La integración estratégica de América Latina – Por Giuseppe Lo Brutto y Carlos Otto Vázquez
*Por Giuseppe Lo Brutto* y Carlos Otto Vázquez
Introducción
El artículo presenta un panorama de la situación que guarda la nueva etapa de los procesos de integración en América Latina y el Caribe, y en particular la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) y la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), destacando la importancia que en estos dos mecanismos de integración vienen adquiriendo los recursos naturales como pilares para impulsar una integración estratégica, en un escenario mundial caracterizado por la reconfiguración hegemónica y la tendencia a la instauración de un mundo multipolar.
Teniendo como marco teórico general de análisis la perspectiva del sistema-mundo y la aplicación del análisis geopolítico, es decir, la incorporación del factor geográfico-espacial, del dominio efectivo del territorio y de relaciones de poder, el artículo se compone de cinco apartados y conclusiones:
El primer capítulo, está referido a la reconfiguración del orden mundial y regional; el segundo, en que se aborda la ALBA; el tercero, dedicado a la UNASUR; el cuarto, que trata la importancia de los recursos naturales en esta nueva etapa de desarrollo del capitalismo; y el quinto, donde se señalan los principales riesgos y desafíos de esta nueva integración.
En la parte final del artículo, se incluyen un conjunto de conclusiones donde se subraya que la integración que se está llevando a cabo en la ALBA y UNASUR es un proceso en disputa y que, para que tenga viabilidad, debe avanzar tanto en la superación del modelo extractivista basado en la explotación intensiva de los recursos naturales, como también en el establecimiento y consolidación de nuevas formas de relación estado-sociedad, que permitan hacer viable tanto los respectivos proyectos nacionales de desarrollo en los diferentes países como las nuevas formas de relacionamiento y vinculación entre ellos.
I. Hacia un nuevo orden mundial y regional
Contando como elemento condicionante con una crisis sistémica multidimensional, que determina los alcances que puede llegar a tener las políticas nacionales y regionales, los nuevos mecanismos de integración y Cooperación Sur-Sur surgidos en la primera década del siglo XXI en América Latina y el Caribe, continúan desplegándose en medio de múltiples tensiones, producto de luchas en las que confluyen diversos intereses en pugna, que plantean nuevos y complejos desafíos.
Es en este escenario, de inestabilidad e incertidumbre global, que se ha venido dando la conformación de bloques regionales por parte de gobiernos de países que comparten intereses económicos, políticos e ideológicos, en la perspectiva de estructurar políticas regionales articuladas, para enfrentar de mejor manera los impactos provenientes del entorno mundial.
Por lo que hace a América Latina, la emergencia de importantes movimientos sociales y políticos a finales del siglo XX y la primera década del XXI, que se oponían a la aplicación de políticas neoliberales en sus respectivos países, se concretó en buen número de casos en la toma del poder político y el control del estado por parte de gobiernos con una orientación de centro y centro izquierda, que han sido ratificados por sus pueblos en sucesivas elecciones democráticas y que han conseguido avanzar en algunos casos en la construcción de escenarios posneoliberales (Figueroa, 2011).
El cambio en la balanza interna de poder, abrió la posibilidad de crear otras formas de relacionamiento, como expresión de las nuevas necesidades de vinculación externa derivadas del replanteamiento conceptual, institucional y operativo del papel que deben desempeñar los mecanismos de integración y cooperación regional.
De esta forma, con la creación de la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América en diciembre de 2004, hoy Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP) y de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), en mayo de 2008, se abrió paso a una nueva etapa en los mecanismos de integración en América Latina y el Caribe, buscando superar el carácter marcadamente comercial que había definido las etapas previas de la integración regional (Estay, 2014).
Esta nueva etapa puede definirse como la etapa de la integración estratégica, ya que no sólo toma distancia de las propuestas de regionalización impulsadas desde Washington sino que, a contrapelo de lo que recomienda el discurso neoliberal, se sustenta en una política económica que recupera la activa participación del estado en la promoción del desarrollo, lo que incluye la redefinición del conjunto de vínculos con el exterior, aplicando acciones tendientes a la defensa del espacio regional, recuperando mayores grados de autonomía y que, apoyada en buena medida en el acceso, control y usufructo de los recursos naturales, pretende hacer frente a los problemas de desigualdad y exclusión social.
Es una integración estratégica, además, porque se inscribe en el marco de desarticulación de la arquitectura política y de poder construida por los países vencedores después de la Segunda Guerra Mundial y de simultánea reconstrucción y reconfiguración del tablero geopolítico global, en el que tanto la ALBA-TCP como la UNASUR buscan proyectar un crecimiento con mayores grados de soberanía regional.
