Caso Pandora en Honduras: jueza ordena la captura de 38 diputados y funcionarios
Una jueza hondureña ordenó hoy la captura internacional contra 38 hondureños, entre ellos diputados, funcionarios y particulares, acusados de desviar más de 11,7 millones de dólares para financiar campañas políticas en las elecciones de 2013, informó una fuente judicial.
Las órdenes de aprehensión fueron emitidas por la magistrada Lidia Álvarez, ante quien los acusados deben comparecer el lunes en una audiencia de declaración de imputado, afirmó a periodistas el portavoz del Poder Judicial en Tegucigalpa, Melvin Duarte.
Álvarez conocerá la primera etapa del proceso del caso, conocido como «Pandora», que involucra a 38 personas, entre ellos diputados, funcionarios públicos y personas particulares.
Duarte no precisó cuántos diputados están acusados, ni sus identidades, tampoco si han sido notificados de la citación o si están o no en el país, lo mismo que del resto de señalados.
Todos son acusados por presunto «abuso de autoridad, fraude, malversación de fondos, lavado de activos, falsificación y uso de documentos públicos en perjuicio de la administración pública, de la fe pública y la economía del Estado de Honduras», según la denuncia presentada el 13 de junio por la Unidad Fiscal Especial Contra la Corrupción y la Impunidad del Ministerio Público (Ufecic).
El portavoz judicial indicó que la magistrada citó también a audiencia al exalcalde de la localidad hondureña de Yoro Arnaldo Urbina Soto y a los apoderados legales del exministro de Finanzas William Chong Wong, quien falleció el 17 de junio a causa de un cáncer que padecía desde hace varios meses.
Urbina Soto, que ocupó el cargo entre 2009 y 2014 y es acusado por Estados Unidos de haber operado una organización de narcotráfico, y Chong Wong también han sido implicados en el caso «pandora».
El caso fue investigado por un equipo de expertos de la Ufecic y de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih), de la Organización de Estados Americanos (OEA), tras una denuncia de Pietro Di Battista, inversionista italiano y ex cónsul honorario en la isla hondureña de Roatán.
Di Battista denunció una presunta «utilización indebida de la fundación Dibattista en operaciones atípicas y no autorizadas. Se acumuló a la misma, la auditoría especial realizada por el Tribunal Superior de Cuentas, practicada a la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG)», indicó el 13 de junio la Maccih en un comunicado.
El equipo de investigación halló «indicios suficientes (de) que fondos públicos destinados a fondos agropecuarios, agroindustriales y hortícolas (…), habían sido destinados a financiar las campañas políticas tanto del Partido Nacional (en el poder) como el Partido Liberal, en el año 2013, y otros gastos personales por un monto de 282.016.165 lempiras (unos 11,7 millones de dólares), añadió.
Los recursos, según la investigación, provenían de los ministerios de Agricultura y Ganadería y de Finanzas, y para desviar los fondos se utilizaron las fundaciones «Todos Somos Honduras» y «Dibattista», precisó la Maccih.
Las dos fundaciones recibieron «los fondos para desarrollar dichos proyectos, los que finalmente habrían sido depositados en cuentas de particulares y de candidatos a diputados, alcaldes y regidores (concejales) del Partido Nacional, del Partido Frente Amplio (Faper) y directamente a las arcas del Partido Liberal».
De acuerdo con la investigación, los recursos se habrían utilizado para financiar una tarjeta de descuentos denominada «La Cachureca», que el gobernante Partido Nacional entregó a sus simpatizantes en las elecciones generales del 24 de noviembre de 2013.
Implicados en caso Pandora deben presentarse a audiencia
A un mes de que la Maccih y el Ministerio Público (MP) destaparan el caso Pandora, el cual implica la malversación de más de L282 millones, agentes de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic) han capturado a los primeros tres acusados de los 36 que este día deben declarar ante la juez Lidia Álvarez.
El sábado anterior, Álvarez emitió orden de captura internacional contra todos los acusados (entre ellos diputados, políticos, funcionarios y empresarios) y, a la vez, los instó para que se presenten este día a la Sala II del Tribunal de Sentencia de la Corte Suprema de Justicia (CJS).
Sin embargo, agentes de la Atic, quienes han estado haciendo laborales de vigilancia y seguimiento con anterioridad sobre los imputados, capturaron a Lenín Rigoberto Rodas Velásquez, José Adolfo Sierra Morales y Velkis Rosibel Hernández.
Alrededor de las 8:40 am, en la colonia Cerro Grande, de Tegucigalpa, los agentes le colocaron las esposas a Rodas Velásquez y minutos después en la aldea Puente de Loarque, de Comayagüela, aprehendieron a Sierra Morales. Rodas Velásquez es diputado suplente del partido Unificación Democrática (UD) por el departamento de Francisco Morazán, cuya titularidad le corresponde al congresista Mario Noé Vilafranca, miembro de ese mismo partido.
