México | Ayotzinapa: un informe advierte sobre el “duelo congelado” que atraviesan las familias
“Te van a ofrecer una cantidad muy alta” (Informe sobre #Ayotzinapa)
Tras los ataques en Iguala y la desaparición de los estudiantes normalistas, los padres y madres de los muchachos coincidieron en que las autoridades los han maltratado por ser pobres, piensan que los pueden engañar e incluso han intentado “comprarlos”.
“De hecho yo realmente siento que ellos nada más se burlan de nosotros, que nos toman como cualquier cosa, ¿no?, ‘Son los pobretones, los que no tienen derechos, los que podemos acabarlos, pisotearlos, y ni quien diga nada, ni quien proteste’”, dice uno de los testimonios contenidos en el informe “Yo sólo quería que amaneciera. Impactos psicosociales del Caso Ayotzinapa”, presentado este miércoles por las organizaciones de la sociedad civil Fundar, Centro de Análisis e Investigación; el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez; el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y Serapaz, a tres años y cinco meses de lo ocurrido.
“¿Qué confianza va a tener uno en ellos? […] A la gente pobre pues la quieren engañar, que no saben. Pero ahorita ya se acabó ese tiempo. Quizá en el tiempo de antes sí engañaban a la gente, pero ahorita ya no lo pueden engañar. El mismo gobierno está haciendo desapariciones donde quiera, no nada más aquí. Pues la verdad sentí coraje y hasta la fecha siento, pues ando pensando, digo: Pinche Gobierno cómo trata de engañar a la gente“, comenta otro de los entrevistados.
“Hay desprecio por nosotros, hay promesas falsas […], lo que hemos visto es actitud negativa de desprecio, de señalar ‘eso merecen, eso quieren, y además se dedican a eso, vándalos, delincuentes’ […] Hay una campaña de desprestigio a los estudiantes, que pone en contra. Eso para nosotros pues no vemos una atención adecuada, al contrario, cada día se señala, criminaliza”, refiere uno más.
El estudio apunta que para los padres y madres de los estudiantes normalistas, el maltrato, la revictimización y la criminalización que han vivido por parte de las autoridades se origina en la discriminación, por ser pobres, campesinos e indígenas, pero también tiene una intencionalidad: ven en esto una estrategia de desgaste y aislamiento.
“Para que nos dé la espalda la ciudadanía. Para que ya dejemos las marchas, los mítines. El gobierno no se ha tocado el corazón para lastimarnos desde un principio. Les ha valido madre. No les importa el dolor. Si nos dan información, no les importa el dolor que nos está causando como padres de familia… Están cubriendo sus mentiras entre ellos, están cubriendo, yo creo que esconden algo, algo de donde están nuestros hijos”, anotó otro.
“Me imagino que están [los funcionarios del Gobierno] pensando que nosotros nos cansemos para que dejemos a los nuestros, que la gente no apoye. Pero como le digo, se equivocó porque nosotros no nos vamos a cansar, ni nos vamos a descansar. Aquí vamos a estar hasta que nos lo entreguen”, sentencia otro entrevistado.
“Te van a ofrecer una cantidad muy alta”
Además, los familiares revelan el ofrecimiento de dinero de las autoridades, lo que observan como una estrategia para dividirlos y silenciar sus demandas.
Los testimonios son los siguientes:
“Ellos pensaron que nos íbamos a quedar callados por la agresión a los normalistas pero se equivocaron. Los primeros días nos ofrecían mucho dinero. A mí me ofrecieron una cantidad muy alta pero que fuera yo a Chilpo a hablar con el gobernador. Tengo un paisano y me dice: “Te hablan. Dice que te van a ofrecer una cantidad muy alta. Vienes mañana para que platiques con el gobernador. Te van a ofrecer una cantidad muy alta”.
“Ah —le dije—, sí, ahí llego mañana”. Y no fui […] Mi esposa cada vez que me hablaba me decía: “No vayas a aceptar nada”. Y dije: “No, ni loco, si tanto que me costó verlo crecer”. Pero el Gobierno hizo lo posible contradiciéndonos a nosotros mismos, metiendo cizaña que decía: “Pues a fulano ya se le entregó dinero” y a veces llegábamos nosotros enojados y pensamos que otro ya había aceptado dinero y el gobierno comenzó a buscar para separarnos a nosotros, pero el gobierno no pudo“.