A continuación se hace una breve presentación tanto de la ALBA- TCP como de la UNASUR, mostrando sus principales componentes y destacando aquellos aspectos que muestran la presencia de una clara orientación estratégica, particularmente vinculada con el acceso, manejo, control y gestión de sus recursos naturales.
II. La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBa-TCP)
Si bien en América Latina y el Caribe mecanismos de integración y cooperación como el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), la Comunidad del Caribe (CARICOM), la Comunidad Andina (CAN), el Mercado Común del Sur (MERCOSUR) y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), han venido mostrando avances en su estructura institucional y en sus diferentes ámbitos de funcionamiento, han sido en la ALBA y la UNASUR donde se ha ido perfilando una integración de carácter estratégico.
Concebida inicialmente como una alianza política entre Venezuela y Cuba, y dique de resistencia para enfrentar la propuesta de enclaustramiento hemisférico contenida en el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), la ALBA rompe con la aplicación de los postulados neoliberales de relacionamiento externo basados en la liberalización comercial y la apertura de fronteras, mediante los cuales se buscaba adecuar los marcos jurídico-normativos de los países latinoamericanos al proyecto geopolítico estadounidense. Basada en los principios de solidaridad, cooperación, complementariedad y beneficio mutuo, la Alianza Bolivariana –que a mediados del 2014 se conformaba por nueve países (1) de Suramérica, Centroamérica y el Caribe–, condensa y sintetiza las nuevas realidades políticas que vienen abriéndose paso en la región.
Constituida por países que se adscriben a propuestas que en distinto grado toman distancia del capitalismo: desde cuba con su estrategia socialista, Venezuela y el socialismo del siglo XXI, pasando por Bolivia y Ecuador con planteamientos novedosos referidos al vivir Bien, al Buen vivir y a la revolución ciudadana, la ALBA hace uso de un lenguaje antiimperialista buscando opciones fuera de los marcos del neoliberalismo en las relaciones entre sus países miembros, con un estado que se constituye en agente político y económico fundamental.
A casi una década de haberse puesto en operación, un balance del desempeño de la Alianza Bolivariana permite identificar la existencia tanto de dificultades, como de avances que, con distinto grado de maduración, se han venido presentando en diferentes planos, entre los que destacan el ámbito social, el monetario-financiero y el energético. (Secretaría Ejecutiva del ALBA-TCP, 2010).
En el ámbito social, los logros más representativos se han expresado en la tendencia a la universalización de los derechos fundamentales a la educación y a la salud por medio de las denominadas Misiones Sociales, las cuales habiendo tenido su origen en Venezuela se extendieron a escala regional entre los países miembros de la alianza, con el propósito de combatir las desigualdades sociales y construir sociedades más incluyentes mediante la participación organizada de la comunidad y la creación de poder ciudadano.
Las misiones sociales conllevan nuevas formas de relación Estado/sociedad sobre la base de una reconfiguración del tejido social y del surgimiento del poder popular en el marco de una democracia participativa.
Como lo han reconocido explícitamente organismos internacionales, “La experiencia va demostrando que, en la dinámica de las misiones, las personas salen del anonimato. en su vida cotidiana, se transforman en ciudadanas y ciudadanos que adquieren visibilidad con identificación propia, que asumen proyectos y, sobre todo, que se dotan de sentido al compartir con otras personas una pertenencia y un modo de vivir, y no sólo una experiencia transitoria en una situación particular o coyuntural.” (Organización Panamericana de la Salud, 2006: 68)
En cuanto a educación, se ha alfabetizado a más de millón y medio de personas dentro del espacio ALBA, con lo cual Venezuela, Bolivia, Nicaragua y Ecuador se han sumado a Cuba como territorios libres de analfabetismo, mientras que en materia de salud los logros se han concretado, entro otros aspectos, en la atención a cerca de dos millones de pacientes dentro de la Misión Milagro, de atención e intervención gratuita a pacientes con problemas oftalmológicos (Secretaría Ejecutiva del ALBA-TCP, 2010).
En lo que se refiere al ámbito monetario-financiero, se han conformado dos nuevas instituciones en correspondencia con la necesidad de construir un espacio monetario-financiero regional que permita disminuir los impactos provenientes de la crisis del sistema financiero internacional: por un lado, el Sistema Unitario de Compensación Regional de Pagos (SUCRE) y, por el otro, el Banco del ALBA (BALBA).
