Farc acudirá al Tribunal Internacional de Justicia para hacer cumplir acuerdos de paz
Farc reitera que acudirá al Tribunal Internacional de Justicia para hacer cumplir los acuerdos
No son nuevas las inconformidades que la Farc han expresado por cuenta de la implementación de los acuerdos de paz. En diferentes escenarios, miembros del nuevo partido político han pedido al presidente Santos y, en general a todas las instituciones del Estado, cumplir con lo pactado en La Habana y ejecutar lo prometido.
Este jueves, tras el encuentro con los expresidentes del Gobierno español Felipe González, y de Uruguay, José Mujica, que tenía como objetivo evaluar los avances del acuerdo de paz, la Farc volvió a insistir en sus quejas. Sin embargo, de manera formal hablaron de recurrir al Tribunal Internacional de Justicia para hacer cumplir lo firmado.
“Entendemos que el Estado, respecto al cumplimiento de lo acordado, ha adquirido unas obligaciones internacionales que no puede ignorar. Por nuestra parte solicitaremos al Consejo de Seguridad en Nueva York elevar una consulta al Tribunal Internacional de Justicia sobre los deberes que adquiere un Estado frente a una declaración unilateral de cumplimiento, respecto a un acuerdo de paz. Igualmente procederemos, como parte, a consultar a la oficina Jurídica del CICR en Ginebra los compromisos que vinculan a un Estado que firma un Acuerdo Especial, como el que busca la terminación del conflicto colombiano”.
En el comunicado emitido después del encuentro que se celebró en Turbaco, la Farc recordaron que en el punto 6.1.8. de la implementación del Acuerdo Final, las partes se comprometieron a que el documento que resultara de la negociación “sería firmado como un Acuerdo Especial del artículo 3 común de las Convenciones de Ginebra y depositado tras su firma ante el Consejo Federal Suizo en Berna (…) A continuación, por el presidente de la República se efectuará una declaración unilateral de Estado ante las Naciones Unidas comunicando dicho Acuerdo Final y solicitando la incorporación del mismo a un documento del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en los términos establecidos en el Acuerdo de fecha 7 de noviembre de 2016”.
Para la Farc, lo firmado en La Habana, está blindado internacionalmente y ahora, de acuerdo al comunicado, el nuevo movimiento político estaría buscando un concepto de los juzgados internacionales sobre la actitud del Estado con relación a los incumplimientos que señalan.
Para hacer cumplir lo pactado, la Farc no solo está dispuesta a convertir el tema en un elemento de la agenda política internacional. Internamente, el partido político pidió al presidente Juan Manuel Santos utilizar facultades extraordinarias para hacer cumplir lo pactado en La Habana.
“Todavía hay tiempo para optar y ejercer potestades constitucionales extraordinarias para momentos de emergencia. Aplicarlas no es abuso de poder sino una obligación del Estado, siempre que estas vayan ajustadas al espíritu de lo pactado. El Gobierno tiene el deber de defender el Acuerdo de Paz en sus aspectos básicos. Es decir, el Gobierno debe hacer respetar la obligación del Estado de cumplir con lo acordado en La Habana. Las competencias para establecer Acuerdos de Paz y firmarlos se reservan en la Constitución al Presidente, quien únicamente tiene que dar cuenta de ellos al Congreso. Sin embargo, el Presidente ha obviado la utilización de sus facultades para alcanzar acuerdos de paz en orden al respeto y la correcta implementación de lo acordado.
Dentro de esta perspectiva, se puede aun salvar lo fundamental de la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz. La JEP debe mantenerse como jurisdicción para todos los actores del conflicto, sin diferencias odiosas ni rangos de clases, porque esta nunca fue concebida exclusivamente para enjuiciar a las Farc”.
Los líderes de la antigua guerrilla, hicieron referencia a los tropiezos que han tenido los trámites deribados del acuerdo en su paso por el Congreso de la República,
«Ni los legisladores, ni los poderes institucionales pueden soslayar que el Acuerdo de paz de La Habana ya fue refrendado por el Congreso de la República, y que fue investido de constitucionalidad por la Corte Constitucional, por lo tanto no puede ser modificado a rajatabla, antojo y capricho del Fiscal, de un grupo de parlamentarios, o por conceptos contradictorios de la misma Corte. Los acuerdos son para cumplirlos».
