Colombia: concluye plazo de cese al fuego entre el gobierno y el ELN y se aplaza el diálogo hasta mañana
Se aplazó inicio del quinto ciclo de diálogos entre Gobierno y ELN
Por razones logísticas, el inicio del quinto ciclo de conversaciones entre el Gobierno y el ELN en Quito (Ecuador) fue aplazado para el próximo 10 de enero. Había expectativa frente a la reanudación de los diálogos de paz entre el Gobierno y el ELN debido a que este martes vence el cese el fuego bilateral acordado entre ambas partes.
No obstante, las Fuerzas Militares aseguraron que están listas para cualquier eventualidad que pueda presentarse con esa guerrilla en materia de seguridad nacional. “El ELN se pregunta cuál es la actuación del Ejército en el fin del cese y la respuesta es que si vemos acciones ofensivas vamos a reaccionar”, indicó el general Antonio Beltrán.
El mensaje de la fuerza pública al ELN es que cualquier miembro de esa organización que sea sorprendido delinquiendo será capturado o neutralizado. Además indicaron que no permitirán que dicha guerrilla atente en contra de la Fuerza Pública o la población, por lo que usaran todo el poder constitucional para neutralizarlos.
En la noche del pasado lunes llegaron a la capital ecuatoriana, el jefe del equipo negociador del Gobierno, Gustavo Bell Lemus, junto con el siquiatra Alberto Fergusón y Alejandro Reyes Lozano. El resto de la delegación llegó este martes lo que retrasó el inicio de la primera reunión.
Bell Lemus dijo a su llegada al Aeropuerto Mariscal Sucre que espera lo mejor y que llega con esperanzas renovadas. Incluso ya tuvo un primer encuentro informal con el jefe negociador del ELN, Pablo Beltrán.
Se tiene previsto que en este nuevo ciclo, se discuta prioritariamente la prórroga del cese bilateral al fuego y se entre a debatir a fondo el primer punto de la agenda sobre Participación Ciudadana, que ya tuvo en Colombia el año pasado varias audiencias preparatorias.
Entre tanto, el codirector de la Comisión de Paz del Senado, Iván Cepeda, pidió formalmente a los delegados de ese grupo y al nuevo jefe negociador, Gustavo Bell, prolongar el cese el fuego bilateral lo más pronto posible.
De acuerdo con lo pactado entre el Gobierno y el ELN, este 9 de enero venció el cese el fuego bilateral y se está a la espera que con el inicio del quinto ciclo de negociaciones entre ambas partes se dé una prolongación del mismo.
Gobierno y ELN inician reuniones por separado a las afueras de Quito
Las delegaciones de paz del Gobierno Nacional y la guerrilla del ELN desarrollan reuniones por separado en Quito antes de dar inicio a las negociaciones del nuevo ciclo en el que el tema central sería pactar un nuevo cese bilateral del fuego.
Se precisó que este miércoles a las 10:00 de la mañana, en la Hacienda Cashapamba, a las afueras de la ciudad de Quito, se encontrarán ambas delegaciones encabezadas por el Gobierno y su jefe negociador, Gustavo Bell, y por el ELN, ‘Pablo Beltrán’.
Otros de los temas que se tratarán en la nueva fase de conversaciones será la participación de la sociedad tras las reuniones con la población civil en el municipio de Tocancipá, Cundinamarca, en donde hicieron sus aportes a la mesa de negociaciones y que fue bien recibida por las delegaciones de paz tanto del Gobierno y el ELN.
Sin embargo, la insurgencia dará por terminada su primera tregua bilateral a la medianoche de este martes, aunque está dispuesta a negociar un futuro cese al fuego en medio de los diálogos en Quito, según anunció su jefe negociador ‘Pablo Beltrán’ a la AFP.
«Este martes a las 24 horas termina el cese, que tuvo una duración de 101 días», dijo el ‘Pablo Beltrán’, y agregó que hay «consenso» con el Gobierno para acordar una nueva suspensión de las acciones militares.
