Paro nacional indefinido: inicia el diálogo entre el gobierno y los campesinos
Paro en Catatumbo: ONU actúa de mediador entre Gobierno y campesinos
El alto comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Colombia, Todd Howland, actuó de mediador y llegó hasta Cúcuta para facilitar el diálogo entre la Asociación de Campesinos en Catatumbo y el Gobierno para levantar el paro en la región de Catatumbo.
En las fotografías compartidas por la cuenta de la entidad se observa que se permitió el paso de vehículos luego de haber firmado un acuerdo de distensión, mientras continúan los diálogos.
Los campesinos reclaman mayor seguridad ante los recientes asesinatos de líderes sociales y el cumplimiento al acuerdo firmado con las FARC.
Se espera que en las próximas horas se conozca más información acerca de las acciones.
[Paro en el Valle ] Al Gobierno “no le interesa que se acabe la coca”
El Paro Nacional Indefinido continúa en Colombia esperando que el Gobierno cumpla en temas como la implementación del Acuerdo de Paz y cese el terrorismo de Estado representado en los crímenes del paramilitarismo contra líderes sociales y asesinatos cometidos por la Fuerza Pública contra la población civil.
Este jueves, 26 de octubre, las organizaciones que desde el lunes convocaron a Paro Nacional Indefinido (PNI), y que confluyen en la Mesa Nacional Agropecuaria y Popular de Interlocución y Acuerdo (MIA), brindaron declaraciones a la prensa sobre el estado del PNI en el Valle del Cauca.
Las declaraciones se dan luego de la marcha y plantón realizado en la Plazoleta de San Francisco el miércoles, 25 de octubre, frente a la Gobernación del Valle del Cauca, donde comunidades de todo el departamento arribaron a Cali para exigir cumplimento del Pliego de Exigencias del Paro, que aborda temas como
Durante la rueda de prensa, las distintas organizaciones expresaron que siguen en “asamblea permanente” y continuarán “en todas las carreteras del país”, en tanto el Gobierno no resuelva sus exigencias.
“La principal acción es esperar el resultado de la reunión entre Gobierno y MIA hoy en la ciudad de Bogotá, que se instala a las 5 de la tarde, para empezar a discutir el Pliego de Exigencias Nacional. Esto dará pie para que en el Valle del Cauca y todo el territorio estemos atentos a qué paso vamos a continuar en este proceso de Paro Nacional”, manifestó Jimmy Patiño de la MIA en el Valle.
A través de un comunicado, además la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana (Coccam) denunció que continúa, para el caso del Valle, la erradicación forzada de cultivos de uso ilícito incumpliendo el Acuerdo de Paz, en cuya implementación, en el punto 4, establece mecanismos para la sustitución voluntaria y concertada.
“Erradicaciones forzadas en Buenaventura, Calima (El Darién), Tuluá, San Pedro, Dagua y zonas militarizadas como Jamundí son el verdadero estado de la implementación (del Acuerdo de Paz), sin importar las manifestaciones públicas y firmas de acuerdos entre comunidades, Gobierno y FARC-EP para la sustitución voluntaria y concertada”, denunció la Coccam en el Valle.
La Coccam igualmente desmintió las afirmaciones del Gobierno y grandes medios de comunicación que falsamente les acusa de estar en contra de la sustitución.
“En este momento el Gobierno no quiere cumplir (el Acuerdo de Paz), solo quiere erradicar porque al Gobierno Nacional no le interesa que se acabe la Coca, si le interesara que se acabara la coca, la marihuana y la amapola en Colombia, optaría por sustituir los cultivos, que es el único medio para acabar con los cultivos de uso ilícito”, explicó Edison Garcés, delegado político de la Coccam en el Valle.
Otros puntos incumplidos del Acuerdo de Paz fueron mencionados. El problema de la tenencia de la tierra, contenido en el punto 1, Reforma Rural Integral, también fue expuesto por la Asociación de Trabajadores Campesinos del Valle del Cauca (Astracava).
“Refiriéndonos al tema de tierras en el Valle del Cauca, se nos presenta una gran concentración de los ingenios azucareros, incluso hay tierras por extinción de dominio que han sido ocupadas por estos ingenios y que le quitan al campesino la oportunidad de tener tierra. Entonces es muy grave la situación frente al incumplimiento de los acuerdos (de paz), y por eso los campesinos y las campesinas han decidido irse al Paro Nacional”, expresó Cristina Rengifo de Astracava.
