Asesinan a otro líder social y la ONU condena la estigmatización en declaraciones de funcionarios
Los asesinatos a líderes sociales no cesan. Este miércoles Pablo Oviedo, líder de comunal de la vereda Puerto Colombia, en Putumayo, fue callado para siempre junto a su hija de ocho años.
Oviedo, de 45 años, recibió varios disparos por parte de desconocidos. No murió de inmediato. Falleció cuando llegó al hospital San Francisco de Asís, en el municipio de Puerto Asís. Su hija, Karen Oviedo, recibió una de las balas y murió en el lugar de los hechos.
El 4 de diciembre hirieron a Jorge Díaz Jurado, otro líder de la misma vereda. Díaz Jurado continúa recuperándose en un centro hospitalario en Pasto, Nariño.
Durante este mes han sido asesisados tres líderes, uno de ellos también del Putumayo y presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Brasilia.
Frente a las cifras de líderes asesinados, el Gobierno activó el Plan Orus, proyecto para proteger a esta población afectada, el cual está pensado para que inicie en 2018, y el que buscan que cada vereda tenga presencia de un comandante responsable de la seguridad. Además le darán prioridad a 595 veredas en todo el país.
Sin embargo, la declaración que hizo el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, a Noticias Uno acerca de que las muertes violentas a los líderes sociales se tratan por «líos de faldas», da a entender que niega los asesinatos sistemásticos que se presentaron este año. Según cifras que maneja el minsterio han sido 133 casos, de los cuales el 35% son pasionales, por robo o intolerancia; 53%, por crímenes por establecer y el resto por represalias de grupos ilegales.
ONU: declaraciones de funcionarios parecen justificar asesinatos de líderes
Un llamado para combatir los señalamientos contra líderes sociales hizo este miércoles la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos que aseguró estar muy preocupada por la descalificación, el hostigamiento y la estigmatización de la que han sido víctima en los últimos días.
«La Oficina observa con profunda preocupación la persistencia de casos de asesinatos de defensores de derechos humanos en el territorio nacional. Y rechaza la estigmatización que algunos funcionarios públicos hacen de su labor, tanto en pronunciamientos públicos, como en acciones que obstaculizan su trabajo», señaló a través de un comunicado en el que insistió en que ser defensor de derechos humanos es una labor «legítima, necesaria, y fundamental para la consolidación de la democracia, el estado de derecho y la construcción de una paz sostenible».
En el texto, la oficina se refiere a dos hechos recientes: a los pronunciamientos hechos por algunos congresistas que descalificaron a los defensores escogidos como magistrados de la Justicia Especial para la Paz, JEP » impidiéndoles posesionarse de sus cargos por el hecho de haber representado víctimas en el pasado, lo que muestra el irrespeto a su labor y profundo desconocimiento de lo que significan las reglas del Estado de Derecho»; y a las declaraciones de «altos funcionarios públicos» en el sentido de que los asesinatos de defensores y líderes sociales en el país son debidos a líos de faldas, peleas con vecinos y rentas ilícitas. «Esto es muy peligroso ya que parece querer justificar asesinatos que en ningún caso son justificables», señala ONU Derechos Humanos.
Y las cifras presentadas por la oficina son alarmantes: durante este año – hasta el 20 de diciembre- se han registrado un total de 105 homicidios en el caso de defensores de derechos humanos y líderes, incluidos: 73 asesinatos contra líderes y lideresas, 18 asesinatos de miembros de movimientos sociales y políticos, y 14 víctimas durante movilizaciones sociales. Otros 11 casos están proceso de verificación.
«Los casos de homicidios de líderes y lideresas, y defensores han ocurrido en zonas de las cuales salieron las Farc y en las que se ha generado un vacío de poder por parte del Estado, en contextos de violencia generalizada contra la población por el accionar de criminalidad común u organizada; y por ejercer labores de defensa de los derechos humanos tales como: denunciar u oponerse a la existencia de economías ilícitas y el accionar de la criminalidad; reivindicar derechos propios o colectivos; apoyar políticas derivadas del Acuerdo de Paz y por conflictividad. Como se puede observar, su labor en la defensa de los derechos de todas las personas fue determinante con las agresiones que sufrieron», detalla el texto. al señalar que el 59% de los asesinatos fueron perpetrados por sicarios.
Para ONU Derechos Humanos las consecuencias del asesinato de un defensor o un lídere social son «más complejas de lo que parecen interpretar algunos funcionarios del gobierno» pues, además tiene inmensas repercusiones en el tejido social y comunitario.
«La Oficina ha reiterado que la prevención de los ataques y agresiones en contra de los defensores de derechos humanos implica la investigación, juzgamiento y sanción de los responsables; al igual que el país avance de manera decidida en la inclusión política, económica y social de los defensores y las comunidades y pobladores de estos territorios, promoviendo un enfoque integral de intervención, con respeto de todos los derechos», puntualiza la ONU.
La Federación Internacional de Derechos Humanos crítica a ministro colombiano por minimizar asesinatos líderes sociales
El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos de la Federación Internacional de Derechos Humanos (OMCT-FIDH) denunció este miércoles que el ministro de Defensa de Colombia, Luis Carlos Villegas, «restara importancia» al asesinato de líderes sociales al tacharlos de «líos de faldas».
Esas declaraciones de Villegas «le desacreditan para el ejercicio de sus funciones como responsable de las fuerzas de seguridad, fuerzas que precisamente deberían asegurar las garantías para el trabajo de las personas defensoras», subrayó la OMCT-FIDH en un comunicado.
Villegas dijo hace días en una entrevista que «la inmensa mayoría» de los asesinatos se pudieron producir por «un tema de linderos o faldas», entre otros asuntos.
Tras su declaración, el fiscal, Néstor Humberto Martínez, afirmó ayer que en el caso de los asesinatos de los líderes sociales hay «algún grado de sistematicidad en algunas regiones del país», algo que siempre ha negado el Gobierno.
Según datos de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en lo corrido del año ha habido 105 asesinatos de defensores de derechos humanos.
De ellos, 73 homicidios han sido de líderes sociales, 18 de miembros de movimientos sociales y políticos, y 14 fueron víctimas durante movilizaciones sociales.
El Observatorio recordó que todos los datos refrendan el hecho de que los defensores «enfrentan un elevado nivel de riesgo relacionado con su involucramiento en el proceso de paz».
