Sentencia histórica en Argentina: prisión perpetua para funcionarios de la última dictadura cívico militar y condenas para más de 50 represores
Perpetua para Acosta, Astiz, Azic y Cavallo
En una sentencia histórica, el Tribunal Oral Federal Número 5 condenó a prisión perpetua al genocida Jorge “Tigre” Acosta, el ex jefe de inteligencia de la Unidad de Tareas 3.3.2 de la ESMA, por privación de la libertad “doblemente agravada” por haber sido cometida sobre perseguidos políticos y por su condición de funcionario público en 125 hechos. El «dedo de Dios», como se hacía llamar el entonces capitán decidía sobre la vida y la muerte de sus prisioneros en el centro de detención clandestino de la Escuela de Mecánica de la Armada.
En tanto, el represor Alfredo Astíz, también fue condenado a prisión perpetua. Los jueces sentenciaron que fue culpable de homicidio triplemente agravado por alevosía y premeditado en más de dos casos, siendo funcionario público, y por privación con violencia y que duro más de un mes en 153 hechos. Al ex capitán de fragata, responsable de infiltrarse en la Iglesia Santa Cruz para secuestrar a las monjas francesas Alice Domon y Leonnie Duquet y a las principales referentes de las primeras Madres de Plaza de Mayo, entre otros delitos lo condenaron además por haber ocultado la identidad de menores de edad en otros 12 casos.
Por otro lado, el tribunal decidió absolver a Juan Alemann, uno de los dos civiles acusados en este juicio, ex asistente del entonces ministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz, quien había sido acusado de haber presenciado y encubierto crímenes en la Esma cuando era secretario de Hacienda. Alemann entró en la ESMA en 1980 para «ver» a Orlando Ruiz, un joven militante de Montoneros, secuestrado el 4 de junio de 1980, con su esposa Silvia Beatriz María Dameri, embarazada, y sus dos hijos menores, María de las Victorias y Marcelo Mariano.
Los otros cuatro condenados a prisión perpetua fueron Randolfo Agusti Scacchi, el ex jefe naval acusado de alrededor de tres centenares de delitos de lesa humanidad; Mario Daniel Arrú, expiloto de la Prefectura encargado de realizar los «vuelos de la muerte»; Juan Antonio Azic, el represor sentenciado por la apropiación de la actual diputada Victoria Donda y el militar Ricardo Miguel Cavallo, condenado por secuestro, tortura y desaparición de 89 víctimas.
La perpetua al genocida Astiz en la calle se vive así: #MegacausaESMA#SentenciaESMA pic.twitter.com/qdv8njoKQ2
— H.I.J.O.S. Capital (@hijos_capital) 29 de noviembre de 2017
Otras condenas:
Carlos Octavio Capdevilla, condenado 15 años de prisión.
Juan Arturo Alomar, condenado a 13 años de prisión por mayoría.
Daniel Humberto Baucero, condenado a 10 años de prisión.
Julio César Binotti, condenado 8 años de prisión.
Paulino Oscar Altamira, condenado 8 años y 6 meses de prisión.
Una sociedad que espera justicia
Hay interrogantes que todavía esperan respuestas. Cuando los testigos del juicio concluían sus declaraciones, uno de los jueces del Tribunal Oral Federal 5 solía hacerles una pregunta: ¿Quiere agregar algo más? Hubo una mujer que dijo que no podía creer que haya gente con semejante maldad, porque si a un asesino que comete crímenes con un niño o con su esposa se lo llevan preso y lo juzga un juez con todas las leyes, ¿cómo puede ser que ellos hayan hecho lo que hicieron con nuestros hijos? Quiero que me lo digan, les dijo Beatriz Cantarini de Abriatta, la madre de uno de los estudiantes de arquitectura desaparecidos. Y repitió: «Quiero que me lo digan a mí». Poco después, declaró Ezequiel Rochistein Tauro. El juez Leopoldo Bruglia volvió a hacer la misma pregunta.
– ¿Nos quiere decir algo más?
– La verdad es que si alguien de la defensa sabe cuándo nací y cuál era mi nombre, les agradezco que me lo digan. Nada más.
