Nicaragua: la CIDH muestra disposición para investigar las muertes en protestas y el gobierno pide tiempo
CIDH pide visitar Nicaragua, pero Estado solicita tiempo
La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), un órgano autónoma de la OEA, solicitó al Estado de Nicaragua «observar en el terreno» lo ocurrido en el contexto de las protestas, que han dejado al menos a 45 personas muertas en este país.
En un comunicado emitido ayer, la CIDH indicó que el Estado de Nicaragua respondió el pasado primero de mayo solicitando «aguardar el avance de los procesos internos».
«En este sentido, el Estado (de Nicaragua) informó que el Presidente (Daniel Ortega) ha realizado una convocatoria a un Diálogo Nacional abierto a todos los sectores sociales, y que la Asamblea Nacional ha dispuesto la creación de una ‘Comisión de la Verdad, Justicia y Paz’”, indicó la CIDH en su comunicado.
Por tal motivo, el organismo anunció la instalación de una Sala de Coordinación y Respuesta Oportuna e Integrada (SACROI), cuyo objetivo es «dar especial atención a la situación de derechos humanos en Nicaragua».
«La CIDH continúa preocupada por la respuesta estatal a las muertes y los heridos que cobró la represión de las protestas, así como la respuesta del Estado en relación con las manifestaciones. En este sentido, la CIDH reitera de manera urgente su solicitud de anuencia al Estado para la realización de una visita al país», señaló la CIDH.
Las protestas en Nicaragua comenzaron tras las reformas al Seguro Social, que el gobierno ordenó revocar tras la ola de manifestaciones.
Estudiantes y organismos defensores de derechos han denunciado diversas violaciones a la vida y libertades de manifestación, expresión e información, entre otras.
El Ministerio Público de Nicaragua y la Asamblea Nacional anunciaron, respectivamente, una investigación sobre lo sucedido durante las protestas y la formación de una Comisión de la Verdad.
La CIDH, no obstante, se hizo eco de los estudiantes, quienes han liderado las protestas en Nicaragua, y han pedido que «la Comisión de la Verdad sea establecida en forma independiente y autónoma, y no en el marco del Poder Legislativo».
«La CIDH expresa su preocupación por la falta de credibilidad que la ciudadanía nicaragüense tiene en la Comisión de la Verdad y en la conducción de las investigaciones. La CIDH enfatiza la importancia de que el diálogo que se establezca sea inclusivo y creíble por parte de todos los sectores, y reitera su disposición a apoyar el proceso, en el marco de su mandato y funciones», añadió la CIDH.
Para la CIDH, será clave que las investigaciones en Nicaragua cumplan «los estándares internacionales en materia de derechos humanos”, mediante una «investigación pronta, exhaustiva, independiente e imparcial sobre los hechos de violencia sucedidos y la conducta policial durante las manifestaciones, sea por acción u omisión, y establecer las sanciones correspondientes”.
El organismo también lamentó que hay «falta de claridad» en cuanto el número de personas detenidas y luego liberadas por las protestas en Nicaragua, y el trato que recibieron en prisión.
“La violencia que se vive en Nicaragua está afectando de manera particular y desproporcionada a niños, niñas y adolescentes”, explicó la Relatora de la CIDH sobre los Derechos de la Niñez, comisionada Esmeralda Arosemema de Troitiño.
Agresiones y amenazas
Además, la CIDH dijo que ha recibido información de que en Nicaragua las personas defensoras de derechos humanos estarían sufriendo «agresiones, amenazas y hostigamientos».
El organismo recordó que ha solicitado en anteriores ocasiones visitar Nicaragua, pero no ha recibido el aval, por lo que urgió al gobierno «abrirse al escrutinio internacional».
Comunicado: CIDH anuncia instalación de Sala de Coordinación para monitorear la situación en Nicaragua
Frente a los graves hechos de violencia ocurridos en las últimas semanas en Nicaragua, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), reunida en el 168 Período de Sesiones en República Dominicana, anuncia su decisión de instalar una Sala de Coordinación y Respuesta Oportuna e Integrada (SACROI) con el objeto de dar especial atención a la situación de derechos humanos en Nicaragua. La CIDH continúa preocupada por la respuesta estatal a las muertes y los heridos que cobró la represión de las protestas, así como la respuesta del Estado en relación con las manifestaciones. En este sentido, la CIDH reitera de manera urgente su solicitud de anuencia al Estado para la realización de una visita al país.
La CIDH solicitó al Estado anuencia para realizar una visita para observar en terreno la situación de derechos humanos en el país. El Estado respondió a través de una misiva del 1 de mayo de 2018, en la cual solicitó a la CIDH aguardar el avance de los procesos internos. En este sentido, el Estado informó que el Presidente ha realizado una convocatoria a un Diálogo Nacional abierto a todos los sectores sociales, y que la Asamblea Nacional ha dispuesto la creación de una “Comisión de la Verdad, Justicia y Paz”.
