Crisis en Nicaragua: llaman a una protesta para hoy y a una nueva marcha nacional para el sábado
Alianza Cívica convoca a otra marcha nacional
La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia está preparando varias alternativas de calendario electoral, reveló el rector Carlos Tünnerman Bernheim, en la conferencia de prensa en la que la Alianza informó del plantón y la marcha a efectuar esta semana para mantener la presencia en las calles.
Aunque hasta ahora la fecha probable para realizar elecciones adelantadas es el domingo 31 de marzo de 2019, el académico reveló que están considerando otras fechas, una de ellas tan temprano como diciembre 2018, o algún momento del primer trimestre del próximo año.
La fecha a elegir está supeditada a permitir que se renueve a todo aquel personal del Consejo Supremo Electoral que ha sido cómplice de los fraudes electorales de la última década, pero también, a que los partidos políticos puedan organizarse, elegir a sus líderes y definir sus propuestas.
Más allá de la fecha, el tema de fondo es la realización de un proceso electoral sin Daniel Ortega. “Es impensable que podamos tener unas elecciones libres y democráticas en las que se respete el voto popular, con este Consejo Electoral, y con Ortega en el poder”, sentenció el educador.
El problema es que el mandatario no ha respondido de forma rotunda la carta de los obispos, más allá de decir que todo está sujeto a negociación, pero sin establecer una hoja de ruta de forma clara, comportamiento que reproducen sus representantes en la mesa del Diálogo Nacional.
Otras salidas que se han discutido en el seno de la Alianza, es el llamado a un plebiscito, o nombrar una junta de transición que apure la salida de Ortega y gobierne mientras se elige nuevas autoridades.
Mantener las calles
Quizás por eso es que la Alianza llamó a mostrar una vez más su dominio de las calles, invitando a un plantón cívico a efectuarse este miércoles 4 de julio entre las 11:00 am y la 1:00 pm, en la que se le pide a los ciudadanos que ocupen de forma pacífica el tramo de carretera a Masaya ubicado entre la rotonda Rubén Darío (Metrocentro) y la Jean Paúl Genie.
Para el sábado 7 de julio, la Alianza convocó a una nueva marcha denominada ‘Juntos Somos un Volcán’, prevista a realizarse en Managua (la ruta aún no se define), pero con réplicas en todos los departamentos, “para que los nicaragüenses retomen las calles de sus municipios, vestidos con los colores patrios”.
Si bien hay conciencia del riesgo de que se repitan ataques desalmados como los del sábado contra la ‘Marcha de las Flores’, y del domingo, contra la caravana vehicular ‘Managua no se Olvida, Nicaragua no Rinde’, el economista Juan Sebastián Chamorro dijo que se está pidiendo el acompañamiento de los organismos internacionales.
“La Comisión de Verificación está aquí precisamente para verificar que hay un ambiente de paz y de respeto a los derechos humanos en el país”, dijo Chamorro.
Pensando en la manera en que las oficinas de la Dirección de Auxilio Judicial de la Policía Nacional ubicadas en las instalaciones de ‘El Chipote’, se han convertido en un “símbolo de tortura y dolor para los nicaragüenses”, la Alianza llama a “exigir la libertad de los presos políticos”, y el cierre de ese lugar.
Aunque después de 75 días de lucha y casi 300 muertos es “natural” que haya cansancio y frustración en algunos sectores de la población, (especialmente los que están en los tranques o se quedaron sin trabajo), la Alianza destaca que no es fácil superar once años de destrucción de la institucionalidad y lograr encausar al país por las vías de la democracia.
“El gobierno quiere cansarnos. Quiere que nos retiremos del Diálogo pero no lo haremos. Vamos a seguir apoyando a la Conferencia Episcopal”, con cuyos líderes planean reunirse esta semana, después que el cardenal Leopoldo Brenes y el obispo Rolando Álvarez, regresaran de Roma, donde se reunieron con el papa Francisco.
Desde luego, el paro nacional (en especial después del éxito con que se desarrolló el primero) sigue estando en el zurrón de alternativas con que cuenta la Alianza, aunque el economista Chamorro dijo que hay que decidir con cuidado cuál es el mejor momento para hacer ese llamado, en especial considerando la importancia de que no se pierdan más empleos.
