La CIDH y la ONU piden lista de víctimas y acceso a cárceles en Nicaragua
CIDH y ONU piden lista de víctimas y acceso a cárceles
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) solicitaron al Gobierno de Nicaragua las listas de muertos y heridos en los operativos dirigidos por la Policía Nacional, como los ocurridos el fin de semana pasado en Carazo que dejaron “alrededor de 20 fallecidos y decenas de heridos”.
“El Estado de Nicaragua debe ofrecer el listado de todas las personas fallecidas y heridas en estos operativos y realizar de forma inmediata, expedita y debida una investigación de los responsables por estos hechos”, expresa la nota conjunta.
La CIDH y Acnudh también “instan a que todas las acciones de levantamientos de focos de violencia y operativos de la Policía Nacional sigan estrictamente un enfoque de derechos humanos y los protocolos acordados previamente en la mesa de diálogo”.
Asimismo, solicitan a las autoridades nicaragüenses información sobre las personas detenidas y acceso a los centros de detención, “para verificar su integridad personal y las garantías de acceso a la justicia”.
La violencia
En el comunicado emitido este martes, la CIDH y la Oficina Regional del Alto Comisionado “condenan enérgicamente los graves hechos de violencia ocurridos en diferentes zonas de Nicaragua este fin de semana, y reiteran el llamado al desmantelamiento urgente de los elementos armados progubernamentales”.
Luego rechazan “la estigmatización y persecución de personas defensoras de derechos humanos y otros actores en el proceso de diálogo nacional” entre el Gobierno y representantes de la sociedad civil población, cuyo objetivo es superar la crisis que ha dejado, al menos, 320 muertos en menos de tres meses de acuerdo con datos preliminares de organismos de derechos humanos locales.
“Cualquier operativo que lleven a cabo las fuerzas de seguridad debe ajustarse al uso razonable y proporcional de la fuerza”, agregaron.
El ataque a sacerdotes
Los dos organismos internacionales rechazaron “enfáticamente” las agresiones físicas y verbales contra varios religiosos católicos, incluyendo al nuncio apostólico Stanislaw Waldemar Sommertag y periodistas, registradas en la ciudad de Diriamba este lunes.
Alertaron de la “campaña de estigmatización” sufrida por la Iglesia Católica, por “sus labores de protección a la integridad física de las personas manifestantes” y por su rol de mediadores en el diálogo nacional.
También exhortaron al Estado “a que se abstenga de hacer declaraciones públicas” contra los defensores de los derechos humanos y de quienes integran la mesa de diálogo, ya que esto puede incentivar la violencia en contra de las personas en razón de sus opiniones.
Abrão: Hubo violencia desmedida una vez más
José Espinoza
Paulo Abrão, secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), denunció la violencia “desmedida” empleada para reprimir a los protestantes antigubernamentales en Carazo.
“Estamos muy preocupados por lo que ha pasado en el fin de semana, nos parece que hubo una violencia desmedida una vez más, y es necesario cesar inmediatamente la represión y construir los caminos para el uso de un protocolo correcto del uso de la fuerza, para que se respeten los estándares internacionales”, sostuvo Abrão este martes, antes de partir de Managua hacia Washington D.C.
También hizo “un nuevo llamado al Estado en el sentido de que hay que mantener las vías pacíficas, privilegiar la mesa de diálogo para construir los caminos pacíficos de solución a la crisis”.
“Se debe seguir manejando el uso de la violencia de manera proporcionada en el marco de los estándares internacionales”, añadió Abrão.
Reconoció que durante la permanencia de la CIDH en Nicaragua “el Estado ha puesto su equipo de seguridad al servicio del GIEI y el Meseni, y agradecemos mucho el apoyo y seguridad que hemos recibido”.
Consejo de la OEA analiza mañana la crisis de Nicaragua
La Organización de Estados Americanos (OEA) anunció ayer que el Consejo Permanente de este organismo analizará mañana, miércoles, la situación de la crisis que está atravesando el país.
Dicha sesión será transmitida en vivo a través de la plataforma oficial de la OEA a las 10 a.m. hora del este de Estados Unidos, es decir, a las 8:00 a.m. hora local, confirmó ayer la institución a través de su cuenta oficial de Twitter.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) confirmó que durante la reunión también se abordará la instalación del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni) y el Grupo de Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
El informe final de la CIDH, presentado el pasado viernes 22 de junio ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), indicó que la represión gubernamental a las protestas cívicas en el país, que iniciaron desde el 18 de abril, provocaron como consecuencia una “grave crisis de derechos humanos.