Para la Farc, uno de los culpables de la inestabilidad jurídica y política de los acuerdos, es la propia Corte Constitucional. Según dicen, «contrariando su propia jurisprudencia, abrió la compuerta para que todo el mundo le metiera la mano, lanzándolo así al foso de los depredadores para que lo hicieran trizas. En materia tan elevada debió prevalecer la coordinación armónica de los poderes para asegurar la paz y no su autonomía para cambiar arbitrariamente, para asombro del mudo, la geografía de lo pactado».
Por su parte, y pese a los ‘peros’ presentados por la Farc, en el balance presentado por el Gobierno, se prefiere ver más el vaso medio lleno y no medio vacío, como lo presenta el naciente movimiento político, para ello, el Ejecutivo recuerda que el Instituto Korc, de la Universidad de Notre Dame de EE.UU., reseña que «el acuerdo de paz colombiano es uno de los mejor diseñados en todo el mundo y su durabilidad depende, sobre todo, de la calidad y robustez de su implementación. Es un proceso complejo que no puede atender de inmediato a las inmensas expectativas de los firmantes y de la sociedad en general».
Por su parte, el Gobierno, en el balance general sobre la implementación que presentó este mismo jueves, recuerda que, según el Instituto KROC, de la Universidad de Notre Dame, «el acuerdo de Paz colombiano es uno de los mejor diseñados en todo el mundo y su durabilidad depende, sobre todo, de la calidad y robustez de su implementación. Es un proceso complejo que no puede atender de inmediato a las inmensas expectativas de los firmantes y de la sociedad engeneral».
Destaca el Ejecutivo, entre otras cosas, que fue creada una Unidad Especial para la Farc y presenta las siguientes cifras:
123 integrantes de FARC con protección
143 esquemas aprobados y 112 implementados
859 hombres posesionados: 427 implementados – 188 en acompañamiento – 244 en academia
449 hombres provenientes de FARC con curso
Otro de los logros presentados por el Gobierno en materia de implementación, tiene que ver con el proceso de desminado humanitario:
180 de 673 municipios, libres de minas (26,7 %)
2,4 millones de beneficiados
39 víctimas en 2017: • Reducción del 56 % frente a 2016 (89) • Reducción del 97 % frente a 2006 (1.232)
«Los avances son muy claros: pusimos fin a un conflicto de más de medio siglo, sentamos las bases institucionales y normativas y avanzamos decisivamente en la construcción de la paz», dijo el jefe de Estado en una declaración a la prensa.
Igualmente, Santos destacó la participación de González y de Mujica, de los que dijo «han sido un apoyo constante y fundamental en la verificación de la implementación del acuerdo de paz».
De otro lado, el gobernante colombiano calificó la reunión de evaluación al proceso de paz como «efectiva y fructífera» y expresó su optimismo de cara a lo que falta por implementar del acuerdo de paz.
Asimismo, Santos ratificó su compromiso «absoluto con la paz, esa que merece Colombia». «Con ese propósito voy a trabajar hasta el último día de mi Gobierno», apostilló.
Con determinación, los colombianos haremos de este el año del afianzamiento institucional y democrático de la paz: Presidente Santos
El Mandatario subrayó que aunque ha transcurrido solo el 8 por ciento del tiempo previsto para la implementación, son claros los avances del “Acuerdo de Paz más complejo suscrito en el mundo en los últimos 30 años”.
“El apoyo de la comunidad internacional en el proceso de paz y en la implementación del Acuerdo Final con las FARC ha sido determinante”, subrayó el Jefe del Estado luego de una reunión a la que asistieron los ex presidentes del Gobierno español, Felipe González, y de Uruguay, José Mujica, delegados del antiguo grupo guerrillero y del Gobierno.