GIEI pide garantías para investigar las muertes
Durante su primer día de trabajo, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), en Nicaragua, solicitó a las autoridades la entrega de “documentación básica e imprescindible”, para el inicio de las investigaciones que harán sobre los hechos de violencia ocurridos durante las protestas antigubernamentales iniciadas en abril pasado.
Así lo dijo Amérigo Incalcaterra, uno de los miembros del GIEI, al dar lectura al primer comunicado del grupo de expertos, quienes se instalaron oficialmente en Managua este martes, aunque iniciaron sus labores el lunes 2 de julio.
El jurista italiano destacó que uno de los compromisos que asumió el gobierno nicaragüense con el GIEI es que tendría acceso a los expedientes del Ministerio Público, a información pública y, además, garantías plenas de contar con instalaciones, infraestructura, recursos y medios necesarios para que los expertos realicen su trabajo.
Junto a Incalterra, ayer, fueron presentados Sofía Macher, Claudia Paz y Paz y Pablo Parenti, todas “personas de alto nivel técnico y reconocida trayectoria en la protección de los derechos humanos”, informó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el organismo encargado de seleccionar al grupo.
En la presentación de instalación del GIEI, también participaron Paulo Abrão, secretario ejecutivo de la CIDH; Antonia Urrejola, relatora para Nicaragua ante la CIDH; y María Claudia Pulido, secretaria ejecutiva adjunta de la CIDH.
Alcance
Incalterra destacó que apoyar las investigaciones de los hechos de violencia ocurridos en Nicaragua y recomendar acciones a las autoridades, para que se garantice la atención y reparación integral a víctimas y familiares de dicha violencia, son las dos funciones principales del GIEI, que operará en el país durante los próximos seis meses.
“Nuestro compromiso es con las víctimas, frente a quienes nos comprometemos a juicio de la verdad, más allá de quienes sean sus perpetradores; el acceso a la justicia, a la reparación y a la garantía de no repetición”, aseguró el experto.
María Claudia Pulido dijo a El Nuevo Diario que a los cuatro expertos designados por la CIDH se está integrando una Secretaría Permanente que los apoye, la cual contará con, al menos, cinco personas, quienes trabajarán de forma continua en el país.
Período
El GIEI investigará específicamente los hechos violentos ocurridos a partir del 18 de abril hasta el pasado 30 de mayo. Según Incalterra, el período de investigaciones fue acordado entre la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA), la (CIDH) y el Gobierno de Nicaragua.
Hasta el 30 de mayo, la cifra de muertes rondaba las 105, según organismos locales de derechos humanos, incluyendo a las 18 personas que murieron por ataques a la Marcha de las madres.
Abrão dijo que el Mecanismo de Seguimiento para Nicaragua (Meseni) es el que se encargará de monitorear la situación de derechos humanos en el presente “para seguir denunciando y documentando las violaciones”.
Señalar insuficiencias
Los expertos enfatizaron en que sus funciones no sustituirán las de autoridades judiciales ni estatales. Lo que sí podrán hacer los expertos es “sugerir” que se realicen procesos o se tomen ciertas medidas. “Venimos a señalar en todo caso las insuficiencias que veamos necesarias”, apuntó Parenti, quien destacó que el GIEI analizará “todos los expedientes, uno a uno”.
Claudia Paz y Paz destacó que el GIEI va a “analizar si se están utilizando las figuras jurídicas adecuadas, si se está investigando a todos los responsables, si las pruebas que se están diligenciando son las pruebas pertinentes para el esclarecimiento de los casos”. A partir de allí, realizarán un informe con sus recomendaciones. También crearán una propuesta al Estado enfocada en la reparación a las víctimas.
El GIEI es clave
Juan Sebastián Chamorro, miembro de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, consideró como “un logro muy importante” que se haya instalado en el país el GIEI, entre otras razones, porque “aquí las instancias públicas no son independientes” y los expedientes judiciales están “llenos de anomalías”.
Chamorro destacó que la instalación del grupo es “una pieza muy importante para lo que viene a futuro, que es llevar a la justicia a los asesinos”, lo que, junto con el tema democrático, es una de las demandas prioritarias en el diálogo nacional por la Alianza Cívica.
