Asesinatos de líderes sociales, paramilitarismo y una paz incompleta
Entrevista de NODAL a Marylen Serna, dirigente campesina colombiana: “El Gobierno ha incumplido múltiples acuerdos con el movimiento social y con las insurgencias”
Por Nadia Luna – Nodal
Los movimientos sociales en Colombia están a punto de ebullición. Campesinos, indígenas e integrantes de los nuevos movimientos políticos surgidos a partir de la dejación de armas reclaman al Gobierno por el incumplimiento de los acuerdos de paz, el incremento de la violencia contra líderes sociales y el despojo forzado de sus territorios y medios de subsistencia.
Para comprender mejor el conflicto, NODAL charló con Marylen Serna, vocera del Congreso de los Pueblos, un movimiento político y social que agrupa diversos sectores y busca “la construcción de una propuesta de país para la vida digna y con justicia social en Colombia”.
¿Cuáles son los principales reclamos del movimiento campesino que llevaron a un paro masivo de varios días? ¿Llegaron a un acuerdo con el Gobierno?
Las principales razones que nos llevaron a movilizarnos a lo largo y ancho del país son, primero, la defensa del territorio de la presencia de las multinacionales y del capital nacional que hacen una extracción agresiva de los recursos naturales, dejando a las comunidades sin su posibilidad de subsistencia pero también atentando contra su autonomía, pasando por encima de las autoridades colectivas, de las formas organizativas y de las formas de pensamiento propias de las comunidades. Por otro lado, el incumplimiento del Gobierno de los acuerdos que han sido firmados con estas comunidades campesinas. Desde hace muchos años, nos hemos venido movilizando por la mejora de las condiciones de vida, la salud, la educación, la soberanía alimentaria. El Gobierno ha incumplido múltiples acuerdos firmados tanto con el movimiento social como con las insurgencias. En tercer lugar, el derecho a la vida, a la organización y la protesta social. Nos hemos movilizado para rechazar el asesinato de líderes y lideresas, la persecución y el señalamiento de los territorios. También, para rechazar la judicialización. Hoy tenemos muchos líderes que están en las cárceles, cuyo único delito ha sido comprometerse con la defensa del territorio y de las comunidades. En cuarto lugar, las garantías y los espacios para la participación de la sociedad en la construcción de la paz. Pensamos que la paz sin la sociedad es una paz incompleta. Por lo tanto, nos hemos movilizado para exigir del Gobierno la voluntad política para que esa participación sea vinculante y decisoria.
¿Por qué la implementación de los acuerdos de paz se realiza de forma tan lenta? ¿Qué actores políticos los están frenando?
Históricamente, ha habido una falta de voluntad política del Gobierno para hacer cambios en el país. Un proceso de paz necesariamente significa hacer cambios hacia el pueblo colombiano, ceder privilegios en las prebendas que tienen quienes ostentan el poder económico y político. Hoy hay un sector de la oligarquía colombiana que se opone a esos acuerdos porque se benefician del conflicto armado. Piensan que nuevos sujetos políticos, como son las FARC, van a entrar a competir por llegar a las instancias del poder y generar cambios que el país necesita, como la ampliación de la democracia y ceder espacios acumulados por la oligarquía. Por otro lado, la implementación de los acuerdos también significa mayor acceso a la tierra por parte de la población colombiana. Eso implica que el acceso y la distribución de la tierra debe cambiar su forma organizativa, debe pensarse un nuevo ordenamiento territorial y no hay interés en ceder esos espacios. Por otro lado, el tema de los cultivos de uso ilícito. El acuerdo de paz plantea que debe haber una sustitución gradual. El Gobierno está desarrollando las políticas como si no existieran los acuerdos, como si no se hubiera acordado que es con las comunidades con las que se debe hacer el proceso. Se está haciendo un proceso de erradicación forzada, en contra de las comunidades, sin garantía de que la gente tenga medios de subsistencia. Esto ha generado grandes movilizaciones porque la gente no se va a dejar quitar su medio de subsistencia hasta que el Gobierno no haya hecho una sustitución gradual y le haya facilitado otro.
El asesinato de líderes sociales va en aumento. ¿El Gobierno ofrece alguna garantía o medidas para que evitar más asesinatos?
