Puerto Rico: el gobernador Rosselló solicita ayuda de emergencia al Congreso de EEUU
El gobernador Rosselló Nevares depuso ante ambas cámaras del Congreso de los Estados Unidos para solicitar se apruebe una legislación suplementaria de ayuda de emergencia para la Isla. Los recuros necesarios se estiman en $94,400 millones.
La legislación, según explicó el primer mandatario, deberá proporcionar trato igual para los ciudadanos americanos residentes en Puerto Rico en comparación con lo que cualquier estado de los Estados Unidos esperaría si experimentara un nivel similar de devastación tras el paso del huracán María.
Rosselló no pudo evitar las preguntas sobre el contrato de Whitefish Energy por $300 millones y contestó que no tuvo participación en ese contrato.
Antes de la vista, la AEE había enviado documentos que muestran que la corporación pública ignoró los consejos de sus propios abogados para incluir ciertas protecciones contractuales.
Rob Bishop, presidente del Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, criticó cómo se manejó el proceso de contratación y se mostró escéptico de que el Gobierno de Puerto Rico esté preparado para las tareas de recuperación sin supervisión del gobierno federal.
Rosselló Nevares sostuvo que su compromiso es con la transparencia sobre el uso de los fondos federales que sean asignados y apuntó cómo tuvo la iniciativa de referir al Inspector General de los Estados Unidos y el Contralor de Puerto Rico el acuerdo con un contratista (WhiteFish) cuando surgieron cuestionamientos sobre el proceso que se llevó a cabo para su contratación.
El Gobierno planifica crear un Portal de Transparencia de Recuperación que dará seguimiento al estatus de la recuperación y proveerá información al público sobre cómo y dónde se utilizan los fondos. Esto proporcionará transparencia relacionada al esfuerzo de recuperación, y apoyará un régimen y una cultura de rendición de cuentas. Dijo que Puerto Rico necesita eliminar la “brecha de credibilidad”.
En cuanto a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), el gobernador expresó que el Gobierno está enfocado en desarrollar un plan para el futuro de la energía eléctrica en Puerto Rico, mientras trabaja con el objetivo a corto plazo de restaurar la energía.
Gobernador pide al Congreso no legislar nuevos poderes para la Junta
l gobernador Ricardo Rosselló solicitará hoy al Congreso que rechace los pedidos de la Junta de Supervisión Fiscal para obtener mayores poderes sobre el gobierno de Puerto Rico de cara al proceso de recuperación y reconstrucción de la Isla, después de la emergencia que ha dejado el huracán María.
En la ponencia que sometió por escrito ante el Comité de Recursos Naturales de la Cámara baja, el gobernador Rosselló solicitó específicamente que se desechen los reclamos de la Junta Fiscal para controlar los fondos de asistencia de emergencia, las corporaciones públicas o vetar legislación del gobierno de Puerto Rico.
«El Gobierno y la Junta de Supervisión Fiscal deben poder resolver cualquier diferencia», indicará Rosselló, al señalar que “la colaboración, no el control, es la clave para un futuro exitoso para Puerto Rico”.
Las expresiones de Rosselló fueron enviadas al comité el mismo día en que la jueza Laura Taylor Swain descartó la moción de la Junta Fiscal para nombrar al ingeniero Noel Zamot como síndico de la AEE, bajo el título de principal funcionario de Transformación.
En la ponencia, Rosselló insistirá en que el gobierno “debe continuar teniendo la responsabilidad de establecer e implantar la política pública dentro de los límites del plan fiscal certificado y sujeto al derecho de revisión y aprobación de la Junta”.
El lunes, el gobernador Rosselló consideró una victoria la decisión de la juezaTaylor Swain.
“Reitera nuestra posición sobre el límite de poder que tiene la Junta de Supervisión Fiscal. Queda claro que la Junta de Supervisión Fiscal no tiene el poder de tomar control del Gobierno en pleno ni sus instrumentalidades”, indicó Rosselló en una declaración escrita.
Para el gobernador, la jueza ha reconocido que “la administración y la gestión pública de Puerto Rico permanece con el gobierno democráticamente electo” y no en manos de la Junta de Supervisión Fiscal que controla las decisiones fiscales.
Rosselló declarará esta mañana ante el Comité de Energía y Recursos Naturales del Senado. La audiencia incluye, entre otros, el testimonio del director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), Ricardo Ramos, lo que revivirá el debate sobre el escándalo del contrato con Whitefish, la pequeña empresa de Montana con conexiones políticas republicanas y poca experiencia que ha levantado investigaciones debido a cláusulas que permiten un pago exorbitante y buscaban evitar auditorías de los gobiernos de Puerto Rico y Estados Unidos.
Entre los testigos del comité del Senado estará la directora de la Junta Fiscal, Natalie Jaresko, quien susituye en el panel número dos a Noel Zamot, luego de la decisión de la jueza Taylor Swain..
En horas de la tarde, Rosselló declarará ante el Comité de Recursos Naturales de la Cámara baja federal. Junto a Rosselló solo testificará el gobernador de las Islas Vírgenes. Ramos no fue finalmente citado a esa otra audiencia.
En el memorando de la audiencia, la jefatura republicana del Comité de Recursos Naturales reafirmó su respaldo a que la Junta de Supervisión Fiscal intervenga en el proceso de reconstrucción y recuperación de Puerto Rico.
El análisis de la mayoría del comité sostiene que el caso Whitefish y el retraso en poner en marcha los acuerdos de ayuda mutua con empresas públicas de Estados Unidos, demuestra “falta de control institucional en el deudor municipal más grande de Puerto Rico” y “levanta serias preocupaciones sobre la capacidad de la AEE, y por asociación, del gobierno de Puerto Rico para negociar, administrar e implantar proyectos de infraestructura sin una supervisión independiente significativa”.
El memorando, preparado por la oficina del presidente del Comité de Recursos Naturales, el republicano Rob Bishop (Utah), también critica la orden ejecutiva del gobernador que persigue eximir a pequeñas y medianas empresas del Impuesto sobre las Ventas y Uso (IVU).
“Aunque probablemente se puso en marcha para frenar la emigración y alentar la economía local, acelerará el déficit de liquidez”, indica el documento, al señalar que es otro ejemplo “de las divisiones crecientes entre el gobernador y la entidad creada por el Congreso”.
Bishop se había expresado a favor de que la junta tenga el poder para nombrar a Zamot como oficial de Transformación de la AEE.
Hoy, Bishop además ha vuelto a cuestionar la capacidad gerencial de la AEE, en momenetos en que su comisión divulgó documentos que reflejan que la corporación pública rechazó recomendaciones del bufete legal Greenburg Traurig para que mejorara el contrato con Whitefish y diera mayor protección al gobierno de Puerto Rico.
