Crisis en Nicaragua: organismo de DDHH eleva a 164 las muertes en protestas y hoy se reanuda el diálogo sin Ortega
Más de 160 fallecidos en Nicaragua desde el 18 de abril
Las cifras de muertos ya sobrepasaron los 160, según informó este jueves el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH).
Marlin Sierra, directora ejecutiva del CENIDH, explicó que tras enfrentamientos en Masatepe la noche del miércoles se reportó 4 muertos, aunque según dicho organismo, solamente de han confirmado dos, colocando la cifra en 164 asesinados.
Además la mañana de este 14 de junio se supo de la muerte de un joven por enfrentamientos en Tipitapa.
Por su parte Marcos Carmona, secretario de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), afirmó que la cifra de desaparecidos es inestable, pues aumenta todos los días y la lista de detenidos se reporta en unos 40 ciudadanos, en su mayoría autoconvocados.
Ortega no estará en reanudación del diálogo para saldar crisis de Nicaragua
El presidente Daniel Ortega no estará el viernes en la reanudación del diálogo nacional para superar la crisis sociopolítica que ha dejado al menos 154 muertos en Nicaragua, según informó ayer la Presidencia de la República.
En lugar de Ortega, el delegado por el Gobierno en el diálogo con la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, será el canciller Denis Moncada, afirmó la vicepresidenta Rosario Murillo, a través de medios del Gobierno.
“Estamos confirmando, ratificando, a nuestro pueblo y a las queridas familias de Nicaragua, que ahí estará la delegación del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, presidida por el compañero canciller Denis Moncada”, dijo la también primera dama, la tarde de este jueves.
La Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN), que actúa como mediadora, citó al diálogo para hoy viernes, tras haberlo suspendido el 23 de mayo pasado, debido a la negativa de Ortega a tratar el tema central, que es la “democratización” del país.
La CEN emitió la cita luego de haber recibido una respuesta de Ortega a una carta en la que los obispos le pedían volver al diálogo para tratar la “democratización”, a lo que se ha negado, debido a que significa su salida del poder.
Ortega no ha regresado a la mesa de diálogo desde que en la inauguración un grupo de estudiantes universitarios lo encararon y se refirieron a él como a un asesino.
Ortega es señalado por diversos sectores de la población y por organizaciones humanitarias nacionales e internacionales como el responsable de al menos 154 muertos y más de 1.300 heridos en manifestaciones en su contra, lo que incluye “ejecuciones extrajudiciales”, según el movimiento Amnistía Internacional.
Nicaragua vive la crisis sociopolítica más sangrienta desde los años de 1980, con Ortega también como presidente.
Las protestas contra Ortega y Rosario Murillo, comenzaron el 18 de abril pasado por unas fallidas reformas a la seguridad social y se convirtieron en una exigencia de renuncia, después de once años en el poder, con acusaciones de abuso y corrupción.
Senadores de EEUU proponen sanciones para responsables de violencia en Nicaragua
Un grupo de senadores estadounidenses propondrá al Senado de su país imponer sanciones económicas y bloqueo de visas a las personas responsables de la violencia y de las violaciones de derechos humanos ocurridas en Nicaragua en los últimos dos meses, desde que iniciaron las protestas antigubernamentales.
Sería una enmienda a la sección 1271 de la Ley de Autorización de la Defensa Nacional (NDAA, por sus siglas en inglés) para el año fiscal 2019 del país norteamericano y sería propuesta por el senador Robert Menéndez y respaldada por los senadores Ted Cruz, Bill Nelson, Marco Rubio y Dick Durbin.
Las sanciones que se impondrían, según la propuesta, estarían dirigidas a “cualquier funcionario actual o anterior del Gobierno de Nicaragua o cualquier persona que actúe en nombre de ese gobierno”, que hayan sido responsables o cómplices de los actos de violencia o abusos graves a los derechos humanos hacia manifestantes, de dirigir acciones o políticas que socavan los procesos democráticos o instituciones en Nicaragua y de actos de corrupción como la expropiación de activos privados o públicos para beneficio personal o sobornos.
El documento establece que las sanciones en general serían el bloqueo de activos y la revocación de visados estadounidenses.
En el aspecto financiero, las sanciones incluirían “bloquear y prohibir todas las transacciones en todas las propiedades e intereses en propiedad” de los sancionados, en caso de que estas propiedades estén en los Estados Unidos, provengan de los Estados Unidos o estén bajo el control o posesión de una persona o entidad estadounidense. Estas no incluyen sanciones en la importación de bienes.
En cuanto a la exclusión de los Estados Unidos, las medidas implicarían la negación de visas o la revocación de cualquier visa existente.
Primer informe
Dentro de la propuesta de enmienda también se establece que a más tardar 180 días después de promulgada la NDAA, el Secretario de Estado presentará a las comisiones parlamentarias apropiadas un informe sobre la participación de altos funcionarios del Gobierno de Nicaragua en la corrupción pública o las violaciones de los derechos humanos en Nicaragua.
Incluiría a “miembros del Consejo Supremo Electoral, la Asamblea Nacional y el sistema judicial”, establece el documento.
También se especifica que un año después de la fecha de promulgación de la ley y anualmente, el Secretario de Estado deberá presentar ante el Congreso un informe sobre el avance del Gobierno en el fortalecimiento del estado de derecho y la gobernabilidad democrática, en el combate a la corrupción, incluso investigando y enjuiciando a los funcionarios de ese gobierno que presuntamente son corruptos; y en la protección al derecho de los partidos políticos de oposición, periodistas, sindicalistas, defensores de los derechos humanos y otros activistas de la sociedad civil a operar sin interferencia.
En caso de que ese informe establezca que el Gobierno está tomando medidas efectivas en los temas anteriores, el presidente del Congreso podrá renunciar a la aplicación de las sanciones durante un año.
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