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“Llegaron ahí a la casa, dos hombres y una señorita, ofreció dinero, 2 millones ofreció, que aceptáramos ese dinero para la búsqueda de nuestro hijo. Pero nosotros dijimos: “No vamos a aceptar el dinero del Gobierno porque va a decir después que ya no tenemos derechos a reclamar”. No quisimos recibir ese dinero, aunque ellos estuvieran insistiendo, porque ese dinero del Gobierno, va decir: “¿Por qué reclaman si ya están pagados ustedes?”. Por eso no quisimos recibir y otras muchas mentiras. Entonces en ese momento el gobierno decía que no sabía nada, ¿por qué fue a ofrecer dinero a la casa? Ya querían comprar a los chavos a cada padre de familia, ofrecieron dinero, casas. Nosotros no aceptamos eso… Sentí mucho coraje cuando nos ofrecieron el dinero, ellos saben dónde están nuestros hijos por eso ofrecieron […]. Es la intención que tenía el Gobierno para callarnos, por eso hizo el Gobierno eso, está buscando muchas formas hasta ahorita que dice puras mentiras e inventado muchas cosas”.
El informe apunta que recibir el dinero en el contexto de impunidad en que se encuentra la desaparición de los estudiantes normalistas sería para los padres y madres como vender a sus hijos.
Una madre relata que, a pesar de la situación de pobreza extrema en la que vive, se negó a recibir el dinero y la casa que le ofrecían:
“Primerito, cuando tenía como cuatro meses, nos andaba dando apoyo, 2 millones, y le dije… Fue un señor […] Sí fueron [a mi casa] y les dije, al señor que fue, que yo no vendía a mi hijo ni con 3 millones […] Yo quiero a mi hijo, yo no lo mandé para que lo venda ni tampoco lo vendo. Ande yo como ande yo; mi ropita está de cuando se fue mi hijo, tenía yo dos muditas de ropa. Tengo mis dos muditas de ropa, lo lavo yo y lo pongo. Porque yo quiero mi hijo, yo no quiero dinero del Gobierno, yo lo que quiero mi hijo al Gobierno le pido que quiero mi hijo la verdad. Pero sí, nos andaban ofreciendo dinero o la mejor casa que quisiéramos en Tixtla, la mejor casa […] Le digo: “Yo quiero a mi hijo, si tú sabes dónde está mi hijo, no tengo dinero pero puedo vender mi casita y puedo por ahí rentar, así te puedo dar”. Y dice: “No, nosotros te damos para que te apoyes así”. Entonces ¿por qué me da eso el Gobierno para que me apoye y así?”.
Para los familiares de los normalistas desaparecidos, el Estado busca “pagarles” a sus hijos, y que de este modo los dejen de buscar. Por eso, estos ofrecimientos son tan ofensivos y significa tratarlos como si sus hijos fueran animales que se pueden comprar y vender:
“No es animal, ni pollo, ni chivo. Quieren que venda a mi hijo, pero queremos que nos regresen a los 43 estudiantes. [¿Entonces cuando le tratan de pagar o dar dinero es como si le estuvieran comprando un chivo en su casa?]. Sí, es lo que ha estado haciendo el Gobierno. Ahora nosotros estamos esperando a mi hijo porque él sabe dónde los tiene, y si no lo entrega vamos a permanecer aquí”, detalló otro entrevistado.
“¡Ay no!, yo siento que me iba a sentir muy mal que yo agarrara dinero por mi hijo. Siento yo feo porque digo: “¿Cómo me voy a andar gastando un dinero, me lo voy a comer por mi hijo, me voy a comer ese dinero?”. No, no”, dijo otro.
“El gobierno nos quiere desprestigiar, nos está desprestigiando, ya no saben qué más hacer para desprestigiarnos. Nos hace querer creer que el compañero, la compañera ya recibió dinero, diciendo “¿Tú por qué no recibes?”[…] También quieren desprestigiar diciendo que algunos padres ya recibieron casa”, agregó uno más.
