uruguay, el coronel (r) Carlos Silva, sostuvo que “[…] muchas veces lo que se hace es proyectar la situación de Argentina para dentro del Uruguay. Ponen 200 desaparecidos en Uruguay. Eso es una mentira. Acá en el Uruguay creo que fueron… 32… y de los cuales algunos no eran nuestros”.
A las y los negacionistas tenemos el deber de recordarles que la desaparición forzada es un crimen que viola derechos humanos caracterizados por su inderogabilidad. Es considerada como una violación múltiple, compleja y pluriofensiva, transgrediendo derechos fundamentales como son los derechos a la vida, la libertad personal, la integridad personal, al reconocimiento a la personalidad jurídica, entre otros. Los elementos constitutivos de este crimen son la privación de la libertad, la intervención directa de agentes estatales o la aquiescencia de éstos y la negativa de reconocer la detención y de revelar la suerte o el paradero de la persona interesada. Su práctica sistemática y generalizada constituye un crimen de lesa humanidad, esto es ¡un crimen en contra de la esencia misma de la humanidad!
La desaparición forzada es considerada como continuada o permanente, mientras no se establezca el destino o el paradero de la víctima, originando un grave y continuado sufrimiento a su familia, ya que, por un tiempo indeterminado, siguen viviendo en una situación de desesperación, de angustia, estrés e inseguridad frente a la desaparición. El derecho a acceder a la justicia, el derecho a la verdad y el derecho a la integridad personal de los familiares, se ven vulnerados por esta práctica. Es por esta razón, que las y los familiares son considerados también víctimas de la desaparición forzada.
El negacionismo tiene consecuencias abrumadoras para las víctimas. Al desmentir lo ocurrido o tratar de minimizar la tragedia, las y los familiares sufren un proceso de revictimización, incorporando nuevas situaciones dolorosas en su vida, exponiéndose nuevamente a un contexto de fragilidad, vulnerabilidad y exclusión, y consolidando la cronificación de las secuelas psicológicas a consecuencia de la desaparición. El negacionismo, y la consecuente revictimización, supone un retroceso en las medidas de reparación -esto es, las diferentes formas como un Estado puede hacer frente a la responsabilidad internacional en la que ha incurrido-, en relación con las directrices de rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición, esenciales en cualquier proceso de Justicia Transicional.
El origen de esta práctica criminal data desde la primera mitad del siglo XX, proyectándose hasta la actualidad. Fue utilizada en los regímenes dictatoriales de Europa y cívico-militares de América Latina, los que hicieron de la desaparición forzada una técnica para sembrar el terror, incertidumbre y control en la población, gozando de la impunidad propia que entrega el acto de encubrimiento del crimen. Dicho todo lo anterior, si el encubrimiento ¬para lograr la anhelada impunidad del victimario¬ es un elemento constitutivo de esta práctica, ¿qué importancia tiene la exactitud estadística cuando se manejan cifras astronómicas de un crimen de semejante atrocidad y, más aún, permaneciendo vigentes los pactos de silencio que impiden, por un lado, la búsqueda de la verdad y, por otro, dar con el paradero de las víctimas? Detrás de cualquier práctica negacionista, se encuentra el revisionismo histórico que busca justificar los crímenes en base a un discurso de carácter salvífico pregonado por las dictaduras, sustentado en la bonanza económica y el discurso progresista, que opera como el gran estandarte de los beneficiados por los regímenes dictatoriales, donde la violencia cometida sistemáticamente contra la población civil ¬y el sufrimiento consecuente de las víctimas¬, constituyen, para los negacionistas, el precio necesario de un futuro mejor.
Ahora bien, a los negacionistas también les debemos recordar que durante los últimos años hemos visto avances en la búsqueda de la verdad, justicia y la reparación para víctimas de desapariciones forzadas en la región suramericana. En Bolivia, por ejemplo, recientemente se ha constituido la Comisión de la Verdad, entidad que tiene como misión encontrar todos los datos y la información posible, que ayuden a esclarecer los hechos relacionados con delitos de lesa humanidad cometidos por militares entre el 4 de noviembre de 1964 y el 10 de octubre de 1982, periodo de tiempo que abarca las dictaduras de René Barrientos, Hugo Banzer y Luis García Meza. La creación de esta entidad investigadora, fue posible gracias a la constante lucha de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (ASOFAMD) y la Plataforma de Luchadores Sociales Contra la Impunidad, quienes, junto a otras asociaciones de víctimas, demandaron durante años que la Asamblea Legislativa aprobara el proyecto de ley de la Comisión de la Verdad.
En Paraguay, por su parte, se continuará buscando a detenidos desaparecidos durante la Operación Cóndor y la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989) tras el aporte del Ministerio de Justicia, que firmó un convenio de unos 60.000 dólares para las excavaciones y exhumaciones durante un año. El primer convenio de cooperación técnica fue firmado en 2014 entre el Ministerio de Justicia y el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales. Por medio de esa cooperación, se contrató al Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) y se logró la creación del Banco Genético de Familiares, el Perfil Genético de la Población Paraguaya, el perfil biológico de 22 esqueletos y la identificación de cuatro personas, tres de ellas víctimas de la Operación Cóndor.