En dicho informe, se reportan al menos 212 personas fallecidas durante los ataques a las manifestaciones y en los hechos violentos ocurridos entre el 18 de abril y el 19 de junio. También se registraron 1,337 lesionados y cientos de detenidos y en “situación de riesgo” ante ataques y amenazas, según la CIDH.
Sin embargo esta cifra se ha incrementado en los días posteriores, la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (Anpdh) elevó a 309 la cifra total de víctimas la semana pasada.
Pablo Abrao: “La represión ha cambiado su modus operandi”
El secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Pablo Abrao, ha concluido este martes una nueva visita a Nicaragua, la segunda que realiza desde que se aprobó la llegada de la CIDH, a raíz de la brutal represión del Gobierno de Daniel Ortega, en contra de las manifestaciones antigobierno, que exigen su salida del poder.
En entrevista con el programa de televisión Esta Semana, el domingo reciente, Abrao aseguró que tras su visita de mayo, en julio ha encontrado “diferente” a Nicaragua, pero no es un cambio para bien. “La represión ha cambiado su modus operandi, y la Comisión ha observado nuevas prácticas de violencia”, afirmó el secretario ejecutivo de la CIDH.
Hasta el pasado viernes, la Comisión había confirmado en Nicaragua al menos 225 asesinados. Para entonces faltaban las dos decenas de personas muertas en los ataques del fin de semana en diferentes ciudades del Pacífico y Norte del país, principalmente en Diriamba y Jinotepe, donde se calculan casi veinte muertos en lo que el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) calificó como un “feroz exterminio”.
Abrao lamentó que las cifras van cambiando cada día, con más muertos en un saldo que no para de crecer desde que se reportó el primer asesinado, el pasado 19 de abril. Además, comentó que las organizaciones de derechos humanos en Nicaragua manejan cifras diferentes, pero explicó que la CIDH busca documentar cada uno de los casos.
Cuando concluyó la primera visita de la CIDH, a finales de mayo, la cifra aún no llegaba a los cien fallecidos. Hasta entonces el registro era de 76 asesinados, pero cuando tocó presentar su informe ante la Organización de Estados Americanos (OEA) la lista ya sumaba 147 muertos.
“La violencia se ha recrudecido de manera muy intensa. Si había antes algunas prácticas de represión bastante específicas, ahora estas prácticas están diversificadas”, reiteró Abrao, tras detallar que la CIDH ha observado el uso de paramilitares y otros grupos armados, que están actuando bajo la presencia de la Policía Nacional, o incluso operando de manera conjunta.
La policía no está acuartelada
Abrao también mencionó que están al tanto del incremento de las detenciones y ataques tras la violenta desintalación de los tranques, en una acción que el Gobierno ha bautizado como “Operación Limpieza”, y que en menos de un mes ha dejado varias decenas más de fallecidos, heridos y detenidos.
Según el secretario ejecutivo de la CIDH, la Comisión ha enviado al Gobierno un conjunto de solicitudes de información, para evaluar cuál es el cumplimiento de las quince observaciones hechas por la CIDH tras su primera visita, y que el Gobierno se comprometió a atender y respetar en la mesa plenaria del Diálogo Nacional, ahora suspendido tras el reiterado inclumplimiento de parte del régimen, principalmente por no ordenar el cese de la represión ni desmantelar los grupos “parapoliciales”, como demandó el organismo.
Abrao comentó que la información facilitada “es un poco ambigua”. Sin embargo, agregó que la presencia del Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales (GIEI) y el Mecanismo de Seguimiento de Nicaragua (Meseni) “generan la posibilidad de instalar mesas de trabajo permanentes y periódicas para hacer seguimiento de esas observaciones”.
Tras subrayar que la Comisión ha visto documentada la operación de la Policía con los paramilitares (de manera conjunta o bajo su presencia), Abrao sugirió que “tendría que valorarse mejor esa apreciación de que la Policía está acuartelada, porque no es lo que la Comisión ha verificado esta semana”.
La semana reciente, el diputado y presidente de la Comisión de Asuntos Internacionales de la Asamblea Nacional, Jacinto Suárez, justificó a los paramilitares en una entrevista con el diario digital El Faro, de El Salvador, indicando que “posiblemente sean fuerzas auxiliares de la Policía… trabajadores del Estado”.
Abrao aseguró que la afirmación del diputado Suárez “es coherente con lo que (en la CIDH) ya hemos documentado en nuestro primer informe. La Comisión ya había hablado de estos grupos armados, de terceros armados o parapoliciales, que han actuado con la presencia de la Policía Nacional”, reiteró.
Seguimiento a la criminalización de la protesta
Además, el secretario ejecutivo de la CIDH precisó que han recibido información de más de 200 detenidos en las cárceles nicaragüenses y que están definiendo cómo investigar la supuesta existencia de cárceles ilegales y clandestinas.
“Nos interesa conocer los expedientes y el tipo de cargos que se están imputando, para verificar si están ajustadas a los estándares internacionales, o si son compatibles con la realidad”, comentó sobre los detenidos.
Igualmente, indicó que las denuncias de desaparecidos deben ser investigadas caso a caso, porque pueden ser personas “que han pasado a la clandestinidad” por razones de seguridad, o que quizá fueron detenidas por grupos paramilitares que no las reportaron a las autoridades correspondientes.
“Si se confirmara (la existencia de cárceles ilegales), sería una violación grave a los estándares internacionales de derechos humanos”, adelantó Abrao.
Aunque el secretario ejecutivo de la CIDH calificó como una “conquista de la sociedad nicaragüense” la presencia de la Comisión en Nicaragua, y reconoció que hay mucho interés de la comunidad internacional sobre lo que ocurre en el país, también ponderó que “la búsqueda de justicia depende de diferentes escenarios”, pero garantizó que la CIDH acompañará y dará seguimiento a los procesos, para promover el respeto de los derechos humanos.
Declaración del Gobierno de Nicaragua sobre el Deber del Estado de defender la Seguridad, la Paz y el Derecho a la Vida
DECLARACIÓN
El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional (GRUN), hace saber a las familias nicaragüenses y a todo nuestro pueblo, que como Estado y Gobierno legítimamente constituidos y con base en la Constitución Política y las Leyes de la República, tenemos el deber de defender la Seguridad, la Paz, el derecho a la Vida y el ejercicio de los derechos fundamentales de todos los nicaragüenses, incluyendo el derecho a la libre circulación de las personas, vehículos y mercancías en todo el territorio nacional.
El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional (GRUN), tiene como primera prioridad cumplir y hacer cumplir nuestro deber de defender el Derecho a la Seguridad, La Paz y la Vida de tod@s l@s nicaragüenses.
Ante el sufrimiento cotidiano impuesto a las familias nicaragüenses que desde el 18 de abril de este año han padecido la violencia de terroristas que han asesinado, torturado y secuestrado a centenares de ciudadanos, los mismos que han incendiado, destruido y saqueado viviendas familiares, edificios públicos, pequeños y medianos comercios; por lo tanto le corresponde al Estado actuar conforme a la Ley y garantizar el Derecho de l@s ciudadan@s a vivir en Paz, con Seguridad, respeto a los derechos humanos consignados en nuestra Constitución Política, en las Cartas de los Organismos Internacionales y Convenciones de Derecho Humanos.
Reiteramos, como lo hemos expresado en todo momento, nuestra plena disposición de escuchar todas las propuestas e iniciativas, dentro del marco constitucional, institucional y las leyes que rigen a nuestro país, a fin de que se puedan consensuar para su aprobación, incluyendo previamente los puntos que tienen que ver con la paz, la seguridad, la tranquilidad de todas las familias nicaragüenses; el cese del terrorismo, el libre tránsito de las personas y del transporte público y privado que es vital para la sobrevivencia de todas las familias nicaragüenses.
El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional (GRUN), acatando el mandato de las familias nicaragüenses, reafirmamos que sólo abordaremos otras agendas específicas en el Diálogo Nacional relacionadas con el proceso de Democratización apegado a lo que manda la Constitución Política y las Leyes del Estado y una vez atendido y resuelto de forma verificable el gravísimo problema del terrorismo, la inseguridad y la violencia, ejercida en Nicaragua por quienes se han propuesto alterar por la vía de hecho nuestro Orden Jurídico y Constitucional, utilizando el terrorismo que se ha practicado sistemáticamente en los tranques convertidos en zona de violencia, tortura y secuestro.
El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional (GRUN), reitera a nuestro Pueblo el compromiso firme e indelegable de continuar trabajando para restaurar la Seguridad, la Paz, el Derecho a la Vida, la armonía y la convivencia pacífica de todos los nicaragüenses luchando contra el terrorismo, el secuestro, los tratos inhumanos, crueles y degradantes, haciendo cumplir la constitución y las Leyes de nuestro País, en aras del Bien Común, para lo cual la Policía de Nicaragua y todas las Instituciones del Estado deben cumplir con las funciones y misiones que les mandata la Constitución y las Leyes de la República.
Managua, 9 de Julio, 2018
Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional
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