Por lo que hace al SUCRE, en el que participan Bolivia, Cuba, Ecuador, Nicaragua y Venezuela, este es un mecanismo que sirve para la canalización de pagos internacionales resultantes de las operaciones de comercio recíproco entre sus países miembros. el sistema, se basa en la utilización de una moneda virtual denominada “sucre”, cuyo registro de las operaciones se realiza en los respectivos bancos centrales, en tanto que la liquidación local (pagos a exportadores y cobros a importadores) se efectúa con las respectivas monedas locales de los países miembros.
Habiendo iniciado operaciones en enero de 2010, el Sistema Unitario de Compensación ha mostrado una evolución favorable, pasando de efectuar un total de 6 operaciones en el año 2010, por un monto equivalentes a poco más de 12 millones y medio de dólares, a 5178 operaciones por un monto superior a los 2 mil 257 millones de dólares para finales de 2013 (Secretaría Ejecutiva del Consejo Monetario Regional del SUCRE, 2014).
La gradual aceptación del “sucre” como moneda virtual, muestra que se ha ido constituyendo en una opción para el pago de operaciones a nivel regional, sirviendo como apoyo en materia de soberanía monetaria y financiera al fomentar un desacoplamiento progresivo del dólar en las transacciones en la región.
En cuanto al Banco del ALBA, que inició formalmente sus funciones el 1° de septiembre de 2009, este constituye el otro pilar de la Nueva Arquitectura Monetario Financiera Regional que se viene impulsando en el área. Contando con un capital suscrito de 850 millones de dólares de acuerdo a su convenio constitutivo (Jefes de estado y de Gobierno del ALBA-TCP 2008), en el Banco participan como miembros Bolivia, Cuba, Nicaragua, San Vicente y las Granadinas, la Mancomunidad de Dominica, y Venezuela.
La función sustantiva del Banco consiste en contribuir con el financiamiento de proyectos que persiguen el desarrollo económico y social sostenible, la reducción de la pobreza y las asimetrías, así como el fortalecimiento de la integración y la promoción del intercambio económico. aunado a lo anterior, el BALBA ha venido apoyando, a través de estudios y análisis, al diseño y operación de proyectos sociales, productivos y comerciales entre los países miembros, así como los correspondientes a los Proyectos Grannacionales (2).
Los Proyectos Grannacionales, que son proyectos en cuya concepción e instrumentación participan de manera conjunta dos o más países miembros del ALBA, abarcan un amplio número de ámbitos como son el social, cultural, económico, científico e industrial, entre otros. entre los más importantes, destacan el Proyecto Grannacional de Alfabetización y Post Alfabetización, el Proyecto Grannacional de Medicamentos, así como el Proyecto Grannacional ALBA-Cultura.
En una etapa en la que la crisis financiera global se generaliza, actores como los BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) dan pasos en la misma dirección que la ALBA, de crear instituciones financieras con mayor autonomía, como ocurrió en la sexta cumbre de los BRICS efectuada en Fortaleza, Brasil, en julio de 2014, en la cual se aprobó la creación de un Nuevo Banco de Desarrollo por parte de los BRICS, y se suscribió el tratado para establecer un Acuerdo Contingente de Reservas, cuyo fondo inicial será de 200,000 millones de dólares (3).
Por lo que se refiere al ámbito energético, y abarcando más allá del espacio que conforman los países de la ALBA-TCP, destaca la Iniciativa Petrocaribe, mediante la cual se busca asegurar la coordinación de una política integral en materia de energía, que incorpore al petróleo y sus derivados, así como el gas y la electricidad, con miras a garantizar un suministro estable y el balance de la matriz energética entre los países del área.
Creada el 29 de junio de 2005, e impulsada principalmente por Venezuela, en la Iniciativa Petrocaribe participa un total de 18 países del Caribe y América Central (4), con el fin de promover la seguridad y estabilidad energética en la región, garantizado el suministro de petróleo y combustibles a través de un esquema financiero que permite el pago diferido y el financiamiento a largo plazo de la factura petrolera, a lo que se añade que, dentro de Petrocaribe, se ha creado empresas estatales mixtas de carácter binacional en nueve países de la zona, las cuales apoyan el proceso de construcción de la independencia energética de los países del área. (ver cuadro 1)
El caso de Petrocaribe, constituye un claro ejemplo de la orientación estratégica contenida en la Alianza Bolivariana, si se tiene presente el papel fundamental que tienen los hidrocarburos –particularmente petróleo y gas– en un escenario internacional caracterizado por la incertidumbre respecto al horizonte de vigencia de los minerales fósiles y donde se intensifican los conflictos por el acceso, control y usufructo de las fuentes de recursos no renovables.