Este martes a medianoche, ELN dará por terminado alto al fuego
El Eln dará por terminada su primera tregua bilateral a la medianoche de este martes, aunque está dispuesta a negociar un futuro alto el fuego en medio de los diálogos en Quito, anunció su jefe negociador a la AFP.
«Hoy martes a las 24 horas termina el cese, que tuvo una duración de 101 días», dijo el comandante Pablo Beltrán.
El líder guerrillero agregó que hay «consenso» con el gobierno para acordar una nueva suspensión de las acciones militares.
«Esperamos que haya calma» y «no haya desgaste» mientras se pacta una nueva tregua, sostuvo, aunque aseguró que alertaron a sus tropas de posibles «operaciones ofensivas» del Ejército.
Beltrán indicó que durante el anterior alto el fuego, que entró en vigor desde el 1 de octubre, las partes convinieron que «ningún incidente podía dañar el cese» ni «paralizar las conversaciones» de paz.
«Hemos llegado a un estadio importante que es desarrollar las conversaciones en medio del cese bilateral. Vamos a tratar de que eso se mantenga, mientras tanto esperamos que no haya un escalamiento de ofensivas», apuntó.
El líder y el gobierno se acusaron mutuamente de incumplimientos durante los más de cien días de tregua.
El Eln reconoció el asesinato de un gobernador indígena, por lo que pidió perdón.
A su vez, los rebeldes -que cuentan con menos de 2.000 combatientes- acusaron al gobierno de la muerte de siete campesinos cocaleros en un ataque que involucró a la fuerza pública, y de operaciones militares en zonas de su influencia.
No obstante, durante los tres meses de tregua no se reportaron enfrentamientos entre militares y guerrilleros, una situación inédita en cinco décadas de enfrentamientos.
Santos espera sacar adelante las negociaciones con miras a extinguir el último conflicto armado del continente que, en más de medio siglo, ha dejado unos ocho millones de víctimas entre muertos, heridos y desplazados.
Defensoría del Pueblo denuncia incremento de acciones violentas en Tumaco
La Defensoría del Pueblo emitió una alerta por el incremento de las acciones violentas en Tumaco y en municipios ubicados en la cuenca del río Patía, especialmente Policarpa, Cumbitara, Barbacoas, Roberto Payán y Magüí Payán.
De acuerdo al organismo, en tan solo seis días, entre el 29 de diciembre de 2017 y el 3 de enero de 2018, se registraron 14 homicidios en Tumaco, la mayoría de personas jóvenes.
A estos casos, dice la Defensoría, se suma lo ocurrido este lunes en el municipio de Policarpa, donde fueron asesinadas cuatro personas en la vereda Santa Rosa del corregimiento Santa Cruz.
De acuerdo a lo manifestado por el organismo, “la disputa por el control del territorio o las alianzas entre grupos armados ilegales en torno al negocio del narcotráfico está afectando los derechos fundamentales de la población afrocolombiana, indígena y campesina de Tumaco y la que habita sobre la ribera del río Patía”.
Finalmente, la entidad resaltó la llegada de 2 mil militares a Tumaco y señaló que será un “factor que permitirá fortalecer la seguridad y la investigación de los hechos violentos ocurridos en ese territorio”.
“La grave problemática humanitaria y social de esa región requiere una respuesta integral del Estado para superar las condiciones de vulnerabilidad de la población que carece del acceso a los derechos a la educación, salud, trabajo, agua potable y saneamiento básico, entre otros”, precisa.
Este es el comunicado completo:
La Defensoría del Pueblo emitió las Alertas Tempranas 003 y 004, del 4 y 7 de enero de 2018, debido al incremento de las acciones violentas en Tumaco y en municipios ubicados en la cuenca del río Patía, especialmente Policarpa, Cumbitara, Barbacoas, Roberto Payán y Magüí Payán, que hacen probable el agravamiento de la situación humanitaria por la ocurrencia de amenazas, homicidios, confinamientos y desplazamientos forzados de la población.