Finalmente, los delegados y delegadas del Paro en el Valle, expresaron su preocupación por los asesinatos sistemáticos de líderes y lideresas sociales que en menos de dos años ya suman cerca de 200 personas asesinadas.
“El trabajo de nosotros en el territorio está muy complicado. Nosotros somos unos compañeros comprometidos y por eso seguimos en la lucha, con mucho temor porque para el Gobierno Nacional el tema de nosotros no les interesa”, manifestó John Freddy Gil de la Coccam, quien además exigió al Gobierno protección para los líderes sociales. “No queremos más líderes sociales muertos; no queremos más estigmatización, agregó.
De este modo, el Paro Nacional Indefinido continúa en Colombia, esperando que el Gobierno cumpla en temas como la implementación del Acuerdo de Paz y cese el terrorismo de Estado representado en los crímenes del paramilitarismo contra líderes sociales y asesinatos cometidos por la Fuerza Pública contra la población civil.
Nueva masacre de una familia campesina en Mesetas
En la mañana de este jueves, desde el Espacio Territorial de Capacitación y Reintegración Mariana Páez se denunció el asesinato de una familia en una zona aledaña al espacio territorial donde se concentran las Farc. “En la Vereda Buena vista del municipio de Mesetas departamento del Meta y donde se encuentra ubicado nuestro ETCR Mariana Páez fue asesinada una familia en el día de hoy sin tener claridad aun sobre los responsables de los hechos”, informan en un comunicado público.
La insurgencia, ahora sin armas, puntualizó que las personas asesinadas son: Diana Marcela Calvo Rojas y su primo Robinson; y que se encuentra Diego Ferney Pilcue, esposo de Calvo Rojas. También relata la denuncia que en el lugar del crimen fueron encontrados, dramáticamente afectados, dos menores de edad: dos niñas de cuatro y seis años, hijas de la pareja. Situación que preocupa a los miembros de las Farc por tratarse de una familia conocida en la región y porque ocurre en las faldas del espacio donde se concentra la militancia del nuevo partido político.
“Estos hechos sumados a los demás acaecidos en todo el territorio nacional generan gran preocupación para la militancia Fariana en proceso de reincorporación a la vida civil, política y social y de igual manera para el resto de la población civil que no ve aun el cumplimiento en materia de seguridad como lo estipulan los acuerdos de Paz. Pedimos al Gobierno Nacional y a las demás autoridades competentes se investigue y se aclare lo sucedido”, agrega el comunicado.
Los hechos ocurrieron el miércoles 25 de noviembre en un área cercana al espacio territorial donde se realizó el acto final de dejación de armas por parte de las Farc, el pasado 27 de julio. Una de las zonas veredales más grandes y que acogió el mayor número de presos de la insurgencia, pero además, de los más atrasados en construcción de infraestructura.
El homicidio preocupa a los excombatintes, que denuncian no tener garantías de seguridad. En lo que va corrido del año de implementación del acuerdo, mal contados han sido asesinados 31 excombatientes y familiares. El 2 de octubre, cuando se hizo un balance en el Congreso de la República, un año después de la derrota del Acuerdo en el Plebiscito, los voceros de la guerrilla denunciaron que hasta ese día tenían registro de 13 excombatientes y 11 familiares de miembros de la organización. Sin embargo, este número ha crecido.
El 18 de octubre, en El Charco, Nariño, un territorio donde se ubica el espacio territorial de Aldemar Galán se registró el asesinato de seis excombatientes. Según Edisón Romaña, dirigente de las Farc en Tumaco, los miembros de la organización fueron asesinados por grupos paramilitares que los buscaban reclutar forzadamente. Dos días después, el viernes 20 de octubre, apareció ultimado, en el municipio de Miranda (Cauca), Henry Meneses Ruiz, quien también figura en el listado de las Farc, y que tras permanecer recluido en una cárcel desde el 2013, obtuvo la boleta de libertad en agosto.
En este contexto, la segunda misión de la ONU, encargada de verificar la situación de seguridad y la reincorporación de los excombatientes, está en mora de presentar el primer informe de los casos de violencia registrados contra miembros de la guerrilla en proceso de reincorporación. Así como de exigir al Gobierno medidas para frenar esta oleada de violencia, que desata los fantasmas del genocida de la Unión Patriótica, donde fueron asesinados más de 3.000 de sus miembros, incluyendo a sus principales dirigentes. Muchos de los que sobrevivieron regresaron al monte, como Iván Márquez, quien ocupaba una curul en la Cámara de Representantes por esos días.