III. La Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR)
Formalmente constituida el 23 de mayo de 2008 mediante la firma del Tratado Constitutivo de la Unión de Naciones Suramericanas, efectuada por los presidentes suramericanos (Presidentes de América del Sur (2008)) (5), la UNASUR constituye un importante elemento geopolítico regional.
Conformada por el conjunto de países de América del Sur (6), en el poco tiempo que lleva desde su creación la UNASUR ha impulsado acuerdos en temas referidos a la solución regional de conflictos, así como de defensa del orden democrático, ha logrado construir y consolidar una amplia estructura institucional, y ha ido creando una visión estratégica de la integración orientada al desarrollo, que recupera la relevancia de los recursos naturales como eje dinámico del proceso.
En el ámbito de la solución regional de conflictos y defensa del orden democrático, la UNASUR ha venido fortaleciendo su presencia regional con acciones como la Declaración de la Moneda, emitida el 15 de septiembre de 2008, en la sede del ejecutivo en Santiago de Chile, lugar en el que los presidentes suramericanos expresaron su respaldo al presidente boliviano Evo Morales frente a los conflictos ocurridos por los intentos separatistas en la Media Luna y ante la masacre de Pando (Presidentes de América del Sur, 2008a).
Un pronunciamiento similar se expresó en torno al intento de golpe de estado y secuestro del presidente de Ecuador, Rafael Correa, efectuado el 30 de septiembre de 2010. En reunión extraordinaria celebrada el 1° de octubre de 2010 en el Palacio San Martín, en Buenos Aires, los mandatarios suscribieron la Declaración de Buenos Aires, en la que afirmaron que sus respectivos gobiernos no tolerarían, “bajo ningún concepto, cualquier nuevo desafío a la autoridad institucional ni intento de golpe al poder civil legítimamente elegido”; y decidieron el traslado inmediato de sus cancilleres a la ciudad de Quito, para expresar el pleno respaldo al presidente Rafael Correa y al pueblo ecuatoriano (Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno de la UNASUR; 2010).
De igual forma, el 28 de junio de 2012 la UNASUR condenó el golpe de Estado perpetrado por el senado de Paraguay en contra del presidente Fernando Lugo y acordó suspender la participación de los representantes paraguayos en la reunión de UNASUR efectuada en la ciudad de Mendoza, Argentina el 29 de junio de ese año.
La participación de UNASUR como interlocutor regional se ha visto fortalecida con la definición de posturas comunes ante pretensiones injerencistas externas, como la presencia militar inglesa en las Islas Malvinas (Estados Miembros de UNASUR, 2012); la condena al bloqueo y acoso económico impuesto por Estados Unidos contra Cuba desde hace más de medio siglo y, más recientemente, el respaldo a la postura de Argentina ante el fallo judicial referido a un grupo minoritario de tenedores de títulos de deuda soberana pendientes de reestructuración (fondos buitres), ante lo cual los mandatarios manifestaron su solidaridad con el gobierno y pueblo argentino y destacaron los esfuerzos realizados por Argentina en el proceso de reestructuración de su deuda soberana (Consejo de Jefas y Jefes de Estado de UNASUR, 2014).
En lo que se refiere a su institucionalidad, la UNASUR ha ido incorporando un número importante de ámbitos hasta dar forma a una estructura institucional conformada por los siguientes doce consejos sectoriales (7).
• Consejo Energético Suramericano
• Consejo de Defensa Suramericano
• Consejo de Salud Suramericano
• Consejo Suramericano de Desarrollo Social
• Consejo Suramericano de Infraestructura y Planeamiento
• Consejo Suramericano sobre el Problema Mundial de las Drogas
• Consejo Suramericano de Economía y Finanzas
• Consejo Electoral de UNASUR
• Consejo Suramericano de Educación
• Consejo Suramericano de Cultura
• Consejo Suramericano de Ciencia, Tecnología e Innovación
• Consejo Suramericano en materia de Seguridad Ciudadana, Justicia y Coordinación de Secciones contra la Delincuencia Organizada Trasnacional.
La amplitud de temas abordados dentro de la institucionalidad de UNASUR, pone de manifiesto tanto los alcances que persigue este mecanismo regional, como también la visión estratégica inmersa en el mismo, al incorporar ámbitos sensibles en materia de integración que no eran incluidos en los mecanismos de integración en etapas anteriores.
En lo que se corresponde al funcionamiento de los consejos, si bien todos han desplegado un conjunto de iniciativas en sus respectivas áreas de competencia para hacer frente a la problemática regional, dado el espacio con que se cuenta sólo se desarrollará lo referido al Consejo Suramericano de Defensa y al Consejo Energético Suramericano, teniendo presente en ambos casos los claros componentes estratégicos contenidos en ellos.