Conforme a las recomendaciones del GIEI y la CNDH, un equipo multidisciplinario documentó los impactos psicosociales del Caso Ayotzinapa; por ejemplo se abordaron los procesos de duelo traumático que enfrentan los familiares de los normalistas y las profundas afectaciones a los niños y niñas, quienes intentan dar sentido a los hechos ante la falta de respuestas.
El informe muestra que los padres y madres enfrentan un proceso de “duelo congelado”, pues no saben si sus hijos están vivos o muertos, y profundas consecuencias en todos los ámbitos de su vida.
El diagnóstico recupera las recomendaciones del GIEI en materia de atención a víctimas y plantea una serie recomendaciones al Estado con el objetivo de reconstruir la confianza de las víctimas, y criterios mínimos que configuren el marco de la atención a las víctimas con respeto a su dignidad. Por esta razón, se plantean, entre otras, las siguientes medidas simbólicas:
El Estado debe reivindicar y dignificar a todas las víctimas que fueron heridas —particularmente los casos de Aldo Gutiérrez Solano y Edgar Andrés Vargas—, privadas de la vida, a los estudiantes normalistas sobrevivientes y a los estudiantes normalistas desaparecidos, por el daño producido con la criminalización y cuestionamientos sobre su presencia en Iguala durante los meses posteriores a los hechos.
El Estado mexicano debe reconocer públicamente, en voz de autoridades de alto nivel, la falta de sustento científico suficiente en la hipótesis oficial que establece como destino final de todos los estudiantes de Ayotzinapa el basurero de Cocula, y remover cualquier aseveración al respecto de los discursos y sitios digitales públicos del Estado mexicano.
Dada la especial condición de los familiares de víctimas de desaparición forzada, la principal medida de atención y reparación es el esclarecimiento de los hechos y el paradero de los estudiantes. La incertidumbre sobre el paradero en casos como este impide avanzar en medidas de reparación —desvirtuando su naturaleza— al tiempo que acentúa la necesidad de asistencia, particularmente las de atención en salud y psicológica.
Generar las condiciones para el avance de la búsqueda y la investigación de la desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas, incluyendo garantías para la seguridad de los padres, madres y familiares de los estudiantes desaparecidos y sus representantes.
El pasado 2 de marzo, el gobierno mexicano se negó, en audiencia pública ante la CIDH, a asumir un compromiso para adoptar el documento que se presenta.
Presentación del informe
Presentación del informe: YO SÓLO QUERÍA QUE AMANECIERA Impactos Psicosociales de Caso Ayotzinapa
– Conforme a las recomendaciones del GIEI y la CNDH, un equipo multidisciplinario documentó los impactos psicosociales del Caso Ayotzinapa en los distintos grupos de víctimas, destacan procesos retraumatizantes derivados de las actuaciones de las autoridades durante la investigación.
– Se hace un llamado al gobierno mexicano a erradicar prácticas revictimizantes como la reiteración de la “verdad histórica”.
– Preocupa la falta de voluntad del Estado mexicano para cumplir con la recomendación del GIEI de tomar este diagnóstico como la base para la generación de planes de atención y, en su caso, reparación para las víctimas, lo cual quedó en evidencia en la pasada audiencia del caso Ayotzinapa ante la CIDH durante su 167 Periodo de Sesiones.
A tres años y cinco meses de los ataques en Iguala en contra de los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, las organizaciones de la sociedad civil Fundar, Centro de Análisis e Investigación; el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez; el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y Serapaz, presentaron el informe “Yo sólo quería que amaneciera. Impactos psicosociales del Caso Ayotzinapa”.
Para la elaboración de este informe se conformó un equipo multidisciplinario integrado por cuatro psicólogas, una antropóloga y la colaboración de un equipo médico. En el estudio se abordan los impactos psicosociales en los estudiantes normalistas que sobrevivieron los ataques y enfrentan secuelas post traumáticas, entre ellas la llamada “culpa del sobreviviente”, así como el dolor por la ausencia de sus compañeros.