Estas alertas, informadas a la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (CIPRAT), se emiten debido al grave escenario de riesgo de vulneraciones de los derechos fundamentales para la población civil, que comienzan con el aumento de homicidios a pesar de los esfuerzos de las autoridades.
De acuerdo con el informe Forensis del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en el 2016 se registraron 152 homicidios en San Andrés de Tumaco y según información preliminar de la Policía Nacional y de la Secretaría de Gobierno, en el 2017 ocurrieron 222, es decir, 70 casos más.
Para la Defensoría del Pueblo es preocupante que la situación se agrave, ya que en tan solo seis días, entre el 29 de diciembre de 2017 y el 03 de enero de 2018, se registraron 14 homicidios en Tumaco, la mayoría de personas jóvenes.
A estos casos se suma lo ocurrido el pasado 8 de enero en el municipio de Policarpa (Nariño), cuando fueron asesinadas cuatro personas en la vereda Santa Rosa del corregimiento Santa Cruz, al parecer, por acciones armadas del ELN y otros grupos armados ilegales. Otras tres personas fueron llevadas amarradas y hasta ahora se desconoce su paradero.
Entre tanto, en el barrio Bello Horizonte de Barbacoas, el pasado 2 de enero asesinaron a dos menores de edad, de 13 y 14 años. Y ese mismo día, en la vereda Piscuandé de Roberto Payán, fueron encontrados tres cuerpos en alto grado de descomposición, con un letrero que decía ‘feliz navidad y próspero año nuevo’.
El Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo ha advertido que el escenario de confrontación entre grupos armados ilegales en Tumaco y en la cuenca del río Patía, hace prever la ocurrencia de hechos violentos que podrían generar graves consecuencias humanitarias como restricciones a la movilidad de los pobladores a determinadas horas de la noche; amenazas contra líderes sociales, autoridades étnicas, defensores de derechos humanos y autoridades locales; reclutamiento y utilización ilícita de niños, niñas y adolescentes; extorsiones; confinamientos de la población, desplazamientos forzados individuales y masivos, siembra de minas antipersonal y artefactos explosivos improvisados.
Luego del trabajo en terreno de la Defensoría del Pueblo se encontraron factores de riesgo debido a la ocupación de los espacios abandonados por las Farc – EP, en Tumaco y en la cuenca del río Patía, por los grupos armados ilegales integrados por personas que no se acogieron al proceso de paz o que se apartaron del proceso de reincorporación de las FARC – EP que se autodenominan ‘Guerrillas Campesinas’, ‘Resistencia Campesina’, ‘Guerrillas Unidas del Pacífico’, ‘Los del Vaca’ y ‘Los de Sábalo’.
Además, la disputa por el control del territorio o las alianzas entre grupos armados ilegales en torno al negocio del narcotráfico está afectando los derechos fundamentales de la población afrocolombiana, indígena y campesina de Tumaco y la que habita sobre la ribera del río Patía. Es el caso del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), que aprovechando las áreas abandonadas por las Farc, amenazan con generar disputas por el control poblacional, territorial y la economía ilegal del narcotráfico y la minería ilegal que hay en el corredor del río Patía.
Por otra parte, el apoyo a los programas de sustitución de cultivos de uso ilícito relacionado con el punto 4 del Acuerdo Final de Paz, se ha constituido en un factor de muy alto riesgo para los alcaldes de Policarpa, Cumbitara, Barbacoas, Roberto Payán y Magüi Payán, así como para diferentes Consejos Comunitarios.
La Defensoría del Pueblo considera que el reforzamiento de la presencia militar y policial en Tumaco y la costa Pacífica nariñense es un factor que permitirá fortalecer la seguridad y la investigación de los hechos violentos ocurridos en ese territorio. Sin embargo, la grave problemática humanitaria y social de esa región requiere una respuesta integral del Estado para superar las condiciones de vulnerabilidad de la población que carece del acceso a los derechos a la educación, salud, trabajo, agua potable y saneamiento básico, entre otros.