En lo que se refiere al Consejo Suramericano de Defensa, entre las acciones realizadas dentro del mismo se encuentra el estudio metodológico para conocer el inventario militar de los países suramericanos; avanzar en el establecimiento de una política para hacer frente a las amenazas cibernéticas e informáticas en el área de defensa; diseñar y producir regionalmente un sistema de aeronaves no tripuladas; y elaborar una propuesta para crear la Escuela Suramericana de Defensa (ESUDE) (8).
Otro de los aspectos en que se concretó el esfuerzo de los países suramericanos en materia de defensa, lo constituyó la creación en mayo de 2011 del Centro de Estudios Estratégicos de Defensa (CEED) (9), que tiene su sede en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, el cual promueve la definición de los intereses regionales, identificando los desafíos, factores de riesgo y amenazas, así como también las oportunidades para la defensa y la seguridad regional tanto en el presente como en el mediano y largo plazo. Como parte neurálgica dentro de UNASUR, el centro impulsa la construcción de una visión compartida, identificando los enfoques conceptuales y lineamientos básicos comunes que permitan articular políticas en materia de seguridad regional.
Por lo que hace al Consejo Energético Suramericano, este ha llevado adelante un conjunto de reuniones al más alto nivel, con la participación de los ministros de energía, petróleo y sectores afines de los países suramericanos, en las cuales se ha avanzado en la conformación del Tratado Energético de UNASUR, el cual si bien no ha sido suscrito todavía, si se han dado pasos para su ulterior concreción.
Asimismo, en dichas reuniones se ha expresado el interés conjunto de los países suramericanos para definir y concretar un Plan de Acción para la Integración Energética Regional, así como los Lineamientos de la Estrategia Energética Suramericana.
Reconociendo “que en la región suramericana se concentra la mayor cantidad de recursos naturales, en particular los grandes reservorios de petróleo y uno de los más grandes de gas, así como también grandes potenciales hidroeléctricos, yacimientos de carbón y bioenergía, lo cual nos obliga a ejercer el derecho soberano sobre estos recursos” ministros de energía (2012), en el Consejo se ha venido trabajando también en la elaboración del Balance Energético de Suramérica.
Estando bajo estudio la posibilidad de crear un instituto de investigaciones energéticas de UNASUR, el Consejo Energético Suramericano ha venido trabajando con asesoría de la Organización Latinoamericana de Energía (OLADE) (10), subrayando la necesidad del manejo soberano de los recursos naturales por parte de los países de UNASUR, que permita garantizar la seguridad energética nacional, al tiempo de generar estrategias y acciones de largo plazo a escala regional.
IV. Geopolítica de los recursos naturales
En un marco global caracterizado por la presencia de múltiples conflictos, tensiones y contradicciones –en el cual se condensa la lucha por la hegemonía– el acceso, manejo y usufructo de los recursos naturales se transforma en un aspecto vital.
Dichos recursos constituyen los soportes efectivos del poder, por lo que revisar el papel que ellos pueden desempeñar en esta etapa del regionalismo estratégico latinoamericano, se convierte en un imperativo para poder atisbar sobre las posibilidades y futuros desafíos.
Si bien la lucha por el liderazgo global incorpora aspectos de orden político, estratégico, geográfico, demográfico, militar y cultural, lo cierto es que desde el punto de vista estrictamente económico la capacidad hegemónica se sustenta en el desarrollo, control, gestión y capacidad de monopolización de la producción estratégica y de los elementos estratégicos de la reproducción.
Habiendo un grupo de materias primas que son esenciales para la reproducción material global, cuyo valor estratégico está en función de su utilización en escala masiva, adquiere relevancia conocer la ubicación y características territoriales y espaciales en que dichas materias primas se producen, así como lo referido al acceso, apropiación, concentración y manejo de las mismas.
Por lo que se refiere a América Latina, ésta posee importantes reservas de recursos naturales considerados estratégicos, lo que incluye a los minerales fósiles y no fósiles, fuentes de abastecimiento de agua dulce, así como una considerable diversidad biológica y ecosistemas, de lo que se desprende la necesidad de fortalecer la propiedad soberana de los Estados sobre los recursos naturales si se tiene en cuenta que “en el tablero de la geopolítica mundial la disputa global por recursos naturales estratégicos direccionará los movimientos de los grandes consumidores hacia las principales reservas del planeta” (Bruckmann, 2013: 10).