Respecto al asesinato de líderes y lideresas sociales, de la persecución a las organizaciones sociales, judicialización y amenazas a hombres y mujeres comprometidos con la defensa del territorio, así como el ataque sistemático a la gente que está defendiendo hoy sus medios de subsistencia; el Gobierno no ofrece un compromiso concreto para el desmonte del militarismo, para frenar la acción de las fuerzas militares, que son los que están golpeando a la gente, más específicamente el ESMAD (Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía Nacional de Colombia). Hoy hay un incremento de la presencia del militarismo en las regiones, con apoyo económico, político y militar de parte de la institucionalidad, y no hay un reconocimiento de su existencia por parte del Gobierno, eso hace que no se tenga el compromiso de desmontar las estructuras paramilitares que hoy se están fortaleciendo en los territorios. Lo que ofrece el Gobierno son estudios de riesgo que casi siempre dan que la gente no tiene peligro para la vida. El Gobierno ofrece alertas tempranas que no previenen ni protegen a la gente. Entonces ha tocado que la misma gente, a través de la guardia indígena, la guardia campesina, la guardia cimarrona empiecen a ejercer el control territorial, con la dificultad que estos mecanismos de autoprotección no son reconocidas por el Estado y por lo tanto no hay ningún apoyo. Hoy en Colombia no hay garantías para la participación en la construcción de la paz, para la permanencia en los territorios ni para buscar una subsistencia con tranquilidad, para tener una vida digna y seguir construyendo un país en paz.
¿Han sufrido represión por parte de la policía durante los días de paro?
Durante los días de la movilización y el paro, ha habido presencia permanente por parte del ESMAD. Siempre desembarcan apenas la gente está llegando al sitio de movilización, entonces ha habido varios enfrentamientos, personas heridas, detenidas. En segundo lugar, hay cuerpos de inteligencia que se meten en medio de la movilización para tomar fotos, ubicar a los liderazgos de las movilizaciones. Y en tercer lugar, el seguimiento que se hace a los líderes y lideresas con anterioridad, interceptaciones telefónicas, señalamiento por parte de las fuerzas militares en medios de comunicación, diciendo que se manejan explosivos, que hay personas de las insurgencias en la movilización, que hay planes para atacar a la fuerza pública. No ha habido garantías a pesar de que la protesta social es un derecho constitucional, estos mecanismos de persecución, presión, estigmatización y poner a la gente en contra de quienes se movilizan es un mecanismo permanente y lo trabajan desde la inteligencia militar pero también de los medios de comunicación. También hay cooptación de personas de las comunidades para sacar información que generan conflicto dentro de las comunidades.
El asesinato de líderes sociales y la tragedia de Tumaco
Por Albeiro Valencia
Según la Fundación Paz y Reconciliación hay una violencia sistemática contra los dirigentes populares, que se agudizó entre noviembre de 2016 y octubre del presente año. La ola de asesinatos afecta, con más crueldad, a 19 departamentos, pero se ha encarnizado en Antioquia, Chocó, Valle, Cauca y Nariño. Desde hace algunos años las organizaciones de izquierda, y los defensores de derechos humanos, han venido denunciando el surgimiento o reanimación de los grupos paramilitares, bautizados con los nombres de Águilas Negras, Urabeños, Rastrojos, Libertadores del Vichada, Autodefensas Gaitanistas de Colombia, Ejército Anti restitución de Tierras y otros. Todos siguen operando con la misma metodología y están reviviendo en las regiones donde tuvieron influencia las FARC y alrededor de las zonas de concentración de guerrilleros desmovilizados.
Todavía recordamos cómo desde finales del mes de enero varios pueblos del Chocó observaron con espanto el desfile de 600 paramilitares; el pánico se apoderó de los habitantes de Domingodó, Bijao, Vigía del Fuerte, Bahía Solano y Carmen del Darién. Sobre el tema aseguran los pobladores de Riosucio (Chocó) y de Bojayá que los paramilitares nunca se desmovilizaron y que en los últimos meses se avivaron y vienen conquistando nuevos territorios. En este ambiente se desató una nueva ola de violencia, que encontró el caldo de cultivo apropiado, debido al abandono histórico del Estado, a la retirada de la guerrilla de las FARC para concentrarse e iniciar el desarme y a la oportunidad que hallaron las mafias para apropiarse de las rutas del narcotráfico y de las zonas de minería ilegal.
Los asesinatos contra los líderes sociales hacen parte del saboteo a la paz en el ambiente de la polarización política que vive el país. Son mensajes dirigidos a las personas que respaldan el proceso de paz, a los dirigentes comunales, a los activistas de derechos humanos, a los abogados de las víctimas y a los miembros de organizaciones humanitarias y de restitución de tierras. Hasta el mes de octubre han sido asesinados 127 líderes populares, por paramilitares y por agentes de la extrema derecha, pero también han caído excombatientes y sus familiares. Ante la cruda realidad el alto Gobierno dice que son hechos aislados y el ministro Consejero para el Posconflicto, Rafael Pardo, afirma que “los asesinatos contra líderes sociales en el país no son sistemáticos”. Y, mientras cientos de exguerrilleros se encuentran concentrados, aumenta el número de excombatientes asesinados durante el proceso de implementación de los acuerdos, y por eso afirman que es una paz sin garantías; aseguran que estas acciones están coordinadas por quienes rechazan el proceso y buscan desestabilizar la paz.
