Colombia: 181 líderes sociales y 67 exmiembros de la Farc asesinados en los últimos dos años, según la Fiscalía
Fiscalía reportó el asesinato de 181 líderes sociales y 67 exmiembros de Farc
El presidente Juan Manuel Santos lidera la reunión de la Comisión de Garantías de Seguridad, en la que se evalúan los esquemas de protección de los líderes sociales del país.
La reunión fue convocada de urgencia por el Gobierno Nacional, ante el asesinato de decenas de defensores de derechos humanos en distintas regiones.
En este encuentro, las autoridades están presentando una radiografía de las amenazas y muertes que se han presentado en el territorio nacional.
Según los datos suministrados por la Fiscalía durante la reunión, se han presentado 67 homicidios de excombatientes de las Farc en los últimos dos años. Van 35 casos en 2018 y fueron 32 en 2017.
De esos episodios se han esclarecido 29 asesinatos. Ninguno que actualmente tenga medidas de protección, ha sido víctima.
También ha informado que en los últimos tres años han ocurrido 181 homicidios de líderes sociales, de los cuales se han esclarecido 89.
Se espera además que en el seno de la Comisión, el ministro del Interior, Guillermo Rivera, presente los primeros planes piloto de protección colectiva de las comunidades, que arrancarán en los municipios de Tumaco, Guapi, San José de Ureña y El Tarra.
Al término de la reunión, el Gobierno Nacional dará a conocer las nuevas medidas que se tomarán para fortalecer la protección de los líderes.
-Minuto de silencio por los líderes sociales-
El presidente Juan Manuel Santos pidió un minuto de silencio en medio de la sesión especial que se adelanta de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad en la Casa de Nariño.
En el encuentro están presentes el Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez; el ministro del interior, Guillermo Rivera; el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas; el comisionado para la Paz, Rodrigo Rivera, altos mandos militares y representantes de organizaciones de derechos humanos.
Precisamente, esta semana durante el balance del Ministerio del Interior, el presidente Santos suscribió el Pacto de Rechazo a la Violencia en contra de Líderes Sociales.
Allí recalcó que el Estado es responsable de garantizar la protección de los líderes sociales, de los defensores de derechos humanos y de los colectivos, de los grupos y de las comunidades en riesgo.
“Le ratifico al país que no descansaremos hasta dar con los responsables de estos actos infames”, afirmó el Presidente.
Diego Mora, director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), aseguró este martes que solo seis líderes sociales habían solicitado protección y que de estos, cuatro la tenían.
Sin embargo, dos fueron asesinados: uno antes de que el llegara el esquema y al otro, dos días después de tenerlo.
Mora explicó en diálogo con RCN Radio que las cifras que tiene la entidad a su cargo son diferentes a las que maneja la ONU, la Defensoría del Pueblo y colectivos de derechos humanos, por lo que ellos trabajan con base en lo que les llega, y en este caso fueron solo seis.
Ante el panorama del asesinato de decenas de líderes sociales y defensores de derechos humanos, la Unidad Nacional de Protección aceptó que no tiene la capacidad para brindar seguridad a todos los representantes amenazados.
“No tendríamos el presupuesto para hacer censo de cada uno de los líderes en cada región”, afirmó Diego Mora, y agregó que la problemática es tan grande que muchos líderes corren peligro.
“La gran mayoría de los líderes sociales que están asesinando en los territorios hacen parte de juntas de acción comunal y consejos comunitarios y la población que compone ese tipo de organizaciones pueden ser 500 o 600 mil personas que están en riesgo en términos generales”.
Así mismo, indicó que hay varias problemáticas que no permiten que la Unidad de Protección trabaje con colombianos que en realidad necesitan el esquema de seguridad.
Gobierno anuncia nuevas medidas para la protección de líderes sociales
Luego de la reunión de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, realizada desde la mañana de este martes, el presidente Juan Manuel Santos anunció nuevas medidas para contrarrestar la ola de asesinatos en contra de líderes sociales y defensores de derechos humanos en el país.
Santos informó que se ampliará el programa de medidas de seguridad colectiva a 10 municipios, dentro de los que se sumarán Corinto, Cáceres, El Bagre, Buenaventura, Quibdó y Tame. De igual forma ordeno al Ministerio de Defensa iniciar un plan urgente de intervención en Antioquia, Cauca, Nariño, Norte de Santander, Valle del Cauca, Risaralda, Córdoba y Chocó, zonas consideradas como las más afectadas por los hechos de violencia en contra de los líderes sociales.
También anunció que se priorizarán los componentes de seguridad de líderes sociales dentro del Plan Horus, cuyo objetivo es el de llegar a veredas del territorio nacional para brindar seguridad y contrarrestar a las bandas criminales.
