La Justicia de EEUU mantiene beneficios migratorios e impide las deportaciones
Trump se quedó sin per saltum
La Corte Suprema de Estados Unidos rechazó ayer un recurso altamente inusual del gobierno del presidente Donald Trump para que sus integrantes saltearan una instancia de apelaciones e intervinieran en la disputa por el programa que protege de la deportación a inmigrantes “soñadores” llegados ilegalmente siendo niños.
En una breve notificación, el alto tribunal anunció su decisión de no admitir a trámite el caso y rechazó así la petición del Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), del que se benefician unos 690.000 y al que Trump quiere poner fin el 5 de marzo. En la práctica, la decisión significa que el DACA sigue vigente y que los servicios migratorios de Estados Unidos deben seguir aceptando las peticiones de renovación de ese permiso migratorio, que frena la deportación de los jóvenes indocumentados y les permite trabajar.
En cuestión estaba el fallo de un juez de una corte federal de California, quien en enero determinó que Trump no podía acabar por completo con el plan DACA mientras hubiera litigios pendientes sobre este programa en diferentes cortes del país porque sus beneficiarios podrían sufrir daños irreparables.
En respuesta a ese fallo, el Departamento de Justicia presentó un recurso ante el alto tribunal directamente y sin esperar a que se posicionara el Tribunal de Apelaciones del Noveno Distrito, con sede en San Francisco y que ha fallado en numerosas ocasiones en contra de Trump.
El movimiento del gobierno de Estados Unidos fue muy inusual, puesto que normalmente los tribunales de apelaciones evalúan los casos antes de que lleguen a la máxima instancia judicial. En su notificación, el Tribunal Supremo hizo referencia a ese procedimiento y aventuró que el Tribunal de Apelaciones del Noveno Distrito procederá “rápidamente para decidir en este caso”.
La decisión de ayer supone una pequeña victoria para los defensores de los inmigrantes, puesto que hasta que se posicione la corte de apelaciones siguen en vigor tanto el fallo del juez de California como el veredicto que emitió este mes un magistrado de Nueva York para impedir el fin de DACA.
La Casa Blanca y el Congreso no han podido llegar a un acuerdo sobre el futuro de DACA y, ahora, la esperanza de muchos inmigrantes está en los tribunales. Trump reaccionó a la decisión de la Corte sobre DACA con nuevos ataques contra el tribunal de apelaciones de San Francisco.
El mandatario consideró que “no hay nada tan malo” como el Tribunal de Apelaciones de San Francisco, de mayoría progresista, y consideró que “no habrá ninguna sorpresa” en ese tribunal, puesto que es probable que avale el fallo del juez de California y mantenga activo el programa DACA.
“Nosotros perdemos, perdemos, perdemos y luego peleamos en el Tribunal Supremo”, dijo Trump, que añadió: “Veremos qué ocurre, esa es mi actitud”.
DACA fue aprobado por el presidente demócrata Barack Obama en 2012 .DACA fue aprobado por el presidente demócrata Barack Obama en 2012. Ha llegado a dar permisos temporales de residencia y trabajo a cerca de 800.000 de jóvenes indocumentados conocidos como “dreamers” (soñadores), que son en un 80 por ciento mexicanos.
El Gobierno de Trump lo canceló en septiembre bajo el argumento de que Obama se extralimitó en sus poderes presidenciales asumiendo un tema que le corresponde al Congreso e instó a este a aprobar una solución legislativa para los “dreamers” antes del 5 de marzo. En esa fecha comenzarían a expirar los permisos que actualmente tienen algo menos de 700.000 jóvenes y podrían ser deportados a sus países de origen, con los que en muchos casos no tiene ya vínculos.
Pero el bloqueo de la cancelación que hicieron un juez federal de San Francisco en enero y otro de Nueva York este mes dejó esa fecha en papel mojado. Los “dreamers” pueden seguir pidiendo la renovación de sus permisos, que se otorgan por dos años, mientras se resuelven las demandas contra la decisión de Trump.
Por su parte, el fiscal general de California, el demócrata Xavier Becerra, que había llevado el fin de DACA ante la Justicia, consideró que la decisión de la Corte es una “victoria” para la comunidad inmigrante y para su estado, hogar de uno de cada cuatro “soñadores”.”Esta es una victoria para todos, para California y para la gran cantidad de compañías que están con nosotros”, dijo Becerra en una conferencia telefónica con la prensa.
La demanda de Becerra aglutina a compañías tecnológicas como Google y Facebook, así como al sistema universitario público de California, pues todos ellos avisan de que el fin de DACA provocará enormes pérdidas económicas al privar a sus organismos del capital intelectual que aportan los “soñadores”.
La decisión de ayer del Tribunal Supremo deja sin efecto real la fecha límite fijada por Trump para poner fin a DACA. En la práctica, da más tiempo al Congreso para acordar una ley migratoria que concilie una solución permanente para los “soñadores” con algunas de las peticiones más duras de Trump, que pide fondos para construir su muro con México y medidas que reduzcan la entrada legal de inmigrantes a Estados Unidos.
También ayer, la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos (Usccb, por su sigla en inglés) instó a sus fieles a participar en una jornada nacional de llamadas al Congreso para demandar una solución legislativa para los “soñadores”.
La iniciativa nacional fue lanzada por la Arquidiócesis de los Ángeles, la más grande del país, con más de 5 millones de fieles, que cuenta con el apoyo de todas las diócesis y arquidiócesis de Estados Unidos.
“La Iglesia ve el tema antes que nada como un asunto de dignidad humana”, declaró Isaac Cuevas, director asociado de la Oficina de Asuntos de Inmigración de la Arquidiócesis angelina. Al destacar que no se trata de un asunto político, sino de poner en práctica la doctrina social católica, el líder religioso del sur de California pidió que se mire a los jóvenes indocumentados como personas humanas que “no tienen otro lugar adonde ir”.
También señaló que la Iglesia católica respeta “el derecho que cada país tiene de proteger sus fronteras”, pero igualmente las personas tienen derecho de buscar mejores oportunidades.
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