La violencia en Tumaco
Este problema se empezó a gestar hace más de 20 años, cuando llegaron a la Costa Pacífica centenares de familias desplazadas por la violencia de Putumayo, Guaviare, Caquetá, Casanare y Vichada; aquí el cultivo de la hoja de coca les ofreció la posibilidad de sobrevivir pues las mafias les compraban el producto. Pero la política del Gobierno se inclinó por la erradicación y criminalización de las personas que sembraban coca. En el año 2013 hubo un paro campesino que duró 53 días y el Gobierno se comprometió a implementar programas de salud, educación y carreteras y las comunidades, a cambio, se comprometieron a buscar una solución para reemplazar los cultivos de coca. Más tarde, en el marco de la implementación de los Acuerdos de Paz, el Gobierno y los campesinos firmaron un nuevo pacto para la sustitución de los cultivos ilícitos; esta iniciativa considera ejecutar un proyecto de ley sobre el tratamiento penal diferenciado para que cesen las investigaciones contra aquellas personas que poseen cultivos de coca, de hasta 3,8 hectáreas. El fiscal general, Néstor Humberto Martínez, se declaró “aterrado” y afirmó que los grandes mafiosos de la droga podrían colarse en esa ley y posar de pequeños productores; a lo que contestó el presidente Santos que “si esto no se aprueba, el fiscal tendrá que meter a la cárcel a 400.000 personas”.
Ante semejante lío se alarmaron muchos más los pequeños cultivadores; al respecto se pronunció el asesor de Paz de la Gobernación de Nariño, quien es el coordinador del equipo de acompañamiento para la sustitución de cultivos, y dijo que “El fiscal incurre en un error cuando asocia a los grandes narcotraficantes con lo que puede cultivar un pequeño cultivador. Se ha convertido en un razonero del gobierno de Donald Trump que no ve la realidad de los productores pequeños”.
Sobre el tema escribió una columna Alfredo Molano, titulada Delito de Hambre (El Espectador, 29 de octubre, 2017) donde dice que esta es una nueva zancadilla a la paz y que “Valdría la pena que el doctor Martínez se echara una caminada por las zonas de colonización y dejara en su oficina los códigos por un rato”. Molano hizo las cuentas y concluyó que si una familia de cinco miembros posee una chagra de 3,8 hectáreas, a cada uno le corresponde al mes 500.000 pesos; el trabajo es duro porque toca tumbar monte, sembrar, cosechar y sacar la base de coca. Esto es menos del salario mínimo legal, y sin prestaciones. Pero la realidad es más cruel porque en Tumaco hay 19.305 familias que cultivan coca en 15.933 hectáreas; o sea que el promedio de chagra familiar es de 0,82 hectáreas. Y por esta miseria cada cultivador iría a la cárcel según las cuentas del señor fiscal.
Por último, en el transcurso del año hemos visto varios paros de cultivadores de coca que terminan cuando el Gobierno llega a algún acuerdo con las comunidades; muchas familias arrancan las matas y como el Estado incumple la gente se desespera porque entra el hambre ¿Por qué se ataca el eslabón más débil de la cadena del narcotráfico? En las regiones todos saben cómo funciona el negocio, conocen dónde están los laboratorios, los nombres de los patrones y las rutas ¿Por qué el Gobierno solo persigue a los trabajadores y deja quietos a los dueños de esta rentable empresa?
Entrevista de NODAL a Marietta Toro, referente de Marcha Patriótica: “El Estado se niega a reconocer que el paramilitarismo sigue existiendo”
Por Nadia Luna – Nodal
Según un estudio realizado por el programa “Somos Defensores”, entre 2016 y 2017 el asesinato de líderes sociales en Colombia aumentó en un 31%, pasando de 35 casos reportados en el primer semestre del año pasado a 51 asesinados en los seis primeros meses de este año. También aumentaron las agresiones contra defensores de derechos humanos en un 6%: de 314 casos en 2016 a 335 solo en lo que va de año.
Nodal habló con Marietta Toro, referente del movimiento político y social Marcha Patriótica, sobre las causas de esta problemática y las garantías que debería brindar el Estado para resguardar la seguridad de líderes sociales y de los integrantes de las FARC en su reincorporación a la vida política.
