El trabajo infantil, un riesgo invisible ante situaciones de catástrofes
El trabajo infantil, un riesgo invisible ante situaciones de catástrofes
Miles de familias y comunidades de América Latina y el Caribe sufren todavía el impacto humano, económico y social de diversas catástrofes naturales como el terremoto de 2010 y el huracán Mathew en 2016 en Haití, el terremoto de 2015 en Chile, los huaicos (desbordamientos ocasionados por deslizamientos de tierra) en Perú, las inundaciones en Paraguay y las avalanchas en Colombia en 2017.
De igual forma, varios países de la región viven o han padecido largos y dolorosos conflictos armados que han marcado la vida millones de niños, niñas y adolescentes, arrebatándoles oportunidades, mutilando sus sueños y alejándoles de la posibilidad de vivir y disfrutar su infancia.
Muchos de los 12,5 millones de niños, niñas y adolescentes que trabajan en América Latina y el Caribe viven en zonas afectadas por desastres naturales que despojan a sus familias de los medios de subsistencia necesarios, destruyen infraestructura de educación y salud e interrumpen servicios de protección social; todo ello les empuja al trabajo infantil, muchas veces bajo modalidades peligrosas o incluso como víctimas de delitos, para asegurar la subsistencia y recuperarse poco a poco de la crisis.
Esta condición de vulnerabilidad y fragilidad ante situaciones de emergencias y crisis es aún poco visible en nuestra región y la protección contra el trabajo infantil, especialmente en sus peores formas, no se considera entre las acciones emprendidas para la reconstrucción o recuperación de las zonas afectadas. Por eso, en este año 2017, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha decidido hacer un llamado a la movilización y sensibilización mundial y regional sobre estas situaciones que afectan de manera desmedida a familias pobres y en particular a sus niños, niñas y adolescentes.
En conflictos o desastres naturales, los riesgos y amenazas para los niños, niñas y adolescentes aumentan. Les exponen a ambientes de mayor violencia; se ven obligados a dejar la escuela, ya que estas pueden ser inseguras o estar destruidas; sienten compromiso u obligación de ayudar a sus familias a recuperarse de la crisis; a ayudar a su comunidad en las labores de reconstrucción; a migrar de manera irregular en busca de nuevas oportunidades, exponiéndose a peligros como abandono, abusos, explotación, etc. Por ejemplo, en Haití luego del huracán Mathew, 317 mil niños y niñas vieron interrumpida su educación; en Perú, a causa de las intensas lluvias y deslizamientos de tierra, aproximadamente dos millones no podían asistir a la escuela; y, en Colombia, producto de las avalanchas, se suspendieron las clases en 12 escuelas locales.
Otra dimensión menos reconocida de los conflictos y las crisis es la violencia y la delincuencia que lleva asociada. En contextos como estos, que afectan de manera particular a varios países de la región, los niños y niñas pierden la oportunidad de vivir y crecer sin miedo, disfrutar de su infancia, gozar de sus derechos a la educación, salud, juego y protección y son víctimas de discriminación y exclusión que ponen en riesgo su futuro.
Según el último informe de Save The Children titulado “Infancias Robadas”, la región enfrenta en los últimos años altos niveles de violencia social. Colombia es el quinto país del mundo donde los niños y niñas sufren más por conflictos. El informe “El Salvador: ¿una ciudad sin violencia?” indica que alrededor de 40 mil niños y niñas de ese país dejaron los estudios en 2015 porque les preocupaba su propia seguridad.
Es así que los conflictos y catástrofes son entendidos como situaciones críticas para las poblaciones, en especial para las más vulnerables y los más jóvenes, que dejan no solo víctimas sino también damnificados que urgen de atención humanitaria integral y de una nueva oportunidad para recuperar lo perdido y reinsertarse en la sociedad.
Las situaciones de emergencia, sumadas a altas tasas de trabajo infantil en algunos países, refuerzan las condiciones de fragilidad, incrementan los gastos del Estado, provocan pérdida de productividad económica, agudizan la desigualdad y la pobreza y disminuyen las posibilidades de alcanzar el desarrollo sostenible.
Es prioritario que los gobiernos y organizaciones aseguren que las acciones que se implementen en situaciones de emergencia no profundicen la situación de los niños y niñas en trabajo infantil, que incluyan este tema dentro de los programas de atención humanitaria y creen estrategias eficientes para su prevención en estos contextos críticos. Algunas propuestas están alineadas a la promoción e implementación de acciones para la seguridad financiera de la infancia, a través de la generación de mayores ingresos para las familias y comunidades afectadas; o en asegurar programas de educación especiales durante y después de los conflictos y catástrofes. De esta manera, la región podrá encaminarse al logro de la Meta 8.7 de la Agenda 2030 y asegurar la protección de los niños, niñas y adolescentes que vivan o estén expuestos a situaciones de emergencia.
Iniciativa Regional América Latina y El Caribe Libre de Trabajo Infantil