En declaraciones a medios de comunicación, Villafranca explicó que su diputado suplente (Rodas) le relató que a él lo implican en el caso Pandora porque “le pidieron que hiciera unas impresiones en su compañía y que a la hora de pagarle, le pagarían, pero él no sabía de dónde venía ese dinero, más o menos así fue”.
Durante el Gobierno de Porfirio Lobo Sosa (2010-2014), la empresa Servicio de Impresión y Edición Rodas, propiedad de Rodas Velásquez, recibió dinero de la fundación Todos Somos Honduras, una organización que, según la Maccih y el MP, drenó dinero de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) para pagar campañas políticas de candidatos del Partido Nacional, Partido Frente Amplio (Faper) y Partido Liberal.
Mientras Sierra Morales, quien figuraba como representante legal de la empresa de Servicio e inversiones (AID), constituida el 24 de marzo de 2013, captó de igual manera más de L700,000 lempiras, indican las investigaciones ejecutadas por la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad y Corrupción (Ufecic) del MP.
Según lo consignado en la orden de captura, de acuerdo con Jorge Galindo, portavoz de la Atic, “ambos son acusados de lavado de activos en su modalidad de encubrimiento”.
Horas después, en la colonia Bella Oriente, también de Tegucigalpa, capturaron a Hernández, a quien la acusan de “cuatro delitos relacionados con la falsificación de documentos públicos en perjuicio de la fe pública”.
Hernández era empleada de la Unidad de Registro y Seguridad de Asociaciones Civiles (Ursac), entidad del Gobierno encargada de registrar y vigilar a las organizaciones no gubernamentales (ONG) y fundaciones.
Luego de las capturas, al ser entrevistado por vía telefónica por LA PRENSA, Galindo informó que a estas tres personas las remitieron al juzgado de La Granja mientras llega el momento de la audiencia de declaración de imputado “en la cual, el Ministerio Público pedirá la detención judicial”.
Los tres permanecieron anoche bajo custodia policial para conocer este día su futuro en este caso que involucra a exfuncionarios de alto nivel del Gobierno de Lobo Sosa.
“Los equipos de la Atic continúan aún en el campo tras la búsqueda de estas personas, a algunas se les ha buscado hasta en dos, tres domicilios o tres direcciones, todavía están en la búsqueda de estas personas y en el momento que se ubiquen serán capturadas”, dijo Galindo.
El pasado 13 de junio, la Maccih y el MP, con investigaciones realizadas por la Ufecic, anunciaron públicamente que una red de por lo menos 38 personas, ahora acusadas por abuso de autoridad, fraude, malversación de fondos, lavado de activos y falsificación de documentos públicos, desviaron dinero de la SAG por medio de la fundación Di Battista y la fundación Todos Somos Honduras.
De los 38 imputados, la juez no podrá recibir este día la declaración del exministro de Finanzas William Chong Wong porque falleció el 16 de junio del presente año.
Otro de los señalados en el caso Pandora es Arnaldo Urbina Soto, exalcalde de Yoro, quien guarda prisión en El Progreso y a la vez tiene cuentas pendientes con la justicia de Estados Unidos.
La semana anterior (el 17 de julio), Geoffrey S. Berman, fiscal federal para el Distrito Sur de Nueva York, y Raymond P. Donovan, agente especial a cargo de la División de Operaciones Especiales de la Administración Antidrogas de los Estados Unidos (DEA), anunciaron que Arnaldo Urbina Soto, Carlos Fernando Urbina Soto y Miguel Urbina Soto están acusados en ese país de “conspiración para importar cocaína a los Estados Unidos y los delitos relacionados con armas que implican el uso y la posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos”.
Urbina Soto, recluido en el presidio de El Progreso cumpliendo una condena por lavado de activos, será solicitado en extradición por Estados Unidos. Además de estas personas, la Maccih y el MP involucran en el caso Pandora al diputado y excandidato presidencial Elvin Santos (Partido Liberal), su padre Elvin Santos Lozano, Rodolfo Irías Navas y José Celín Discua (del Partido Nacional) y el exministro de Agricultura y Ganadería Jacobo Regalado.
Para saber si se presentarán ante el juez, LA PRENSA llamó a los teléfonos de estos políticos, pero no respondieron.
Yuri Mora, portavoz del MP, le explicó a LA PRENSA que “todas las personas que han sido imputadas tendrán que presentarse este, día a menos que el apoderado legal pueda excusarlos por algún motivo o representarlos”.