¿Cuántos líderes sociales han sido asesinados en lo que va del año y quiénes son los principales responsables de este tipo de crímenes?
En lo que va del 2017, han sido asesinados 76 líderes sociales en el país, 8 mujeres y 68 hombres. Según los informes de las organizaciones y comunidades, los responsables son en la mayoría de los casos los grupos paramilitares, que vienen fortaleciéndose en los territorios de donde han salido las FARC en su proceso de reincorporación. Esto tiene el agravante de que el Estado se niega a reconocer que el paramilitarismo sigue existiendo. Hay una incapacidad estatal para copar los territorios adecuadamente, además de que sigue negando la sistematicidad de la problemática. Para nosotros/as, es innegable que hay una sistematicidad y un patrón que permite determinar que se están ejecutando ciertos pasos para que ocurran los asesinatos. El patrón está compuesto por una campaña de estigmatización: ser líder social en la ruralidad es ser integrante de la guerrilla.
También preocupa el asesinato de integrantes de las FARC que han sido indultados o que están en proceso de reincorporación, así como de sus familiares. Hasta el momento van 24 integrantes de las FARC y familiares asesinados.
¿Cómo es la actuación de la Justicia en estos casos? ¿Hay una situación de impunidad o se han llevado a juicio a algunos responsables?
Hasta el momento la impunidad es casi total. En más del 90% de los casos no hay ni siquiera investigaciones en proceso. Aunque el Ministerio del Interior y la Fiscalía dicen que están investigando, la realidad es otra, porque además el Fiscal Néstor Humberto Martínez ha planteado que los asesinatos son en su mayoría problemas “amorosos”, desconociendo que quienes han sido asesinados, lo han sido por su trabajo permanente alrededor de la implementación del acuerdo de Paz.
Hasta el momento no hay ningún responsable judicializado y menos aún condenado. Lo más alarmante, es que las comunidades siguen emitiendo alertas tempranas sin que las instituciones tomen cartas en el asunto, lo que configura un precedente terrible para el avance del proceso de paz.
Las FARC acaban de culminar con el proceso de dejación de armas pero, como usted mencionaba, las zonas donde estaban ahora son disputadas por grupos paramilitares vinculados con el asesinato de líderes sociales. ¿Cómo cree que se puede enfrentar este nuevo conflicto y cómo será el proceso de integración de las FARC a la vida política?
En el acuerdo se estipulan una serie de mecanismos para garantizar la seguridad de los integrantes de la guerrilla en proceso de reincorporación, que incluye un Pacto Político Nacional que busca hacer efectivo el compromiso de todos los colombianos/as para que nunca más se utilicen las armas en la política, ni se promuevan organizaciones violentas como el paramilitarismo que irrumpan en la vida de los colombianos/as vulnerando los derechos humanos, afectando la convivencia y alterando las condiciones de seguridad que demanda la sociedad. En este sentido, el Gobierno Nacional se compromete a poner en marcha el proceso legislativo necesario para incorporar a la Constitución la prohibición de la promoción, organización, financiación o empleo oficial y/o privado de estructuras o prácticas paramilitares y a desarrollar las normas necesarias para su aplicación, que incluirán una política de persecución penal, sanciones administrativas y disciplinarias. Además se contemplarán medidas de sometimiento a la justicia. Este pacto buscará la reconciliación nacional y la convivencia pacífica entre colombianos/as.
También se estipula la creación de una Comisión Nacional de Garantías de Seguridad u una Unidad Especial de Investigación para el desmantelamiento de las organizaciones y conductas criminales responsables de homicidios y masacres, que atentan contra defensores/as de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos que amenacen o atenten contra las personas que participen en la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz, incluyendo las organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo. Sin embargo, ni la comisión ni la unidad de protección han sido puestas en marcha hasta el momento.
Respecto al proceso de reincorporación de las FARC, el acuerdo también estipula diferentes medidas y mecanismos que garanticen la reincorporación política, social, económica y cultural, comprendiendo que la misma es contraria a la que ha sido impulsada en los procesos de paz con otras guerrillas en el pasado, basadas en la reinserción individual. En el caso de este proceso de paz se propuso la reincorporación colectiva de las FARC, lo que implica un marco totalmente nuevo.
¿Qué políticas considera que el Estado debería implementar con mayor urgencia para impedir que sigan asesinando a referentes de luchas sociales?
Es necesario avanzar en la implementación de las medidas y mecanismo establecidos en el Acuerdo que mencionaba anteriormente. Es necesario que el Gobierno y las instituciones estatales se comprometan con el nuevo contexto que vivimos y cumplan con sus funciones constitucionales, ratificadas por diferentes tratados y convenios internacionales.