El Presidente Juan Manuel Santos afirmó este jueves que este año será el año del afianzamiento institucional y democrático de la paz, y dijo que trabajará por ese propósito hasta el último día de su gobierno.
El Mandatario encabezó en Cartagena una reunión del componente internacional de la Comisión de Seguimiento, Impulso, Verificación a la Implementación de los Acuerdos de Paz (CSIVI), con la participación de los expresidentes del Gobierno español, Felipe González, y de Uruguay, José Mujica, así como delegados del Gobierno y de las FARC.
“Trabajando con determinación, los colombianos haremos de este, el año del afianzamiento institucional y democrático de la paz”, expresó el Jefe del Estado, quien calificó como muy fructífera la reunión celebrada en la Gobernación de Bolívar.
El Presidente manifestó que “construir paz y dejar atrás para siempre las divisiones, los odios, la intolerancia y la violencia es el gran y hermoso desafío que el gobierno, las FARC, el Estado y sobre todo los colombianos, debemos asumir”.
“Por mi parte ratifico mi compromiso absoluto con la paz para Colombia y en ese propósito voy a trabajar hasta el último día de mi gobierno”, sostuvo.
Explicó que “hoy, transcurrido menos del 8% del tiempo previsto para la implementación del Acuerdo Final de Paz, los avances son claros: pusimos fin a un conflicto de más de medio siglo, sentamos las bases institucionales y normativas y avanzamos decisivamente en la construcción de la paz”.
No obstante advirtió que esos logros “no nos mueven a complacencias sino por el contrario, nos incentivan a trabajar de manera más ardua para continuar en la implementación efectiva del Acuerdo final y asegurar una paz estable y duradera”.
Señaló que en la reunión de este jueves se revisaron “tanto avances como retos y prioridades en los tres pilares de la construcción de paz estable y duradera que queremos para Colombia. Primero, la Seguridad. Segundo, la reconciliación y la convivencia. Y, tercero, las oportunidades que la paz trae a los colombianos”.
El Presidente Santos recordó que la Secretaría Técnica que brinda el Instituto Kroc, de la Universidad de Notre Dame (EEUU), presentó en noviembre último su primer informe de seguimiento y consideró que “el Acuerdo desarrolla, más que ningún otro acuerdo de paz, medidas procedimentales y mecanismos de salvaguardia mutua, verificación, resolución de disputas entre las partes y apoyo internacional”.
Además, destacó que para el Instituto, “se ha alcanzado un progreso significativo” y “el ritmo de la implementación del Acuerdo en los primeros meses del proceso es equivalente o más rápido que el de otros acuerdos de paz integrales analizados por el Kroc”.
Indicó que este año se trabajará “en el pleno funcionamiento del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición que permitirá conocer la verdad, impartir justicia y reparar a las víctimas del conflicto”.
En ese sentido anunció que antes del 15 de enero posesionará a los magistrados de la Justicia Especial para la Paz (JEP) “para que puedan iniciar sus labores lo más pronto posible”.
Añadió que en segundo lugar habrá “un debate político de altura y con plenas garantías de seguridad para que todo colombiano materialice con su conducta la decisión de proscribir para siempre la violencia como instrumento para tramitar diferencias políticas”.
Y en tercero, habrá “una gran convocatoria ciudadana nacional por la causa de la reconciliación y contra la violencia que tendrá lugar en todos los territorios del país”.
Subrayó que la protección de los líderes sociales es la primera prioridad del Gobierno y para ello se creó un nuevo sistema de alertas tempranas, más ágil y eficaz y se instruyó a gobernadores y alcaldes para que, en su condición de agentes del presidente en materia de orden público, prioricen la protección de los líderes sociales.
“Y, finalmente, con el cabal aprovechamiento de las oportunidades que, para víctimas, excombatientes, empresarios y comunidades, están ahora abiertas gracias a la paz que con tanto tesón hemos conquistado”, puntualizó.
El Presidente de la República recordó que los ex presidentes González y Mujica participan desde marzo de 2017 en esta comisión y declaró que “han sido un apoyo constante y fundamental en la verificación de la implementación del Acuerdo de Paz”.