En relación con el agua, un estudio reciente de la CEPAL elaborado a solicitud de la secretaría General de la UNASUR, muestra que el conjunto de América Latina y el Caribe, con menos del 6 por ciento de la población mundial, cuenta con alrededor del 30 por ciento del total de los recursos hídricos renovables del mundo, lo que representa más del 70 por ciento del agua del continente americano (CEPAL, 2013).
La disputa por la apropiación y el control del agua ha tendido a intensificarse en los últimos años en el marco de su creciente privatización y mercantilización por parte de los corporativos trasnacionales. en América Latina, lo ocurrido en Cochabamba, Bolivia en el año 2000, en relación a las protestas populares y a la lucha desatada en la llamada Guerra del Agua, constituyó un primer y significativo aviso del nivel de intensificación que pueden alcanzar los conflictos en torno a los recursos hídricos en el continente (Shultz, 2008).
Teniendo en cuenta elementos de carácter estratégico, como son los referidos al nivel de extracción de agua, así como la magnitud de las reservas de aguas subterráneas en cada país y región, Estados Unidos aparece como un peligro potencial en la lucha por el dominio y apropiación del agua. “Los intereses en disputa son colosales. Estados Unidos necesita asegurar el abastecimiento de agua dulce. Los datos muestran que el nivel de su consumo está acabando con sus reservas de agua subterránea (…) en este contexto, América del Sur representa la mejor opción para Estados Unidos (…) el continente se debe preparar para enfrentar estrategias multidimensionales de apropiación y control del agua que posee y de los ecosistemas que de ella dependen” (Bruckmann, 2012: 13).
Otro aspecto central dentro de los recursos naturales, tiene que ver con la producción y magnitud de las reservas mundiales de minerales estratégicos. como se puede ver en el cuadro 2, en América Latina se concentra un porcentaje importante de las reservas probadas de minerales estratégicos, que son soporte efectivo en el ejercicio de la hegemonía, por tener una fuerte intervención en las industrias que determinan las formas y rumbos que toma la producción capitalista mundial.
En el cuadro, se puede apreciar la magnitud de las reservas de minerales estratégicos situadas en América Latina y el Caribe en relación con las reservas totales mundiales, en donde destacan los casos del niobio, litio, tantalio, renio, plata, cobre, selenio, estaño y boro.
Por su carácter imprescindible en las industrias productoras de tecnología de punta y por ser minerales relativamente escasos en función de su escala de utilización en el sector militar y en la reproducción de la estructura fundamental del aparato productivo, el acceso a algunos de los minerales estratégicos previamente señalados es considerado una cuestión de seguridad nacional, por lo que no puede descartarse un acrecentamiento de las presiones de orden económico, financiero, político y/o militar, tanto por parte de los gobiernos de las grandes potencias como de las empresas transnacionales con sede en los distintos países –bien sea de Estados Unidos o del resto del mundo–, todos ellos buscando el control de los recursos naturales como parte de una estrategia de apropiación multidimensional para garantizar y extender los derechos a la prospección, exploración, extracción y explotación de dichos recursos en América Latina.
V. Riesgos y desafíos de la integración estratégica
Como proceso en marcha, la integración que se viene impulsando en América Latina y el Caribe se encuentra sometida a avances y retrocesos. entre los desafíos a enfrentar para avanzar en la consolidación de una integración como la que se pretende profundizar en América Latina y el Caribe, están aquellos vinculados a la necesidad de procesar adecuadamente los distintos conflictos de orden interno y externo que se vienen desplegando en diferentes ámbitos.
En lo que respecta al ámbito interno, interesa subrayar que la estrategia de desarrollo impulsada por un número importante de países que forman parte tanto de la ALBA-TCP como de la UNASUR, ha sido severamente cuestionada por movimientos sociales, organización populares, grupos indígenas y campesinos, y por sectores de la intelectualidad militante, tanto por sus severas implicaciones ambientales como por sustentarse en la explotación intensiva de los recursos naturales y particularmente en la sobreexplotación de los recursos energéticos y minerales como parte de un nuevo extractivismo (Gudynas, 2009).
El llamado neoextractivismo, si bien se ha utilizado para aplicar políticas que han permitido disminuir la desigualdad y atenuar la polarización mejorando las condiciones de vida de la población, debe ser superado dando paso a la formulación de una estrategia regional integral en el manejo de los recursos naturales, que conlleve una reapropiación social de la naturaleza y al establecimiento de una nueva relación hombre-naturaleza.