Pasaron cinco años desde el comienzo del juicio ESMA III. Murieron 14 de los 68 acusados, la Corte Suprema de Justicia falló a favor del 2×1 y aquel presidente del TOF hoy integra la Cámara Federal que liberó a ocho policías hace poco más de una semana con criterios que parecen enmascarar el regreso de la obediencia debida. La sentencia se conocerá hoy a partir de las 14. Sobrevivientes, familiares y organismos de derechos humanos concentrarán en las puertas de los tribunales federales para esperar el veredicto. Se trata el juicio más importante de la historia del país por el número de 789 víctimas, por el número de 54 imputados y por las dimensiones de los crímenes en juego. La ESMA III analizó el funcionamiento del centro clandestino de la Armada durante todo el período represivo 1976-1983 y revisó por primera vez mecánica y responsabilidades de los vuelos de la muerte con una reconstrucción sin precedentes de la burocracia de la Armada destinada al abastecimiento de aeronaves y tripulantes para el exterminio. También revisó el rol de los medios de comunicación que contribuyeron a construir la figura del enemigo interno, al describir a las víctimas como «subversivas» o «extremistas terroristas» o muertas en enfrentamientos fraguados. Por este aspecto, la fiscalía pidió que la sentencia incluya pedidos de rectificación a los medios gráficos como parte del derecho a la reparación y verdad de las víctimas. La fiscalía pidió perpetuas para 52 de los 54 acusados y aunque lo que suceda hoy es una incógnita, sobrevivientes y familiares y organismos de derechos humanos capitalizan los enormes aportes del juicio.
«Este juicio ha significado un enorme paso en la conciencia de nuestro pueblo», dice Carlos Loza, uno de los sobrevivientes que trabajó pieza a pieza la reconstrucción de grupos de militancia para lograr entender lógicas de los secuestros. «La enorme cantidad de casos e imputados mostró el sentido de la represión sobre colectivos populares organizados y opositores a la dictadura cívico-militar. Por eso decimos que es un genocidio y que no tuvo nada de improvisado. La condena social de los represores ya forma parte de nuestro patrimonio histórico. Nos queda que la justicia condene a los genocidas y el reconocimiento de los vuelos como forma de ocultar sus crímenes». Carlos Muñoz, otro de los sobrevivientes, viene pensando hace tiempo este final. «Este es el juicio mas grande de la historia del país, pero eso que arrancamos con mucha expectativa hace cinco años se fue haciendo otra cosa. Cambió la situación política y hoy es paradójico, porque los derechos humanos están en riesgo, la democracia tiene una fragilidad espantosa y los genocidas pueden gozar de prisión domiciliaria y algunos de libertad. Entonces, las expectativas están, pero en estas condiciones. Yo espero que se cumpla la ley, vayan a perpetua los responsables, espero cárcel común y por las madres, los hijos y fundamentalmente los compañeros desaparecidos, que se haga justicia».
Los imputados
Entre los 54 imputados que escucharán la sentencia hay caras conocidas como el Tigre Acosta, Ricardo Cavallo y Alfredo Astiz, que volvió a zarandear a la sala con sus últimas palabras cuando reivindicó el exterminio con un discurso ahora aggiornado con los mapuches. Pero hay otras cara nada conocidas fuera del centro clandestino: 38 de los 54 acusados escucharán una sentencia por primera vez. Gran parte de ellos formó parte de los grupos operativos de la ESMA que actuaron desde fines de 1978, el momento de pérdida de poder del Grupo de Tareas de Jacinto Chamorro y del Tigre Acosta, cuando el centro clandestino quedó bajo el control de la Jefatura de Inteligencia Naval y del Servicio de Inteligencia Naval (JEIN). La reconstrucción de ese segundo momento de la ESMA con su estructura, objetivos y operaciones también fue parte de los aportes del juicio: 23 de los 54 imputados formaron parte del JEIN. Es el momento que con gran parte de las organizaciones desarticuladas se crea el Centro Piloto de París como órgano de propaganda política y de infiltración sobre grupos de exiliados y en el que se prioriza la inteligencia y los secuestros fuera del país. Y el tercer grupo de acusados son 5 de los 54, imputados por los vuelos de la muerte. El Ministerio Público Fiscal logró reconstruir en el debate la arquitectura burocrática que proveyó de aviones y de tripulantes a los traslados a partir de análisis de documentación del ministerio de Defensa y el de Seguridad. Esa articulación mostró el rol del Comando de Operaciones Navales en la cúspide de la estructura de la Armada, que se encargó de la provisión y distribución de aviones, barcos y soldados. El juicio mostró que los aviones y helicópteros que se usaron dependían de dos estructuras: la División de Aviación de Prefectura (DAVI), con los Skyvan, y el Comando de Aviación Naval de la Armada (COAN), con los Electra, DC3 y las escuadrillas de helicópteros. Allí revistaban los cinco imputados del juicio: Julio Poch, Emir Sisul Hess y Ricardo Ormello (COAN) y Mario Daniel Arrú y Alejandro Domingo D’Agostino (DAVI).