La CIDH ha recibido información acerca de la solicitud de los estudiantes de que la Comisión de la Verdad sea establecida en forma independiente y autónoma, y no en el marco del Poder Legislativo. La CIDH expresa su preocupación por la falta de credibilidad que la ciudadanía nicaragüense tiene en la Comisión de la Verdad y en la conducción de las investigaciones. La CIDH enfatiza la importancia de que el diálogo que se establezca sea inclusivo y creíble por parte de todos los sectores, y reitera su disposición a apoyar el proceso, en el marco de su mandato y funciones.
En cuanto a la investigación y sanción de los responsables, el Estado nicaragüense informó que la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos ha conformado un Comité de Víctimas para recibir las denuncias, investigar, determinar responsabilidades y establecer los castigos y las reparaciones que establece la ley. Asimismo, indicó que el Ministerio Público ha iniciado investigación sobre los hechos relacionados a la muerte de estudiantes, policías y civiles, así como otros delitos.
“La CIDH dará seguimiento estrecho a todas estas iniciativas a través de la SACROI, y urge a que sean desarrolladas de acuerdo con los estándares internacionales en materia de derechos humanos”, dijo la Relatora de la CIDH para Nicaragua, Comisionada Antonia Urrejola. “Al respecto, la CIDH reitera al Estado de Nicaragua su llamado a realizar una investigación pronta, exhaustiva, independiente e imparcial sobre los hechos de violencia sucedidos y la conducta policial durante las manifestaciones, sea por acción u omisión, y establecer las sanciones correspondientes”, añadió.
A la luz del reclamo que la sociedad civil y los estudiantes han manifestado ante las propuestas del Estado, y en cumplimiento de su mandato, la CIDH reitera de manera categórica y urgente su solicitud de anuencia para la conducción de una visita de trabajo con el fin de verificar los hechos acontecidos, así como las medidas adoptadas para la protección y garantía de los derechos humanos en el país. De acuerdo con su mandato, la CIDH observa que Nicaragua se ha cerrado al escrutinio internacional en materia de derechos humanos desde hace años. En el sistema interamericano, se ha ausentado de las audiencias públicas desde el 2016, y en diciembre de 2017, el Gobierno nicaragüense no autorizó el viaje de una integrante de la Comisión para realizar una visita de carácter promocional. Frente a las obligaciones internacionales contraídas voluntariamente en materia de derechos humanos, la CIDH hace un llamado al Estado de Nicaragua a abrirse al escrutinio internacional, lo cual contribuirá al establecimiento de un diálogo constructivo en Nicaragua.
“La violencia que se vive en Nicaragua está afectando de manera particular y desproporcionada a niños, niñas y adolescentes”, dijo la Relatora de la CIDH sobre los Derechos de la Niñez, Comisionada Esmeralda Arosemema de Troitiño. “Urgimos al Estado a adoptar medidas urgentes para dar respuesta a esta situación, en especial para evitar que este impacto continúe, y garantizar que niños, niñas y adolescentes puedan ejercer sus derechos humanos, incluyendo su derecho a la libertad de expresión, sin represalias ni consecuencias de ningún tipo. Sobre todo, instamos al Estado nicaragüense a adoptar medidas para defender y garantizar el derecho a la vida y la integridad de niños, niñas y adolescentes, incluyendo quienes participan en marchas y protestas”.
Información de público conocimiento indica que al menos 43 personas fueron asesinadas, cientos resultaron heridas, y varias fueron detenidas en un contexto de ataques de supuestos grupos simpatizantes del gobierno y del uso excesivo de la fuerza por parte de la fuerza policial en el marco de protestas y manifestaciones. Las protestas continúan tras el retiro de la propuesta por parte del Gobierno. La CIDH recibió información que indica que algunos de los familiares de las personas fallecidas durante las protestas fueron obligados a no presentar denuncias para que les entreguen los cuerpos. En relación con los heridos, en un primer momento no se habría brindado la atención médica de emergencia requerida por instrucciones del propio Gobierno. La CIDH llama a Nicaragua a garantizar a todas las personas heridas la atención médica requerida de manera oportuna.
“La falta de claridad en el número exacto de personas detenidas y posteriormente liberadas, dificulta verificar el número de personas cuyo paradero se encuentra desconocido”, dijo la Presidenta de la CIDH, Margarette Macaulay. Según la información al alcance de la Comisión, algunas personas detenidas habrían sido víctimas de violencia y malos tratos. La CIDH recuerda al Estado de Nicaragua la importancia de cumplir con los estándares internacionales en contextos de protesta social, particularmente para asegurar que las personas detenidas sean tratadas humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano y sus familiares reciban información precisa respecto de los motivos de detención y del sitio del alojamiento.
Por otra parte, el Secretario Ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrão, señaló: “La CIDH recibió información que indica que en este contexto las personas defensoras de derechos humanos están siendo objeto de agresiones, amenazas y hostigamientos. La CIDH recuerda que la labor de defensores y defensoras es esencial para la construcción y fortalecimiento de una sociedad democrática sólida y duradera. De allí que el respeto por los derechos humanos en un Estado democrático dependa, en gran medida, de las garantías efectivas y adecuadas que gocen las defensoras y defensores para realizar libremente sus actividades”.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.