Aunado a lo anterior, urge implementar mecanismos de consulta efectiva con los grupos indígenas y campesinos respecto a la gestión de los recursos naturales ubicados en sus territorios, ante las crecientes acciones de protesta de las poblaciones que han venido siendo afectadas por la actividad extractiva, los cuales han emprendido luchas de resistencia y emancipación ante el despojo de que vienen siendo objeto por parte de gobiernos que, dentro de una propuesta teórica progresista, han tendido a reproducir patrones de comportamiento similares a los de las empresas transnacionales, lo que ha conducido incluso a la expulsión de las poblaciones locales de los territorios en que se encuentran ubicados dichos recursos (Delgado, 2013).
En lo que se refiere al ámbito de las relaciones con el exterior, un punto fundamental tiene que ver sin dudas con el acentuado incremento de las relaciones económicas que los países de América Latina y el Caribe han venido realizando con China, y con los riesgos y oportunidades que dicha relación puede tener en el futuro inmediato para la región.
No cabe duda que la presencia de China en América Latina y el Caribe responde a una reconfiguración de la economía mundial que pone en tela de juicio la hegemonía estadounidense en el mundo pero sobre todo en el continente latinoamericano, estableciendo un nuevo escenario multipolar (11).
A lo largo de los últimos 15 años, la presencia de China en América Latina ha logrado consolidarse de manera imponente al congregar inversiones multimillonarias con acuerdos bilaterales y multilaterales que hacen del gigante asiático uno de los partners comerciales más importante para la región (Lo Brutto, 2014).
Resulta innegable el rol determinante que los recursos naturales tienen en esta relación, obedeciendo a la creciente necesidad de mayores volúmenes de materias primas provenientes del extranjero requeridas por China, que al combinarse con la ventaja comparativa en mano de obra barata que posee han potencializado su crecimiento económico, el cual no ha sido inferior al 7 % anual durante los últimos 20 años.
Para nuestra región, esto ha representado un elemento esencial que ha influido en la toma de decisiones de los gobiernos de izquierda, permitiendo avanzar en dirección de una nueva inserción de los países de América Latina en la economía mundial, en función del papel primordial que el gigante asiático constituye a nivel geoeconómico, geopolítico y geoestratégico (Lo Brutto, 2014).
La cooperación Sur-Sur entre China y los países de América Latina y el Caribe, además de perseguir los objetivos de equidad social, multilateralismo político y desarrollo económico, también busca contribuir a impulsar un nuevo orden mundial que otorgue el justo peso a las relaciones políticas y económicas internacionales de los países del sur, motor de la economía mundial en los últimos 10 años.
Este nuevo multilateralismo estratégico del sur permitiría poner en tela de juicio el papel del dólar en la economía mundial y otorgar un mayor protagonismo a los países del sur en relación a las instituciones internacionales, mismas que en nuestra opinión actualmente son obsoletas y reflejan un orden mundial arcaico, carente de sentido con respecto a los equilibrios económicos y políticos internacionales que les forjaron hace casi 70 años.
También en el ámbito de las relaciones externas, otro desafío para consolidar una integración estratégica lo constituye la Alianza del Pacífico, mecanismo creado el 6 de junio de 2012 que aglutina a Colombia, Chile, México y Perú, países que han mostrado un mayor acercamiento con las propuestas estadounidenses de integración y que han suscrito tratados bilaterales de libre comercio con el país del norte bajo las condiciones impuestas por Washington, es decir, modificando las leyes internas en temas como inversión, propiedad intelectual, derechos laborales y protección ambiental, entre otros,
La Alianza del Pacífico se introduce como cuña en el cuerpo de los mecanismos del regionalismo estratégico y obliga al resto de países de la Unión Suramericana a atajar los intentos de implosión que podrían ser atizados desde los países que, formando de manera previa parte de UNASUR, han decidido crear una alianza funcional a los intereses geopolíticos estadounidenses.
Otro desafío que deberán enfrentar los mecanismos de integración y cooperación se refiere al papel que dentro de ellos viene desempeñando de manera preponderante un solo país: para el caso de la ALBA-TCP Venezuela y, en el caso de UNASUR, Brasil.
Por lo que se refiere a la ALBA-TCP, la desigual distribución y falta de equilibrio entre los países miembros del mismo, con Venezuela encabezando el proceso, seguido de Cuba, Bolivia, Ecuador y Nicaragua, y donde los países caribeños tienen un papel marginal, se ha acompañado de un acentuado presidencialismo, el cual ha constituido uno de los rasgos predominantes en el funcionamiento de la alianza. además, un cambio en la conformación tanto del congreso, como en la designación por la vía electoral de un presidente apoyado por la actual oposición podría poner en grave riesgo la viabilidad de este proyecto de gran envergadura subregional.
Por lo que se refiere a la UNASUR, la magnitud de las dimensiones de Brasil, que se puede apreciar en su creciente gravitación política, económica, financiera, tecnológica y militar, que lo hace constituirse en una potencia emergente junto con el resto de países que conforman los BRICS, ha implicado que parte importante de las iniciativas impulsadas desde la UNASUR se sustente en propuestas que resultan funcionales a la visión geopolítica y a los intereses del gigante sudamericano.
Ya en 1977, Marini utilizó el concepto de subimperialismo para referirse a la situación particular de Brasil y a su capacidad para ejercer una política expansionista relativamente autónoma (Marini, 1974). De manera reciente, distintos autores han abordado diferentes aspectos referidos al subimperialismo brasileño y la globalización (Flynn, 2007); a la teoría del subimperialismo brasileño (Bueno, 2009); a Brasil y su acción subimperialista en América Latina (Tavares, 2011), a la relación entre la integración regional y un nuevo imperialismo (Zibechi, 2012), así como al subimperialismo brasileño en Bolivia y América Latina (Luce, 2011).
Las amenazas derivadas de las tentaciones de imponer un proyecto imperialista o subimperialista en la región suramericana, deben ser tomadas en cuenta. en tal sentido, dichas tentaciones imperialistas brasileñas deben ser atajadas de manera simultánea desde varios frentes: en primer lugar, por los gobiernos de aquellos países que forman parte de la UNASUR y que perciben el peligro de una integración subordinada a los intereses geopolíticos brasileños.
En segundo lugar, por las comunidades indígenas y grupos campesinos de los países de la Unión, que están siendo afectados por la estrategia de integración suramericana y, particularmente, por aquellos proyectos contenidos en la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA) -que forma parte del Consejo Suramericano de Infraestructura y Planeamiento de la UNASUR– en la cual los capitales e inversiones brasileñas tienen un papel fundamental (12).
Y, en tercer lugar, por la activa participación de los movimientos sociales, organizaciones civiles y la sociedad brasileña en general, en función de la necesidad de someter a un control popular tanto las inversiones como el propio proyecto de expansión brasileña en su conjunto.
A manera de conclusión
Una integración de nuevo tipo, de carácter estratégico, como la que están intentando impulsar los países de América Latina y el Caribe, que posibilite un reposicionamiento regional con mayores grados de autonomía en el proceso de construcción global de un mundo multipolar y pluricéntrico; que implique una toma de distancia respecto a los dictados de Washington; que esté orientada al desarrollo en beneficio de los pueblos; y que incorpore el control y gestión racional de los recursos naturales como uno de los ejes de dicha estrategia, constituye por definición un proyecto en disputa en varios sentidos.
Porque conlleva un desafío teórico-práctico de gran magnitud, si se tienen presentes los graves problemas y dificultades que en distintos ámbitos viene enfrentando el proceso integracionista europeo, el cual a lo largo de más de cinco décadas, sirvió como referente para otras experiencias de integración.
Porque debe ir corrigiendo sobre la marcha, errores derivados del hecho de que una integración estratégica como la que se está llevando a cabo en América Latina y el Caribe, constituye una experiencia inédita en la región.
Y porque debe encontrar soluciones en el corto plazo al nuevo extractivismo, generando políticas para un aprovechamiento sustentable y racional de los recursos naturales, y teniendo presente de manera simultánea el papel estratégico que conlleva el acceso y control de esos recursos en el actual contexto global, caracterizado por el acentuado deterioro del medio ambiente y la búsqueda de soluciones a nivel internacional al grave problema del cambio climático.
La construcción y proyección de un pensamiento estratégico en materia de integración en la región, constituye un requisito obligado en un entorno de conflicto, incertidumbre y crisis. en esta disyuntiva, los gobiernos de los países latinoamericanos pueden ver severamente limitadas sus posibilidades de salir adelante sin la incorporación de los pueblos en el conjunto de medidas que vienen impulsando.
Avanzar en la conformación de nuevas formas de relación sociedad-Estado parece ser uno de los talones de Aquiles con los que podría tropezar la nueva integración, de lo que se desprende la necesidad de un trabajo político intenso y permanente, y de incorporación de la participación comunitaria a la toma de decisiones en todos los niveles, que permita la construcción de una amplia red de defensa de los proyectos nacionales y regionales, para potenciar las posibilidades de llevar adelante la integración con visión estratégica a que se ha hecho referencia a lo largo del artículo.
* Giuseppi Lo Brutto es profesor e investigador del instituto de Ciencias Sociales y Humanidades “Alfonso Vélez Pliego” de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México y miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI).
* Carlos Otto Vázquez Salazar es maestro en Sociología y estudiante del doctorado en Sociología en el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades “Alfonso Vélez Pliego” de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México.