Lesther Alemán, universitario que también forma parte de la Alianza, afirmó que los estudiantes esperan que el informe final del GIEI sea “contundente”, e incluso “más fuerte que el de la CIDH, que pueda inculpar directamente con nombres y apellidos” a los responsables de los asesinatos y de la violencia desatada en el país.
Buscan a 158 desaparecidos
La Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH), basándose en testimonios de personas afectadas, denunció que grupos parapoliciales ocupan como centros de detención ilegales sitios como El Coyotepe, en Masaya; San Isidro de Bolas; la antigua cárcel de Mujeres La Esperanza, en Managua; y el local Monte Luna, en Masatepe.
Son 309 las personas fallecidas desde que iniciaron las protestas contra el Gobierno el 18 de abril por enfrentamientos de policías y civiles armados contra manifestantes, reportó el organismo este martes.
La ANPDH ha documentado más de 1,500 casos de personas heridas en las manifestaciones y, al menos, 158 ciudadanos “desaparecidos o secuestrados”.
“Los desaparecidos o secuestrados son una de las principales preocupaciones, tenemos la esperanza de que no se sumen a la lista de fallecidos”, declaró Álvaro Leiva, secretario de la institución.
Leiva también denunció la existencia de centros de detención ilegales, “utilizados para llevar ahí a los pobladores que son detenidos durante los ataques parapoliciales y policías”.
Leiva expresó que existen otros lugares clandestinos, pero “no se mencionan para no entorpecer el proceso de investigación de los organismos de derechos humanos”.
253 por balas
En el informe preliminar con datos actualizados hasta el 2 de julio, revela que la mayor cantidad de muertes se han producido en Managua con 153 víctimas. Le sigue Masaya con 34 personas fallecidas, León, 21; el Caribe Norte, 20; Matagalpa, 19; y Estelí con 13.
En Chinandega, Jinotega y Carazo la ANPDH contabiliza ochos víctimas mortales cada uno, mientras que Granada y Chontales aparecen con cuatro.
La cifra de 309 muertos en las protestas incluye a 56 personas fallecidas que aún no han podido ser identificadas por este organismo defensor de los derechos humanos.
“Estamos en un proceso todavía de monitoreo, estos 56 ciudadanos aún no han sido identificados, pero sí se cuenta con fotos, con noticias periodísticas y soportes documentales que los hacen ingresar a las estadísticas de los 309 ciudadanos que han sido cruelmente asesinados”, agregó Leiva.
La ANPDH destaca que 253 de las muertes que han documentado fueron por impactos de balas.
“De un solo disparo han muerto 198 nicaragüenses, que equivale al 78.26%. De dos disparos fallecieron 24; por tres impactos de bala igual han muerto 24; dos personas recibieron cuatro disparos, uno murió de cinco balas, uno sufrió seis impactos y tres personas perecieron sufriendo ocho impactos”, detalló Leiva.
“Esta información es producto del dictamen médico forense, de los reportes suministrados a la ANPDH, producto de su trabajo de investigación y monitoreo”, agregó.
La ANPDH informó que se enfocarán “en dar seguimiento a la penalización y criminalización que se está haciendo con muchos ciudadanos solo por participar en protesta cívicas, lo que es una flagrante violación de sus derechos en este contexto de protesta”.
Alarma por repliegue a Masaya
La Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH) llamó al Gobierno a desistir de la conmemoración del Repliegue Táctico a Masaya, por considerar que “sería una provocación que podría provocar más muerte o daños”.
Hasta este martes, el Gobierno no había convocado oficialmente a ese evento; sin embargo, los activistas de la ANPDH emitieron una alerta sobre el riesgo que implicaría su realización.
El sacerdote Edwin Román, párroco de la iglesia San Miguel Arcángel en Masaya, coincidió con este organismo de derechos humanos al indicar que el Repliegue Táctico sería “un atentado para Masaya”.
“Todos tenemos derecho de ir a la calle a manifestarnos, ellos (el Gobierno, los sandinistas) tienen todo el derecho; pero sabemos y todo el mundo lo sabe, que Masaya, Monimbó, está en un contexto de mucha violencia e inseguridad, y creo que no es conveniente que el Gobierno haga el Repliegue para evitar derramamiento de sangre”, sostuvo Román.
“Masaya no está en celebración, estamos de duelo por las 34 personas que han fallecido solo en Masaya; de hecho es un duelo nacional.
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