Resaltó que “el apoyo de la comunidad internacional en el proceso de Paz y en la implementación del Acuerdo Final con las FARC ha sido determinante (…) para la construcción de paz y la puesta en marcha del Acuerdo de Paz más complejo suscrito en el mundo en los últimos 30 años”.
Farc pide a Santos ejercer potestades extraordinarias para implementar la paz
En su intervención ante el presidente Juan Manuel Santos y los expresidente José Mujica y Felipe González, el líder de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, Farc, Iván Márquez, pidió al mandatario colombiano ejercer potestades constitucionales para momentos de emergencia, al referirse a los incumplimientos en la implementación de los acuerdos de paz.
Márquez indicó que «aplicarlas no es abuso de poder sino una obligación del Estado, siempre que estas vayan ajustadas al espíritu de lo pactado».
Agregó que las competencias para establecer Acuerdos de Paz se reservan en la Constitución al Presidente, «quien únicamente tiene que dar cuenta de ellos al Congreso. Sin embargo, el Presidente ha obviado la utilización de sus facultades para alcanzar acuerdos de paz en orden al respeto y la correcta implementación de lo acordado». De esta forma, aseguran, se puede salvar lo fundamental de la Jurisdicción Especial para la Paz. Márquez también pidió al Gobierno retirar el «epitafio que el Congreso le colgó a la reforma política.
Igualmente, anunció que esta organización pedirá al Consejo de Seguridad de la ONU que consulte al Tribunal Internacional de Justicia «sobre los deberes que adquiere un Estado frente a una declaración unilateral de cumplimiento, respecto a un acuerdo de paz».
Lo anterior debido a lo que llaman los incumplimientos en la implementación de los acuerdos, por los cuales también pedirán al Cicr en Ginebra que consulte a su oficina jurídica «los compromisos que vinculan a un Estado que firma un Acuerdo Especia, como el que busca la terminación del conflicto colombiano».
Dicen que esto no lo hacen como una crítica al Gobierno, sino como «un derecho que tienen las Farc de exigir lealtad a lo firmado, al cumplir ellas el compromiso supremo de dejación de las armas».
En su intervención, Márquez también advirtió que una vez terminado el fast-track en el Congreso «hemos venido presenciando el hundimiento triste del más grande esfuerzo colectivo de los colombianos por lograr la paz, sin que nadie de los que pueden, se atreva, a contracorriente de sus adversarios, a tomar las decisiones que sean necesarias para salvarla».
Agregó que esto coincidió con el comienzo de la campaña electoral en Colombia, por lo que «el ejercicio sublime de consagrar la paz como derecho superior exacerbó en las cámaras legislativas las más bajas y repudiables conductas de la politiquería: un mercado de transacciones de vicios y de ambiciones, de chantajes al gobierno para votar cada norma, terminaron distorsionando la letra y el espíritu de lo pactado».
Según la Farc, «ciertos parlamentarios convirtieron la implementación normativa en un pretexto para renegociar el Acuerdo de La Habana» y ven «muy difícil que concluido el fast-track, se puedan aprobar por vía de proyectos de ley con mensaje de urgencia, normas que reflejen fielmente lo pactado».
Igualmente, indicaron que hay una preocupación en crecimiento por «la inconformidad y desencanto de los antiguos guerrilleros en los espacios territoriales por los incumplimientos del Gobierno. En ninguna parte se ven proyectos productivos en desarrollo» financiados por el Gobierno.
Por último, Márquez criticó el papel del fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, en la implementación de los acuerdos, al indicar que «ha operado como jefe de bancada de Cambio Radical en el Congreso para conseguir la mayoría de las modificaciones operadas en la JEP, siempre en perjuicio de las Farc. Atendiendo a las solicitudes del Presidente Santos, hasta en tres ocasiones nos hemos reunido con el Fiscal General para “negociar” sus propuestas, pero una vez logrado el consenso el mencionado funcionario salió con nuevas pretensiones que en últimas fueron las que hizo aprobar por el Congreso».
Presentación previa del documento adjunto:
