El Parlamento uruguayo aprueba una ley de combate a la trata de personas
El proyecto de prevención y combate a la trata de personas se aprobó el miércoles en el Parlamento con votos de todos los partidos, aunque la oposición no acompañó algunos artículos referidos a las disposiciones penales. La iniciativa define la trata como la captación, transporte, traslado y acogida de personas por medio de la amenaza y el uso de la fuerza, así como los pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tiene autoridad sobre otra con fines de explotación sexual, trabajos o servicios forzados, servidumbre o extracción de órganos. Establece mecanismos de prevención, de sanción a los culpables y de reparación a las víctimas.
El diputado frenteamplista Nicolás Viera, miembro informante del proyecto, advirtió que los casos de trata han aumentado en Uruguay en los últimos años y que en 2017 se registraron 350. La diputada del mismo partido Cristina Lustemberg recordó que la trata es “uno de los negocios más lucrativos del mundo” y que en América Latina 25% de las víctimas son niñas y adolescentes.
La iniciativa aprobada incluye disposiciones penales, que fueron las más cuestionadas por la oposición. Algunas innovan sobre la tipificación de delitos; por ejemplo, penalizan los casos en los que se almacena pornografía infantil para “consumo habitual”, aunque no sea para distribución.
El diputado Ope Pasquet, del Partido Colorado, consideró que algunos artículos no dan certeza jurídica. En particular, el legislador cuestionó el inciso 2 del artículo 2 del proyecto, que establece que en caso de conflicto o duda sobre la aplicación de la ley “prevalecerá la interpretación más favorable a las víctimas” de la trata. Pasquet opinó que esta disposición va en contra del principio penal in dubio pro reo, que supone favorecer al imputado en caso de duda. “Todas las normativas internacionales procuran asegurar los derechos del imputado, de la parte más débil en el proceso penal”, manifestó Pasquet.
El legislador colorado también criticó el artículo 40, al que llamó “007” porque da “licencia para matar”. Este artículo indica que las víctimas de la trata “no serán punibles por la comisión de cualquier delito que sea resultado directo” de haber sido objeto de trata o explotación. Pasquet puso el ejemplo de una víctima de trata que diez años después decide matar a su explotador por venganza, y que por ello no sería punible. “Es ir demasiado lejos. Es una carta blanca para cometer cualquier delito”, cuestionó.
El diputado nacionalista Pablo Abdala coincidió con estas críticas y alertó que el proyecto “puede poner en riesgo el sistema de garantías que rigen en Uruguay” porque “hay una inversión del principio de inocencia”.
Los diputados del Partido Nacional Graciela Bianchi y Aldo Lamorte fueron más lejos en los cuestionamientos y ni siquiera votaron en general el proyecto. Bianchi sostuvo que la iniciativa es “absolutamente rechazable”, aunque acotó que “eso no significa” que ella no esté “dispuesta a luchar contra el tráfico y la explotación”. Sostuvo que la ley establece “instrumentos que no son hábiles y que nos ponen en riesgo frente al sistema penal”, y que genera una “vulneración de derechos muy importante”. También afirmó que no la votó porque no le gusta “lo políticamente correcto”.
“Turismo abortivo”
Hubo también cuestionamientos de otro tenor, a cargo de los diputados nacionalistas y evangelistas Gerardo Amarilla y Álvaro Dastugue. Amarilla aclaró que votaría en general el proyecto de ley, pero comentó sus dudas sobre si se trata de “la mejor herramienta”.
Tanto Amarilla como Dastugue criticaron el artículo 5 de la iniciativa, que da el derecho a las mujeres extranjeras en situación de trata a interrumpir su embarazo sin exigirles un tiempo mínimo de residencia en el país. Amarilla alegó que esto “puede implicar una situación de mayor violencia hacia la mujer”, y consideró que “en un momento de fragilidad y sensibilidad a las presiones externas, le pueden quitar lo único bueno que puede tener en ese momento, que es un hijo”. Dastugue complementó lo anterior y opinó que se puede llegar a generar un “turismo abortivo” en el país.
Amarilla también criticó algunos artículos del proyecto, a los que consideró “permeados de ideología de género”. “Hay una discriminación hacia los hombres y hacia los que posean una orientación sexual hegemónica” y un “hostigamiento de la familia”, afirmó. Por ejemplo, criticó la exigencia de formación en perspectiva de género para los médicos forenses que atiendan a las víctimas, y aseguró que así se impone una “ideologización de los profesionales actuantes”.
El proyecto ya contaba con media sanción del Senado, por lo que pasó al Poder Ejecutivo para su promulgación.
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