Miriam Lewin es una de las sobrevivientes que trabajó con las pruebas de los vuelos. Secuestrada entre el 17 de mayo de 1977 y el 10 de enero de 1979 a los 19 años, se la llevaron de la parada del 28 sobre avenida General Paz, primero al centro clandestino Virrey Ceballos y a partir de marzo de 1978 a la ESMA. Como periodista, investigó los vuelos de un Skyvan de Prefectura Naval, entonces dependiente de la Armada Argentina. El avión había sido vendido a Estados Unidos. En las planillas descubrió uno de los vuelos irregulares del 14 de diciembre de 1977 con el posible traslado de las víctimas de la Santa Cruz. Los datos luego analizados por la Unidad de lesa humanidad del MPF permitieron el procesamiento de Arrú y D’Agostino. Ahora Miriam sabe que ellos pueden ser absueltos, porque es la información que viene filtrando desde hace semanas el TOF. «Sería un enorme retroceso para la justicia argentina y las políticas de derechos humanos que son consideradas un faro a nivel mundial que se den absoluciones porque está absolutamente probada la participación de todos los acusados en el genocidio que se produjo en la Argentina durante los años ’70».
Miriam Lewin
La reparación
Pero el juicio no sólo fueron aportes y pruebas. También fue reparación. En estos años declararon por primera vez mujeres como las hermanas Salvatierra, que vivieron aterradas durante cuarenta años dentro de sus casas. Hijas que dieron testimonio por primera vez sobre el secuestro de sus padres o sus propios cautiverios, como María Eva Basterra, secuestrada durante una semana con su padre a los seis meses de nacer. También testimoniaron sobrevivientes mujeres que por primera vez hablaron en nombre propio y no como esposas de, como Andrea Bello. Y mujeres como Adriana Suzal que se animaron a denunciar lo que les había pasado sólo después de 40 años. «Agradezco a los juicios y en ellos la habilitación de la palabra porque todo el tiempo se me presentaba una idea: ¿qué puedo decir yo?», dice Adriana, secuestrada en la ESMA un sólo día, entre el 7 y 8 de octubre de 1976, a los 19 años. Era estudiante de psicología en la Universidad de Belgrano, nunca había declarado y sólo se acercó a hacer su denuncia después de 2004. «Cuando estuve detenida me hacen llamar a mi casa para decir que estaba bien y que estaba con mi novio. Por eso, cada día que mis hijos me llamaban para decirme: mamá vuelvo más tarde o no vuelvo, se me hacía un puente directo a la ESMA. ¿Será verdad? ¿Estarán bien? A partir de los juicios comienza a haber un cambio enorme. Haber aportado a la verdad fue un cambio muy grande, pero también lo es para toda la sociedad».
Andrea Bello fue secuestrada entre el 6 de diciembre de 1978 y septiembre de 1979, tenía 20 años, se la llevaron de un bar en la esquina de Varela y avenida Del Trabajo en Flores con su esposo Lázaro Gladstein. Andrea declaró en ESMA I y ESMA II, pero recién en ESMA III declaró escindida de su condición de «esposa».
«Hasta el juicio anterior muchas de nosotras sólo declaramos como ‘mujeres de’, recién en este juicio yo aparezco en nombre propio. Lo que siento en este momento frente al final es una desazón absoluta. Aún no están los resultados, pero me pregunto si todo lo que escuchamos durante estos cinco años no sirvió para condenas ejemplares, no sé como dormirán los jueces». Alfredo Ayala es conocido como Mantecol. Estuvo secuestrado entre el 17 septiembre de 1977 y el 23 de diciembre de 1979. Cuando lo secuestraron era responsable del movimiento villero peronista de zona norte, un movimiento cuya historia recién ahora encontró espacio para ser narrada en el espacio de la justicia. Y también hubo espacio para las madres. Lita Boitano es parte de las más activas integrantes del Comité por la Libertad de Milagro Sala, habla de esta sentencia de un juicio que tiene entre las 789 víctimas a su hijo Miguel Angel. A pedido de HIJOS, Lita contó en este juicio la historia de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, pero también se hizo espacio para nombrar a su hija Adriana, al cura Graselli y hasta reclamar por el archivo del Vaticano. Cuando llegó al final, pidió más a la justicia. «Nosotros nos estamos muriendo porque tenemos una edad muy similar a la de ellos, pero Dios nos puso todavía acá para hacer memoria. Para hacer justicia están ustedes», les dijo a los jueces. Mañana se sabrá.