En cuanto a la protección colectiva, el presidente señaló que desde el Mindefensa se pondrán en marcha Unidades Básicas de Protección (UBP), que dependerán de las seccionales de protección de la Policía para desarrollar los esquemas colectivos.
De igual forma, entregará más recursos a la Unidad Nacional de Protección (UNP) para que se realicen mayores estudios de riesgos, más esquemas individuales de protección y la implementación de la Ruta Colectiva de Riesgo.
“Se deben 51.000 millones de pesos y di la instrucción a la Ministerio de Hacienda para que los trasladara hoy mismo y no tengan problemas en la continuidad de las políticas. Esta unidad ha hecho una gran gestión, pero ha dicho que está desbordada, por eso le damos más recursos”, señaló el presidente. El Mindefensa también se fortalecerá el instrumento de reacción rápida para atender las alertas tempranas generadas por la Defensoría del Pueblo.
“Ordené crear una ventanilla única de denuncia en el Ministerio del Interior a través de una línea para la recepción de información oportuna sobre amenazas contra líderes sociales y defensores de DD. HH.”, explicó Santos. En esa misma línea, se creó un sistema de recompensar por información que permita dar con los autores de los atentados. Las recompensas serán mayores por la información que ayude a identificar a los autores intelectuales.
El presidente advirtió que hay órdenes de captura que deben ejecutarse con prontitud, por lo que ha dado instrucciones al as Fuerza Militares y la Policía para que trabajen en ello, en conjunto con la Fiscalía General. De igual manera, se refirió a la corrupción en el interior de la Fuerza Pública, por lo que ha ordenado a inspectores de la Policía y de las Fuerzas Militares que se trasladen a las regiones a evaluar la cooptación de grupos armados a las Fuerzas Militares.
“Les decimos a las comunidades que no están solas, que estamos pendientes con ustedes de cómo resolvemos este problema. No vamos a permitir que los violentos sigan manchando este proceso de paz que tenemos todos que sacar adelante. Los vamos a proteger”, concluyó Santos.
Líderes denuncian falta de recursos para aplicar medidas de seguridad del Gobierno
Líderes sociales de varias regiones del país se reunieron este martes en Bogotá para denunciar las amenazas y atentados de los cuales continúan siendo víctimas por parte de organizaciones ilegales.
Andrés Chica, líder social del departamento de Córdoba, explicó que la situación en las regiones es grave y se agudiza por la falta de recursos en los entes territoriales para llevar a cabo las medidas de protección que ha decretado el Gobierno Nacional.
«Vamos a las Alcaldías con los líderes amenazados y el Alcalde nos dice, sí, los decretos están pero no hay plata para sacarlos, ni para moverlos, ni para hacer nada, entonces estamos hablando de unos saludos a la bandera», dijo Chica.
Agregó que los asesinatos de líderes sí se han incrementado desde la segunda vuelta presidencial, pero que no se puede desconocer que esta situación se presenta desde hace varios años, como lo han documentado y denunciado en diferentes instancias a nivel nacional e internacional. «Decir que hay un plan macabro estilo la Unión Patriótica sería muy aventurado, pero las cifras sí han aumentado», señaló.
El líder además denunció que en algunas regiones habría permisividad de la Fuerza Pública con los victimarios, pues explicó que en un caso fueron a poner la denuncia en la Policía y al salir de la estación recibieron una llamada amenazante por su actuación.
Igualmente, dijo que los esquemas de seguridad de la Unidad Nacional de Protección no son la solución, pues a pesar de su asignación algunos líderes han sido asesinados y en un caso la UNP tuvo que sacar a su escolta de la región por amenazas.
Por su parte, Luz Perly Córdoba, vocera de la Coccam, criticó que el Gobierno niegue la sistematicidad de estos asesinatos, teniendo en cuenta las elevadas cifras de los últimos meses. «Yo no sé cuántos muertos hacen falta para reconocer la sistematicidad», indicó.
Agregó que se ha propuesto la creación de guardias campesinas, similares a las guardias indígenas y cimarronas, como método de autoprotección de las comunidades sin el uso de las armas.
Por otra parte, denunció la fumigación con glifosato en el Parque Nacional Natural de La Macarena para la erradicación de cultivos ilícitos y dijo que sí hay voluntad de las comunidades de acabar con los cultivos de coca, pero que los programas de sustitución no han llegado ni se han cumplido.
«Los proyectos productivos no llegaron y no lo van a hacer con el nuevo gobierno, la gente va a retornar a la coca como única opción y se van a agravar los problemas. Hemos puesto la vida por sustituir los cultivos, sí hay voluntad por parte de las comunidades», dijo.
