La CIDH pide al gobierno «medidas urgentes» para proteger a líderes sociales
CIDH pide a Colombia medidas urgentes para proteger a líderes sociales
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) urgió este martes a Colombia a «tomar medidas urgentes» para proteger a los defensores de derechos humanos y líderes sociales debido al alto número de asesinatos registrados en los últimos meses.
La CIDH manifestó su preocupación al respecto, y añadió que el país tiene que llevar a cabo investigaciones «diligentes» que tengan en cuenta la actividad de defensa de derechos humanos de las víctimas.
De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, 22 defensores de los derechos humanos fueron asesinados en Colombia en los primeros dos meses de 2018, casos que en su mayoría se concentraron en personas en situación de especial vulnerabilidad y en zonas alejadas donde históricamente el conflicto armado fue más intenso.
«Algunas organizaciones de la sociedad civil señalan, además, que estos asesinatos se habrían producido en un contexto de grave violencia, habiéndose registrado en el primer mes del año más de 140 amenazas a miembros de organizaciones sociales y comunitarias y más de 2.500 desplazamientos», añadió la CIDH en un comunicado.
«En relación a los responsables de los asesinatos, en diciembre de 2017 el fiscal General de la Nación (Néstor Humberto Martínez) señaló haber identificado la presencia de reductos de autodefensas que estarían actuando con algún grado de sistematicidad en algunas regiones del país», agregó.
La Comisión observó que con la implementación de los acuerdos de paz, los asesinatos de estas personas han aumentado sostenidamente.
De acuerdo a un informe de la Defensoría del Pueblo, desde enero de 2017 a febrero de 2018 ocurrieron 121 asesinatos de defensores de derechos humanos.
Este es un fenómeno que la CIDH ve con preocupación en tanto que las personas asesinadas «desempeñaban acciones para la implementación de los acuerdos de paz relacionadas con la tierra».
«Asimismo, la Comisión ha recibido información consistente que indica una afectación acentuada de la violencia contra defensores y defensoras de derechos humanos indígenas y afrodescendientes», insistió.
«Estamos muy preocupados por esta situación y por el efecto amedrentador que tienen estos asesinatos en algunas partes del país y en la sociedad colombiana en su conjunto», dijo el relator sobre los Derechos de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos, el comisionado Francisco Eguiguren.
La Comisión reiteró que es obligación del Estado «investigar de oficio» hechos de esta naturaleza y sancionar a los responsables materiales e intelectuales.
Además, hizo un llamado urgente a las autoridades colombianas para que «estas medidas de investigación y protección hacia las personas defensoras de derechos humanos sean abordadas desde una perspectiva integral y coordinada».
Gobierno pide esfuerzos para esclarecer muertes de líderes sociales en Antioquia
La directora de la Agencia de Renovación del Territorio, Mariana Escobar, lamentó y condenó los asesinatos del presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda El Rizo en Cáceres, Víctor Alfonso Zabala Oviedo y del líder comunitario Jorge Miguel Polanco.
Escobar explicó que el líder social Zabala Oviedo representaba a su comunidad en la ruta de construcción de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial, que se viene adelantando en los 170 municipios más afectados por el conflicto armado.
Zabala fue asesinado el pasado domingo en una finca por desconocidos que en estos momentos son buscados por las autoridades, mientras que José Miguel Polanco fue abordado también en zona rural por hombres que le causaron la muerte.
“El continuo asesinato de líderes es una clara demostración de sabotaje a un proceso participativo de transformación de país que se está dando desde los territorios. Solo con la paz en el campo colombiano lograremos la reconciliación”, aseguró Escobar.
La ART hizo un llamado a las autoridades para reforzar las medidas de seguridad a todos aquellos que trabajan por la defensa de las comunidades más vulnerables, así como para dar con el paradero de los autores de este crimen que lanza una alerta por la construcción de la paz en Antioquia.
Investigan a cuatro militares por homicidio de campesino en Antioquia
La Procuraduría formuló pliego de cargos, contra un suboficial del ejército y tres soldados profesionales, por la muerte en un supuesto combate con las FARC, del campesino, José de Jesús Galvis Castrillón, en zona rural de Abejorral, Oriente antioqueño.
Al proceso disciplinario que podría finalizar con la destitución e inhabilidad para ejercer cargos públicos, fueron vinculados el cabo tercero Hernán García Barragán y los soldados Óscar Alfonso Sepúlveda David, Alirio de Jesús Vanegas y Víctor Alexander Herrera.
La presunta ejecución extrajudicial de Galvis Castrillón ocurrió el 7 de octubre de 2007, en el sector del Carmelo, donde según el mando castrense, se habría registrado un enfrentamiento con un grupo guerrillero y tropas del batallón Pedro Nel Ospina.
Hace pocos días tres militares de la brigada 17 del ejército con sede en el Urabá Antioqueño fueron sentenciados a 36 años de prisión por el falso positivo de un estudiante menor de edad, reportado como guerrillero.
En la ejecución extrajudicial ocurrida en Apartadó, en septiembre de 2005, participaron el teniente Carlos Arturo Moncada Velásquez y los soldados profesionales, Ferney Palacios Palacios y Daniel Felipe Osorio Pulgarín.
Los exmilitares culpables del delito de homicidio en persona protegida, enfrentan otro proceso de tipo disciplinario en la Procuraduría.