Gobierno Nicaragua muestra absoluta disposición a diálogo sin limitaciones
La vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, mostró la «absoluta disposición» del Gobierno a acudir a la mesa de diálogo nacional «sin limitaciones» y «con el corazón abierto».
«Reiteramos nuestra absoluta disposición a participar como los obispos nos están convocando al diálogo nacional, en el momento y en las modalidades que los obispos decidan», indicó la Primera Dama.
La dignataria, quien calificó este momento como «una nueva etapa de reconciliación», anunció que el Ejecutivo «conversará todos los problemas sin ninguna limitación y todo los temas que necesitemos conversar para encontrar soluciones en la mesa de diálogo» con el objetivo de «facilitar ese camino al diálogo, la paz y la no violencia».
«Nuestro gobierno en plena y absoluta disposición de acudir al llamado de la Conferencia Episcopal de Nicaragua a sentarnos en la mesa de diálogo con el corazón abierto», concluyó Rosario Murillo.
La Conferencia Episcopal de Nicaragua, mediadora y testigo de un diálogo para solucionar la grave crisis sociopolítica, abogó por lograr, a través de negociaciones, «una auténtica democracia» en esta nación centroamericana.
Los obispos de Nicaragua «creemos que el objetivo de este diálogo nacional debe de ser revisar el sistema político de Nicaragua desde su raíz, para lograr una auténtica democracia», indicó el cardenal nicaragüense Leopoldo Brenes, al leer un comunicado.
El Episcopado también reafirmó que dará un mes de plazo al Gobierno de Ortega para que cumpla los acuerdos de un eventual diálogo nacional.
«Los obispos de Nicaragua hemos creído conveniente que al mes de haber iniciado el diálogo nacional haremos un alto para valorar la voluntad, la implementación y el cumplimiento serio y real al que han llegado las partes», anotó la Iglesia Católica.
Nicaragua atraviesa una crisis que cumple dieciséis días, debido a multitudinarias manifestaciones a favor y en contra del presidente Ortega, que iniciaron por reclamos a unas medidas de seguridad social y continuaron a pesar de que el mandatario revocó su decisión, debido a las múltiples muertes causadas por la represión.
Desde que comenzaron las protestas hace más de dos semanas, los enfrentamientos violentos que se produjeron en Nicaragua dejaron al menos 45 muertos, la mayoría entre el 18 y el 22 de abril pasado, según el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), mientras que otras organizaciones humanitarias elevaron a 63 los fallecidos.
Nicaragua vive pendiente del comienzo del diálogo que protagonizarán el Gobierno y el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), con la Conferencia Episcopal (CEN) como mediadora, aunque todavía no se ha establecido una fecha para su celebración.
Sector privado propone reforma electoral y cambiar autoridades del INSS
El sector privado de Nicaragua emitió un comunicado en conjunto en el cual presentan sus propuestas para el diálogo que está convocado, destacando su solicitud de impulsar una reforma electoral, cambiar a las autoridades del INSS e impulsar una investigación independiente para esclarecer los actos de violencia durante las protestas de abril.
Comunicado:
«Nosotros, el sector privado nicaragüense, aglomerados en AMCHAM, ASOBANP, FUNIDES y COSEP, con todas sus Cámaras y Consejeros y empresarios independientes, conscientes de los momentos que vivimos, comprometidos con el desarrollo del país, presentamos nuestra posición ante el llamado al diálogo nacional hecho el día de hoy por la Conferencia Episcopal de Nicaragua.
Expresamos nuestra confianza y total respaldo a la Conferencia Episcopal en su papel de mediador y testigo en el diálogo nacional, el cual se debe instalar de inmediato en el Seminario Interdiocesano Nuestra Señora de Fátima.
Es vital buscar soluciones a favor de la justicia y la democracia evitando más dolor y derramamiento de sangre entre hermanos nicaragüenses. Nos solidarizamos con el dolor de aquellas personas y familiares que han sufrido de la violencia.
Tenemos la convicción que el diálogo efectivo, amplio, inclusivo y confiable debería ser la única salida a la situación actual para asegurar un país más justo y democrático.
Es fundamental reconstruir el estado de derecho, dentro del marco institucional establecido por la Constitución y las Leyes para responder pacífica y democráticamente a las demandas sociales, políticas, jurídicas y económicas de todos los sectores de la sociedad.
Los representantes del sector privado son José Adán Aguerri, María Nelly Rivas, Juan Sebastián Chamorro, Michael Healy y Alvaro Vargas.
Proponemos al menos los siguientes puntos de agenda:
I. Abrir una investigación independiente y creíble, con la participación de organismos de derechos humanos de reconocida trayectoria, que investigue y ponga ante la justicia a los responsables de los crímenes ocurridos durante las protestas de abril del 2018. Igualmente, que se respete la integridad de los que se han manifestado y de sus familias.
II. Reformas al sistema electoral que incluyan la implementación a lo inmediato de las recomendaciones de los informes de la OEA en materia electoral y de partidos políticos, la elección de nuevos magistrados del Consejo Supremo Electoral y la observación electoral independiente, nacional e internacional, para garantizar elecciones libres y transparentes, respetando la voluntad de los nicaragüenses.