En Colombia, donde el horror de la desaparición forzada ha arrojado cifras que alcanzan las 60.630 víctimas, para hacer frente a esta atrocidad, el presidente Juan Manuel Santos emitió, a principios de abril, tres nuevos decretos con fuerza de ley que darán vida a tres instancias claves para el acuerdo de paz y la búsqueda de los desaparecidos: la Comisión de la Verdad, la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos y el comité de selección de los magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
En Ecuador, el ex-presidente de la República, Rafael Correa, anunció la construcción de un Museo de la Memoria en los predios del antiguo Regimiento Quito n.º 2, donde antes funcionaba el Servicio de Investigación Criminal (SIC-10), lugar donde se cometieron violaciones a los derechos humanos, como fue el caso de la desaparición de los hermanos Carlos y Pedro Restrepo. El Museo forma parte de las políticas de reparación para las víctimas de violaciones a los derechos humanos sucedidas entre el 4 de octubre de 1983 y el 31 de diciembre de 2008.
En Chile, en agosto del presente año, la Corte de Apelaciones condenó a ocho antiguos miembros de la DINA (¬policía secreta del régimen dictatorial de Pinochet), por el secuestro calificado -desaparición forzada-¬ de Luis Durán Rivas, quién fue detenido cerca de su domicilio y llevado a los centros de tortura y exterminio de la DINA conocidos como José Domingo Cañas, Cuatro Álamos y Villa Grimaldi, donde fue visto con vida por última vez. En 1975, su nombre apareció en la lista de víctimas de la Operación Colombo, que fue un montaje de la DINA para encubrir la desaparición de 119 prisioneros políticos, en el que participaron además las dictaduras militares de Argentina y Brasil.
En Uruguay, un grupo de antropólogos ha retomado las excavaciones en el Batallón militar n.°13 de Montevideo, continuando la tarea de búsqueda de desaparecidos que fue encomendada por el presidente Tabaré Vázquez al Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia, organismo creado en 2015 que tiene por misión apoyar la investigación y el esclarecimiento de los crímenes contra la humanidad perpetrados por el Estado entre 1968 y 1973, cuando el país estuvo gobernado primero por Jorge Pacheco Areco y luego por Juan María Bordaberry, y la posterior dictadura cívico-militar de 1973 a marzo de 1985.
En Argentina, apenas se conoció el escandaloso fallo de la Corte Suprema de Justicia que considera aplicable el beneficio del 2×1 a genocidas condenados por delitos de lesa humanidad, los principales referentes y organismos de Derechos Humanos expresaron su repudio, realizándose una multitudinaria marcha a principios de mayo del presente año. Dicha convocatoria fue apoyada por diversos organismos de derechos humanos tanto nacionales como internacionales. El Juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Raúl Zaffaroni, se sumó a la campaña y pidió que “la justicia argentina termine con esta situación insólita que se ha creado con el pretexto de aplicación retroactiva de ley más benigna”.
Y qué decir de las innumerables muestras artísticas y audiovisuales, las políticas orientadas a construir lugares de memoria, los programas de estudios orientados a formar defensores de derechos humanos, las numerosas publicaciones científicas sobre las desapariciones, las políticas encaminadas a la desclasificación de archivos y la cooperación internacional en materia de justicia, como el caso de la justicia italiana que, a principios de este año, condenó a 8 criminales por el asesinato de 23 ciudadanos italianos en el marco de la operación Cóndor.
Por último, recordemos que la desaparición forzada no es sólo una práctica de regímenes dictatoriales del pasado. Este crimen se ha cometido en Estados de derecho democráticos que se encuentran en un escenario de conflicto interno o bien no ejercen un control efectivo sobre su territorio y en sus agentes estatales. Este es el caso de Colombia con los diferentes grupos, tanto estatales como ¬paramilitares, guerrilleros y narcotraficantes ¬que han cometido desapariciones o en Chile con los casos de José Huenante, José Vergara y Hugo Arispe, todos desaparecidos por las fuerzas policiales o el reciente caso de Santiago Maldonado en Argentina, desaparecido por Gendarmería Nacional durante los hechos de represión acaecidos en el departamento de Cushamen.
Como señalan el Grupo de Trabajo ad hoc y el Comité especializado de Naciones Unidas para este crimen, las desapariciones forzadas son parte del presente. Están ahí, no podemos ser indiferentes. Como miembros de la sociedad civil tenemos el deber de recordar lo ocurrido y actuar frente a lo que pasó y lo que está pasando. Esperemos que las diversas medidas tomadas por los gobiernos de la región suramericana ayuden a los propósitos de verdad, justicia y reparación para las víctimas. En este 30 de agosto, día internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, no olvidemos a todas y todos aquellos que fueron y son víctimas de desapariciones forzadas, que representan, siguiendo a Cortázar, «[…] esa ausencia que se sigue dando como presencia abstracta, como la obstinada negación de la ausencia final […]”.
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