También se documentaron los impactos vividos por los estudiantes normalistas que fueron gravemente heridos y sus familiares, para quienes los hechos trastocaron su proyecto de vida y los obligaron a desplazarse de su lugar de origen. Asimismo, se abordaron los procesos de duelo traumático que enfrentan los familiares de los normalistas asesinados, y las profundas afectaciones a los niños y niñas, quienes intentan dar sentido a los hechos ante la falta de respuestas.
El informe muestra los impactos psicosociales que viven hasta la fecha los familiares de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos, quienes enfrentan un proceso de “duelo congelado”, pues no saben si sus hijos están vivos o muertos, y profundas consecuencias en todos los ámbitos de su vida. Revela además la violencia estructural y discriminación que sufren las víctimas que pertenecen a pueblos indígenas.
El estudio da cuenta de la manera en que estos impactos se han profundizado a lo largo de tres años debido a la impunidad, entendida no solamente como la falta de investigación y sanción a los responsables, sino que incluye las actuaciones de las autoridades que han obstaculizado la investigación y manipulado la verdad. En este sentido, el estudio describe, a través de la voz de las víctimas, los impactos revictimizantes de la estigmatización de los normalistas -que en su momento fueron señalados como parte de grupos de la delincuencia-, la difusión de la llamada “verdad histórica” sin sustento científico, y de otros eventos en los que el Estado ha sostenido esta versión de los hechos. Estos eventos en su conjunto configuran una secuencia traumática, que ha generado la ruptura de la confianza de las víctimas hacia el Estado.
El diagnóstico recupera las recomendaciones del GIEI en materia de atención a víctimas y plantea una serie recomendaciones al Estado con el objetivo de reconstruir la confianza de las víctimas, y criterios mínimos que configuren el marco de la atención a las víctimas con respeto a su dignidad. Por esta razón, se plantean, entre otras, las siguientes medidas simbólicas:
– El Estado debe reivindicar y dignificar a todas las víctimas que fueron heridas —particularmente los casos de Aldo Gutiérrez Solano y Edgar Andrés Vargas—, privadas de la vida, a los estudiantes normalistas sobrevivientes y a los estudiantes normalistas desaparecidos, por el daño producido con la criminalización y cuestionamientos sobre su presencia en Iguala durante los meses posteriores a los hechos.
– El Estado mexicano debe reconocer públicamente, en voz de autoridades de alto nivel, la falta de sustento científico suficiente en la hipótesis oficial que establece como destino final de todos los estudiantes de Ayotzinapa el basurero de Cocula, y remover cualquier aseveración al respecto de los discursos y sitios digitales públicos del Estado mexicano.
– Dada la especial condición de los familiares de víctimas de desaparición forzada, la principal medida de atención y reparación es el esclarecimiento de los hechos y el paradero de los estudiantes. La incertidumbre sobre el paradero en casos como este impide avanzar en medidas de reparación —desvirtuando su naturaleza— al tiempo que acentúa la necesidad de asistencia, particularmente las de atención en salud y psicológica.
– Generar las condiciones para el avance de la búsqueda y la investigación de la desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas, incluyendo garantías para la seguridad de los padres, madres y familiares de los estudiantes desaparecidos y sus representantes.
Finalmente, el estudio documenta los impactos psicosociales del caso en familiares de personas desaparecidas organizadas en otros grupos y colectivos en el país, quienes se identifican con los familiares de los 43 estudiantes normalistas no sólo en el dolor por la ausencia y la incertidumbre, sino en la experiencia de impunidad. Por esta razón se recomiendan medidas que trasciendan el Caso Ayotzinapa, y apuntan hacia una verdadera política de Estado para abordar la desaparición forzada en México, enfocada en acciones de búsqueda e investigación de las personas desaparecidas, así como garantizar los derechos de sus familiares.
El pasado 2 de marzo, el gobierno mexicano se negó, en audiencia pública ante la CIDH, a asumir un compromiso para adoptar el documento que se presenta, como base para la generación de planes de atención, y en su caso, de reparación para las víctimas. La respuesta del Estado es inaceptable, no solo por la solidez técnica y metodológica del informe, sino porque nace del dolor y dignidad de las víctimas en la búsqueda de sus hijos desaparecidos, al mismo tiempo que aspira a que esta memoria se colectivice y contagie la esperanza de hacer amanecer la verdad y la justicia para Ayotzinapa y para el adolorido México.
